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Los partidos políticos en la continuación de su agenda de dañar todo el sistema democrático del país.
Por Elba García
La República Dominicana libra hoy una nueva batalla entre los partidos políticos y la JCE que dicen promover la democracia, pero que en realidad son los que más la socavan como igual ocurre con los órganos y entes que ha creado el Estado para mejorar su desempeño.
La llamada partidocracia se aprovecha del control de todo el sistema público que tiene como función manejar la democracia, entre los que se pueden citar el Congreso Nacional, la justicia, la Cámara de Cuentas y el Poder Ejecutivo, entre otros.
Este control de los partidos que tienen representación oficial es, sin lugar a dudas, la principal retranca para depurar y mejorar la democracia, porque ellos se han encargado de corromper todo el sistema público del país, incluido el electoral, ya que son ellos quienes escogen los miembros del órgano que tiene la misión de administrar y dirigir el proceso comicial, lo cual constituye hoy día la principal amenaza en contra de la existencia de la misma democracia y de la sociedad.
Ahora los debates se mueven alrededor de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (JCE), a propósito de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que dispone la reserva de candidaturas para el proceso comicial que habrá de tener efecto en el año 2024.
En el país todo la gente sabe que los partidos socavaron las pocas garantías que ofrecen las leyes del régimen electoral, porque a pesar de sus grandes fallas tenían aspectos que debían ser cumplidos como una expresión del avance democrático de la nación.
La cuota de género y el manejo equivocado dado a las elecciones en las circunscripciones del exterior son de las principales falencias que tenían las leyes que regulan el régimen electoral, algunas de las cuales fueron corregidas o cuando menos mejoradas con la nueva norma aprobada recientemente, la 20-23, pero que aun con esas reformas no basta para que las elecciones sean más democráticas.
El asunto es que todos los vicios que hoy constituyen los principales obstáculos para el avance institucional del país provienen del comportamiento de las organizaciones que representan la figura conocida como la partidocracia.
La partidocracia se ha encargado de corromper todo el sistema electoral y cada vez que se produce un amago de corregir cualquier distorsión hay una reacción que busca impedir, por lo menos mínimamente, la conversión del mismo en más decente con la creación de garantías de respeto al derecho constitucional de elegir y ser elegible.
A sólo nueve meses para las elecciones municipales de febrero del 2024, la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos libran una lucha por la resolución que establece las reservas de candidaturas, la que el próximo lunes 15 será objeto de un recurso de reconsideración ante el árbitro comicial.
La instancia será elevada por 23 organizaciones, encabezadas por los principales partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD), los cuales han mostrado su rechazo a la disposición de la JCE, cuya explicación está en que todos actúan como si fueran uno solo cuando de defender sus espurios intereses se trata.
La confrontación tiene su razón de ser en que el Tribunal Superior Electoral mediante sentencia estableció la modalidad del 20 % de las reservas establecidos por la Ley 33-18 de Partidos Políticos, la cual consecuentemente fue asumida por una resolución de la JCE que dispone su aplicación por cada nivel de elección y no en la universalidad de los cargos.
La reserva de candidaturas es una herramienta que usan los partidos políticos para establecer alianzas y todo tipo de negociación con los que sirven de bisagras en los comicios que se celebran cada cuatro años, pero además para colocar en sus boletas a personas vinculadas con el bajo mundo y el crimen organizado nacional y transnacional a cambio de dinero, lo que crea una urgencia que complica los intereses para los que se mueven en ese entorno, en virtud de que las mismas deben definirse internamente a más tardar el 2 de junio próximo y ser presentadas por escrito en la JCE 15 días después, es decir, el 17 del mismo mes.
La resolución rechazada por los partidos políticos es la 13-2023 de la JCE, mediante la cual los mismos deberán hacer reservas de 550 cargos de elección popular y en el caso de los senadores se circunscribe a sólo seis puestos.
A nivel de los diputados son 38, alcaldes 32, regidores 233, directores y subdirectores 47 y vocales 147. Los partidos podrán reservarse la candidatura presidencial y vicepresidencial con miras a la concertación de alianzas.
La JCE sostiene que los partidos «tienen el derecho de pactar las alianzas y formar coaliciones, según lo consideren necesario y útil para los fines que les son propios, pudiendo disponer de una determinada cantidad de posiciones electivas que les permitan concertar dichos acuerdos y presentar candidaturas comunes, sin que las mismas deban ser sometidas a un proceso interno de selección, tal como es el caso de las reservadas».
La realidad es que si en esta confrontación tiene ganancia de causa la partidocracia es una forma de darle paso a lo que más contamina los procesos electorales como son las candidaturas de personas muy cuestionadas por su vínculo con el crimen nacional y transnacional, lo cual es medible con lo que ocurre ahora con senadores y diputados seriamente comprometidos con causas que no tienen nada que ver con la democracia.
El capitulo que se vive en los actuales momentos es de una gran trascendencia nacional, porque se trata de una batalla entre el bien y el mal, naturalmente si el asunto se ve en función de recuperar parte de la credibilidad perdida, no sólo por la Junta Central Electoral, sino por todo el andamiaje estatal de la República Dominicana, donde predomina la corrupción y los intereses del crimen organizado.
El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, sostiene que la Junta Central Electoral interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, al disponer en su resolución No.13-2023, sobre la aplicación de las reservas de candidaturas, que el 20% de las mismas deben estar bajo el control de la máxima dirección colegiada de cada partido y que se calcula sobre cada nivel de elección (con excepción de la presidencial) y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.
La resolución, que luce ser coherente con la sentencia TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que fue apoyada por la sociedad civil mediante declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación social luego de ser aprobada por el tribunal con competencia para emitir la misma.
La sentencia fue dictada en contra del Partido Revolucionario Moderno, quien debió recomponer sus candidaturas para ajustarse a lo decidido por el TSE para las elecciones del año 2020, pese a que la organización oficialista violentó una serie de disposiciones legales consignadas en la Constitución de la República con la imposición de propuestas que vulneraron la cuota de género, como ocurrió en la Circunscripción número 2 de la provincia de Santiago, cuya irregularidad generó una demanda de nulidad de un candidato de la misma coalición que encabezó el actual presidente Luis Abinader, pero los partidos que ahora se oponen a esta medida no expresaron ninguna objeción a la misma en el momento oportuno..
«Participación Ciudadana ha denunciado en el pasado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección, pues vulneraba el principio constitucional de democracia interna que deben observar los partidos de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, recordó la activa organización de la sociedad civil.
Es procedente recordar y advertir que si el porcentaje de reserva de candidaturas se calcula sobre la propuesta nacional, la alta dirección de cada partido tendría la oportunidad de reservarse la totalidad de las candidaturas a senadurías, diputaciones y alcaldías, despojando de sus legítimos derechos a cientos de aspirantes y además tendría la oportunidad de negociar con aquellos que provienen de entornos muy cuestionables, mientras que, si se hace sobre cada nivel de elección, sólo podrían reservarse 6 de 32 senadurías, 38 de 190 diputaciones y 32 de 158 regidurías, por sólo mencionar las mas importantes.
El Tribunal Constitucional también habló claro sobre este tema en su sentencia TC/0104/20 del 12 de mayo de 2020, cuando señala que la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos “al establecer la cuota de género y sus proporciones, determinó que su implementación debía hacerse por demarcación electoral, y en atención a esas líneas se definen los límites de las demarcaciones electorales, lo cual sentó la base para las reservas electorales, de conformidad con el párrafo III del artículo 58 de la referida legislación”.
En opinión de Participación Ciudadana y nadie pone en duda su argumento al respecto es que «Pretender aumentar las posibilidades de reserva de candidaturas en favor de la alta dirección de los partidos es volver al pasado, a métodos antidemocráticos que debilitaron y crearon situaciones conflictivas en éstos, etapa que debe quedar atrás».
Recordó una vez más, que el artículo 74.4 de la Constitución dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”, por lo que en este caso los miembros de los partidos con aspiraciones entran en el contexto del derecho fundamental de elegir y ser elegibles.
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El dinero que entra a las campañas electorales de los candidatos a los cargos de elección popular tiene un enigma complicado.
Los cargos en contra del alcalde de Nueva York ponen sobre la mesa el espinoso tema de las contribuciones económicas ilegales a los candidatos que terminan con la acumulación de grandes riquezas porque tienen mucha posibilidad y vocación de poder.
Es innumerables la cantidad de aspirantes a cargos políticos electivos en diferentes lugares del mundo que quedan en medio de la tentación de enriquecerse sobre la base del recibimiento de donaciones económicas ilegales.
El alcalde de la ciudad de Nueva York fue acusado el jueves de cargos federales por supuestamente aceptar sobornos y aportes de campaña ilegales de fuentes extranjeras.
Este tipo de casos son muy comunes en el escenario político electoral y las razones son muy diversas en razón de que el que aporte de dinero mal habido se hace regularmente para buscar protección de la autoridad pública.
Un caso que ha generado muchas sospechas al respecto es la fortuna declarada por el presidente Luis Abinader, quien había dicho al periodista Jorge Ramos que sólo tenía un millón y tanto de dólares, pero que al final termino con una declaración de bienes que alcanza los miles de millones de pesos, es decir, cerca de ochenta o noventa millones de dólares.
Pero el tema no es exclusivo de la República Dominicana, sino de todos los países del hemisferio y no hay quién se atreva a negar que el fenómeno tiene un alcance mundial.
El caso del principal ejecutivo de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, toca muy de cerca al país porque él desde que obtuvo el triunfo visitó a la República Dominicana y los promotores de su traslado hasta aquí fueron activistas que están muy cerca del funcionario.
La atención que generó su aspiración entre los políticos de la comunidad criolla en la gran urbe, sirvió de base para que se produjera una visita al país del mandatario municipal, el cual fue llevado donde figuras muy cuestionables de la República Dominicana.
El hecho de que Adams tenga entre los cargos que pesan en su contra aceptar sobornos y aportes de campaña ilegales de fuentes extranjeras, como que parece una repetición de lo que ocurre con otros que se mueven en escenarios diferentes, pero con la misma conducta de los que persiguen hacer fortunas a través de la política.
Dicen las autoridades que él abultó sus ganancias mediante las contribuciones ilegales al abusar del programa municipal de igualación de fondos, que ofrece un generoso aporte equivalente a una donación pequeña y agrega la acusación de que recibió en campaña más de diez mil dólares como resultado de certificaciones falsas.
Dicen que Adams solicitó y demandó sobornos, incluidos viajes lujosos gratis o con un gran descuento por parte de un funcionario turco que buscaba la ayuda del ejecutivo municipal y cuya cuestión está vinculada con el consulado en Manhanttan del país del personaje.
En el proceso de investigación agentes del FBI entraron a la residencia oficial de Adams y le incautaron hasta su teléfono en busca de pruebas para sustentar la acusación que pesa en su contra, cuyos cargos federales cuentan con el aval de algunos de los personajes involucrados.
Las acusaciones en contra de Adams pica y se extiende y luce que quien fuera el hombre más importante de Nueva York podría terminar con la total ruina de su carrera política y vida personal.
Sin embargo, Adams ha advertido que todo lo que ocurre con su persona parte de mentiras y que al final todo quedará aclarado.
Este caso que, de acuerdo a los informes de prensa, no involucra hasta el momento grandes cantidades de dinero, cuyos montos no se acercan ni remotamente a los sustraídos por políticos de los países latinoamericanos, donde los robos involucran sumas millonarias que sirven para medir hasta dónde los niveles de regulación y de fiscalización son deficiencias muy marcadas y que además es un arma muy poderosa para no combatir uno de los flagelos que más golpea las economías de las naciones pobres y del tercer mundo.
Las citaciones y pesquisas en lo que tiene que ver con el escándalo continúan y en el proceso habría que determinar si lo dicho por el ejecutivo municipal es parte de la misma arma de defensa que usa el candidato presidencial Donald Trump, la cual consiste en calificar los procesos en su contra como una retaliación política.
Este caso representa un precedente muy importante para todos los que van a la política con el fin de hacer riquezas económicas, máxime en los llamados países del tercer mundo, pese a que el fenómeno en menor o mayor medida tiene una connotación mundial.
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Ministerio Público sin eficiencia y persecución del crimen y el delito no pasa de una percepción mediática.
Por Elba García
El instrumento legal del Estado para la instrumentación de expedientes en contra del crimen y el delito ha dejado mucho que desear no sólo en los casos definidos como macros, que involucra a figuras notables del escenario político nacional, sino también hechos que alcanza a rateros y personas del más bajo estrato social.
Si bien los llamados casos macros tienen un seguimiento permanente de los medios de comunicación, no ocurre igual con los cientos de denuncias y querellas que son presentadas en los centros de recepción de delitos y crímenes que operan en todo el territorio nacional, lo cual indica la precaria funcionabilidad del Estado en lo que respecta a estas instancias del Ministerio Público.
Una de la causa de la deficiencia del Ministerio Público es lo que parece ser la falta de capacidad profesional de los fiscales, ya que una razón para la precaria actuación de este órgano incluye hasta la falta de formación para distinguir cuándo se está frente a un delito penal o un caso de derecho civil.
Esta falta de distinción puede ser fácilmente encontrada en los casos que maneja el Ministerio Público en torno a los condominios, que se rigen por la Ley 5038, cuyos fiscales siempre manejan los conflictos que generalmente degeneran en delitos penales, pero que este órgano siempre les otorga la calificación de problemas sociales.
Tanto es así, que en la practica el Ministerio Público promueve más que cualquier otra cosa la vía de hecho, porque todo aquel que no encuentra una solución al problema planteado a través de una querella, la cual casi siempre termina en un archivo definitivo, decide a hacer justicia con sus propias manos.
El archivo es un mecanismo que tiene el Ministerio Público para justificar su incapacidad o para darle cabida a la complicidad que implica que algunos fiscales reciben una paga para que los casos no sigan el curso que indica el sistema de justicia, ya que miles de casos nunca son judicializados aunque haya razón para ello.
En los últimos meses ha vuelto a ser puesto en tela de juicio en los tribunales casos manejados por el Ministerio Público que han sido desechados por falta de pruebas, incluido unos que el propio órgano de persecución solicitó su archivo provisional por las mismas razones.
El último más sonado es el que tiene que ver con Marisol Franco, compañera sentimental de “César el Abusador”, y otras tres personas, para quienes este sábado 14 solicitó prisión preventiva por supuesta asociación de malhechores, crímenes y delitos contra la propiedad, entre otros, y la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional se la negó.
El rechazo de la magistrada Fátima Veloz se fundamentó en que los elementos de prueba que aportó el MP no eran suficientes para ella poder determinar la violación del tipo penal previsto en los artículos 265, 266, 379, 381 y 382 del Código Penal Dominicano (CPD).
En la etapa preliminar de cualquier caso es suficiente la presentación de una cintila probatoria que no requiere la presentación de elementos concluyentes, pero debe haber detalles legítimos que permitan a la juzgadora vincular al imputado con el hecho investigado, bajo los criterios establecidos por el legislador”, lo cual, a juicio de la juzgadora, no ha ocurrido en este caso”.
Sostuvo la magistrada que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público y que conforman la cintila probatoria “por sí solos, resultan insuficientes para poder crear un vínculo robusto, certero e inequívoco que permita en esta fase procesal individualizar a los imputados como los autores o cómplices de la conducta que se les atribuye…”.
De acuerdo con la jueza que conoció el caso en cuanto al fondo de la solicitud de la medida de coerción, no se cumplía con los requerimientos legales del artículo 227 numeral 1 del Código Procesal Penal (CPP) y en consecuencia dispuso la “libertad pura y simple” de los imputados, mediante la Resolución penal 0670-2024-SMDC-01610.
Igual ocurrió con el caso de la violación y posterior muerte de Paula Santana Escalante, crimen ocurrido en la zona franca de Las Américas el 24 de febrero y el Ministerio Público basado en pruebas testimoniales logró que la jueza de Atención Permanente de SDE, Karen Casado, enviara a prisión preventiva a Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y a Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), principales sospechosos.
En este caso el archivo dispuesto contó con el aval del Ministerio Público a través de la fiscal del caso Dahiana Castillo Antigua, quien suscribió el mismo sobre la base de que el órgano persecutor del crimen y el delito no contaba con la base para sostener quién cometió los hechos.
Los resultados de todas las prendas de vestir analizadas, tanto de los dos imputados como de Santo Samuel, no arrojaron ningún fluido femenino, de hecho, sólo en una pieza interior apareció restos de semen, por lo que hasta el momento no resulta elemento suficiente para instrumentar una acusación”, afirmó
El fondo de la objeción presentada por los familiares de la víctima el 13 de este mes en el Tercer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo confirmó el “archivo provisional del caso; Alex y Chuki fueron liberados, lo cual llenó de felicidad a los imputados y de mucha tristeza a los familiares de la víctima.
Pero estos casos, aunque más sonoros, representan algo insignificante con relación a lo que ocurre en los centros de recepción de querellas y denuncias del Ministerio Público, como por ejemplo Santiago, donde las mismas son depositadas en el zafacón del olvido no importa las pruebas aportadas.
Esta realidad parece que podría generar en los próximos días la presentación de demandas en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional por no cumplir con el mandato de sus leyes orgánicas, el Código Procesal Penal y la Constitución de la República.
Incluso ya hay grupos de abogados que podrían recurrir al sistema de justicia interamericana para presentar en contra del Estado dominicano demandas por violación de los derechos humanos y de las convención regionales e internacionales en esta materia.
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El dimes y diretes del presidente Abinader y del ministro de Interior de Venezuela que desluce a ambos Estados.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro está en la cuerda floja hace mucho tiempo por lo que parece ser una obsesión con el poder que ha colocado a Venezuela en un punto muy vulnerable frente a la comunidad internacional.
Lo que ocurre en ese país hermano nadie varias décadas atrás se lo iba imaginar, ya que se trata de personas que llegan al control del Estado para supuestamente hacer las cosas diferentes.
En los actuales momentos Maduro confronta problemas hasta con sus propios aliados naturales internacionales como el presidente de Brasil Ignacio Lula Da Silva y Gustavo Petro de Colombia, todo como resultado de ese interés desmedido por manejar la cosa pública de esa nación.
En ese contexto ha entrado al escenario el presidente Abinader que durante sus mandatos se ha caracterizado por querer intervenir en asuntos que no le competen y de alguna manera ponerse al servicio de intereses que no son los de la República Dominicana.
Abinader en lo que respecta con los temas nacionales se ha manejado con mucha torpeza, no solo con la comisión de los mismos errores y ahora resulta que no sabe distinguir cuál debe el escenario en el que debe pelear con su contrario.
Ello comprueba una vez más con la confrontación verbal que mantiene Abinader con Diosdado Cabello, una figura de primer orden del gobierno de Maduro, pero que no tiene la categoría y la jerarquía para que el jefe de Estado del país se involucre en una discusión pública en la que ninguno de los dos tiene razón.
Ni en Venezuela ni en República Dominicana y mecho menos en la comunidad internacional puede haber alquien que se atreva a desconocer los vínculos históricos y de solidaridad de ambos pueblos, pero raya en lo ridículo que estos funcionarios públicos regateen el aporte que ambas naciones han hecho a través de lo que se conoce como la solidaridad internacional.
Cabello le enrostra a la República Dominicana de una deuda de 350 millones de dólares, lo cual debe ser determinado a través de los mecanismos que tienen los Estados para esos fines, pese a que no hay ningún asidero para reconocer que Venezuela ha sido muy desprendida en términos de petróleo con el país.
Negar eso es ponerse al lado de la ingratitud y de la sin razón, pero ese desprendimiento de Venezuela no puede usarse como un mecanismo de chantaje y de humillación de un país en contra del otro.
Este enfoque equivocado en política internacional ya había ocurrido a propósito de la situación haitiana, porque Abinader asumió ese tema como si tuviera autoridad hasta para solicitar una intervención armada en la hermana nación.
Fueron incontables los escenarios internacionales en los que Abinader hablaba y se comportaba como si él tiene la facultad para hablar y actuar en nombre del pueblo haitiano, cuyos resultados no pudieron ser otros que una confrontación que ha profundizado los niveles de odios en los dos pueblos.
Pues ahora el escogido es Venezuela por razones de geopolítica si el asunto se ve desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos en el país sudamericano, cuya torpeza del Gobierno dominicano ha llevado la situación a lo prácticamente irreconciliable.
El silencio es generalmente más elocuente que la palabra, cuya opción fue la debió tomar el presidente Abinader, porque si ciertamente hay una deuda pendiente con Venezuela, lo cual no es nada nuevo, debió manejarse el asunto por las vías correspondientes.
Naturalmente, todo el mundo sabe que las diferencias entre los gobiernos dominicano y venezolano está asociado a la incautación del avión de la nación sudamericana por parte de los Estados Unidos y que ésta entiende que República Dominicana ha sido utilizada para atacar a un pueblo hermano que ha practicado mucha solidaridad con el país.
Lo más inteligente para la República Dominicana es mantener una postura equidistante del conflicto entre los
AME7886. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/09/2024.- Combo de fotografías de archivo del presidente de República Dominicana, Luis Abinader (i), y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro, llamó «ladrón» a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña. EFE/ ARCHIVO
Estados Unidos y Venezuela, porque en todo caso son los hermanos sudamericanos los que tienen la responsabilidad de buscarle una salida a la terquedad de Maduro.
El presidente Abinader debe abandonar la actitud de meter la cuchara en un plato que no es el suyo para que prevalezca el respeto mutuo y la dignidad en las relaciones entre los pueblos que conforman la comunidad internacional.