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Los partidos políticos en la continuación de su agenda de dañar todo el sistema democrático del país.

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Por Elba García

La República Dominicana libra hoy una nueva batalla entre los partidos políticos y la JCE que dicen promover la democracia, pero que en realidad son los que más la socavan como igual ocurre con los órganos y entes que ha creado el Estado para mejorar su desempeño.

La llamada partidocracia se aprovecha  del control de todo el sistema público que tiene como función manejar la democracia, entre los que se pueden citar el Congreso Nacional, la justicia, la Cámara de Cuentas y el Poder Ejecutivo, entre otros.

Este control de los partidos que tienen representación oficial es, sin lugar a dudas, la principal retranca para depurar y mejorar la democracia, porque ellos se han encargado de corromper todo el sistema público del país, incluido el electoral, ya que son ellos quienes escogen los miembros del órgano que tiene la misión de administrar y dirigir el proceso comicial, lo cual constituye hoy día la principal amenaza en contra de la existencia de la misma democracia y de la sociedad.

Ahora los debates se mueven alrededor de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (JCE), a propósito de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que dispone la reserva de candidaturas para el proceso comicial que habrá de tener efecto en el año 2024.

En el país todo la gente sabe que los partidos socavaron las pocas garantías que ofrecen las leyes del régimen electoral, porque a pesar de sus grandes fallas tenían aspectos que debían ser cumplidos como una expresión del avance democrático de la nación.

La cuota de género y el manejo equivocado dado a las elecciones en las circunscripciones del exterior son de las principales falencias que tenían las leyes que regulan el régimen electoral, algunas de las cuales fueron corregidas o cuando menos mejoradas con la nueva norma aprobada recientemente, la 20-23, pero que aun con esas reformas no basta para que las elecciones sean más democráticas.

El asunto es que todos los vicios que hoy constituyen los principales obstáculos para el avance institucional del país provienen del comportamiento de las organizaciones que representan la figura conocida como la partidocracia.

La partidocracia se ha encargado de corromper todo el sistema electoral y cada vez que se produce un amago de corregir cualquier distorsión hay una reacción que busca impedir, por lo menos mínimamente, la conversión del mismo en más decente con la creación de garantías de respeto al derecho constitucional de elegir y ser elegible.

A sólo nueve meses para las elecciones municipales de febrero del 2024, la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos libran una lucha por la resolución que establece las reservas de candidaturas, la que el próximo lunes 15 será objeto de un recurso de reconsideración ante el árbitro comicial.

La instancia será elevada por 23 organizaciones, encabezadas por los principales partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD), los cuales han mostrado su rechazo a la disposición de la JCE, cuya explicación está en que todos actúan como si fueran uno solo cuando de defender sus espurios intereses se trata.

La confrontación tiene su razón de ser en que el Tribunal Superior Electoral mediante sentencia estableció la modalidad del 20 % de las reservas establecidos por la Ley 33-18 de Partidos Políticos, la cual consecuentemente fue asumida por una resolución de la JCE que dispone su aplicación por cada nivel de elección y no en la universalidad de los cargos.

La reserva de candidaturas es una herramienta que usan los partidos políticos para establecer alianzas y todo tipo de negociación con los que sirven de bisagras en los comicios que se celebran cada cuatro años, pero además para colocar en sus boletas a personas vinculadas con el bajo mundo y el crimen organizado nacional y transnacional a cambio de dinero, lo que crea una urgencia  que complica los intereses para los que se mueven en ese entorno, en virtud de que las mismas deben definirse internamente a más tardar el 2 de junio próximo y ser presentadas por escrito en la JCE 15 días después, es decir, el 17 del mismo mes.

La resolución rechazada por los partidos políticos es la 13-2023 de la JCE, mediante la cual los mismos deberán hacer reservas de 550 cargos de elección popular y en el caso de los senadores se circunscribe a   sólo seis puestos.

A nivel de los diputados son 38, alcaldes 32, regidores 233, directores y subdirectores 47 y vocales 147. Los partidos podrán reservarse la candidatura presidencial y vicepresidencial con miras a la concertación de alianzas.

La JCE sostiene que los partidos «tienen el derecho de pactar las alianzas y formar coaliciones, según lo consideren necesario y útil para los fines que les son propios, pudiendo disponer de una determinada cantidad de posiciones electivas que les permitan concertar dichos acuerdos y presentar candidaturas comunes, sin que las mismas deban ser sometidas a un proceso interno de selección, tal como es el caso de las reservadas».

La realidad es que si en esta confrontación tiene ganancia de causa la partidocracia es una forma de darle paso a lo que más contamina los procesos electorales como son las candidaturas de personas muy cuestionadas por su vínculo con el crimen nacional y transnacional, lo cual es medible con lo que ocurre ahora con senadores y diputados seriamente comprometidos con causas que no tienen nada que ver con la democracia.

El capitulo que se vive en los actuales momentos es de una gran trascendencia nacional, porque se trata de una batalla entre el bien y el mal, naturalmente si el asunto se ve en función de recuperar parte de la credibilidad perdida, no sólo por la Junta Central Electoral, sino por todo el andamiaje estatal de la República Dominicana, donde predomina la corrupción y los intereses del crimen organizado.

El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, sostiene que la Junta Central Electoral interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, al disponer en su resolución No.13-2023, sobre la aplicación de las reservas de candidaturas, que el 20% de las mismas deben estar bajo el control de  la máxima dirección colegiada de cada partido y que  se calcula sobre cada nivel de elección (con excepción de la presidencial) y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.

La resolución, que luce ser coherente con la sentencia TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que fue apoyada por la sociedad civil mediante declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación social  luego de ser aprobada por el tribunal con competencia para emitir la misma.

 La sentencia fue dictada en contra del Partido Revolucionario Moderno, quien debió recomponer sus candidaturas para ajustarse a lo decidido por el TSE para las elecciones del año 2020, pese a que la organización oficialista violentó una serie de disposiciones legales consignadas en la Constitución de la República con la imposición de propuestas que vulneraron la cuota de género, como ocurrió en la Circunscripción número 2 de la provincia de Santiago, cuya irregularidad generó una demanda de nulidad de un candidato de la misma coalición que encabezó el actual presidente Luis Abinader, pero los partidos que ahora se oponen a esta medida no expresaron ninguna objeción a la misma en el momento oportuno..

«Participación Ciudadana ha denunciado en el pasado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección, pues vulneraba el principio constitucional de democracia interna que deben observar los partidos de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, recordó la activa organización de la sociedad civil.

Es procedente recordar y advertir que si el porcentaje de reserva de candidaturas se calcula sobre la propuesta nacional, la alta dirección de cada partido tendría la oportunidad de reservarse la totalidad de las candidaturas a senadurías, diputaciones y alcaldías, despojando de sus legítimos derechos a cientos de aspirantes y además tendría la oportunidad de negociar con aquellos  que provienen de entornos muy cuestionables, mientras que, si se hace sobre cada nivel de elección, sólo podrían reservarse 6 de 32 senadurías, 38 de 190 diputaciones y 32 de 158 regidurías, por sólo mencionar las mas importantes.

El Tribunal Constitucional también habló claro sobre este tema en su  sentencia TC/0104/20 del 12 de mayo de 2020, cuando señala que la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos “al establecer la cuota de género y sus proporciones, determinó que su implementación debía hacerse por demarcación electoral, y en atención  a esas líneas se definen los límites de las demarcaciones electorales, lo cual sentó la base  para  las reservas electorales, de conformidad con el párrafo III del artículo 58 de la referida legislación”.

En opinión de Participación Ciudadana y nadie pone en duda su argumento al respecto es que «Pretender aumentar las posibilidades de reserva de candidaturas en favor de la alta dirección de los partidos es volver al pasado, a métodos antidemocráticos que debilitaron y crearon situaciones conflictivas en éstos, etapa que debe quedar atrás».

Recordó una vez más, que el artículo 74.4 de la Constitución dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”, por lo que en este caso los miembros de los partidos con aspiraciones entran en el contexto del derecho fundamental de elegir y ser elegibles.

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La pobreza es un lastre del que no ha podido librarse Argentina y cuyo flagelo es común a todos los países latinoamericanos.

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Las alianzas electorales con el que ostenta el poder es una forma de confabularse con lo mal hecho y con la corrupción administrativa.

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Por Elba García

La alianza político-electoral en la práctica es una especie de complicidad con el que maneja los recursos públicos de forma inadecuada y desviada de una proclamada conducta ética que en el fondo es todo lo contrario a lo que se pregona.

El actual proceso electoral, que incluye las municipales del pasado 18 de febrero y las presidenciales y congresuales del próximo mes de mayo, es una expresión del alto nivel de distorsión que sufre la democracia dominicana, ya que la mayoría de los partidos políticos pequeños que han apoyado al PRM avalan y promueven su conducta de actuar al margen de las leyes del régimen electoral.

Está comprobado que todos estos partidos son más de lo mismo, cuya única razón para adherirse al que está en el poder es preservar su reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE) y de esa manera continuar con el recibimiento de fondos económicos a través de un apoyo que no es propio.

El asunto ha tomado ribetes tan preocupantes que aun aquellos pequeños partidos que mantenían un supuesto apego a principios éticos y que proclaman que trabajan por un mejor país, hoy están sumados al partido oficial, pese a que la conducta del PRM no dista tanto de la que han asumido el PLD y el líder de la Fuerza del Pueblo (FP) de Leonel Fernández.

El asunto luce mucho para contaminante cuando partidos como Alianza País mantiene una alianza con Luis Abinader sin dejar la menor brecha de distanciamiento, cuyo presidente de esa organización y candidato a la senaduría del distrito nacional, Guillermo moreno, está integrado como el que más a la campana a la reelección, lo cual implica admitir como válida la conducta de los oficialistas en lo que respecta a la compra de votos y de cualquier otra trampa propia de la politiquería nacional.

Es una vinculación política que no deja espacio para plantear alguna diferencia con el comportamiento antiético del PRM y de sus funcionarios, lo que deja claro que aunque este partido de Moreno tiene diferencias de forma, no de fondo, con los partidos que conforman la oposición, lo define como más de lo mismo y prácticamente lo deja sin moral para en otra contienda electoral reasumir el discurso moralista que enarboló en el pasado.

Todo este cuadro plantea que el panorama dominicano camina hacia una profundización de la legitimación de las inconductas de los actores de la vida política nacional, cuyas consecuencias alejan las posibilidades de mejorar la democracia nacional.

Sin embargo, en el campo electoral no se puede negar que han surgido otras propuestas que aparentan sustentar un discurso de cambio en el Estado dominicano, como por ejemplo el doctor Roque Espaillat (El Cobrador),  pero las herramientas que usa para buscar alcanzar la meta de presentar una propuesta creíble también se ha desvanecido, porque ha canalizado sus aspiraciones a través de un partido que representa la misma corrupción o tal vez peor de la que se les atribuye a los que en las últimas décadas han controlado el estado.

Concretamente, hay que referirse a lo que parece lo más parecido a un “mesías”, cuyo discurso busca aproximarse a Nayid Bukele de el salvador, lo cual le da un matís poco original y sin tomar en cuenta las diferencias entre las sociedades dominicanas y la del país centroamericano.

Lo cierto es que si bien causa preocupación los altos niveles de coincidencias entre los “moralistas” de hace algún tiempo y que ahora están abrazados a la reelección sin importar cómo impacta esa conducta a su futuro político, lo mismo ocurre con personajes aparecidos como “salvadores” de la noche a la mañana que buscan convertirse en candidatos a cualquier precio, proyectando una diferencia que en el fondo no existe y que no pasa de la expresión aquella de «quítate tú pa-ponerme yo».

Este periódico siempre ha sostenido que para que en la República Dominicana pueda producirse un cambio verdadera debe ser a partir de una propuesta político-electoral que primero busque restablecer valores y entonces dar los pasos a través de un proyecto de nación a 40 años que se apoye en una dirección colegiada y cuyos líderes siempre sean sometidos al escrutinio del ciudadano para que haya una especie de cedazo.

Ello así porque en la República Dominicana por razones de su herencia histórico cultural a través de la política partidista se reproducen permanentemente una serie de antivalores que promueven un cacicazgo que hace que las organizaciones que se dedican a estos fines  sean en realidad sociedades comerciales al servicio de particulares y no de los valores cívicos y democráticos.

Los partidos políticos son empresas comerciales individuales que regularmente o prácticamente siempre tienen un dueño que incluso se apropia hasta de los fondos que proporciona la junta central electoral (JCE) sin rendirle cuenta a nadie, pero quien además negocia con el partido en el poder para exigir prebendas y beneficios muy personales.

Siendo así, si en el país no surgen propuestas político-electorales sobre la base de la construcción de un liderazgo colegiado, cuya única superioridad entre sus actores sea el talento a fin de respetar un principio constitucional como el de igualdad, a fin de que se  requiera que todo aquel que persigue ser aspirante a la presidencia de la República sea sometido a un proceso de legitimación que no deje la menor duda de su apego a principios verdaderamente democráticos.

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R.D. entre impostores, corruptos, doble moral y falsos demócratas.

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Se imponen a todos los niveles las aspiraciones individualistas y las propuestas políticas sobre la base de la herencia histórico-cultural dominicana sustentada en el caudillismo, el jefismo, el patriarcado, el machismo, el amiguismo y hasta y el hembrismo.

Desde el nacimiento de la República Dominicana los liderazgos antidemocráticos y personalistas han marcado la historia del país, lo cual representa que el anhelo de tener una democracia real y auténtica se distancie en el tiempo.

La revolución restauradora, aunque fue una de la más hermosa lucha por la independencia definitiva de la nación, también  fue uno de los acontecimientos que mostró hasta dónde el espíritu individualista de los actores de la vida política nacional ha impedido que una serie de logros se concreten, porque ponen los intereses particulares por encima de los colectivos.

En los actuales momentos cuando se inicia lo que parece ser el fin de la partidocracia aparecen unos supuestos mesías que no les interesa para nada que en el país se articule una propuesta auténticamente democrática y apoyada en un proceso de legitimación que conlleve el aglutinamiento de todos aquellos dominicanos que realmente anhelan un cambio en el Estado.

El último aparecido en el escenario nacional es el doctor Roque Espaillat, quien acaba de renunciar a la candidatura presidencial por el Partido Socialista Cristiano (PSC), el cual tuvo una votación en las elecciones municipales recién pasadas  de unos 3,600 votos, lo cual luce haber llevado a la propietaria de esa organización política, Soraya Aquino, a aliarse con, según lo que se ha dicho, aunque todavía no ha salido nada oficial al respecto, con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y con la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández.

La candidatura de Roque Espaillat y de otra señora llamada Yadira Marte parece ser un proyecto lanzado por dos personas que se inscribe en esa herencia histórico-cultural del pueblo dominicano y en otras fórmulas que han surgido a nivel internacional, como por ejemplo en Argentina con Javier Miley y en El Salvador con Nayid Bukele, que consisten en  deseos individuales y personalistas, independientemente de cualquier logro que hayan tenido.

Este proyecto político busca  extrapolar hacia el país unas propuestas políticas de naciones que no necesariamente tienen similitudes con la República Dominicana.

Sin embargo, hay un marcado interés en que el dominicano asuma el proyecto político salvadoreño como propio, lo cual deja una sensación muy amarga, porque es una forma de que los supuestos cambios enarbolados no serían genuinos y la motivación de que así sea obedece a un afán de casarse con la gloria a cualquier precio.

El afán de poder lleva a quienes sirven de soporte a las aspiraciones de Roque Espaillat a inventarse incluso unas supuestas encuestas en la que él aparece por encima de todos los demás candidatos presidenciales, incluido el favorito Luis Abinader, lo que indica que “El Cobrador”, como también se le conoce, recurre a las malas artes de los que él pretende combatir con las mismas mentiras y engaños al pueblo dominicano y con la manipulación o la invención de mediciones que no se han hecho.

Son cosas que nadie se las cree, pero esa mentira crea un impacto en la gente de que se está frente a otro mentiroso y estafador de la opinión pública, ello independientemente de que Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez y Danilo Medina apelen también a esa manipulación.

Pero cualquier cosa que digan los partidos de la partidocracia nacional no merece ningún crédito, por lo que en este momento está erosionada la imagen de esas organizaciones tradicionales.

Pero parece que la conducta de Roque Espaillat toma un derrotero aún más preocupante, porque a raíz de lo ocurrido con el partido que lo llevaba de candidato, ha surgido la versión de que “El Cobrador” está en proceso de aliarse con Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonídas Trujillo, cuya foto al respecto ha sido colocada en el internet,  lo que no sorprende porque hay quienes lo ubican  en los entornos del expresidente Joaquín Balaguer, pero más concretamente a que sus pretensiones están  apoyadas en los antivalores que forman parte de la herencia histórico-cultural del pueblo dominicano, lo cual tiene un alcance que pone en tela de juicio el elemento ético que esgrime  como su principal carta de presentación, ya que los cuestionamientos en contra de Domínguez Trujillo son  muchos y muy variados.

Otra aparente mentira que difunden algunos de los que están en los alrededores de Roque Espaillat es que Ulises Francisco Espaillat es su bisabuelo, lo que no parece ser así, ya que este prócer dominicano tiene vínculos familiares muy estrechos con sectores de la oligarquía dominicana, como Alejandro Grullón, dueño del Banco Popular Dominicano (BPD), entre otros.

Ese detalle plantea que entonces podría estarse frente a una persona que difunde informaciones que no se corresponden con la verdad para vender una imagen que lo bien posesione en el escenario político nacional, máxime sus vínculos familiares con Ulises Francisco Espaillat Quiñones, quien los tuvo con figuras como el expresidente Salvador Jorge Blanco, Víctor Espaillat Mera y con otros personajes de la oligarquía nacional.

El primer apellido de Roque se escribe exactamente como el de Ulises Francisco Espaillat, pero nótese que el segundo es Tavárez, el cual se diferencia de los Tavares que provienen de la familia oligarca de Santiago y que tienen un vínculo filial con el prócer en referencia, cuyo apellido se escribe con S, no con Z.

Las hembras de estos Taváres, que fueron los dueños de la famosa tienda el Gallo de Santiago y el Ron Tavares, se matrimoniaron con hombres de otras familias también vinculadas a la oligarquía como Domingo Bermúdez, quien fue el esposo de Julia Taváres, mientras que su hermana Rosa contrajo matrimonio con Don Marco Cabral Bermúdez, hijo de José María Cabral y Báez.

Igual ocurre con la familia León Jiménes, la cual cambió la S por la Z talvez para diferenciarse de los Jiménez, cuyo hermano más viejo de esta familia, Don Eduardo, ya fallecido,  también estuvo casado con Ana María Tavares  Grieser, otra de la referida familia, quienes no procrearon hijos.

Esta aclaración histórica tiene su razón de ser en razón de que no parecen claros y podría que se trate de un error cuando se dice por los medios de comunicación que Ulises Francisco Espaillat Quiñones es el bisabuelo de Roque Espaillat Tavárez.

Otra versión que no parece tener mucha credibilidad es la revelada por el propio Roque Espaillat, en el sentido de que alguien le ofreció un millón de dólares para que lo invirtiera en su campana electoral, ya que se sabe que los empresarios y los narcotraficantes ponen dinero en política cuando alguien tiene una real vocación de poder y posibilidades incuestionables de ganar unas elecciones, lo cual no parece ser el caso de este aspirante.

También ha habido una tergiversación por una persona que forma parte del proyecto de Roque Espaillat y Yadira Marte, en el sentido de que este aspirante y seguidor de Bukele de El Salvador ha rechazado los fondos que otorga la Junta Central Electoral (JCE), ya que ellos no tienen un partido reconocido por este órgano del Estado, porque la solicitaron y fue rechazada, es decir, que no cuentan con uno que tenga personalidad jurídica y en lo que respecta al Partido Socialista Cristiano (PSC), que lo llevaba como candidato presidencial, su legalidad data de hace algunos meses y los fondos se proporcionan luego de haber participado en una contienda electoral.

Estas aclaraciones obedecen a que no se puede querer corregir lo que está mal sobre la base de la manipulación y las mentiras, porque al ser así el país está frente a más de lo mismo, porque cuando se miente con una cosa igual ocurre con las otras.

Es procedente destacar que las criticas vertidas por Roque Espaillat y Yadira Marte tienen todo el asidero del mundo, pero lo preocupante del asunto es que digan cosas que ponen en tela de juicio su honestidad al utilizar la mentira como una herramienta para ganar capital político, lo cual crea una grave lesión a la pose ética que se quiera simular.

Ciertamente la República Dominicana debe proponerse crear una nueva camada de políticos que no mientan, que no muestren un afán desmedido por el poder, que tengan una profunda vocación democrática y que cualquier candidatura a un cargo público sea sometida para fines de su legitimación al escrutinio de los ciudadanos como una forma de que en el pais no se repita la historia del caudillismo, el jefismo, el patriarcado y la dictadura.

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