Santo Domingo, RD.-Con grandes problemas de credibilidad, componendas, pero también de logros en avances administrativos, reformas legales, tropiezos y crisis, han transcurrido los primeros 100 años de vida de la Junta Central Electoral (JCE).Nacionales
Entre logros y fracasos llegan los100 años de la JCE.
Santo Domingo, RD.-Con grandes problemas de credibilidad, componendas, pero también de logros en avances administrativos, reformas legales, tropiezos y crisis, han transcurrido los primeros 100 años de vida de la Junta Central Electoral (JCE).Fundada el 12 de abril del 1923, su competencia nace en la Constitución, que en el artículo 212 la define como un “órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera”.
Su mayor responsabilidad es organizar y dirigir las asambleas electorales, siendo ahora los comicios del 2024 el principal desafío del Pleno que asumió en el 2020, que preside Román Jáquez Liranzo y completan Samir Chami Isa, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo y Rafael Vallejo Santelises.
Este proceso se desarrollará tras una reforma legal, que impactó no solo el aspecto electoral, sino también el registro civil, porque, además de la organización de las elecciones, tiene a su cargo el registro civil y la cédula de identidad y electoral.
El 18 de enero fue promulgada la ley 4-23, orgánica de los actos del estado civil, y el 17 de febrero, la ley 20-23, orgánica de régimen electoral.
Suspensión de elecciones
El más reciente tropiezo de la JCE ocurrió en el 2020, con la suspensión de las elecciones municipales pautadas para el 16 de febrero, debido al fallo de los equipos del voto automatizado que pretendía estrenar. Los comicios fueron celebrados el 15 de marzo.
Ese mismo año tuvo otro contratiempo, con la posposición de las elecciones del nivel presidencial y congresual, del 18 de mayo, a causa de fuerza mayor, por la pandemia de Covid 19. Fueron realizadas el 5 de julio.
Crisis electorales
Antes, la JCE fue escenario de crisis que obligaron a la firma de pactos y a la creación de comisiones de seguimiento y de veedurías para solucionar los impasses.
La designación de los jueces de la JCE, para el período 1998-2002, fue motivo de crisis, debido a la inconformidad del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con la designación realizada por el Senado, al considerar que escogió a una mayoría de miembros adeptos al opositor Partido Revolucionario Dominicano.
Esto afectó en el ámbito económico la gestión de la JCE, ya que el gobierno le retuvo la partida presupuestaria.
Para buscar una solución,fue creada una comisión de seguimiento a las labores de la Junta, se designaron asesores informáticos, y la matrícula de la JCE fue ampliada a 7, con dos jueces más propuestos por el PRSC y por el PLD.
En el 1994, hubo una crisis postelectoral, a raíz de que la JCE declarara como ganador de las elecciones a Joaquín Balaguer, cuyos resultados fueron objetados por el PRD, que postuló al fenecido líder de la oposición, José Francisco Peña Gómez, y denunció un fraude.
El tranque fue resuelto con la firma del denominado pacto por la democracia, que entre otros aspectos, incluyó la reducción a dos años del mandato de Balaguer (1994-1996), la convocatoria a elecciones en el 1996 y la aprobación de la segunda vuelta electoral.
En el 1990, los cuestionamientos provinieron del PLD y su candidato presidencial, el profesor Juan Bosch, que alegó un fraude en su perjuicio.
Ocho años antes, la detonación de una granada en la sede de la JCE provocó momentos de tensión, lo cual se conoce como el “Granadazo”. Ocurrió el 18 de junio de 1982.
En 1978 hubo varios percances. Se produjo una crisis por la suspensión del conteo de los votos y la decisión de la JCE de desconocerle varios senadores y diputados al PRD, ocurriendo lo que se llamó el “fallo histórico.”
Ese mismo año, previo a las elecciones tuvo lugar “El Juntazo”, por la entrada de militares al centro de cómputos de la JCE.
Otra crisis fue provocada por el llamado “Gacetazo”, que surgió con la denuncia de varios juristas de la alteración de una ley para facultar a la Junta a celebrar comicios complementarios como demandaba el Partido Reformista.
Retos del 2024
A partir del 2000 se han logrado avances, aunque no han faltado denuncias de irregularidades por parte de los partidos políticos.
En el 2002, hubo una reforma de la ley electoral, que incluyó la división de la JCE en dos cámaras, una administrativa y otra contenciosa, elevando la matrícula del Pleno a 9 miembros.
Ese sistema imperó hasta la modificación constitucional del 2010, que creó el Tribunal Superior Electoral (TSE), para juzgar los asuntos contenciosos electorales y los conflictos en los partidos.
La JCE quedó compuesta por 5 miembros titulares
Garantizar la transparencia de los resultados de los comicios del 18 de febrero y 19 de mayo del 2024 es el desafío del Pleno de la JCE, evitando cuestionamientos que afecten la democracia y la estabilidad del país.
En el acto de toma de posesión, Jáquez Liranzo aseguró que a partir de ese momento la Junta “es la casa de la democracia, donde los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, candidaturas independientes y sectores de la vida nacional tendrán las puertas abiertas para un diálogo franco, permanente y plural, en el espíritu de buscar soluciones conjuntas a desafíos comunes”. La institución ha priorizado el consenso con los partidos.
Votaciones manuales
Antes de que el Tribunal Constitucional anulara el artículo 99 de la ley 15-19, que estableció el voto automatizado (TC-0084-22), la JCE había aprobado una resolución que dispuso la votación manual.
Candidatos
La JCE otorgó un plazo hasta el 14 de abril a los partidos, para que definan el método en que seleccionarán los candidatos.
Plazo JCE
El jueves, 2 de marzo, la JCE otorgó un plazo a los partidos hasta el 14 de abril para que comuniquen el método en que escogerán a sus candidatos.
Colegios
La JCE estima que se necesitarán más de 100 mil personas para trabajar en los colegios, pero aspira a contar con un banco de elegible superior a los 200,000.
El 10 de marzo la JCE inició la campaña “Únete a los Colegios Electorales”, con el objetivo de motivar a los ciudadanos a laborar en las mesas de votación
Reconocimiento de partidos
El órgano electoral evalúa las solicitudes de reconocimiento que hicieron varias organizaciones y movimientos políticos.
Juntas Electorales
Mediante diplomado impartido por la Escuela de Formación Electoral y Civil (EFEC), se están capacitando los miembros de las juntas electorales.
Voto en el exterior
El 26 de septiembre de 2022, la JCE inició la campaña “empadrónate por la patria que llevas dentro”, para motivar la participación de la diáspora.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
Igualmente, el coronel Rafael Núñez de Aza y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, y el testigo clave del proceso, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.