De portada
El DR-CAFTA es una expresión fiel de la cultura de la improvisación que daña tanto a la República Dominicana.
Por Elba García
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) se produjo hace ya 14 años, pero es ahora cuando las autoridades nacionales se dan cuenta de los errores cometidos, como por ejemplo, adherirse al mismo sin agotar un proceso de ponderación y análisis para entonces concluir con la negociación que establecía éste.
Pero como en el país uno de sus principales problemas es que nada es sometido a un proceso de análisis para evitar auto agredirse como se observa ahora, lo cual es fruto de la cultura de la improvisación y en consecuencia de la falta de una planificación estratégica, cuya falencia es transversal e integral a toda la vida pública y privada de la nación.
Esta debilidad es la responsable de que el país tenga décadas con temas sobre la mesa que no hay forma de solucionarlos, como el de energía eléctrica, agua potable, salud, educación y otros tantos que ya han pasado a ser consustanciales a la existencia de los países del tercer mundo como la República Dominicana, donde lo único que se calcula bien es la sustracción por particulares del patrimonio nacional.
Pero aparte del problema de la improvisación y de la falta de planificación estratégica, también podría decirse que el fenómeno trae consigo una carencia de capacidad y no es para menos, porque el que no sopesa bien las consecuencias de las acciones que toma, siempre se llevará la sorpresa de que las cosas no funcionarán como muchas veces se quiere.
Todo ello explica muy bien lo que se ha dado en llamar como Estados fallidos, que no tienen viabilidad y que producto de esa debilidad jamás podrán pasar del tercer al segundo o al primer mundo, donde el desarrollo humano tiene que ser indiscutible.
Hay muchos ejemplos de avances en educación y en otros renglones, como son los países asiáticos, por lo menos la mayoría, y en ese contexto también se encuentra un país de América del Norte, como el Canadá, el cual pasó del tercer al segundo y podría decirse que al primer mundo, con una economía saludable y con muchos de los problemas que genera la pobreza resueltos.
En lo concerniente al mal manejo dado al DR-CAFTA, la República Dominicana está hoy amenazada con la desaparición del productor de arroz, el cual tiene una gran importancia social, económica, política y de seguridad alimentaria, porque en el momento en que se debió dar una mirada al futuro, no se hizo, probablemente, por acoger lo planteado por los Estados Unidos sin ponderar los resultados en el futuro mediato e inmediato.
Esa improvisación ahora tiene con la soga al cuello a los encargados de diseñar políticas públicas, porque el DR-CAFTA se ha convertido en una carga muy pesada para la sociedad dominicana, ya que el productor de arroz nacional podría ser parte de la historia a partir del año 2025, lo cual podría tener una repercusión política hasta peligrosa para la nación.
Ha quedado lo suficientemente claro que luego de la entrada en vigencia del Tratado, es decir, 14 años después, los países firmantes tienen derecho a crear una comisión para revisar la implementación y operación del acuerdo con respecto al comercio de mercancías agrícolas.
Concretamente el articulo 3.18 del DR-CAFTA establece que 14 años después de su entrada en vigencia las partes crearán una comisión de revisión agrícola que deberá evaluar los efectos del proceso de liberalización comercial, la operación de las medidas de salvaguardia agrícola y su posible extensión.
En otras palabras, esto lo que quiere decir es que se pueden hacer nuevas negociaciones de acuerdo a la realidad de cada país firmante, pero a pesar de que los productores agrícolas dominicanos reclaman una revisión del acuerdo, las autoridades nacionales sólo han hecho algunos amagos, pero que no ha habido nada concreto al respecto.
Todo el país sabe que el DR-CAFTA se firmó en el 2004, durante el gobierno de Hipólito Mejía, y que entró en vigencia en República Dominicana en el 2006, pero desde entonces se han hecho cuestionamientos sobre las condiciones en que fue firmado y los supuestos beneficios que ha traído al país.
El Centro de Estudios Económicos y Sociales, P. José Luis Alemán (CEESPA), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), publicó un análisis tras cumplirse la primera década de su puesta en vigencia que indica que en el 2004 República Dominicana simplemente se adhirió al tratado sin agotar un proceso de negociación, lo cual confirma la forma irresponsable en que se comporta la improvisación, que no es exclusiva de uno de los gobiernos que ha tenido el país, sino de todos, naturalmente con algunas variantes.
El gobierno de los Estados Unidos “En agosto de 2003, aceptó incorporar al país al DR-CAFTA mediante una simple adhesión (docking), cuya negociación solamente incluyó las listas de acceso a mercados y los tiempos de desgravación, y sin tocar los temas de las disciplinas comerciales -es decir- los temas vinculados al desarrollo, lo cual implicó descartar toda posibilidad de lograr un “trato especial y diferenciado” por los niveles de desarrollo”, establece el citado estudio.
En ese momento las autoridades dominicanas de entonces aceptaron la propuesta de adhesión sin hacer ningún estudio sobre el impacto que el acuerdo tendría sobre la economía del país, las leyes que serían modificadas, los empleos que se perderían o se ganarían, las implicaciones para el comercio exterior, las barreras no arancelarias a remover, la modificación del entorno comercial, entre otros aspectos, según los autores del análisis.
Sin embargo, “Lo más paradójico de todo fue que el DR-CAFTA no fue una imposición estadounidense, sino que por el contrario, una ligereza de grupos políticos nacionales y un sector específico del empresariado local que abogaron a favor de una adhesión, no de una negociación”, dice el documento.
La evaluación del Centro de Estudios Económicos y Sociales José Luis Alemán, destaca que a aquí se renunció consciente o inconscientemente y unilateralmente a cualquier posición en el ámbito internacional que pudiera generar el más mínimo desagrado de los funcionarios estadounidenses.
Los autores señalan que para la firma del tratado no hubo estudio de impacto, ni una revisión de los textos en materia de disciplinas comerciales, ya que todo se hizo de manera precipitada, improvisada, dado que sólo se negociaron los anexos y las listas de acceso a mercados como una excepción y en consecuencia todo consistió en una mera adhesión.
De manera, que ahora tal vez el país tiene una nueva oportunidad para realmente negociar el acuerdo, pero de no ser así el impacto en el aparato productivo nacional será realmente devastador por lo que significa, por el ejemplo, el arroz en el ámbito económico, social y político para la sociedad dominicana, todo como resultado de uno de los peores legados que ha tenido la nación y los cuales han caracterizado de una manera muy importante al partidarismo político, expresado como lo que se ha dado en llamar la partidocracia, madre de una gran desgracia nacional a través de la improvisación y de la depredación del patrio nacional.
El DR-CAFTA se firmó en el 2004 durante el gobierno de Hipólito Mejía y en ese entonces gobernaba en los Estados Unidos George W. Bush, cuyo ministro de Agricultura era oficialmente Eligio Jáquez, quien actualmente disfruta como cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, cargo que se lo ha regalado el presidente Luis Abinader como una forma de que acumule fortunas mediante la aplicación de tarifas abusivas en contra de los dominicanos que viven en el exterior, cuyas entradas del mismo van principalmente a los bolsillos del incumbente, pero no del fisco nacional, lo cual explica con mucha claridad el comportamiento de la partidocracia nacional cuando se trata de premiar a uno de sus miembros, no importa los errores cometidos que marcan la nación para toda su existencia..
De portada
La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
De portada
Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
De portada
Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.