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R.D. a la zaga en la persecución judicial y la condena de expresidentes involucrados en actos de corrupción pública y privada.
Por Elba García
El Perú a la cabeza en el hemisferio y el mundo de enjuiciamiento de presidentes en funciones y otros salidos del poder por estar involucrados en actos de corrupción, mientras que el segundo lugar en esta materia lo ocupa El Salvador, lo cual no parece existir esperanza de que ocurra en República Dominicana.
En este país sudamericano suman ocho los expresidentes, tanto de izquierda como de derecha, enjuiciados por incurrir en actos de corrupción, principalmente por los sobornos promovidos por Odebrecht, cuyo último caso a ventilarse en los tribunales de este país es el de Alejandro Toledo, quien acaba de ser extraditado desde los Estados Unidos.
Alberto Fujimori y Alan García
Pero, además, son inculpados o condenados también, Alberto Fujimori, Alan García, quien se suicidó en el momento en que iba a ser apresado; Hullanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, entre otros.
El segundo lugar en esta materia lo ocupa El Salvador, donde han sido enjuiciados y condenados varios expresidentes, dos de derecha e igual número de la izquierda, como Francisco Flores, que murió mientras cumplía prisión domiciliaria; Elías Antonio Saca y un tercero, Mauricio Funes, que se ha mantenido prófugo en Nicaragua por supuestamente incurrir en la sustracción de fondos públicos.
Salvador Sánchez Cerén
El cuarto expresidente del país centroamericano perseguido es Salvador Sánchez Cerén del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Nacional (FMLN), expulsado del poder hace ya algunos años por el actual ocupante del cargo Nayid Bukele, quien se ha naturalizado en Nicaragua conjuntamente con toda su familia, donde no se permite la extradición de sus ciudadanos.
El procesamiento de exjefes de Estados no es exclusivo de estos dos países latinoamericanos, sino de algunos otros como Panamá, Paraguay, Brasil, Ecuador, entre otras naciones, pero que no existen esperanzas de que la misma pueda llegar hasta la República Dominicana por los altos niveles de complicidad que se dan en el sector público como en el privado, así como en su sistema de justicia.
La institucionalidad de las naciones se podría medir por las acciones tomadas por cada una de ellas de forma individual en contra de fenómenos como la corrupción a los niveles más altos de la administración pública, sancionado incluso por convenciones internacionales, lo que tal vez pueda explicar que en algunos países haya varios expresidentes de la República encarcelados, mientras en otros no se contemple una medida igual en contra de un pasado jefe de Estado, pese a que se trata de un delito o crimen que no perime.
Hullanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski,
La República Dominicana no se puede medir a través del espejo de lo que ocurre en el Perú, donde su Código Penal y su régimen punitivo no difiere mucho del nacional, pero en lo que respecta al caso no importa la magnitud de la sustracción de fondos públicos para que no haya un régimen de consecuencia.
En el país todos los días salen a la superficie sustracciones del patrimonio público de miles de millones de pesos, pero los procesos encaminados por el Ministerio Público se alargan de tal modo que la gente pierde la esperanza de que el delincuente que ha asaltado el Estado pague por su conducta.
En los actuales momentos han sido más de media docena los presidentes procesados en El Perú, incluidos varios en pleno ejercicio del cargo, por incurrir en actos calificados como de corrupción administrativa, lo cual no se observa en otras naciones, aunque la que tal vez más se le acerca es El Salvador, donde también ha habido una real persecución de mandatarios que han incurrido en la comisión del delito de hurto del patrimonio público.
En el Perú han sido procesados por corrupción los expresidentes Alán García, quien en el último intento por apresarlo terminó con su suicidio, pero por lo menos uno guarda prisión por tener una condena definitiva, que se trata de Alberto Fujimori, mientras que otros cuando menos están en proceso de investigación, como son Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo, quienes están recluidos en la cárcel conocida como la de Barbadillo
Igual situación vivieron Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien está bajo arresto domiciliario mientras se desarrolla un proceso de investigación por favorecer con contratos a la compañía Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro del expresidente de Alejandro Toledo.
Kuczynski negó inicialmente tener algún vínculo con el grupo brasileño, pero terminó por reconocer que su consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de proyectos que había ganado mientras era ministro. Luego Kuczynski renunció a la presidencia en medio de las presiones del Congreso.
Kuczynski y Humala, entre otros, la mayoría de los cuales fueron destituidos por el Parlamento, lo cual también ha ocurrido con pasados candidatos presidenciales importantes de la oposición como Keiko Fujimori, quien está en espera de los resultados de las investigaciones que se realizan en su contra.
Alejandro Toledo Manrique
Toledo gobernó el Perú durante el periodo 2001-2006, quien ha sido extraditado de los Estados Unidos escoltado por alguaciles de esa nación y de inmediato fue trasladado para una audiencia de reconocimiento de identidad.
Sin embargo, la cuestión a analizar tiene que ver con el hecho de lo que ocurre en El Perú, El Salvador y otras naciones latinoamericanas no se parece en nada a la realidad de la República Dominicana, donde luce prácticamente imposible que un expresidente pueda correr la misma suerte de los mandatarios de la nación suramericana.
El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía
El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, ha sido un abanderado de que los exjefes de Estado no deben ser tocados ni con el pétalo de una rosa, aunque se les impute el peor de los delitos, lo cual de alguna manera representa una especie de teoría en favor del crimen y el delito proveniente de los que han tenido el privilegio de ocupar tan alta posición.
Lo cierto es que el país no tiene más de un precedente de persecución de un expresidente de la República, el cual fue el doctor Salvador Jorge Blanco, pero cuya acción del Estado no ha ocurrido con otros que han sido sindicados como responsables o cómplices de actos de corrupción, pero sin que haya habido alguna consecuencia.
Los niveles de diferencias existentes entre un país y otro en una época en que los sistemas punitivos son muy parecidos en prácticamente todos los países latinoamericanos, lo cual es comprobado mediante el derecho comparado, pero parece que las particularidades propias de cada conglomerado social pesa mucho para medir su eficiencia en lo que respecta a la existencia de un régimen de consecuencia.
Debe decirse que tanto El Salvador como El Perú están a la cabeza en lo que respecta a la persecución de los expresidentes que han delinquido desde la posición más alta del Estado,
Ahora mismo en la República Dominicana han salido a la superficie una amplia gama de acciones alegadamente ilícitas de varios pasados presidentes de la República, quienes protegen a personajes de sus gobiernos que se han enriquecido mediante la sustracción de dinero del patrimonio público y no luce que vaya haber alguna sanción por esas inconductas.
Leonel Fernández y Danilo Medina
Leonel Fernández y Danilo Medina, aunque no se puede excluir a Hipólito Mejía, son expresidentes seriamente comprometidos con este flagelo, tanto es así que sirven de protección a personajes que son símbolos de la corrupción administrativa del país.
En realidad, la República Dominicana está ante una situación que revela hasta donde el sistema de justicia no ha estado en capacidad de imponer las sanciones que cada caso conlleva, no importa quienes sean los protagonistas.
El involucramiento de presidentes y de expresidentes en acciones ilegales referidas a la corrupción administrativa no es un problema de ahora, pero las esperanzas de que este flagelo sea severamente atacado parecen alejarse a pesar de que en prácticamente todos los sistemas de justicia se han creado herramientas para combatirlo, lo cual se puede observar en lo que tiene que ver con el derecho internacional público, en el que ya está consignado de que este crimen no perime en el tiempo y que puede ser perseguido en cualquier momento después de producirse.
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El triunfo de Lula en Brasil es el inicio del fin de la influencia de Trump y el control de la ultraderecha en Latinoamérica.
La reelección del mandatario brasileño representa un revés para el bolsonarismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los gobiernos aliados de Washington, mientras crece el descontento social frente a las dificultades económicas, la inseguridad y las expectativas incumplidas.
Por Elba R. García
La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye mucho más que la continuidad de un proyecto político de izquierda en la principal economía de América Latina, cuyo triunfo representa un acontecimiento de profundas repercusiones geopolíticas, particularmente para el presidente estadounidense Donald Trump, cuya estrategia regional ha encontrado importantes aliados entre los sectores conservadores y de derecha del continente.
Lula consiguió imponerse en la segunda vuelta presidencial celebrada el 25 de octubre de 2026 frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, protagonizando una remontada electoral después de haber quedado en segundo lugar durante la primera votación, cuya victoria fue proyectada por Datafolha y confirmada por los reportes posteriores sobre el escrutinio.
Sin embargo, reducir este resultado a una confrontación entre izquierda y derecha sería desconocer las transformaciones políticas y sociales que experimenta América Latina, dado que lo ocurrido en Brasil también refleja las dificultades que enfrentan los proyectos políticos sustentados en liderazgos personalistas, discursos confrontativos y alianzas internacionales que no siempre responden a las expectativas de bienestar de sus propias poblaciones.
La derrota del candidato de Donald Trump en Brasil representa un revés para él e incluso por la estrecha relación entre el mandatario de la primera potencia del mundo y Jair Bolsonaro, además de que el expresidente brasileño en uno de los principales referentes latinoamericanos del movimiento conservador internacional.
Ambos dirigentes desarrollaron una afinidad política caracterizada por el nacionalismo, la confrontación con sectores progresistas, el cuestionamiento de determinadas instituciones y un discurso centrado en la seguridad, los valores tradicionales y la defensa de sus respectivas bases electorales, lo que llevó a Donald Trump durante los últimos anos a defender públicamente a Bolsonaro frente a distintos procesos judiciales y controversias políticas, lo que se vio como una injerencia en los asuntos internos de la nación más poderosa de Latinoamérica.
Incluso, una investigación de Reuters publicada el 24 de octubre reveló que funcionarios estadounidenses promovieron medidas de presión contra Brasil que, según fuentes consultadas, buscaban favorecer políticamente al entorno bolsonarista.
En ese contexto, la derrota de Flávio Bolsonaro constituye un golpe simbólico para la estrategia de expansión de la influencia trumpista en América Latina, aunque ello no significa que el presidente estadounidense haya perdido automáticamente su capacidad de influencia regional, pero sí demuestra que su cercanía con determinados candidatos no garantiza victorias electorales.
El resultado también confirma que la política brasileña posee dinámicas propias y que los ciudadanos no necesariamente trasladan sus simpatías hacia Estados Unidos al momento de decidir quién debe gobernar su país, lo cual sirve de espejo a otras democracias latinoamericanas.
Uno de los elementos que otorgan mayor relevancia al triunfo de Lula es el momento político que atraviesan varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos mantienen afinidades ideológicas o relaciones cercanas con la administración estadounidense.
Argentina, Chile y Ecuador presentan escenarios distintos, pero comparten una preocupación: la distancia entre las expectativas creadas durante las campañas electorales y los resultados que una parte considerable de la ciudadanía percibe en su vida cotidiana.
En Argentina, Javier Milei llegó al poder prometiendo una transformación radical del modelo económico y del funcionamiento del Estado, cuya cercanía política con Donald Trump ha sido uno de los rasgos más visibles de su proyección internacional.
No obstante, las tensiones sociales derivadas de sus políticas económicas y el malestar de determinados sectores han afectado su valoración ciudadana por lo que su popularidad ha bajado de forma impresionante.
En Chile, José Antonio Kast enfrenta el desafío de convertir su discurso de orden, seguridad y cambio político en resultados capaces de sostener su legitimidad social, pese a que el principal cuestionamiento en estos momentos es la liberación y reducción de penas a violadores sexuales de niños.
Mientras tanto, en Ecuador, Daniel Noboa debe responder a las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la violencia, la seguridad pública y la situación económica, lo que parece llevarlo a iniciar algún tipo de persecución política a través del derecho penal de los opositores que lo enfrentan.
La encuesta regional de CB Global Data correspondiente a octubre de 2026, difundida por la agencia EFE, permite dimensionar estas dificultades, ya que en la misma Javier Miley de Argentina tiene una imagen positiva que llega al 36,1 por ciento, mientras que la negativa alcanza el 59,0 por ciento.
Por su parte, José Antonio Kast de Chile tiene una imagen positiva de un 38,8 por ciento y negativa de un 56,8 por ciento y Daniel Noboa del Ecuador tiene un 47,5 por ciento de imagen negativa y un 46,9 por ciento negativa.
Estos indicadores evidencian dificultades importantes para determinados gobiernos, lo cual podría implicar que todos los mandatarios latinoamericanos de su línea están amenazados de sufrir una derrota en una próxima contienda electoral, sumándose al fenómeno la posibilidad de que Donald Trump pierde el control de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos.
Aunque parece que tuvo algún peso la injerencia de Trump en Brasil para que Lula ganara la reelección, pero también obedece a la forma del ciudadano brasileña ver la política interna independientemente de lo que ocurre en otras partes del mundo.
Lo significativo es que una alianza internacional poderosa puede fortalecer la proyección diplomática de un gobernante, pero no sustituye su obligación de ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.
Otro aspecto fundamental para interpretar la victoria de Lula es el sentimiento de soberanía nacional que históricamente ha acompañado a sectores importantes de la sociedad brasileña.
Brasil no es solamente el país más extenso y poblado de América del Sur. También es una potencia económica con una tradición diplomática que procura mantener márgenes de autonomía frente a las grandes potencias.
Su participación en los BRICS y sus relaciones comerciales con China, Estados Unidos, Europa y otras economías reflejan una estrategia internacional que trasciende las afinidades personales entre mandatarios.
Para determinados sectores políticos brasileños, la posibilidad de que el país adoptara una posición excesivamente alineada con Trump representaba un riesgo para esa autonomía.
Lula logró presentar su candidatura como una alternativa frente al retorno del bolsonarismo y como una defensa de la capacidad de Brasil para decidir sus políticas sin subordinación a intereses extranjeros.
También intervinieron las políticas sociales, la experiencia acumulada del mandatario, las alianzas electorales, la movilización de sus seguidores y las preocupaciones de una población profundamente dividida.
Lo que sí puede sostenerse es que la derrota del candidato bolsonarista debilita una de las principales plataformas políticas desde las cuales Washington podía ampliar su afinidad ideológica en la región.
El escenario latinoamericano demuestra que las sociedades no mantienen una fidelidad permanente hacia un determinado proyecto ideológico, ya que durante las últimas décadas, distintos países han experimentado alternancias entre gobiernos progresistas, conservadores, liberales y de orientación populista.
Estos cambios responden, en buena medida, al desgaste de los gobernantes y a la frustración de una ciudadanía que reclama mejores condiciones de vida.
Los electores pueden respaldar propuestas radicales cuando consideran que los partidos tradicionales han fracasado, pero ese apoyo puede debilitarse cuando las promesas de transformación no se traducen en soluciones.
En ese sentido, el triunfo de Lula plantea una advertencia a la derecha latinoamericana: ganar unas elecciones mediante un discurso de ruptura no garantiza conservar el respaldo popular, aunque el mismo también representa una advertencia para la izquierda, en el sentido del que lo haga mal será expulsado del poder.
El mandatario brasileño enfrentó una elección extraordinariamente competitiva, lo que demuestra que su experiencia y liderazgo histórico tampoco lo eximen de responder a las demandas de seguridad, empleo, estabilidad económica y transparencia.
La lección política es más amplia: ninguna corriente ideológica tiene asegurado el respaldo ciudadano, lo que ha sido evidenciado con lo reñida de las elecciones en Brasil
Donald Trump continúa siendo una figura influyente entre numerosos dirigentes conservadores latinoamericanos, pero sin lugar a dudas que su liderazgo ha recibido un fuerte revés en los países latinoamericanos, lo cual podría profundizarse si es desplazado del control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Su posición al frente de Estados Unidos le proporciona instrumentos diplomáticos, comerciales y estratégicos que ningún otro gobernante del continente posee en la misma dimensión, pero parece que su política de injerencia y confrontación tienen un límite.
La victoria brasileña demuestra que la influencia internacional no equivale a control electoral y que un proyecto político puede no imponerse a una alternativa no cercana al trumpismo, incluso en medio de una región marcada por el avance de diversas expresiones de derecha.
También evidencia las limitaciones de interpretar las elecciones latinoamericanas exclusivamente como una extensión de las disputas políticas estadounidenses, ya que los ciudadanos votan fundamentalmente condicionados por sus propias realidades nacionales.
En Argentina pesan las expectativas económicas. En Ecuador, la inseguridad. En Chile, las demandas de orden y bienestar. En Brasil, estos factores se combinaron con una disputa sobre el rumbo democrático, institucional e internacional del país.
Para Trump, la derrota del bolsonarismo representa un revés político importante, lo que podría implicar el comienzo de un retroceso generalizado de sus aliados regionales.
Esa posibilidad dependerá de la evolución económica, social e institucional de cada nación, sobre todo que Brasil es una especie de equilibrio político continental, dado que la permanencia de Lula al frente de esta nación fortifica los espacios regionales y multilaterales.
Su gobierno ha defendido una política exterior con mayores márgenes de independencia, la cooperación entre países del sur global, el fortalecimiento del multilateralismo y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos internacionales.
La continuidad de ese liderazgo permitirá mantener una voz latinoamericana con capacidad para discrepar de Washington en asuntos comerciales, ambientales y diplomáticos.
No obstante, Lula tendrá que gobernar una sociedad polarizada y negociar con fuerzas políticas que no necesariamente comparten sus prioridades.
Su reelección no elimina la fortaleza electoral del conservadurismo brasileño ni garantiza el predominio regional de la izquierda, ahora lo que sí establece es un contrapeso significativo frente a las aspiraciones de expansión política del trumpismo.
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva trasciende el resultado de unas elecciones presidenciales, porque representa un golpe para el bolsonarismo, un revés para las aspiraciones regionales de Donald Trump y una demostración de que los procesos democráticos latinoamericanos conservan dinámicas que no pueden determinarse desde el exterior.
En momentos en que varios gobiernos enfrentan importantes niveles de rechazo ciudadano, Brasil recuerda que el verdadero poder político no reside exclusivamente en las alianzas internacionales, en la popularidad de un líder extranjero ni en la capacidad de movilizar emociones durante una campaña.
Reside, fundamentalmente, en la confianza de los ciudadanos y en la capacidad de transformar las promesas electorales en resultados.
La gran enseñanza del triunfo de Lula es que ningún liderazgo internacional puede sustituir la voluntad soberana de los pueblos. Y ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, puede conservar indefinidamente el apoyo ciudadano si deja de responder a sus necesidades.
La tragedia del Jet Set podría convertirse en un punto de referencia para la manera en que la justicia dominicana examine las muertes ocasionadas por el desplome de edificaciones cuyos peligros eran conocidos y no fueron corregidos, lo que ahora es un caso que tiene repercusión jurídica, económica, empresarial y social, sobre todo con la nueva calificación penal de homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual, frente a la situación de numerosas edificaciones dominicanas que podrían presentar deterioro estructural, modificaciones no supervisadas o ausencia de mantenimiento adecuado.
La decisión judicial de variar la calificación penal de homicidio involuntario a voluntario mediante la figura del dolo eventual plantea interrogantes que trascienden el proceso contra los propietarios de la discoteca.
La madrugada del 8 de abril de 2025, el desplome del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, provocó una de las mayores tragedias ocurridas en un centro de entretenimiento dominicano.
El 16 de octubre de 2026, el juez Franni González modificó la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusación que venía siendo examinada como homicidio involuntario y que ahora pasó a una calificación de homicidio voluntario sustentada en el dolo eventual.
Se trata de una decisión procesal que modifica la gravedad de la acusación y obliga a que el juicio se conozca nuevamente ante un tribunal colegiado, pero, más allá de las consecuencias para los imputados, surge una cuestión de interés nacional: ¿Qué ocurriría si otras edificaciones utilizadas por miles de dominicanos se encontraran en situaciones semejantes?
El dolo eventual en el derecho penal se presenta cuando una persona crea la posibilidad de provocar un resultado delictivo y, aun así, acepta ese riesgo al continuar con su conducta, aunque necesariamente esto no signifique que alguien desee directamente la muerte de otra persona, como lo ocurrido en la discoteca Jet Set hace ya algún tiempo.
La diferencia está en el conocimiento del peligro y en la aceptación de la posibilidad de que el resultado ocurra, pese a que haya habido advertencias técnicas serias de que el techo de un establecimiento presenta peligro de colapso como pasa en una gran cantidad de edificios del país, los cuales están llenos de objetos de alto peso, como plantas eléctricas y tinacos.
En todo caso si se produce un desplome mortal, el tribunal tendría que determinar si existió una negligencia grave o si los hechos permiten demostrar conocimiento y aceptación del resultado posible, porque no toda advertencia ignorada demuestra automáticamente dolo eventual, ya que para tales fines se exigen pruebas concretas sobre lo que sabía cada imputado y cómo se comportó frente al peligro.
La nueva calificación del caso Jet Set supone una advertencia para propietarios, administradores y responsables de establecimientos que operan en inmuebles con riesgos conocidos, ya que los responsables de edificaciones destinadas a espectáculos, actividades comerciales, viviendas, servicios educativos, atención sanitaria o de reuniones multitudinarias podrían tener mayores motivos para revisar sus condiciones estructurales.
Sin embargo, esto quiere decir que cualquier deterioro importante debe ser evaluado técnicamente y corregido oportunamente, cuya responsabilidad por el deterioro de un techo no sólo recae sobre los propietarios privados, sino también del Estado, el cual debe velar porque tragedias por esa causa no se produzcan.
La República Dominicana dispone de disposiciones sobre diseño, construcción, supervisión e inspección de edificaciones, entre las que figuran el Reglamento R-001 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras y el Reglamento R-004 para la Supervisión e Inspección de Obras.
No obstante, las medidas preventivas pueden evitar pérdidas humanas, cierres inesperados, litigios, indemnizaciones y daños patrimoniales, dado que la seguridad estructural debe ser entendida como parte del costo responsable de cualquier actividad económica y no como un gasto opcional.
En el dolo eventual entra en el debate la presunción de inocencia, cuyo cambio de calificación también enfrenta importantes desafíos jurídicos, pero que de cualquier modo los abogados defensores de los hermanos Espaillat, que es el caso que ha puesto sobre el tapete la referida figura jurídica, cuestionan la aplicación de la misma sobre la base de que no se ha demostrado la aceptación consciente de un desenlace mortal.
Desde cualquier perspectiva que sea vea, la decisión del tribunal al cambiar la calificación del caso a dolo eventual podría generar un proceso preventivo que permitiría identificar inmuebles que requieran mantenimiento, reforzamiento estructural, limitaciones de ocupación o, en situaciones extremas, clausura temporal.
Puede decirse que como la decisión judicial del caso Jet Set no ha establecido todavía la culpabilidad de los acusados, pero que sí coloca sobre la mesa una pregunta que el país no debería ignorar, ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si las advertencias técnicas fueran tomadas en serio antes de que aparezcan las víctimas?De portada
El narcotráfico, el lavado de activos, la economia subterranea y su impacto en la sociedad en R.D.
La economía subterránea vinculada al narcotráfico representa una amenaza para la estabilidad económica, la competencia empresarial y la institucionalidad de la República Dominicana, debido a que la circulación de capitales ilícitos puede distorsionar los mercados y producir una apariencia de prosperidad que no necesariamente se corresponde con el desarrollo nacional.
Por Elba García
Mientras la República Dominicana exhibe crecimiento en sectores como el turismo, la construcción, el comercio y los servicios, existe otra realidad menos visible: la circulación de dinero procedente de actividades ilegales, especialmente del narcotráfico, que plantea una interrogante de enorme trascendencia.
¿Hasta qué punto los recursos económicos provenientes del crimen organizado están penetrando la economía dominicana y alterando las condiciones normales de inversión, competencia y desarrollo?
La preocupación no se limita al tráfico de drogas, sino también al destino de las ganancias que genera esta actividad y a los mecanismos utilizados para introducirlas en el sistema económico nacional.
Para comprender este fenómeno resulta necesario distinguir entre la economía informal, que puede desarrollar actividades lícitas sin cumplir determinadas obligaciones; la economía ilegal, que obtiene ingresos mediante delitos; y el lavado de activos, que procura ocultar el origen ilícito de los recursos.
Esta diferenciación es importante porque no toda inversión millonaria constituye lavado de activos ni toda actividad informal está relacionada con el narcotráfico.
Sin embargo, cuando el dinero criminal logra incorporarse a negocios aparentemente legítimos, sus consecuencias pueden alcanzar a toda la economía.
La ubicación geográfica de la República Dominicana, próxima a importantes rutas comerciales internacionales, representa una ventaja para el turismo y el intercambio de mercancías, pero también constituye un desafío frente a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Durante décadas, organismos internacionales han identificado al país como territorio de tránsito de sustancias ilícitas procedentes de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
Las estadísticas oficiales permiten apreciar la dimensión de esta problemática.
Durante el año 2025, las autoridades dominicanas decomisaron 31.3 toneladas de distintas drogas en territorio nacional, cifra que ascendió a 48.3 toneladas al incluir operaciones realizadas mediante cooperación internacional, según informaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Aunque estos resultados reflejan importantes operaciones de interdicción, no permiten establecer cuánto dinero procedente del narcotráfico permanece o circula dentro de la economía dominicana.
En consecuencia, la interrogante fundamental no es solamente cuánta droga atraviesa el territorio nacional, sino qué proporción de los beneficios económicos de esas operaciones logra incorporarse al mercado interno.
El narcotráfico no termina con la comercialización de sustancias prohibidas, porque las organizaciones criminales necesitan mecanismos para disponer de los recursos obtenidos y aparentar que proceden de actividades legales.
Entre los sectores considerados vulnerables al lavado de activos figuran el mercado inmobiliario, la construcción, la compraventa de vehículos, determinados establecimientos comerciales y los juegos de azar.
Esto no significa que esas actividades estén dominadas por el narcotráfico, sino que presentan características que pueden ser aprovechadas para ocultar operaciones financieras ilegales.
Una empresa que utiliza recursos ilícitos podría vender productos por debajo de sus costos, soportar pérdidas prolongadas o realizar inversiones sin depender exclusivamente de la rentabilidad comercial.
En cambio, el empresario que trabaja dentro de la legalidad necesita recuperar su inversión, pagar salarios, impuestos, electricidad, alquileres, seguridad social y demás gastos operativos.
Es precisamente aquí donde el dinero del narcotráfico puede convertirse en un instrumento de competencia desleal, capaz de desplazar negocios legítimos y alterar las reglas del mercado.
Este fenómeno adquiere especial importancia en el sector inmobiliario.
La adquisición de terrenos, apartamentos, edificios y proyectos de construcción mediante capitales ilícitos puede contribuir al incremento artificial de precios y generar presiones especulativas en determinadas zonas.
Las consecuencias recaen sobre las familias que aspiran a adquirir una vivienda y sobre los inversionistas que dependen de financiamiento legítimo.
Sin embargo, no sería correcto atribuir automáticamente el encarecimiento de los inmuebles al narcotráfico, porque también intervienen factores como los materiales de construcción, las tasas de interés, la demanda habitacional y el valor del suelo.
El problema consiste en determinar qué parte de determinadas operaciones inmobiliarias podría estar vinculada con recursos de procedencia ilegal.
¿Puede el narcotráfico influir en la economía nacional?
La respuesta es afirmativa en términos de riesgo y mecanismos económicos, aunque no existe una estimación pública verificable que permita precisar la magnitud de esa influencia en la República Dominicana.
Una economía caracterizada por importantes movimientos de divisas, inversiones, operaciones comerciales y transferencias internacionales necesita mecanismos eficaces para distinguir los recursos legítimos de aquellos provenientes de actividades criminales.
Según el Banco Central, durante los primeros nueve meses de 2026 las remesas familiares alcanzaron los 9,489.8 millones de dólares, un incremento de 6.5 % respecto al mismo período del año anterior.
Estos recursos constituyen ingresos legítimos que contribuyen al consumo y a la disponibilidad de divisas.
No obstante, el desafío consiste en impedir que las organizaciones criminales utilicen operaciones comerciales y financieras para encubrir movimientos de capitales ilícitos.
Tampoco existen datos suficientes para afirmar que el narcotráfico determina la estabilidad cambiaria dominicana o representa un porcentaje específico del producto interno bruto.
Lo que sí puede establecerse es que la penetración de recursos ilegales genera riesgos para la transparencia financiera, la competencia empresarial y la confianza en las instituciones.
Corrupción y debilitamiento institucional
Las consecuencias del narcotráfico trascienden la circulación de dinero.
Las organizaciones criminales pueden intentar establecer vínculos con funcionarios, autoridades y estructuras de poder para proteger sus operaciones, reducir los riesgos de persecución y facilitar el movimiento de sus recursos.
Cuando estas prácticas ocurren, el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte también en una amenaza para la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica.
La corrupción vinculada al crimen organizado puede debilitar los mecanismos de control, perjudicar la confianza de los inversionistas y favorecer la impunidad.
A esto se suman los recursos que el Estado debe destinar a combatir el tráfico de drogas, investigar delitos financieros, fortalecer la seguridad ciudadana y procesar judicialmente a los responsables.
Por consiguiente, aunque el dinero ilícito pueda generar movimientos comerciales y financiar determinadas inversiones, eso no significa que produzca desarrollo económico sostenible.
El crecimiento verdadero necesita productividad, empleos legítimos, competencia transparente, seguridad jurídica y confianza institucional.
La responsabilidad del Estado dominicano
La República Dominicana dispone de instrumentos legales para enfrentar estas actividades, entre ellos la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo, el combate al narcotráfico no puede limitarse a la incautación de cargamentos de drogas.
También resulta imprescindible investigar el destino de sus ganancias, identificar a los beneficiarios reales de operaciones empresariales, perseguir los patrimonios de origen criminal y fortalecer la supervisión de los sectores vulnerables.
La Unidad de Análisis Financiero y las demás instituciones competentes desempeñan un papel fundamental en la identificación y análisis de operaciones sospechosas.
Pero la efectividad de la política estatal debe medirse también por las investigaciones financieras, las condenas judiciales y la recuperación de los bienes vinculados con actividades ilícitas.
El mayor peligro para la economía dominicana no consiste únicamente en la cantidad de dinero que pueda producir el narcotráfico, sino en la capacidad de ese capital para adquirir apariencia de legalidad, alterar la competencia económica y penetrar las estructuras institucionales.
Una nación puede exhibir edificios modernos, inversiones millonarias, establecimientos comerciales y grandes movimientos financieros sin que todas esas manifestaciones representen necesariamente riqueza generada mediante actividades productivas legítimas.
De ahí que la República Dominicana enfrente un desafío que va mucho más allá de capturar narcotraficantes y decomisar sustancias prohibidas.
Se trata de impedir que el dinero procedente del crimen organizado termine convirtiéndose en un componente de la actividad económica formal y comprometa las posibilidades de desarrollo nacional.
Porque el progreso de un país no debe medirse solamente por la cantidad de dinero que circula en su economía, sino también por la legalidad de su procedencia, la transparencia de las inversiones y los beneficios que produce para la sociedad.
Y ante esta realidad surge una interrogante que las autoridades y la sociedad dominicana no deberían ignorar: ¿hasta qué punto estamos construyendo una economía sustentada en la producción y el trabajo legítimo, y cuánto espacio podría estar ocupando un capital subterráneo cuyo origen y verdadera dimensión todavía desconocemos?