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R.D. a la zaga en la persecución judicial y la condena de expresidentes involucrados en actos de corrupción pública y privada.
Por Elba García
El Perú a la cabeza en el hemisferio y el mundo de enjuiciamiento de presidentes en funciones y otros salidos del poder por estar involucrados en actos de corrupción, mientras que el segundo lugar en esta materia lo ocupa El Salvador, lo cual no parece existir esperanza de que ocurra en República Dominicana.
En este país sudamericano suman ocho los expresidentes, tanto de izquierda como de derecha, enjuiciados por incurrir en actos de corrupción, principalmente por los sobornos promovidos por Odebrecht, cuyo último caso a ventilarse en los tribunales de este país es el de Alejandro Toledo, quien acaba de ser extraditado desde los Estados Unidos.
Alberto Fujimori y Alan García
Pero, además, son inculpados o condenados también, Alberto Fujimori, Alan García, quien se suicidó en el momento en que iba a ser apresado; Hullanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, entre otros.
El segundo lugar en esta materia lo ocupa El Salvador, donde han sido enjuiciados y condenados varios expresidentes, dos de derecha e igual número de la izquierda, como Francisco Flores, que murió mientras cumplía prisión domiciliaria; Elías Antonio Saca y un tercero, Mauricio Funes, que se ha mantenido prófugo en Nicaragua por supuestamente incurrir en la sustracción de fondos públicos.
Salvador Sánchez Cerén
El cuarto expresidente del país centroamericano perseguido es Salvador Sánchez Cerén del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Nacional (FMLN), expulsado del poder hace ya algunos años por el actual ocupante del cargo Nayid Bukele, quien se ha naturalizado en Nicaragua conjuntamente con toda su familia, donde no se permite la extradición de sus ciudadanos.
El procesamiento de exjefes de Estados no es exclusivo de estos dos países latinoamericanos, sino de algunos otros como Panamá, Paraguay, Brasil, Ecuador, entre otras naciones, pero que no existen esperanzas de que la misma pueda llegar hasta la República Dominicana por los altos niveles de complicidad que se dan en el sector público como en el privado, así como en su sistema de justicia.
La institucionalidad de las naciones se podría medir por las acciones tomadas por cada una de ellas de forma individual en contra de fenómenos como la corrupción a los niveles más altos de la administración pública, sancionado incluso por convenciones internacionales, lo que tal vez pueda explicar que en algunos países haya varios expresidentes de la República encarcelados, mientras en otros no se contemple una medida igual en contra de un pasado jefe de Estado, pese a que se trata de un delito o crimen que no perime.
Hullanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski,
La República Dominicana no se puede medir a través del espejo de lo que ocurre en el Perú, donde su Código Penal y su régimen punitivo no difiere mucho del nacional, pero en lo que respecta al caso no importa la magnitud de la sustracción de fondos públicos para que no haya un régimen de consecuencia.
En el país todos los días salen a la superficie sustracciones del patrimonio público de miles de millones de pesos, pero los procesos encaminados por el Ministerio Público se alargan de tal modo que la gente pierde la esperanza de que el delincuente que ha asaltado el Estado pague por su conducta.
En los actuales momentos han sido más de media docena los presidentes procesados en El Perú, incluidos varios en pleno ejercicio del cargo, por incurrir en actos calificados como de corrupción administrativa, lo cual no se observa en otras naciones, aunque la que tal vez más se le acerca es El Salvador, donde también ha habido una real persecución de mandatarios que han incurrido en la comisión del delito de hurto del patrimonio público.
En el Perú han sido procesados por corrupción los expresidentes Alán García, quien en el último intento por apresarlo terminó con su suicidio, pero por lo menos uno guarda prisión por tener una condena definitiva, que se trata de Alberto Fujimori, mientras que otros cuando menos están en proceso de investigación, como son Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo, quienes están recluidos en la cárcel conocida como la de Barbadillo
Igual situación vivieron Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien está bajo arresto domiciliario mientras se desarrolla un proceso de investigación por favorecer con contratos a la compañía Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro del expresidente de Alejandro Toledo.
Kuczynski negó inicialmente tener algún vínculo con el grupo brasileño, pero terminó por reconocer que su consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de proyectos que había ganado mientras era ministro. Luego Kuczynski renunció a la presidencia en medio de las presiones del Congreso.
Kuczynski y Humala, entre otros, la mayoría de los cuales fueron destituidos por el Parlamento, lo cual también ha ocurrido con pasados candidatos presidenciales importantes de la oposición como Keiko Fujimori, quien está en espera de los resultados de las investigaciones que se realizan en su contra.
Alejandro Toledo Manrique
Toledo gobernó el Perú durante el periodo 2001-2006, quien ha sido extraditado de los Estados Unidos escoltado por alguaciles de esa nación y de inmediato fue trasladado para una audiencia de reconocimiento de identidad.
Sin embargo, la cuestión a analizar tiene que ver con el hecho de lo que ocurre en El Perú, El Salvador y otras naciones latinoamericanas no se parece en nada a la realidad de la República Dominicana, donde luce prácticamente imposible que un expresidente pueda correr la misma suerte de los mandatarios de la nación suramericana.
El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía
El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, ha sido un abanderado de que los exjefes de Estado no deben ser tocados ni con el pétalo de una rosa, aunque se les impute el peor de los delitos, lo cual de alguna manera representa una especie de teoría en favor del crimen y el delito proveniente de los que han tenido el privilegio de ocupar tan alta posición.
Lo cierto es que el país no tiene más de un precedente de persecución de un expresidente de la República, el cual fue el doctor Salvador Jorge Blanco, pero cuya acción del Estado no ha ocurrido con otros que han sido sindicados como responsables o cómplices de actos de corrupción, pero sin que haya habido alguna consecuencia.
Los niveles de diferencias existentes entre un país y otro en una época en que los sistemas punitivos son muy parecidos en prácticamente todos los países latinoamericanos, lo cual es comprobado mediante el derecho comparado, pero parece que las particularidades propias de cada conglomerado social pesa mucho para medir su eficiencia en lo que respecta a la existencia de un régimen de consecuencia.
Debe decirse que tanto El Salvador como El Perú están a la cabeza en lo que respecta a la persecución de los expresidentes que han delinquido desde la posición más alta del Estado,
Ahora mismo en la República Dominicana han salido a la superficie una amplia gama de acciones alegadamente ilícitas de varios pasados presidentes de la República, quienes protegen a personajes de sus gobiernos que se han enriquecido mediante la sustracción de dinero del patrimonio público y no luce que vaya haber alguna sanción por esas inconductas.
Leonel Fernández y Danilo Medina
Leonel Fernández y Danilo Medina, aunque no se puede excluir a Hipólito Mejía, son expresidentes seriamente comprometidos con este flagelo, tanto es así que sirven de protección a personajes que son símbolos de la corrupción administrativa del país.
En realidad, la República Dominicana está ante una situación que revela hasta donde el sistema de justicia no ha estado en capacidad de imponer las sanciones que cada caso conlleva, no importa quienes sean los protagonistas.
El involucramiento de presidentes y de expresidentes en acciones ilegales referidas a la corrupción administrativa no es un problema de ahora, pero las esperanzas de que este flagelo sea severamente atacado parecen alejarse a pesar de que en prácticamente todos los sistemas de justicia se han creado herramientas para combatirlo, lo cual se puede observar en lo que tiene que ver con el derecho internacional público, en el que ya está consignado de que este crimen no perime en el tiempo y que puede ser perseguido en cualquier momento después de producirse.
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
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El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
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Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.