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R.D. a la zaga en la persecución judicial y la condena de expresidentes involucrados en actos de corrupción pública y privada.
Por Elba García
El Perú a la cabeza en el hemisferio y el mundo de enjuiciamiento de presidentes en funciones y otros salidos del poder por estar involucrados en actos de corrupción, mientras que el segundo lugar en esta materia lo ocupa El Salvador, lo cual no parece existir esperanza de que ocurra en República Dominicana.
En este país sudamericano suman ocho los expresidentes, tanto de izquierda como de derecha, enjuiciados por incurrir en actos de corrupción, principalmente por los sobornos promovidos por Odebrecht, cuyo último caso a ventilarse en los tribunales de este país es el de Alejandro Toledo, quien acaba de ser extraditado desde los Estados Unidos.
Alberto Fujimori y Alan García
Pero, además, son inculpados o condenados también, Alberto Fujimori, Alan García, quien se suicidó en el momento en que iba a ser apresado; Hullanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, entre otros.
El segundo lugar en esta materia lo ocupa El Salvador, donde han sido enjuiciados y condenados varios expresidentes, dos de derecha e igual número de la izquierda, como Francisco Flores, que murió mientras cumplía prisión domiciliaria; Elías Antonio Saca y un tercero, Mauricio Funes, que se ha mantenido prófugo en Nicaragua por supuestamente incurrir en la sustracción de fondos públicos.
Salvador Sánchez Cerén
El cuarto expresidente del país centroamericano perseguido es Salvador Sánchez Cerén del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Nacional (FMLN), expulsado del poder hace ya algunos años por el actual ocupante del cargo Nayid Bukele, quien se ha naturalizado en Nicaragua conjuntamente con toda su familia, donde no se permite la extradición de sus ciudadanos.
El procesamiento de exjefes de Estados no es exclusivo de estos dos países latinoamericanos, sino de algunos otros como Panamá, Paraguay, Brasil, Ecuador, entre otras naciones, pero que no existen esperanzas de que la misma pueda llegar hasta la República Dominicana por los altos niveles de complicidad que se dan en el sector público como en el privado, así como en su sistema de justicia.
La institucionalidad de las naciones se podría medir por las acciones tomadas por cada una de ellas de forma individual en contra de fenómenos como la corrupción a los niveles más altos de la administración pública, sancionado incluso por convenciones internacionales, lo que tal vez pueda explicar que en algunos países haya varios expresidentes de la República encarcelados, mientras en otros no se contemple una medida igual en contra de un pasado jefe de Estado, pese a que se trata de un delito o crimen que no perime.
Hullanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski,
La República Dominicana no se puede medir a través del espejo de lo que ocurre en el Perú, donde su Código Penal y su régimen punitivo no difiere mucho del nacional, pero en lo que respecta al caso no importa la magnitud de la sustracción de fondos públicos para que no haya un régimen de consecuencia.
En el país todos los días salen a la superficie sustracciones del patrimonio público de miles de millones de pesos, pero los procesos encaminados por el Ministerio Público se alargan de tal modo que la gente pierde la esperanza de que el delincuente que ha asaltado el Estado pague por su conducta.
En los actuales momentos han sido más de media docena los presidentes procesados en El Perú, incluidos varios en pleno ejercicio del cargo, por incurrir en actos calificados como de corrupción administrativa, lo cual no se observa en otras naciones, aunque la que tal vez más se le acerca es El Salvador, donde también ha habido una real persecución de mandatarios que han incurrido en la comisión del delito de hurto del patrimonio público.
En el Perú han sido procesados por corrupción los expresidentes Alán García, quien en el último intento por apresarlo terminó con su suicidio, pero por lo menos uno guarda prisión por tener una condena definitiva, que se trata de Alberto Fujimori, mientras que otros cuando menos están en proceso de investigación, como son Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo, quienes están recluidos en la cárcel conocida como la de Barbadillo
Igual situación vivieron Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien está bajo arresto domiciliario mientras se desarrolla un proceso de investigación por favorecer con contratos a la compañía Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro del expresidente de Alejandro Toledo.
Kuczynski negó inicialmente tener algún vínculo con el grupo brasileño, pero terminó por reconocer que su consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de proyectos que había ganado mientras era ministro. Luego Kuczynski renunció a la presidencia en medio de las presiones del Congreso.
Kuczynski y Humala, entre otros, la mayoría de los cuales fueron destituidos por el Parlamento, lo cual también ha ocurrido con pasados candidatos presidenciales importantes de la oposición como Keiko Fujimori, quien está en espera de los resultados de las investigaciones que se realizan en su contra.
Alejandro Toledo Manrique
Toledo gobernó el Perú durante el periodo 2001-2006, quien ha sido extraditado de los Estados Unidos escoltado por alguaciles de esa nación y de inmediato fue trasladado para una audiencia de reconocimiento de identidad.
Sin embargo, la cuestión a analizar tiene que ver con el hecho de lo que ocurre en El Perú, El Salvador y otras naciones latinoamericanas no se parece en nada a la realidad de la República Dominicana, donde luce prácticamente imposible que un expresidente pueda correr la misma suerte de los mandatarios de la nación suramericana.
El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía
El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, ha sido un abanderado de que los exjefes de Estado no deben ser tocados ni con el pétalo de una rosa, aunque se les impute el peor de los delitos, lo cual de alguna manera representa una especie de teoría en favor del crimen y el delito proveniente de los que han tenido el privilegio de ocupar tan alta posición.
Lo cierto es que el país no tiene más de un precedente de persecución de un expresidente de la República, el cual fue el doctor Salvador Jorge Blanco, pero cuya acción del Estado no ha ocurrido con otros que han sido sindicados como responsables o cómplices de actos de corrupción, pero sin que haya habido alguna consecuencia.
Los niveles de diferencias existentes entre un país y otro en una época en que los sistemas punitivos son muy parecidos en prácticamente todos los países latinoamericanos, lo cual es comprobado mediante el derecho comparado, pero parece que las particularidades propias de cada conglomerado social pesa mucho para medir su eficiencia en lo que respecta a la existencia de un régimen de consecuencia.
Debe decirse que tanto El Salvador como El Perú están a la cabeza en lo que respecta a la persecución de los expresidentes que han delinquido desde la posición más alta del Estado,
Ahora mismo en la República Dominicana han salido a la superficie una amplia gama de acciones alegadamente ilícitas de varios pasados presidentes de la República, quienes protegen a personajes de sus gobiernos que se han enriquecido mediante la sustracción de dinero del patrimonio público y no luce que vaya haber alguna sanción por esas inconductas.
Leonel Fernández y Danilo Medina
Leonel Fernández y Danilo Medina, aunque no se puede excluir a Hipólito Mejía, son expresidentes seriamente comprometidos con este flagelo, tanto es así que sirven de protección a personajes que son símbolos de la corrupción administrativa del país.
En realidad, la República Dominicana está ante una situación que revela hasta donde el sistema de justicia no ha estado en capacidad de imponer las sanciones que cada caso conlleva, no importa quienes sean los protagonistas.
El involucramiento de presidentes y de expresidentes en acciones ilegales referidas a la corrupción administrativa no es un problema de ahora, pero las esperanzas de que este flagelo sea severamente atacado parecen alejarse a pesar de que en prácticamente todos los sistemas de justicia se han creado herramientas para combatirlo, lo cual se puede observar en lo que tiene que ver con el derecho internacional público, en el que ya está consignado de que este crimen no perime en el tiempo y que puede ser perseguido en cualquier momento después de producirse.
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En medio de groseras manipulaciones llegan vistas públicas sobre candidaturas independientes.
Por Elba García
En medio de grandes equivocaciones y enfoques distorsionados sobre el neo-constitucionalismo, el cual se fundamenta en la interpretación de valores y de principios del derecho, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados convocó para el próximo lunes 9 de junio vistas públicas para que los diferentes sectores de la vida nacional expongan sus consideraciones sobre un descabellado proyecto de ley que busca regular la referida figura jurídica.
Las vistas públicas tendrán lugar en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, las cuales se celebran después de un debate totalmente manipulado por los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil que les sirven de soporte.
El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes y director de este diario, doctor José Cabral Salcedo, ha subrayado que no se entiende cómo instituciones como la Fundación e Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, y Participación Ciudadana (PC) sostienen que para implementar en el sistema electoral dominicana la referida figura jurídica hay que reformar la Constitución de la República, cuya posición, en opinión del FPCI, es una visión tradicional y equivocada de enfocar la sentencia del Tribunal Constitucional.
El especialista en derecho constitucional planteó que lo más grave del asunto es que estas organizaciones de la sociedad civil no explican de forma puntual por qué entienden que ante la decisión del TC debía producirse una reforma a la carta magna, porque parece una tesis que no tiene nada que ver con el constitucionalismo moderno.
El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) expresó que ambas organizaciones de la sociedad civil, las cuales han hecho importantes aportes a la democracia nacional, deben ajustar sus planteamientos con el neo-constitucionalismo, el cual hoy está muy presente en el derecho comparado y en todos los sistemas jurídicos del planeta, lo cual de no hacerse representa un impedimento para que haya una lectura correcta de la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con Cabral Salcedo el neo-constitucionalismo prioriza los valores y principios constitucionales sobre la lectura literal de las normas y reglas, dado que, en lugar de una visión estricta y legalista de la constitución, se busca una interpretación más amplia que considere los ideales y objetivos fundamentales.
El abogado constitucionalista recordó que el neo-constitucionalismo, que en el país se aplica desde la Constitución del 2010, no resiste el análisis que se hace a partir del concepto tradicionalista del derecho constitucional, ya que se centra en las reglas escritas más que en los principios como guías interpretativas.
Cabral Salcedo sostuvo que con el neo-constitucionalismo se produce una comprensión más amplia de la Constitución, a partir principalmente de los valores y principios fundamentales, lo cual explica el error de lo planteado por ambas organizaciones de la sociedad civil.
Expresó que la PC y FINJUS deben hacer una interpretación más flexible de la constitución, en lugar de una lectura literal de sus disposiciones, ya que el neo-constitucionalismo desplaza el enfoque tradicional que se centraba en la aplicación rigurosa de la ley para que sea una lectura más amplia y contextualizada en el constitucionalismo moderno.
En la sentencia del TC se ha hecho una interpretación del derecho, valor y principio de elegir y ser elegido, el cual tiene necesariamente que ser a partir del ciudadano o lo que es lo mismo de la persona física, la cual tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, lo que es encontrado en el espíritu de la Constitución y en una serie de sus articulados como el 2, el 22, el 2008 y el 272, que habla del referendo aprobatorio.
Tanto es así que el método que se aplica en el neo-constitucionalismo es el de la ponderación cuando hay un conflicto entre principios, que permite que el juez haga uso de la discrecionalidad para resolver casos complejos.
Observó que tanto Participación Ciudadana (PC) como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entienden que las normas y las reglas están por encima de los valores y los principios, lo que los coloca en una perspectiva equivocada si se ve desde el neo-constitucionalismo, ya que ambas entidades están ancladas en artículos como el 216 y otros que hacen referencia a los partidos políticos.
Reiteró que el actor principal en el neo-constitucionalismo es el ciudadano, que no es otro que la misma persona física que tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, pero que la democracia representativa, la cual en este modelo es algo del pasado en una serie de aspectos, de alguna manera estableció el mecanismo para la elección de los funcionarios públicos, como los legisladores y el presidente de la República, entre otros, cuya representación no implica abandonar y no respetar los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano.
Advirtió que enarbolar el criterio de ambas organizaciones, que sin dudas han hecho grandes aportes a la democracia nacional, hace más daño que bien para la mejoría del sistema político nacional, el cual por su profunda descomposición pone en peligro todo el orden institucional del país.
El doctor José Cabral Salcedo llamó a PC y la FINJUS a revisar sus posiciones para que las ajusten a la corriente que prevalece en esta época en el derecho comparado, dado que por su carácter internacional impacta el derecho interno, a los fines de que no represente una negación de la corriente del neo-constitucionalismo, que es la bandera en la actualidad de los derechos fundamentales.
Explicó que el neo-constitucionalismo se focaliza en la justicia, la igualdad, la dignidad de la persona y los derechos como pilares fundamentales de la Constitución, la cual ocupa la supremacía que guía la interpretación de todas las demás normas legales.
Con el planteamiento de los que se oponen a las candidaturas independientes demuestran que no entienden que el espíritu de la sentencia del TC se fundamenta en cumplir con una serie de principios del derecho como son el de legalidad, finalidad, legitimidad y proporcionalidad, porque los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 restringen el derecho y principio de participación y en cuya decisión también el alto tribunal partió del contexto de razones políticas y sociales.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor José Cabral Salcedo, doctor Alberto Fiallo Billini, autor de la acción directa de inconstitucionalidad; doctor José Dunker Lamber, doctor Isaías Ramos, doctor Sixto Ureña, doctor Jensy Cid, doctora Ilianni Berrido García, licenciado Miguel Valoy, licenciado Rommel Santos, licenciada Elba García Hernández, ingeniero Guillermo Caram, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el señor Edgar Paniagua Miguel.
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El nuevo papado de León X1V podría significar la llegada de grandes cambios con acciones dentro y fuera de la Iglesia Católica.
Por Elba García
La focalización en pequeñas cosas vistas al margen de las perspectivas de las inmensas agendas tradicionales del Vaticano, es posible la experimentación de un profundo cambio con resultados medibles en poco tiempo. Sin abandonar su misión evangelizadora e incluso fortaleciéndola con tareas pequeñas, pero contundentes, el papado de Robert Francis Prevost reúne las condiciones para desarrollar asuntos que impactarían de manera muy particular a determinados países y regiones.
Parece de un gran valor el hecho del puente emocional del nuevo papa, León X1V, con los Estados Unidos de América, donde nació y creció, y Latinoamérica, lugar donde ha desarrollado una buena parte de su sacerdocio e incluso por vínculos familiares que lo unen a la zona.
Independiente de la agenda ante los conflictos bélicos y humanos que se producen en lugares muy concretos del mundo, como el Medio Oriente y Ucrania, el papa León X1V tiene en sus manos un arma muy poderosa como es conocer de primera mano al católico latinoamericano a través de Perú y República Dominicana.
Entre las agendas pequeñas, pero de una extraordinaria trascendencia, está la crisis ético-moral de estos pueblos, donde los valores han sido sustituidos por anti valores, lo cual se convierte en una retranca para que avancen hacia un estadio de progreso, bonanza y dignidad humana.
Este propósito permitiría generar toda una corriente que, sin apartarse de la prédica del evangelio, que es una parte consustancial de la Iglesia Católica, desarrolle campañas amplias y consistentes con la creación de las herramientas necesarias para producir cambios importantes en contra de una conducta que destruye la esencia latinoamericanista.
Ese trabajo con asuntos que parecen pequeños, porque además difieren de los grandes temas que involucran los intereses de grandes potencias como los Estados Unidos de América, donde el nuevo papa tiene vínculos indisolubles.
Esta forma de manejar su papado dejaría resultados tangibles en países muy concretos, los cuales pueden ser logrables a través de un trabajo conjunto con una serie de Estados de Latinoaméricana, que tienen profundos problemas de eficacia e incluso hasta de tipo cultural para emprender una gran campaña para restablecer valores a partir de cada realidad particular.
Este estilo que se permite sugerir este periódico persigue que el nuevo papa tenga una focalización muy concreta y específica para generar soluciones tangibles en un tiempo relativamente corto y que el Vaticano de esa manera se convierta en un gran protagonista de grandes cambios a partir de cosas que parecen pequeñas.
En estas tareas el papa debe partir de la devoción cristiana sin importar la iglesia en que se congrega el creyente y de esa forma convertir este tipo de batalla, que se fundamentaría en cuestiones pequeñas, por ser muy particulares, de alguna nación especifica de la tierra.
Este plan ayudaría probablemente a detener el acentuado proceso de sustitución de valores humanos, cívicos y democráticos, lo cual se traduce en un daño irreparable a la vida en sociedad a partir de la solidaridad, la reciprocidad y la hermandad.
Esta sugerencia de este diario persigue detener lo que parece ser la peor tragedia que vive la razón humana, cuyas metas sólo están marcadas y definidas sobre la base del interés pecuniario, sin importar el aspecto humano de la vida.
El recién fallecido papa Francisco habló mucho sobre el poder decisivo del capitalismo en la vida de los pueblos, lo cual no es que sea del todo negativo, pero que lo avasallante de la corriente hace que todo se traduzca en la búsqueda de riquezas sin importar cualquier otra cosa.
Por lo que se ve, lo planteado en este trabajo periodístico escapa a la posibilidad de las iglesias locales, pero además porque la fuerza del papa trasciende cualquier otra influencia, incluso el hiperpresidencialismo que prevalece en las naciones pobres del tercer mundo.
Las pequeñas agendas, por llamarles de algún modo, no implica necesariamente que el papa no pueda también articular otras con los grandes problemas que confronta el mundo de hoy, como el medioambiental, el de las guerras y de tipos raciales, así como de pobreza.
Sin embargo, esta propuesta puede traer consigo que las cosas aparentemente pequeñas sean tan valiosas que se conviertan en tan grandes como las que más que hoy azotan a la raza humana.
Si por una cosa se caracteriza el gobierno que preside el republicano Donald Trump es por representar la más fuerte agresión en contra del constitucionalismo moderno, cuyas órdenes ejecutivas son emitidas sin ningún miramiento ni cuidado para no dañar el Estado de Derecho en los Estados Unidos y el resto del mundo.
Lo extraño de lo que ocurre en la nación más poderosa de la tierra es que Trump, como todo un emperador, se ha burlado de la tradición de los Estados Unidos, ya que el Parlamento y hasta la Corte Suprema parecen haberse plegado a sus irracionalidades, la cual durante el pasado año otorgó al mandatario «amplia inmunidad», cuya medida fue criticada por colocar al jefe de Estado por encima de todo el mundo con lo que socava el principio de igualdad en que se fundamenta el Estado de derecho.
Expertos en asuntos jurídicos sostienen que «Decir que un presidente no puede ser procesado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones es categóricamente incorrecto», dice a Richard Painter, jurista de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, que trabajó para la administración de George W. Bush.
Añade este experto que: «Creo que existe una preocupación muy real sobre la señal que envía el resultado de estos casos: que Donald Trump está por encima de la ley y de los delitos por los que cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos habría pagado un precio». Subraya, por su parte, Costas Panagopoulos, politólogo de la Universidad del Noreste. Estados Unidos, dice: «No rinde cuentas y no paga realmente un precio».
Advierte que «la democracia no puede sobrevivir de esta manera». Según él, la forma más probable de cambiar el nuevo statu quo es «mediante una enmienda a la Constitución de Estados Unidos o persuadiendo a la Corte Suprema para que cambie de opinión al respecto».
Consideran estos especialistas que hay otra consideración no escrita que puede actuar como freno a los excesos presidenciales: su legado.
«
Donald Trump es consciente (…) de que, si se recuerda por algo su primer mandato, será por cómo manejó la pandemia [de COVID-19], por el 6 de enero y por perder las elecciones de 2020″, dice el politólogo.
«Ninguna de esas cosas es muy positiva para Donald Trump. Es posible que quiera esforzarse al máximo para asegurarse de que se le recuerde en su segundo mandato por cosas que reflejen un aspecto más favorable», sostiene.
La pregunta que predomina en el campo internacional es con qué moral los Estados Unidos puede hablarles a los países que están bajo su influencia de respeto a la ley cuando las autoridades de la potencia del norte no creen en eso.
El problema más peligroso es que la democracia norteamericana ha pasado de buenas a primeras de un presidencialismo puro a un hiperpresidencialismo, donde el primer mandatario de la nación ha roto con el histórico «check and balance», conocido también como controles y equilibrios, que ha caracterizado a la nación del norte.
Ahora todo depende de las acciones de Trump sin tomar en cuenta las decisiones de los jueces en asuntos que están dentro de su competencia y lo peor de todo es que el asunto toma fuerza y que allí ya las cosas fuera de la ley se ven como normales.
Si el fenómeno Trump no impacta rápidamente de muy mala manera a las naciones que están bajo su control, ya sea por colonización política o económica, la razón podría estar en que ahora reina más el miedo a las sanciones en contra de los gobiernos, principalmente latinoamericanos, que la violación de derechos humanos y que se promueva la corrupción administrativa, pero no por otra causa.