Santo Domingo, RD.-Por alegadamente violar la política nacional de datos abiertos del Estado, la casa editorial Actualidad Escolar solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) investigar al ministro de Educación, Ángel Hernández, junto al director de la recién creada “Unidad Editorial”, Manuel de Jesús Núñez Asencio.Nacionales
Editorial solicita investigar ministro de Educación por contratos públicos.
Santo Domingo, RD.-Por alegadamente violar la política nacional de datos abiertos del Estado, la casa editorial Actualidad Escolar solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) investigar al ministro de Educación, Ángel Hernández, junto al director de la recién creada “Unidad Editorial”, Manuel de Jesús Núñez Asencio.Indican que “resulta inexplicable, desde el ámbito del derecho, el plan antiético de Hernández Castillo, de sustituir toda la industria editorial para que esta sea asumida por universidades, intelectuales y academias cuyas adjudicaciones y arbitraria selección ha sido denunciada por Actualidad Escolar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas”.
Según la denuncia interpuesta por la editora, Hernández Castillo a través del proyecto Libro Abierto, ha procurado que los libros de texto y materiales para la enseñanza sean producidos por universidades, intelectuales y academias, sustituyendo así la actividad de las empresas editoras.
El documento de la denuncia difundido por la editora señala que, supuestamente, el ministro de Educación deliberó y participó en la elaboración de la Ordenanza número 3-2022, mediante la cual se dispuso la contratación de universidades para la producción de libros de texto y materiales para la enseñanza, “sin advertir el evidente conflicto de interés existente entre el ministro y los agentes del sector de la educación superior, del cual éste proviene”, dijo Actualidad Escolar.
De acuerdo con la denuncia interpuesta “la consecuencia lógica de la participación protagónica, que no tangencial, del ministro Ángel Enrique Hernández Castillo en la elaboración de la Ordenanza número 3-2022, vulnera el principio de imparcialidad y objetividad y transgrede los deberes y prohibiciones contemplados en la Ley número 41-08”.
En lo que concierne a Núñez Asencio, por medio de la denuncia expresaron que funge como director de la Unidad Editorial, de manera concomitante con sus funciones de coordinador en el Ministerio de Cultura, que “ es constitucionalmente proscrito”.
“Lo anterior se encuentra constitucionalmente proscrito por el artículo 144 de nuestra norma fundamental, que señala lo siguiente: ‘Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia’,” afirma la editora.
Además, aseguraron que Núñez Asencio ha anunciado sus aspiraciones de presidir la Academia Dominicana de la Lengua, “que fue contratada por la referida Unidad Editorial”.
La solicitud de investigación depositada por la casa editorial ante la Digeig, resaltó que estos funcionarios han obstaculizado e incumplido los compromisos institucionales instaurados en el V Plan de Acción de Gobierno Abierto al despojar a la ciudadanía de fiscalizar las contrataciones otorgadas para el proyecto “Libro Abierto”.
Editorial Actualidad Escolar está representada por Luz Díaz Rodríguez, Rosalina Trueba y Arturo Manuel Villegas.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
Mientras, un equipo técnico de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), encabezada por su presidente Pedro Alberto Piña se trasladó hacia el lugar del incidente para realizar las investigaciones de lugar
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
Las autoridades señalan como cabecillas a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Otros detenidos son: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Laguar, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
A pesar del sometimiento, los abogados de los imputados denuncian que no han sido notificados formalmente de la instancia depositada. Se quejan además de que no tienen acceso completo a sus representados para preparar la defensa.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
El Tribunal de Atención Permanente de Santiago deberá fijar en las próximas horas la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.