De portada
Los partidos políticos en la continuación de su agenda de dañar todo el sistema democrático del país.
Por Elba García
La República Dominicana libra hoy una nueva batalla entre los partidos políticos y la JCE que dicen promover la democracia, pero que en realidad son los que más la socavan como igual ocurre con los órganos y entes que ha creado el Estado para mejorar su desempeño.
La llamada partidocracia se aprovecha del control de todo el sistema público que tiene como función manejar la democracia, entre los que se pueden citar el Congreso Nacional, la justicia, la Cámara de Cuentas y el Poder Ejecutivo, entre otros.
Este control de los partidos que tienen representación oficial es, sin lugar a dudas, la principal retranca para depurar y mejorar la democracia, porque ellos se han encargado de corromper todo el sistema público del país, incluido el electoral, ya que son ellos quienes escogen los miembros del órgano que tiene la misión de administrar y dirigir el proceso comicial, lo cual constituye hoy día la principal amenaza en contra de la existencia de la misma democracia y de la sociedad.
Ahora los debates se mueven alrededor de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (JCE), a propósito de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que dispone la reserva de candidaturas para el proceso comicial que habrá de tener efecto en el año 2024.
En el país todo la gente sabe que los partidos socavaron las pocas garantías que ofrecen las leyes del régimen electoral, porque a pesar de sus grandes fallas tenían aspectos que debían ser cumplidos como una expresión del avance democrático de la nación.
La cuota de género y el manejo equivocado dado a las elecciones en las circunscripciones del exterior son de las principales falencias que tenían las leyes que regulan el régimen electoral, algunas de las cuales fueron corregidas o cuando menos mejoradas con la nueva norma aprobada recientemente, la 20-23, pero que aun con esas reformas no basta para que las elecciones sean más democráticas.
El asunto es que todos los vicios que hoy constituyen los principales obstáculos para el avance institucional del país provienen del comportamiento de las organizaciones que representan la figura conocida como la partidocracia.
La partidocracia se ha encargado de corromper todo el sistema electoral y cada vez que se produce un amago de corregir cualquier distorsión hay una reacción que busca impedir, por lo menos mínimamente, la conversión del mismo en más decente con la creación de garantías de respeto al derecho constitucional de elegir y ser elegible.
A sólo nueve meses para las elecciones municipales de febrero del 2024, la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos libran una lucha por la resolución que establece las reservas de candidaturas, la que el próximo lunes 15 será objeto de un recurso de reconsideración ante el árbitro comicial.
La instancia será elevada por 23 organizaciones, encabezadas por los principales partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD), los cuales han mostrado su rechazo a la disposición de la JCE, cuya explicación está en que todos actúan como si fueran uno solo cuando de defender sus espurios intereses se trata.
La confrontación tiene su razón de ser en que el Tribunal Superior Electoral mediante sentencia estableció la modalidad del 20 % de las reservas establecidos por la Ley 33-18 de Partidos Políticos, la cual consecuentemente fue asumida por una resolución de la JCE que dispone su aplicación por cada nivel de elección y no en la universalidad de los cargos.
La reserva de candidaturas es una herramienta que usan los partidos políticos para establecer alianzas y todo tipo de negociación con los que sirven de bisagras en los comicios que se celebran cada cuatro años, pero además para colocar en sus boletas a personas vinculadas con el bajo mundo y el crimen organizado nacional y transnacional a cambio de dinero, lo que crea una urgencia que complica los intereses para los que se mueven en ese entorno, en virtud de que las mismas deben definirse internamente a más tardar el 2 de junio próximo y ser presentadas por escrito en la JCE 15 días después, es decir, el 17 del mismo mes.
La resolución rechazada por los partidos políticos es la 13-2023 de la JCE, mediante la cual los mismos deberán hacer reservas de 550 cargos de elección popular y en el caso de los senadores se circunscribe a sólo seis puestos.
A nivel de los diputados son 38, alcaldes 32, regidores 233, directores y subdirectores 47 y vocales 147. Los partidos podrán reservarse la candidatura presidencial y vicepresidencial con miras a la concertación de alianzas.
La JCE sostiene que los partidos «tienen el derecho de pactar las alianzas y formar coaliciones, según lo consideren necesario y útil para los fines que les son propios, pudiendo disponer de una determinada cantidad de posiciones electivas que les permitan concertar dichos acuerdos y presentar candidaturas comunes, sin que las mismas deban ser sometidas a un proceso interno de selección, tal como es el caso de las reservadas».
La realidad es que si en esta confrontación tiene ganancia de causa la partidocracia es una forma de darle paso a lo que más contamina los procesos electorales como son las candidaturas de personas muy cuestionadas por su vínculo con el crimen nacional y transnacional, lo cual es medible con lo que ocurre ahora con senadores y diputados seriamente comprometidos con causas que no tienen nada que ver con la democracia.
El capitulo que se vive en los actuales momentos es de una gran trascendencia nacional, porque se trata de una batalla entre el bien y el mal, naturalmente si el asunto se ve en función de recuperar parte de la credibilidad perdida, no sólo por la Junta Central Electoral, sino por todo el andamiaje estatal de la República Dominicana, donde predomina la corrupción y los intereses del crimen organizado.
El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, sostiene que la Junta Central Electoral interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, al disponer en su resolución No.13-2023, sobre la aplicación de las reservas de candidaturas, que el 20% de las mismas deben estar bajo el control de la máxima dirección colegiada de cada partido y que se calcula sobre cada nivel de elección (con excepción de la presidencial) y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.
La resolución, que luce ser coherente con la sentencia TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que fue apoyada por la sociedad civil mediante declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación social luego de ser aprobada por el tribunal con competencia para emitir la misma.
La sentencia fue dictada en contra del Partido Revolucionario Moderno, quien debió recomponer sus candidaturas para ajustarse a lo decidido por el TSE para las elecciones del año 2020, pese a que la organización oficialista violentó una serie de disposiciones legales consignadas en la Constitución de la República con la imposición de propuestas que vulneraron la cuota de género, como ocurrió en la Circunscripción número 2 de la provincia de Santiago, cuya irregularidad generó una demanda de nulidad de un candidato de la misma coalición que encabezó el actual presidente Luis Abinader, pero los partidos que ahora se oponen a esta medida no expresaron ninguna objeción a la misma en el momento oportuno..
«Participación Ciudadana ha denunciado en el pasado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección, pues vulneraba el principio constitucional de democracia interna que deben observar los partidos de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, recordó la activa organización de la sociedad civil.
Es procedente recordar y advertir que si el porcentaje de reserva de candidaturas se calcula sobre la propuesta nacional, la alta dirección de cada partido tendría la oportunidad de reservarse la totalidad de las candidaturas a senadurías, diputaciones y alcaldías, despojando de sus legítimos derechos a cientos de aspirantes y además tendría la oportunidad de negociar con aquellos que provienen de entornos muy cuestionables, mientras que, si se hace sobre cada nivel de elección, sólo podrían reservarse 6 de 32 senadurías, 38 de 190 diputaciones y 32 de 158 regidurías, por sólo mencionar las mas importantes.
El Tribunal Constitucional también habló claro sobre este tema en su sentencia TC/0104/20 del 12 de mayo de 2020, cuando señala que la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos “al establecer la cuota de género y sus proporciones, determinó que su implementación debía hacerse por demarcación electoral, y en atención a esas líneas se definen los límites de las demarcaciones electorales, lo cual sentó la base para las reservas electorales, de conformidad con el párrafo III del artículo 58 de la referida legislación”.
En opinión de Participación Ciudadana y nadie pone en duda su argumento al respecto es que «Pretender aumentar las posibilidades de reserva de candidaturas en favor de la alta dirección de los partidos es volver al pasado, a métodos antidemocráticos que debilitaron y crearon situaciones conflictivas en éstos, etapa que debe quedar atrás».
Recordó una vez más, que el artículo 74.4 de la Constitución dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”, por lo que en este caso los miembros de los partidos con aspiraciones entran en el contexto del derecho fundamental de elegir y ser elegibles.
De portada
En medio de groseras manipulaciones llegan vistas públicas sobre candidaturas independientes.
Por Elba García
En medio de grandes equivocaciones y enfoques distorsionados sobre el neo-constitucionalismo, el cual se fundamenta en la interpretación de valores y de principios del derecho, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados convocó para el próximo lunes 9 de junio vistas públicas para que los diferentes sectores de la vida nacional expongan sus consideraciones sobre un descabellado proyecto de ley que busca regular la referida figura jurídica.
Las vistas públicas tendrán lugar en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, las cuales se celebran después de un debate totalmente manipulado por los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil que les sirven de soporte.
El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes y director de este diario, doctor José Cabral Salcedo, ha subrayado que no se entiende cómo instituciones como la Fundación e Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, y Participación Ciudadana (PC) sostienen que para implementar en el sistema electoral dominicana la referida figura jurídica hay que reformar la Constitución de la República, cuya posición, en opinión del FPCI, es una visión tradicional y equivocada de enfocar la sentencia del Tribunal Constitucional.
El especialista en derecho constitucional planteó que lo más grave del asunto es que estas organizaciones de la sociedad civil no explican de forma puntual por qué entienden que ante la decisión del TC debía producirse una reforma a la carta magna, porque parece una tesis que no tiene nada que ver con el constitucionalismo moderno.
El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) expresó que ambas organizaciones de la sociedad civil, las cuales han hecho importantes aportes a la democracia nacional, deben ajustar sus planteamientos con el neo-constitucionalismo, el cual hoy está muy presente en el derecho comparado y en todos los sistemas jurídicos del planeta, lo cual de no hacerse representa un impedimento para que haya una lectura correcta de la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con Cabral Salcedo el neo-constitucionalismo prioriza los valores y principios constitucionales sobre la lectura literal de las normas y reglas, dado que, en lugar de una visión estricta y legalista de la constitución, se busca una interpretación más amplia que considere los ideales y objetivos fundamentales.
El abogado constitucionalista recordó que el neo-constitucionalismo, que en el país se aplica desde la Constitución del 2010, no resiste el análisis que se hace a partir del concepto tradicionalista del derecho constitucional, ya que se centra en las reglas escritas más que en los principios como guías interpretativas.
Cabral Salcedo sostuvo que con el neo-constitucionalismo se produce una comprensión más amplia de la Constitución, a partir principalmente de los valores y principios fundamentales, lo cual explica el error de lo planteado por ambas organizaciones de la sociedad civil.
Expresó que la PC y FINJUS deben hacer una interpretación más flexible de la constitución, en lugar de una lectura literal de sus disposiciones, ya que el neo-constitucionalismo desplaza el enfoque tradicional que se centraba en la aplicación rigurosa de la ley para que sea una lectura más amplia y contextualizada en el constitucionalismo moderno.
En la sentencia del TC se ha hecho una interpretación del derecho, valor y principio de elegir y ser elegido, el cual tiene necesariamente que ser a partir del ciudadano o lo que es lo mismo de la persona física, la cual tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, lo que es encontrado en el espíritu de la Constitución y en una serie de sus articulados como el 2, el 22, el 2008 y el 272, que habla del referendo aprobatorio.
Tanto es así que el método que se aplica en el neo-constitucionalismo es el de la ponderación cuando hay un conflicto entre principios, que permite que el juez haga uso de la discrecionalidad para resolver casos complejos.
Observó que tanto Participación Ciudadana (PC) como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entienden que las normas y las reglas están por encima de los valores y los principios, lo que los coloca en una perspectiva equivocada si se ve desde el neo-constitucionalismo, ya que ambas entidades están ancladas en artículos como el 216 y otros que hacen referencia a los partidos políticos.
Reiteró que el actor principal en el neo-constitucionalismo es el ciudadano, que no es otro que la misma persona física que tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, pero que la democracia representativa, la cual en este modelo es algo del pasado en una serie de aspectos, de alguna manera estableció el mecanismo para la elección de los funcionarios públicos, como los legisladores y el presidente de la República, entre otros, cuya representación no implica abandonar y no respetar los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano.
Advirtió que enarbolar el criterio de ambas organizaciones, que sin dudas han hecho grandes aportes a la democracia nacional, hace más daño que bien para la mejoría del sistema político nacional, el cual por su profunda descomposición pone en peligro todo el orden institucional del país.
El doctor José Cabral Salcedo llamó a PC y la FINJUS a revisar sus posiciones para que las ajusten a la corriente que prevalece en esta época en el derecho comparado, dado que por su carácter internacional impacta el derecho interno, a los fines de que no represente una negación de la corriente del neo-constitucionalismo, que es la bandera en la actualidad de los derechos fundamentales.
Explicó que el neo-constitucionalismo se focaliza en la justicia, la igualdad, la dignidad de la persona y los derechos como pilares fundamentales de la Constitución, la cual ocupa la supremacía que guía la interpretación de todas las demás normas legales.
Con el planteamiento de los que se oponen a las candidaturas independientes demuestran que no entienden que el espíritu de la sentencia del TC se fundamenta en cumplir con una serie de principios del derecho como son el de legalidad, finalidad, legitimidad y proporcionalidad, porque los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 restringen el derecho y principio de participación y en cuya decisión también el alto tribunal partió del contexto de razones políticas y sociales.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor José Cabral Salcedo, doctor Alberto Fiallo Billini, autor de la acción directa de inconstitucionalidad; doctor José Dunker Lamber, doctor Isaías Ramos, doctor Sixto Ureña, doctor Jensy Cid, doctora Ilianni Berrido García, licenciado Miguel Valoy, licenciado Rommel Santos, licenciada Elba García Hernández, ingeniero Guillermo Caram, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el señor Edgar Paniagua Miguel.
De portada
El nuevo papado de León X1V podría significar la llegada de grandes cambios con acciones dentro y fuera de la Iglesia Católica.
Por Elba García
La focalización en pequeñas cosas vistas al margen de las perspectivas de las inmensas agendas tradicionales del Vaticano, es posible la experimentación de un profundo cambio con resultados medibles en poco tiempo. Sin abandonar su misión evangelizadora e incluso fortaleciéndola con tareas pequeñas, pero contundentes, el papado de Robert Francis Prevost reúne las condiciones para desarrollar asuntos que impactarían de manera muy particular a determinados países y regiones.
Parece de un gran valor el hecho del puente emocional del nuevo papa, León X1V, con los Estados Unidos de América, donde nació y creció, y Latinoamérica, lugar donde ha desarrollado una buena parte de su sacerdocio e incluso por vínculos familiares que lo unen a la zona.
Independiente de la agenda ante los conflictos bélicos y humanos que se producen en lugares muy concretos del mundo, como el Medio Oriente y Ucrania, el papa León X1V tiene en sus manos un arma muy poderosa como es conocer de primera mano al católico latinoamericano a través de Perú y República Dominicana.
Entre las agendas pequeñas, pero de una extraordinaria trascendencia, está la crisis ético-moral de estos pueblos, donde los valores han sido sustituidos por anti valores, lo cual se convierte en una retranca para que avancen hacia un estadio de progreso, bonanza y dignidad humana.
Este propósito permitiría generar toda una corriente que, sin apartarse de la prédica del evangelio, que es una parte consustancial de la Iglesia Católica, desarrolle campañas amplias y consistentes con la creación de las herramientas necesarias para producir cambios importantes en contra de una conducta que destruye la esencia latinoamericanista.
Ese trabajo con asuntos que parecen pequeños, porque además difieren de los grandes temas que involucran los intereses de grandes potencias como los Estados Unidos de América, donde el nuevo papa tiene vínculos indisolubles.
Esta forma de manejar su papado dejaría resultados tangibles en países muy concretos, los cuales pueden ser logrables a través de un trabajo conjunto con una serie de Estados de Latinoaméricana, que tienen profundos problemas de eficacia e incluso hasta de tipo cultural para emprender una gran campaña para restablecer valores a partir de cada realidad particular.
Este estilo que se permite sugerir este periódico persigue que el nuevo papa tenga una focalización muy concreta y específica para generar soluciones tangibles en un tiempo relativamente corto y que el Vaticano de esa manera se convierta en un gran protagonista de grandes cambios a partir de cosas que parecen pequeñas.
En estas tareas el papa debe partir de la devoción cristiana sin importar la iglesia en que se congrega el creyente y de esa forma convertir este tipo de batalla, que se fundamentaría en cuestiones pequeñas, por ser muy particulares, de alguna nación especifica de la tierra.
Este plan ayudaría probablemente a detener el acentuado proceso de sustitución de valores humanos, cívicos y democráticos, lo cual se traduce en un daño irreparable a la vida en sociedad a partir de la solidaridad, la reciprocidad y la hermandad.
Esta sugerencia de este diario persigue detener lo que parece ser la peor tragedia que vive la razón humana, cuyas metas sólo están marcadas y definidas sobre la base del interés pecuniario, sin importar el aspecto humano de la vida.
El recién fallecido papa Francisco habló mucho sobre el poder decisivo del capitalismo en la vida de los pueblos, lo cual no es que sea del todo negativo, pero que lo avasallante de la corriente hace que todo se traduzca en la búsqueda de riquezas sin importar cualquier otra cosa.
Por lo que se ve, lo planteado en este trabajo periodístico escapa a la posibilidad de las iglesias locales, pero además porque la fuerza del papa trasciende cualquier otra influencia, incluso el hiperpresidencialismo que prevalece en las naciones pobres del tercer mundo.
Las pequeñas agendas, por llamarles de algún modo, no implica necesariamente que el papa no pueda también articular otras con los grandes problemas que confronta el mundo de hoy, como el medioambiental, el de las guerras y de tipos raciales, así como de pobreza.
Sin embargo, esta propuesta puede traer consigo que las cosas aparentemente pequeñas sean tan valiosas que se conviertan en tan grandes como las que más que hoy azotan a la raza humana.
Si por una cosa se caracteriza el gobierno que preside el republicano Donald Trump es por representar la más fuerte agresión en contra del constitucionalismo moderno, cuyas órdenes ejecutivas son emitidas sin ningún miramiento ni cuidado para no dañar el Estado de Derecho en los Estados Unidos y el resto del mundo.
Lo extraño de lo que ocurre en la nación más poderosa de la tierra es que Trump, como todo un emperador, se ha burlado de la tradición de los Estados Unidos, ya que el Parlamento y hasta la Corte Suprema parecen haberse plegado a sus irracionalidades, la cual durante el pasado año otorgó al mandatario «amplia inmunidad», cuya medida fue criticada por colocar al jefe de Estado por encima de todo el mundo con lo que socava el principio de igualdad en que se fundamenta el Estado de derecho.
Expertos en asuntos jurídicos sostienen que «Decir que un presidente no puede ser procesado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones es categóricamente incorrecto», dice a Richard Painter, jurista de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, que trabajó para la administración de George W. Bush.
Añade este experto que: «Creo que existe una preocupación muy real sobre la señal que envía el resultado de estos casos: que Donald Trump está por encima de la ley y de los delitos por los que cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos habría pagado un precio». Subraya, por su parte, Costas Panagopoulos, politólogo de la Universidad del Noreste. Estados Unidos, dice: «No rinde cuentas y no paga realmente un precio».
Advierte que «la democracia no puede sobrevivir de esta manera». Según él, la forma más probable de cambiar el nuevo statu quo es «mediante una enmienda a la Constitución de Estados Unidos o persuadiendo a la Corte Suprema para que cambie de opinión al respecto».
Consideran estos especialistas que hay otra consideración no escrita que puede actuar como freno a los excesos presidenciales: su legado.
«
Donald Trump es consciente (…) de que, si se recuerda por algo su primer mandato, será por cómo manejó la pandemia [de COVID-19], por el 6 de enero y por perder las elecciones de 2020″, dice el politólogo.
«Ninguna de esas cosas es muy positiva para Donald Trump. Es posible que quiera esforzarse al máximo para asegurarse de que se le recuerde en su segundo mandato por cosas que reflejen un aspecto más favorable», sostiene.
La pregunta que predomina en el campo internacional es con qué moral los Estados Unidos puede hablarles a los países que están bajo su influencia de respeto a la ley cuando las autoridades de la potencia del norte no creen en eso.
El problema más peligroso es que la democracia norteamericana ha pasado de buenas a primeras de un presidencialismo puro a un hiperpresidencialismo, donde el primer mandatario de la nación ha roto con el histórico «check and balance», conocido también como controles y equilibrios, que ha caracterizado a la nación del norte.
Ahora todo depende de las acciones de Trump sin tomar en cuenta las decisiones de los jueces en asuntos que están dentro de su competencia y lo peor de todo es que el asunto toma fuerza y que allí ya las cosas fuera de la ley se ven como normales.
Si el fenómeno Trump no impacta rápidamente de muy mala manera a las naciones que están bajo su control, ya sea por colonización política o económica, la razón podría estar en que ahora reina más el miedo a las sanciones en contra de los gobiernos, principalmente latinoamericanos, que la violación de derechos humanos y que se promueva la corrupción administrativa, pero no por otra causa.