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El DR-CAFTA es una expresión fiel de la cultura de la improvisación que daña tanto a la República Dominicana.
Por Elba García
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) se produjo hace ya 14 años, pero es ahora cuando las autoridades nacionales se dan cuenta de los errores cometidos, como por ejemplo, adherirse al mismo sin agotar un proceso de ponderación y análisis para entonces concluir con la negociación que establecía éste.
Pero como en el país uno de sus principales problemas es que nada es sometido a un proceso de análisis para evitar auto agredirse como se observa ahora, lo cual es fruto de la cultura de la improvisación y en consecuencia de la falta de una planificación estratégica, cuya falencia es transversal e integral a toda la vida pública y privada de la nación.
Esta debilidad es la responsable de que el país tenga décadas con temas sobre la mesa que no hay forma de solucionarlos, como el de energía eléctrica, agua potable, salud, educación y otros tantos que ya han pasado a ser consustanciales a la existencia de los países del tercer mundo como la República Dominicana, donde lo único que se calcula bien es la sustracción por particulares del patrimonio nacional.
Pero aparte del problema de la improvisación y de la falta de planificación estratégica, también podría decirse que el fenómeno trae consigo una carencia de capacidad y no es para menos, porque el que no sopesa bien las consecuencias de las acciones que toma, siempre se llevará la sorpresa de que las cosas no funcionarán como muchas veces se quiere.
Todo ello explica muy bien lo que se ha dado en llamar como Estados fallidos, que no tienen viabilidad y que producto de esa debilidad jamás podrán pasar del tercer al segundo o al primer mundo, donde el desarrollo humano tiene que ser indiscutible.
Hay muchos ejemplos de avances en educación y en otros renglones, como son los países asiáticos, por lo menos la mayoría, y en ese contexto también se encuentra un país de América del Norte, como el Canadá, el cual pasó del tercer al segundo y podría decirse que al primer mundo, con una economía saludable y con muchos de los problemas que genera la pobreza resueltos.
En lo concerniente al mal manejo dado al DR-CAFTA, la República Dominicana está hoy amenazada con la desaparición del productor de arroz, el cual tiene una gran importancia social, económica, política y de seguridad alimentaria, porque en el momento en que se debió dar una mirada al futuro, no se hizo, probablemente, por acoger lo planteado por los Estados Unidos sin ponderar los resultados en el futuro mediato e inmediato.
Esa improvisación ahora tiene con la soga al cuello a los encargados de diseñar políticas públicas, porque el DR-CAFTA se ha convertido en una carga muy pesada para la sociedad dominicana, ya que el productor de arroz nacional podría ser parte de la historia a partir del año 2025, lo cual podría tener una repercusión política hasta peligrosa para la nación.
Ha quedado lo suficientemente claro que luego de la entrada en vigencia del Tratado, es decir, 14 años después, los países firmantes tienen derecho a crear una comisión para revisar la implementación y operación del acuerdo con respecto al comercio de mercancías agrícolas.
Concretamente el articulo 3.18 del DR-CAFTA establece que 14 años después de su entrada en vigencia las partes crearán una comisión de revisión agrícola que deberá evaluar los efectos del proceso de liberalización comercial, la operación de las medidas de salvaguardia agrícola y su posible extensión.
En otras palabras, esto lo que quiere decir es que se pueden hacer nuevas negociaciones de acuerdo a la realidad de cada país firmante, pero a pesar de que los productores agrícolas dominicanos reclaman una revisión del acuerdo, las autoridades nacionales sólo han hecho algunos amagos, pero que no ha habido nada concreto al respecto.
Todo el país sabe que el DR-CAFTA se firmó en el 2004, durante el gobierno de Hipólito Mejía, y que entró en vigencia en República Dominicana en el 2006, pero desde entonces se han hecho cuestionamientos sobre las condiciones en que fue firmado y los supuestos beneficios que ha traído al país.
El Centro de Estudios Económicos y Sociales, P. José Luis Alemán (CEESPA), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), publicó un análisis tras cumplirse la primera década de su puesta en vigencia que indica que en el 2004 República Dominicana simplemente se adhirió al tratado sin agotar un proceso de negociación, lo cual confirma la forma irresponsable en que se comporta la improvisación, que no es exclusiva de uno de los gobiernos que ha tenido el país, sino de todos, naturalmente con algunas variantes.
El gobierno de los Estados Unidos “En agosto de 2003, aceptó incorporar al país al DR-CAFTA mediante una simple adhesión (docking), cuya negociación solamente incluyó las listas de acceso a mercados y los tiempos de desgravación, y sin tocar los temas de las disciplinas comerciales -es decir- los temas vinculados al desarrollo, lo cual implicó descartar toda posibilidad de lograr un “trato especial y diferenciado” por los niveles de desarrollo”, establece el citado estudio.
En ese momento las autoridades dominicanas de entonces aceptaron la propuesta de adhesión sin hacer ningún estudio sobre el impacto que el acuerdo tendría sobre la economía del país, las leyes que serían modificadas, los empleos que se perderían o se ganarían, las implicaciones para el comercio exterior, las barreras no arancelarias a remover, la modificación del entorno comercial, entre otros aspectos, según los autores del análisis.
Sin embargo, “Lo más paradójico de todo fue que el DR-CAFTA no fue una imposición estadounidense, sino que por el contrario, una ligereza de grupos políticos nacionales y un sector específico del empresariado local que abogaron a favor de una adhesión, no de una negociación”, dice el documento.
La evaluación del Centro de Estudios Económicos y Sociales José Luis Alemán, destaca que a aquí se renunció consciente o inconscientemente y unilateralmente a cualquier posición en el ámbito internacional que pudiera generar el más mínimo desagrado de los funcionarios estadounidenses.
Los autores señalan que para la firma del tratado no hubo estudio de impacto, ni una revisión de los textos en materia de disciplinas comerciales, ya que todo se hizo de manera precipitada, improvisada, dado que sólo se negociaron los anexos y las listas de acceso a mercados como una excepción y en consecuencia todo consistió en una mera adhesión.
De manera, que ahora tal vez el país tiene una nueva oportunidad para realmente negociar el acuerdo, pero de no ser así el impacto en el aparato productivo nacional será realmente devastador por lo que significa, por el ejemplo, el arroz en el ámbito económico, social y político para la sociedad dominicana, todo como resultado de uno de los peores legados que ha tenido la nación y los cuales han caracterizado de una manera muy importante al partidarismo político, expresado como lo que se ha dado en llamar la partidocracia, madre de una gran desgracia nacional a través de la improvisación y de la depredación del patrio nacional.
El DR-CAFTA se firmó en el 2004 durante el gobierno de Hipólito Mejía y en ese entonces gobernaba en los Estados Unidos George W. Bush, cuyo ministro de Agricultura era oficialmente Eligio Jáquez, quien actualmente disfruta como cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, cargo que se lo ha regalado el presidente Luis Abinader como una forma de que acumule fortunas mediante la aplicación de tarifas abusivas en contra de los dominicanos que viven en el exterior, cuyas entradas del mismo van principalmente a los bolsillos del incumbente, pero no del fisco nacional, lo cual explica con mucha claridad el comportamiento de la partidocracia nacional cuando se trata de premiar a uno de sus miembros, no importa los errores cometidos que marcan la nación para toda su existencia..
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.