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Los partidos políticos en la continuación de su agenda de dañar todo el sistema democrático del país.
Por Elba García
La República Dominicana libra hoy una nueva batalla entre los partidos políticos y la JCE que dicen promover la democracia, pero que en realidad son los que más la socavan como igual ocurre con los órganos y entes que ha creado el Estado para mejorar su desempeño.
La llamada partidocracia se aprovecha del control de todo el sistema público que tiene como función manejar la democracia, entre los que se pueden citar el Congreso Nacional, la justicia, la Cámara de Cuentas y el Poder Ejecutivo, entre otros.
Este control de los partidos que tienen representación oficial es, sin lugar a dudas, la principal retranca para depurar y mejorar la democracia, porque ellos se han encargado de corromper todo el sistema público del país, incluido el electoral, ya que son ellos quienes escogen los miembros del órgano que tiene la misión de administrar y dirigir el proceso comicial, lo cual constituye hoy día la principal amenaza en contra de la existencia de la misma democracia y de la sociedad.
Ahora los debates se mueven alrededor de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (JCE), a propósito de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que dispone la reserva de candidaturas para el proceso comicial que habrá de tener efecto en el año 2024.
En el país todo la gente sabe que los partidos socavaron las pocas garantías que ofrecen las leyes del régimen electoral, porque a pesar de sus grandes fallas tenían aspectos que debían ser cumplidos como una expresión del avance democrático de la nación.
La cuota de género y el manejo equivocado dado a las elecciones en las circunscripciones del exterior son de las principales falencias que tenían las leyes que regulan el régimen electoral, algunas de las cuales fueron corregidas o cuando menos mejoradas con la nueva norma aprobada recientemente, la 20-23, pero que aun con esas reformas no basta para que las elecciones sean más democráticas.
El asunto es que todos los vicios que hoy constituyen los principales obstáculos para el avance institucional del país provienen del comportamiento de las organizaciones que representan la figura conocida como la partidocracia.
La partidocracia se ha encargado de corromper todo el sistema electoral y cada vez que se produce un amago de corregir cualquier distorsión hay una reacción que busca impedir, por lo menos mínimamente, la conversión del mismo en más decente con la creación de garantías de respeto al derecho constitucional de elegir y ser elegible.
A sólo nueve meses para las elecciones municipales de febrero del 2024, la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos libran una lucha por la resolución que establece las reservas de candidaturas, la que el próximo lunes 15 será objeto de un recurso de reconsideración ante el árbitro comicial.
La instancia será elevada por 23 organizaciones, encabezadas por los principales partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD), los cuales han mostrado su rechazo a la disposición de la JCE, cuya explicación está en que todos actúan como si fueran uno solo cuando de defender sus espurios intereses se trata.
La confrontación tiene su razón de ser en que el Tribunal Superior Electoral mediante sentencia estableció la modalidad del 20 % de las reservas establecidos por la Ley 33-18 de Partidos Políticos, la cual consecuentemente fue asumida por una resolución de la JCE que dispone su aplicación por cada nivel de elección y no en la universalidad de los cargos.
La reserva de candidaturas es una herramienta que usan los partidos políticos para establecer alianzas y todo tipo de negociación con los que sirven de bisagras en los comicios que se celebran cada cuatro años, pero además para colocar en sus boletas a personas vinculadas con el bajo mundo y el crimen organizado nacional y transnacional a cambio de dinero, lo que crea una urgencia que complica los intereses para los que se mueven en ese entorno, en virtud de que las mismas deben definirse internamente a más tardar el 2 de junio próximo y ser presentadas por escrito en la JCE 15 días después, es decir, el 17 del mismo mes.
La resolución rechazada por los partidos políticos es la 13-2023 de la JCE, mediante la cual los mismos deberán hacer reservas de 550 cargos de elección popular y en el caso de los senadores se circunscribe a sólo seis puestos.
A nivel de los diputados son 38, alcaldes 32, regidores 233, directores y subdirectores 47 y vocales 147. Los partidos podrán reservarse la candidatura presidencial y vicepresidencial con miras a la concertación de alianzas.
La JCE sostiene que los partidos «tienen el derecho de pactar las alianzas y formar coaliciones, según lo consideren necesario y útil para los fines que les son propios, pudiendo disponer de una determinada cantidad de posiciones electivas que les permitan concertar dichos acuerdos y presentar candidaturas comunes, sin que las mismas deban ser sometidas a un proceso interno de selección, tal como es el caso de las reservadas».
La realidad es que si en esta confrontación tiene ganancia de causa la partidocracia es una forma de darle paso a lo que más contamina los procesos electorales como son las candidaturas de personas muy cuestionadas por su vínculo con el crimen nacional y transnacional, lo cual es medible con lo que ocurre ahora con senadores y diputados seriamente comprometidos con causas que no tienen nada que ver con la democracia.
El capitulo que se vive en los actuales momentos es de una gran trascendencia nacional, porque se trata de una batalla entre el bien y el mal, naturalmente si el asunto se ve en función de recuperar parte de la credibilidad perdida, no sólo por la Junta Central Electoral, sino por todo el andamiaje estatal de la República Dominicana, donde predomina la corrupción y los intereses del crimen organizado.
El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, sostiene que la Junta Central Electoral interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, al disponer en su resolución No.13-2023, sobre la aplicación de las reservas de candidaturas, que el 20% de las mismas deben estar bajo el control de la máxima dirección colegiada de cada partido y que se calcula sobre cada nivel de elección (con excepción de la presidencial) y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.
La resolución, que luce ser coherente con la sentencia TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que fue apoyada por la sociedad civil mediante declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación social luego de ser aprobada por el tribunal con competencia para emitir la misma.
La sentencia fue dictada en contra del Partido Revolucionario Moderno, quien debió recomponer sus candidaturas para ajustarse a lo decidido por el TSE para las elecciones del año 2020, pese a que la organización oficialista violentó una serie de disposiciones legales consignadas en la Constitución de la República con la imposición de propuestas que vulneraron la cuota de género, como ocurrió en la Circunscripción número 2 de la provincia de Santiago, cuya irregularidad generó una demanda de nulidad de un candidato de la misma coalición que encabezó el actual presidente Luis Abinader, pero los partidos que ahora se oponen a esta medida no expresaron ninguna objeción a la misma en el momento oportuno..
«Participación Ciudadana ha denunciado en el pasado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección, pues vulneraba el principio constitucional de democracia interna que deben observar los partidos de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, recordó la activa organización de la sociedad civil.
Es procedente recordar y advertir que si el porcentaje de reserva de candidaturas se calcula sobre la propuesta nacional, la alta dirección de cada partido tendría la oportunidad de reservarse la totalidad de las candidaturas a senadurías, diputaciones y alcaldías, despojando de sus legítimos derechos a cientos de aspirantes y además tendría la oportunidad de negociar con aquellos que provienen de entornos muy cuestionables, mientras que, si se hace sobre cada nivel de elección, sólo podrían reservarse 6 de 32 senadurías, 38 de 190 diputaciones y 32 de 158 regidurías, por sólo mencionar las mas importantes.
El Tribunal Constitucional también habló claro sobre este tema en su sentencia TC/0104/20 del 12 de mayo de 2020, cuando señala que la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos “al establecer la cuota de género y sus proporciones, determinó que su implementación debía hacerse por demarcación electoral, y en atención a esas líneas se definen los límites de las demarcaciones electorales, lo cual sentó la base para las reservas electorales, de conformidad con el párrafo III del artículo 58 de la referida legislación”.
En opinión de Participación Ciudadana y nadie pone en duda su argumento al respecto es que «Pretender aumentar las posibilidades de reserva de candidaturas en favor de la alta dirección de los partidos es volver al pasado, a métodos antidemocráticos que debilitaron y crearon situaciones conflictivas en éstos, etapa que debe quedar atrás».
Recordó una vez más, que el artículo 74.4 de la Constitución dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”, por lo que en este caso los miembros de los partidos con aspiraciones entran en el contexto del derecho fundamental de elegir y ser elegibles.
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El triunfo de Lula en Brasil es el inicio del fin de la influencia de Trump y el control de la ultraderecha en Latinoamérica.
La reelección del mandatario brasileño representa un revés para el bolsonarismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los gobiernos aliados de Washington, mientras crece el descontento social frente a las dificultades económicas, la inseguridad y las expectativas incumplidas.
Por Elba R. García
La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye mucho más que la continuidad de un proyecto político de izquierda en la principal economía de América Latina, cuyo triunfo representa un acontecimiento de profundas repercusiones geopolíticas, particularmente para el presidente estadounidense Donald Trump, cuya estrategia regional ha encontrado importantes aliados entre los sectores conservadores y de derecha del continente.
Lula consiguió imponerse en la segunda vuelta presidencial celebrada el 25 de octubre de 2026 frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, protagonizando una remontada electoral después de haber quedado en segundo lugar durante la primera votación, cuya victoria fue proyectada por Datafolha y confirmada por los reportes posteriores sobre el escrutinio.
Sin embargo, reducir este resultado a una confrontación entre izquierda y derecha sería desconocer las transformaciones políticas y sociales que experimenta América Latina, dado que lo ocurrido en Brasil también refleja las dificultades que enfrentan los proyectos políticos sustentados en liderazgos personalistas, discursos confrontativos y alianzas internacionales que no siempre responden a las expectativas de bienestar de sus propias poblaciones.
La derrota del candidato de Donald Trump en Brasil representa un revés para él e incluso por la estrecha relación entre el mandatario de la primera potencia del mundo y Jair Bolsonaro, además de que el expresidente brasileño en uno de los principales referentes latinoamericanos del movimiento conservador internacional.
Ambos dirigentes desarrollaron una afinidad política caracterizada por el nacionalismo, la confrontación con sectores progresistas, el cuestionamiento de determinadas instituciones y un discurso centrado en la seguridad, los valores tradicionales y la defensa de sus respectivas bases electorales, lo que llevó a Donald Trump durante los últimos anos a defender públicamente a Bolsonaro frente a distintos procesos judiciales y controversias políticas, lo que se vio como una injerencia en los asuntos internos de la nación más poderosa de Latinoamérica.
Incluso, una investigación de Reuters publicada el 24 de octubre reveló que funcionarios estadounidenses promovieron medidas de presión contra Brasil que, según fuentes consultadas, buscaban favorecer políticamente al entorno bolsonarista.
En ese contexto, la derrota de Flávio Bolsonaro constituye un golpe simbólico para la estrategia de expansión de la influencia trumpista en América Latina, aunque ello no significa que el presidente estadounidense haya perdido automáticamente su capacidad de influencia regional, pero sí demuestra que su cercanía con determinados candidatos no garantiza victorias electorales.
El resultado también confirma que la política brasileña posee dinámicas propias y que los ciudadanos no necesariamente trasladan sus simpatías hacia Estados Unidos al momento de decidir quién debe gobernar su país, lo cual sirve de espejo a otras democracias latinoamericanas.
Uno de los elementos que otorgan mayor relevancia al triunfo de Lula es el momento político que atraviesan varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos mantienen afinidades ideológicas o relaciones cercanas con la administración estadounidense.
Argentina, Chile y Ecuador presentan escenarios distintos, pero comparten una preocupación: la distancia entre las expectativas creadas durante las campañas electorales y los resultados que una parte considerable de la ciudadanía percibe en su vida cotidiana.
En Argentina, Javier Milei llegó al poder prometiendo una transformación radical del modelo económico y del funcionamiento del Estado, cuya cercanía política con Donald Trump ha sido uno de los rasgos más visibles de su proyección internacional.
No obstante, las tensiones sociales derivadas de sus políticas económicas y el malestar de determinados sectores han afectado su valoración ciudadana por lo que su popularidad ha bajado de forma impresionante.
En Chile, José Antonio Kast enfrenta el desafío de convertir su discurso de orden, seguridad y cambio político en resultados capaces de sostener su legitimidad social, pese a que el principal cuestionamiento en estos momentos es la liberación y reducción de penas a violadores sexuales de niños.
Mientras tanto, en Ecuador, Daniel Noboa debe responder a las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la violencia, la seguridad pública y la situación económica, lo que parece llevarlo a iniciar algún tipo de persecución política a través del derecho penal de los opositores que lo enfrentan.
La encuesta regional de CB Global Data correspondiente a octubre de 2026, difundida por la agencia EFE, permite dimensionar estas dificultades, ya que en la misma Javier Miley de Argentina tiene una imagen positiva que llega al 36,1 por ciento, mientras que la negativa alcanza el 59,0 por ciento.
Por su parte, José Antonio Kast de Chile tiene una imagen positiva de un 38,8 por ciento y negativa de un 56,8 por ciento y Daniel Noboa del Ecuador tiene un 47,5 por ciento de imagen negativa y un 46,9 por ciento negativa.
Estos indicadores evidencian dificultades importantes para determinados gobiernos, lo cual podría implicar que todos los mandatarios latinoamericanos de su línea están amenazados de sufrir una derrota en una próxima contienda electoral, sumándose al fenómeno la posibilidad de que Donald Trump pierde el control de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos.
Aunque parece que tuvo algún peso la injerencia de Trump en Brasil para que Lula ganara la reelección, pero también obedece a la forma del ciudadano brasileña ver la política interna independientemente de lo que ocurre en otras partes del mundo.
Lo significativo es que una alianza internacional poderosa puede fortalecer la proyección diplomática de un gobernante, pero no sustituye su obligación de ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.
Otro aspecto fundamental para interpretar la victoria de Lula es el sentimiento de soberanía nacional que históricamente ha acompañado a sectores importantes de la sociedad brasileña.
Brasil no es solamente el país más extenso y poblado de América del Sur. También es una potencia económica con una tradición diplomática que procura mantener márgenes de autonomía frente a las grandes potencias.
Su participación en los BRICS y sus relaciones comerciales con China, Estados Unidos, Europa y otras economías reflejan una estrategia internacional que trasciende las afinidades personales entre mandatarios.
Para determinados sectores políticos brasileños, la posibilidad de que el país adoptara una posición excesivamente alineada con Trump representaba un riesgo para esa autonomía.
Lula logró presentar su candidatura como una alternativa frente al retorno del bolsonarismo y como una defensa de la capacidad de Brasil para decidir sus políticas sin subordinación a intereses extranjeros.
También intervinieron las políticas sociales, la experiencia acumulada del mandatario, las alianzas electorales, la movilización de sus seguidores y las preocupaciones de una población profundamente dividida.
Lo que sí puede sostenerse es que la derrota del candidato bolsonarista debilita una de las principales plataformas políticas desde las cuales Washington podía ampliar su afinidad ideológica en la región.
El escenario latinoamericano demuestra que las sociedades no mantienen una fidelidad permanente hacia un determinado proyecto ideológico, ya que durante las últimas décadas, distintos países han experimentado alternancias entre gobiernos progresistas, conservadores, liberales y de orientación populista.
Estos cambios responden, en buena medida, al desgaste de los gobernantes y a la frustración de una ciudadanía que reclama mejores condiciones de vida.
Los electores pueden respaldar propuestas radicales cuando consideran que los partidos tradicionales han fracasado, pero ese apoyo puede debilitarse cuando las promesas de transformación no se traducen en soluciones.
En ese sentido, el triunfo de Lula plantea una advertencia a la derecha latinoamericana: ganar unas elecciones mediante un discurso de ruptura no garantiza conservar el respaldo popular, aunque el mismo también representa una advertencia para la izquierda, en el sentido del que lo haga mal será expulsado del poder.
El mandatario brasileño enfrentó una elección extraordinariamente competitiva, lo que demuestra que su experiencia y liderazgo histórico tampoco lo eximen de responder a las demandas de seguridad, empleo, estabilidad económica y transparencia.
La lección política es más amplia: ninguna corriente ideológica tiene asegurado el respaldo ciudadano, lo que ha sido evidenciado con lo reñida de las elecciones en Brasil
Donald Trump continúa siendo una figura influyente entre numerosos dirigentes conservadores latinoamericanos, pero sin lugar a dudas que su liderazgo ha recibido un fuerte revés en los países latinoamericanos, lo cual podría profundizarse si es desplazado del control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Su posición al frente de Estados Unidos le proporciona instrumentos diplomáticos, comerciales y estratégicos que ningún otro gobernante del continente posee en la misma dimensión, pero parece que su política de injerencia y confrontación tienen un límite.
La victoria brasileña demuestra que la influencia internacional no equivale a control electoral y que un proyecto político puede no imponerse a una alternativa no cercana al trumpismo, incluso en medio de una región marcada por el avance de diversas expresiones de derecha.
También evidencia las limitaciones de interpretar las elecciones latinoamericanas exclusivamente como una extensión de las disputas políticas estadounidenses, ya que los ciudadanos votan fundamentalmente condicionados por sus propias realidades nacionales.
En Argentina pesan las expectativas económicas. En Ecuador, la inseguridad. En Chile, las demandas de orden y bienestar. En Brasil, estos factores se combinaron con una disputa sobre el rumbo democrático, institucional e internacional del país.
Para Trump, la derrota del bolsonarismo representa un revés político importante, lo que podría implicar el comienzo de un retroceso generalizado de sus aliados regionales.
Esa posibilidad dependerá de la evolución económica, social e institucional de cada nación, sobre todo que Brasil es una especie de equilibrio político continental, dado que la permanencia de Lula al frente de esta nación fortifica los espacios regionales y multilaterales.
Su gobierno ha defendido una política exterior con mayores márgenes de independencia, la cooperación entre países del sur global, el fortalecimiento del multilateralismo y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos internacionales.
La continuidad de ese liderazgo permitirá mantener una voz latinoamericana con capacidad para discrepar de Washington en asuntos comerciales, ambientales y diplomáticos.
No obstante, Lula tendrá que gobernar una sociedad polarizada y negociar con fuerzas políticas que no necesariamente comparten sus prioridades.
Su reelección no elimina la fortaleza electoral del conservadurismo brasileño ni garantiza el predominio regional de la izquierda, ahora lo que sí establece es un contrapeso significativo frente a las aspiraciones de expansión política del trumpismo.
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva trasciende el resultado de unas elecciones presidenciales, porque representa un golpe para el bolsonarismo, un revés para las aspiraciones regionales de Donald Trump y una demostración de que los procesos democráticos latinoamericanos conservan dinámicas que no pueden determinarse desde el exterior.
En momentos en que varios gobiernos enfrentan importantes niveles de rechazo ciudadano, Brasil recuerda que el verdadero poder político no reside exclusivamente en las alianzas internacionales, en la popularidad de un líder extranjero ni en la capacidad de movilizar emociones durante una campaña.
Reside, fundamentalmente, en la confianza de los ciudadanos y en la capacidad de transformar las promesas electorales en resultados.
La gran enseñanza del triunfo de Lula es que ningún liderazgo internacional puede sustituir la voluntad soberana de los pueblos. Y ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, puede conservar indefinidamente el apoyo ciudadano si deja de responder a sus necesidades.
La tragedia del Jet Set podría convertirse en un punto de referencia para la manera en que la justicia dominicana examine las muertes ocasionadas por el desplome de edificaciones cuyos peligros eran conocidos y no fueron corregidos, lo que ahora es un caso que tiene repercusión jurídica, económica, empresarial y social, sobre todo con la nueva calificación penal de homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual, frente a la situación de numerosas edificaciones dominicanas que podrían presentar deterioro estructural, modificaciones no supervisadas o ausencia de mantenimiento adecuado.
La decisión judicial de variar la calificación penal de homicidio involuntario a voluntario mediante la figura del dolo eventual plantea interrogantes que trascienden el proceso contra los propietarios de la discoteca.
La madrugada del 8 de abril de 2025, el desplome del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, provocó una de las mayores tragedias ocurridas en un centro de entretenimiento dominicano.
El 16 de octubre de 2026, el juez Franni González modificó la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusación que venía siendo examinada como homicidio involuntario y que ahora pasó a una calificación de homicidio voluntario sustentada en el dolo eventual.
Se trata de una decisión procesal que modifica la gravedad de la acusación y obliga a que el juicio se conozca nuevamente ante un tribunal colegiado, pero, más allá de las consecuencias para los imputados, surge una cuestión de interés nacional: ¿Qué ocurriría si otras edificaciones utilizadas por miles de dominicanos se encontraran en situaciones semejantes?
El dolo eventual en el derecho penal se presenta cuando una persona crea la posibilidad de provocar un resultado delictivo y, aun así, acepta ese riesgo al continuar con su conducta, aunque necesariamente esto no signifique que alguien desee directamente la muerte de otra persona, como lo ocurrido en la discoteca Jet Set hace ya algún tiempo.
La diferencia está en el conocimiento del peligro y en la aceptación de la posibilidad de que el resultado ocurra, pese a que haya habido advertencias técnicas serias de que el techo de un establecimiento presenta peligro de colapso como pasa en una gran cantidad de edificios del país, los cuales están llenos de objetos de alto peso, como plantas eléctricas y tinacos.
En todo caso si se produce un desplome mortal, el tribunal tendría que determinar si existió una negligencia grave o si los hechos permiten demostrar conocimiento y aceptación del resultado posible, porque no toda advertencia ignorada demuestra automáticamente dolo eventual, ya que para tales fines se exigen pruebas concretas sobre lo que sabía cada imputado y cómo se comportó frente al peligro.
La nueva calificación del caso Jet Set supone una advertencia para propietarios, administradores y responsables de establecimientos que operan en inmuebles con riesgos conocidos, ya que los responsables de edificaciones destinadas a espectáculos, actividades comerciales, viviendas, servicios educativos, atención sanitaria o de reuniones multitudinarias podrían tener mayores motivos para revisar sus condiciones estructurales.
Sin embargo, esto quiere decir que cualquier deterioro importante debe ser evaluado técnicamente y corregido oportunamente, cuya responsabilidad por el deterioro de un techo no sólo recae sobre los propietarios privados, sino también del Estado, el cual debe velar porque tragedias por esa causa no se produzcan.
La República Dominicana dispone de disposiciones sobre diseño, construcción, supervisión e inspección de edificaciones, entre las que figuran el Reglamento R-001 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras y el Reglamento R-004 para la Supervisión e Inspección de Obras.
No obstante, las medidas preventivas pueden evitar pérdidas humanas, cierres inesperados, litigios, indemnizaciones y daños patrimoniales, dado que la seguridad estructural debe ser entendida como parte del costo responsable de cualquier actividad económica y no como un gasto opcional.
En el dolo eventual entra en el debate la presunción de inocencia, cuyo cambio de calificación también enfrenta importantes desafíos jurídicos, pero que de cualquier modo los abogados defensores de los hermanos Espaillat, que es el caso que ha puesto sobre el tapete la referida figura jurídica, cuestionan la aplicación de la misma sobre la base de que no se ha demostrado la aceptación consciente de un desenlace mortal.
Desde cualquier perspectiva que sea vea, la decisión del tribunal al cambiar la calificación del caso a dolo eventual podría generar un proceso preventivo que permitiría identificar inmuebles que requieran mantenimiento, reforzamiento estructural, limitaciones de ocupación o, en situaciones extremas, clausura temporal.
Puede decirse que como la decisión judicial del caso Jet Set no ha establecido todavía la culpabilidad de los acusados, pero que sí coloca sobre la mesa una pregunta que el país no debería ignorar, ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si las advertencias técnicas fueran tomadas en serio antes de que aparezcan las víctimas?De portada
El narcotráfico, el lavado de activos, la economia subterranea y su impacto en la sociedad en R.D.
La economía subterránea vinculada al narcotráfico representa una amenaza para la estabilidad económica, la competencia empresarial y la institucionalidad de la República Dominicana, debido a que la circulación de capitales ilícitos puede distorsionar los mercados y producir una apariencia de prosperidad que no necesariamente se corresponde con el desarrollo nacional.
Por Elba García
Mientras la República Dominicana exhibe crecimiento en sectores como el turismo, la construcción, el comercio y los servicios, existe otra realidad menos visible: la circulación de dinero procedente de actividades ilegales, especialmente del narcotráfico, que plantea una interrogante de enorme trascendencia.
¿Hasta qué punto los recursos económicos provenientes del crimen organizado están penetrando la economía dominicana y alterando las condiciones normales de inversión, competencia y desarrollo?
La preocupación no se limita al tráfico de drogas, sino también al destino de las ganancias que genera esta actividad y a los mecanismos utilizados para introducirlas en el sistema económico nacional.
Para comprender este fenómeno resulta necesario distinguir entre la economía informal, que puede desarrollar actividades lícitas sin cumplir determinadas obligaciones; la economía ilegal, que obtiene ingresos mediante delitos; y el lavado de activos, que procura ocultar el origen ilícito de los recursos.
Esta diferenciación es importante porque no toda inversión millonaria constituye lavado de activos ni toda actividad informal está relacionada con el narcotráfico.
Sin embargo, cuando el dinero criminal logra incorporarse a negocios aparentemente legítimos, sus consecuencias pueden alcanzar a toda la economía.
La ubicación geográfica de la República Dominicana, próxima a importantes rutas comerciales internacionales, representa una ventaja para el turismo y el intercambio de mercancías, pero también constituye un desafío frente a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Durante décadas, organismos internacionales han identificado al país como territorio de tránsito de sustancias ilícitas procedentes de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
Las estadísticas oficiales permiten apreciar la dimensión de esta problemática.
Durante el año 2025, las autoridades dominicanas decomisaron 31.3 toneladas de distintas drogas en territorio nacional, cifra que ascendió a 48.3 toneladas al incluir operaciones realizadas mediante cooperación internacional, según informaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Aunque estos resultados reflejan importantes operaciones de interdicción, no permiten establecer cuánto dinero procedente del narcotráfico permanece o circula dentro de la economía dominicana.
En consecuencia, la interrogante fundamental no es solamente cuánta droga atraviesa el territorio nacional, sino qué proporción de los beneficios económicos de esas operaciones logra incorporarse al mercado interno.
El narcotráfico no termina con la comercialización de sustancias prohibidas, porque las organizaciones criminales necesitan mecanismos para disponer de los recursos obtenidos y aparentar que proceden de actividades legales.
Entre los sectores considerados vulnerables al lavado de activos figuran el mercado inmobiliario, la construcción, la compraventa de vehículos, determinados establecimientos comerciales y los juegos de azar.
Esto no significa que esas actividades estén dominadas por el narcotráfico, sino que presentan características que pueden ser aprovechadas para ocultar operaciones financieras ilegales.
Una empresa que utiliza recursos ilícitos podría vender productos por debajo de sus costos, soportar pérdidas prolongadas o realizar inversiones sin depender exclusivamente de la rentabilidad comercial.
En cambio, el empresario que trabaja dentro de la legalidad necesita recuperar su inversión, pagar salarios, impuestos, electricidad, alquileres, seguridad social y demás gastos operativos.
Es precisamente aquí donde el dinero del narcotráfico puede convertirse en un instrumento de competencia desleal, capaz de desplazar negocios legítimos y alterar las reglas del mercado.
Este fenómeno adquiere especial importancia en el sector inmobiliario.
La adquisición de terrenos, apartamentos, edificios y proyectos de construcción mediante capitales ilícitos puede contribuir al incremento artificial de precios y generar presiones especulativas en determinadas zonas.
Las consecuencias recaen sobre las familias que aspiran a adquirir una vivienda y sobre los inversionistas que dependen de financiamiento legítimo.
Sin embargo, no sería correcto atribuir automáticamente el encarecimiento de los inmuebles al narcotráfico, porque también intervienen factores como los materiales de construcción, las tasas de interés, la demanda habitacional y el valor del suelo.
El problema consiste en determinar qué parte de determinadas operaciones inmobiliarias podría estar vinculada con recursos de procedencia ilegal.
¿Puede el narcotráfico influir en la economía nacional?
La respuesta es afirmativa en términos de riesgo y mecanismos económicos, aunque no existe una estimación pública verificable que permita precisar la magnitud de esa influencia en la República Dominicana.
Una economía caracterizada por importantes movimientos de divisas, inversiones, operaciones comerciales y transferencias internacionales necesita mecanismos eficaces para distinguir los recursos legítimos de aquellos provenientes de actividades criminales.
Según el Banco Central, durante los primeros nueve meses de 2026 las remesas familiares alcanzaron los 9,489.8 millones de dólares, un incremento de 6.5 % respecto al mismo período del año anterior.
Estos recursos constituyen ingresos legítimos que contribuyen al consumo y a la disponibilidad de divisas.
No obstante, el desafío consiste en impedir que las organizaciones criminales utilicen operaciones comerciales y financieras para encubrir movimientos de capitales ilícitos.
Tampoco existen datos suficientes para afirmar que el narcotráfico determina la estabilidad cambiaria dominicana o representa un porcentaje específico del producto interno bruto.
Lo que sí puede establecerse es que la penetración de recursos ilegales genera riesgos para la transparencia financiera, la competencia empresarial y la confianza en las instituciones.
Corrupción y debilitamiento institucional
Las consecuencias del narcotráfico trascienden la circulación de dinero.
Las organizaciones criminales pueden intentar establecer vínculos con funcionarios, autoridades y estructuras de poder para proteger sus operaciones, reducir los riesgos de persecución y facilitar el movimiento de sus recursos.
Cuando estas prácticas ocurren, el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte también en una amenaza para la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica.
La corrupción vinculada al crimen organizado puede debilitar los mecanismos de control, perjudicar la confianza de los inversionistas y favorecer la impunidad.
A esto se suman los recursos que el Estado debe destinar a combatir el tráfico de drogas, investigar delitos financieros, fortalecer la seguridad ciudadana y procesar judicialmente a los responsables.
Por consiguiente, aunque el dinero ilícito pueda generar movimientos comerciales y financiar determinadas inversiones, eso no significa que produzca desarrollo económico sostenible.
El crecimiento verdadero necesita productividad, empleos legítimos, competencia transparente, seguridad jurídica y confianza institucional.
La responsabilidad del Estado dominicano
La República Dominicana dispone de instrumentos legales para enfrentar estas actividades, entre ellos la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo, el combate al narcotráfico no puede limitarse a la incautación de cargamentos de drogas.
También resulta imprescindible investigar el destino de sus ganancias, identificar a los beneficiarios reales de operaciones empresariales, perseguir los patrimonios de origen criminal y fortalecer la supervisión de los sectores vulnerables.
La Unidad de Análisis Financiero y las demás instituciones competentes desempeñan un papel fundamental en la identificación y análisis de operaciones sospechosas.
Pero la efectividad de la política estatal debe medirse también por las investigaciones financieras, las condenas judiciales y la recuperación de los bienes vinculados con actividades ilícitas.
El mayor peligro para la economía dominicana no consiste únicamente en la cantidad de dinero que pueda producir el narcotráfico, sino en la capacidad de ese capital para adquirir apariencia de legalidad, alterar la competencia económica y penetrar las estructuras institucionales.
Una nación puede exhibir edificios modernos, inversiones millonarias, establecimientos comerciales y grandes movimientos financieros sin que todas esas manifestaciones representen necesariamente riqueza generada mediante actividades productivas legítimas.
De ahí que la República Dominicana enfrente un desafío que va mucho más allá de capturar narcotraficantes y decomisar sustancias prohibidas.
Se trata de impedir que el dinero procedente del crimen organizado termine convirtiéndose en un componente de la actividad económica formal y comprometa las posibilidades de desarrollo nacional.
Porque el progreso de un país no debe medirse solamente por la cantidad de dinero que circula en su economía, sino también por la legalidad de su procedencia, la transparencia de las inversiones y los beneficios que produce para la sociedad.
Y ante esta realidad surge una interrogante que las autoridades y la sociedad dominicana no deberían ignorar: ¿hasta qué punto estamos construyendo una economía sustentada en la producción y el trabajo legítimo, y cuánto espacio podría estar ocupando un capital subterráneo cuyo origen y verdadera dimensión todavía desconocemos?