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Ante crisis en Haití presidente Abinader garantiza seguridad en el país.
El aumento de la violencia en Haití, el presidente Luis Abinader garantizó ayer la seguridad del pueblo dominicano.
Abinader reaccionó de esta manera ante la advertencia que hizo Canadá a sus ciudadanos que visitan República Dominicana, para que tengan un alto nivel de precaución por el crimen y la situación de la frontera con Haití.
El mandatario expresó que los países pueden emitir este tipo de alerta. “Ellos pueden hacer todas las alertas, son países independientes. Ahora, lo que yo voy a hacer es la garantía de la seguridad del pueblo dominicano”, resaltó el jefe de Estado.
Al finalizar, expresó enérgicamente que “no le pueden pedir absolutamente nada más a República Dominicana porque hemos hecho demasiado por Haití”.
Durante su participación en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Álvarez reiteró precisamente, la necesidad de que el organismo comience a tomar acciones que permitan contribuir a la solución de “tragedia” que afecta a millones de haitianos y a la República Dominicana
“Siendo tan catastrófica, esta situación aún no ha logrado conmover o sensibilizar a quienes deben tomar las decisiones finales en apoyo de los haitianos”, dijo.
El mandatario dominicano Luis Abinader mientras conversaba con periodistas previo a dar sus declaraciones sobre la situación de seguridad del país el 26/04/23
También cuestionó “por qué ha costado tanto tiempo” para que el órgano en cuestión haga lo necesario para cumplir con las reclamadas ayudas solicitadas por Haití y ejemplificó citando otras iniciativas de países en crisis para los cuales la asistencia internacional no ha tenido que recorrer “un camino tan sinuoso”.
Disolución Estado haitiano
Álvarez advirtió además en la ONU que hoy estamos presenciando la disolución del Estado haitiano, debido a la grave inseguridad y problemas sociales que afectan a ese país.
“Lo dijimos en el pasado en este Consejo de Seguridad y lo reiteramos el día de hoy, la situación en Puerto Príncipe es comparable a la de un conflicto armado interno, salvando la diferencia en este caso sobre la calificación de beligerante. De hecho, estamos presenciando hoy, la disolución del Estado haitiano”, dijo el canciller dominicano al agotar su turno en la reunión trimestral del órgano de la ONU para tratar la situación en Haití.
El diplomático agregó que cualquier decisión que evada una asistencia efectiva urgente para Haití, medida propia y exclusiva de esta organización por mandato de su Carta y el Derecho Internacional, podría considerarse una abdicación de su responsabilidad.
Álvarez explicó que la soberanía del Estado conlleva la obligación de proteger a su propio pueblo, pero que cuando un Estado no puede hacerlo plenamente, esta responsabilidad corresponde a la comunidad internacional, para lo cual se deben emplear los medios diplomáticos, humanitarios y de cualquier otra índole dentro de su competencia.
Por otro lado, también reconoció el trabajo del Comité de Sanciones y de su Panel de Expertos, que han encaminado esfuerzos para identificar los sectores que, dentro de Haití, fomentan actividades criminales y contribuyen a la inseguridad, reiterando la necesidad urgente del envío de una fuerza internacional de apoyo a la Policía Nacional Haitiana, tal como ha sido solicitada por las propias autoridades de ese país.
En ese sentido, informó que el Gobierno dominicano dispuso la prohibición de entrada a un número de ciudadanos haitianos con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad del territorio dominicano y como una forma de apoyar los esfuerzos del Consejo de Seguridad.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.