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Los partidos políticos en la continuación de su agenda de dañar todo el sistema democrático del país.
Por Elba García
La República Dominicana libra hoy una nueva batalla entre los partidos políticos y la JCE que dicen promover la democracia, pero que en realidad son los que más la socavan como igual ocurre con los órganos y entes que ha creado el Estado para mejorar su desempeño.
La llamada partidocracia se aprovecha del control de todo el sistema público que tiene como función manejar la democracia, entre los que se pueden citar el Congreso Nacional, la justicia, la Cámara de Cuentas y el Poder Ejecutivo, entre otros.
Este control de los partidos que tienen representación oficial es, sin lugar a dudas, la principal retranca para depurar y mejorar la democracia, porque ellos se han encargado de corromper todo el sistema público del país, incluido el electoral, ya que son ellos quienes escogen los miembros del órgano que tiene la misión de administrar y dirigir el proceso comicial, lo cual constituye hoy día la principal amenaza en contra de la existencia de la misma democracia y de la sociedad.
Ahora los debates se mueven alrededor de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (JCE), a propósito de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que dispone la reserva de candidaturas para el proceso comicial que habrá de tener efecto en el año 2024.
En el país todo la gente sabe que los partidos socavaron las pocas garantías que ofrecen las leyes del régimen electoral, porque a pesar de sus grandes fallas tenían aspectos que debían ser cumplidos como una expresión del avance democrático de la nación.
La cuota de género y el manejo equivocado dado a las elecciones en las circunscripciones del exterior son de las principales falencias que tenían las leyes que regulan el régimen electoral, algunas de las cuales fueron corregidas o cuando menos mejoradas con la nueva norma aprobada recientemente, la 20-23, pero que aun con esas reformas no basta para que las elecciones sean más democráticas.
El asunto es que todos los vicios que hoy constituyen los principales obstáculos para el avance institucional del país provienen del comportamiento de las organizaciones que representan la figura conocida como la partidocracia.
La partidocracia se ha encargado de corromper todo el sistema electoral y cada vez que se produce un amago de corregir cualquier distorsión hay una reacción que busca impedir, por lo menos mínimamente, la conversión del mismo en más decente con la creación de garantías de respeto al derecho constitucional de elegir y ser elegible.
A sólo nueve meses para las elecciones municipales de febrero del 2024, la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos libran una lucha por la resolución que establece las reservas de candidaturas, la que el próximo lunes 15 será objeto de un recurso de reconsideración ante el árbitro comicial.
La instancia será elevada por 23 organizaciones, encabezadas por los principales partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD), los cuales han mostrado su rechazo a la disposición de la JCE, cuya explicación está en que todos actúan como si fueran uno solo cuando de defender sus espurios intereses se trata.
La confrontación tiene su razón de ser en que el Tribunal Superior Electoral mediante sentencia estableció la modalidad del 20 % de las reservas establecidos por la Ley 33-18 de Partidos Políticos, la cual consecuentemente fue asumida por una resolución de la JCE que dispone su aplicación por cada nivel de elección y no en la universalidad de los cargos.
La reserva de candidaturas es una herramienta que usan los partidos políticos para establecer alianzas y todo tipo de negociación con los que sirven de bisagras en los comicios que se celebran cada cuatro años, pero además para colocar en sus boletas a personas vinculadas con el bajo mundo y el crimen organizado nacional y transnacional a cambio de dinero, lo que crea una urgencia que complica los intereses para los que se mueven en ese entorno, en virtud de que las mismas deben definirse internamente a más tardar el 2 de junio próximo y ser presentadas por escrito en la JCE 15 días después, es decir, el 17 del mismo mes.
La resolución rechazada por los partidos políticos es la 13-2023 de la JCE, mediante la cual los mismos deberán hacer reservas de 550 cargos de elección popular y en el caso de los senadores se circunscribe a sólo seis puestos.
A nivel de los diputados son 38, alcaldes 32, regidores 233, directores y subdirectores 47 y vocales 147. Los partidos podrán reservarse la candidatura presidencial y vicepresidencial con miras a la concertación de alianzas.
La JCE sostiene que los partidos «tienen el derecho de pactar las alianzas y formar coaliciones, según lo consideren necesario y útil para los fines que les son propios, pudiendo disponer de una determinada cantidad de posiciones electivas que les permitan concertar dichos acuerdos y presentar candidaturas comunes, sin que las mismas deban ser sometidas a un proceso interno de selección, tal como es el caso de las reservadas».
La realidad es que si en esta confrontación tiene ganancia de causa la partidocracia es una forma de darle paso a lo que más contamina los procesos electorales como son las candidaturas de personas muy cuestionadas por su vínculo con el crimen nacional y transnacional, lo cual es medible con lo que ocurre ahora con senadores y diputados seriamente comprometidos con causas que no tienen nada que ver con la democracia.
El capitulo que se vive en los actuales momentos es de una gran trascendencia nacional, porque se trata de una batalla entre el bien y el mal, naturalmente si el asunto se ve en función de recuperar parte de la credibilidad perdida, no sólo por la Junta Central Electoral, sino por todo el andamiaje estatal de la República Dominicana, donde predomina la corrupción y los intereses del crimen organizado.
El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, sostiene que la Junta Central Electoral interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, al disponer en su resolución No.13-2023, sobre la aplicación de las reservas de candidaturas, que el 20% de las mismas deben estar bajo el control de la máxima dirección colegiada de cada partido y que se calcula sobre cada nivel de elección (con excepción de la presidencial) y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.
La resolución, que luce ser coherente con la sentencia TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que fue apoyada por la sociedad civil mediante declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación social luego de ser aprobada por el tribunal con competencia para emitir la misma.
La sentencia fue dictada en contra del Partido Revolucionario Moderno, quien debió recomponer sus candidaturas para ajustarse a lo decidido por el TSE para las elecciones del año 2020, pese a que la organización oficialista violentó una serie de disposiciones legales consignadas en la Constitución de la República con la imposición de propuestas que vulneraron la cuota de género, como ocurrió en la Circunscripción número 2 de la provincia de Santiago, cuya irregularidad generó una demanda de nulidad de un candidato de la misma coalición que encabezó el actual presidente Luis Abinader, pero los partidos que ahora se oponen a esta medida no expresaron ninguna objeción a la misma en el momento oportuno..
«Participación Ciudadana ha denunciado en el pasado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección, pues vulneraba el principio constitucional de democracia interna que deben observar los partidos de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, recordó la activa organización de la sociedad civil.
Es procedente recordar y advertir que si el porcentaje de reserva de candidaturas se calcula sobre la propuesta nacional, la alta dirección de cada partido tendría la oportunidad de reservarse la totalidad de las candidaturas a senadurías, diputaciones y alcaldías, despojando de sus legítimos derechos a cientos de aspirantes y además tendría la oportunidad de negociar con aquellos que provienen de entornos muy cuestionables, mientras que, si se hace sobre cada nivel de elección, sólo podrían reservarse 6 de 32 senadurías, 38 de 190 diputaciones y 32 de 158 regidurías, por sólo mencionar las mas importantes.
El Tribunal Constitucional también habló claro sobre este tema en su sentencia TC/0104/20 del 12 de mayo de 2020, cuando señala que la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos “al establecer la cuota de género y sus proporciones, determinó que su implementación debía hacerse por demarcación electoral, y en atención a esas líneas se definen los límites de las demarcaciones electorales, lo cual sentó la base para las reservas electorales, de conformidad con el párrafo III del artículo 58 de la referida legislación”.
En opinión de Participación Ciudadana y nadie pone en duda su argumento al respecto es que «Pretender aumentar las posibilidades de reserva de candidaturas en favor de la alta dirección de los partidos es volver al pasado, a métodos antidemocráticos que debilitaron y crearon situaciones conflictivas en éstos, etapa que debe quedar atrás».
Recordó una vez más, que el artículo 74.4 de la Constitución dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”, por lo que en este caso los miembros de los partidos con aspiraciones entran en el contexto del derecho fundamental de elegir y ser elegibles.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.