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Sigue la defensa de ministro de Medio Ambiente Ceara Hatton
SANTO DOMIONGO.- La Academia de Ciencias de la República Dominicana y el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) apoyaron las medidas que ha adoptado Miguel Ceara Hatton en el Ministerio de Medioambiente y rechazaron los ataques de que, a su juicio, está siendo objeto se sectores políticos.
PC tildó de «despiadados” esos ataques» y opinó que «ante esta grave situación, el presidente Luis Abinader está en el deber de seguir apoyando la limpieza de ese Ministerio».
«De ceder ante las presiones y nombrar a alguien más complaciente, estaría enviando un triste y negativo mensaje y traicionaría sus promesas de cambios en el área medioambiental», dice la entidad apartidista, capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
PC emite estos criterios en una carta pública a Ceara Hatton, copia de la cual entregó a ALMOMENTO.NET.
La misma se produce en momentos en que hay un resaltante conflicto entre dicho Ministro y dirigentes del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM). La causa es una declaración de este funcionario a un programa de televisión de que se ha visto precisado a desvincular de Medio Ambiente a unas 600 personas que no realizaban ningún trabajo.
LA CARTA
El texto de la carta, firmada por la coordinadora de PC Lizzie Sanchez Padilla, es el siguiente:
«Señor
Miguel Ceara Hatton
Ministro de Medio Ambiente
Su despacho.-
Estimado Miguel:
A nombre del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, tengo el encargo de hacerle llegar nuestro cariño, admiración y respaldo ante los despiadados ataques a los que ha sido sometido desde que fue designado en la función de Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Nunca olvidaremos que fue uno de los fundadores de nuestra organización, a la que en sus primeros años aportó tiempo voluntario de calidad en la misión que emprendimos, enfocada en el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Luego pasó a asumir responsabilidades en organismos nacionales e internacionales que, aunque lo alejaron de las actividades de nuestra organización, nos han hecho sentir orgullosos de su trayectoria y aportes a la democracia y confiados en que los mismos principios y valores que lo acercaron a Participación Ciudadana le acompañan en todo lo que hace.
Queremos expresarle que no está solo en la difícil misión de enfrentar los intereses particulares que han adversado cualquier medida destinada a preservar nuestros recursos naturales. El medio ambiente es uno de los ámbitos de la sociedad en los que lamentablemente confluyen más intereses espurios, mafias, abusos y amenazas. Son de las áreas en las que hay que tener más valor y coraje para cambiar las cosas, en las que se corren mayores riesgos al enfrentar a sectores de todos los niveles sociales, pero sobre todo a aquellos que han acumulado fortunas a costa de la contaminación y depredación del medio ambiente y los recursos naturales. Por eso no es de extrañar los ataques constantes, los intentos de descalificarle y las presiones para hacerle saltar del puesto.
En este momento está bajo los ataques, por un lado, de sectores políticos y, por otro lado, de personajes oscuros que pretenden reproducir las mismas prácticas que tanto daño han hecho al país.
Todos sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es uno de los organismos estatales que ha sido utilizado desde hace décadas para colocar en nominillas a cientos de militantes del partido que esté en el poder y hasta nominillas de personas particulares, acción que se convierte en un acto de corrupción porque estos no realizan labor alguna para el Estado dominicano.
También es costumbre la infiltración en ese Ministerio de personas que negocian concesiones con las mafias que destruyen el medio ambiente y los recursos naturales.
Por estas razones, los fondos que cada año se asignan en el presupuesto no alcanzan para realizar las verdaderas labores para las que fue creada esa institución estatal, con las nefastas consecuencias medioambientales y a los recursos naturales que están a la vista de todo el mundo.
Ya el país pasó por la tragedia que se llevó la vida del anterior ministro, Orlando Jorge Mera. Ante esta grave situación, el presidente Luis Abinader está en el deber de seguir apoyando la limpieza de ese Ministerio. De ceder ante las presiones y nombrar a alguien más complaciente, estaría enviando un triste y negativo mensaje y traicionaría sus promesas de cambios en el área medioambiental.
Participación Ciudadana seguirá combatiendo la corrupción y el abuso del poder para beneficios particulares. Dentro de nuestras labores de observación electoral, estaremos poniendo mucha atención a la nómina pública, la existencia o introducción de nominillas destinadas exclusivamente al financiamiento subrepticio del partido en el poder o de personas particulares.
Reiterándote nuestro apoyo a toda acción que contribuya a adecentar ese Ministerio, le saluda,
Afectuosamente,
En nombre y representación del Consejo Nacional
Lizzie Sanchez Padilla
Coordinadora General»
ACADEMIA DE CIENCIAS
La Academia de Ciencias, de su lado, dijo que Ceara Hatton, ha estado adoptando medidas para “lograr el adecentamiento administrativo y el manejo pulcro de los magros recursos financieros que dispone ese ministerio”.
Mediante un comunicado, la institución científica manifiesta que son múltiples las funciones que dicha institución tiene que emprender para cumplir con las ineludibles tareas que le asignan las leyes 64-00., la 202-04, así como la Constitución de la República para la protección, cuidado, manejo y gestión efectiva de los Recursos Naturales de la República Dominicana, tareas que no permiten el dispendio y uso inapropiado de los recursos.
Señala que “el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es una institución de profesionales, nunca una entidad clientelista, que pueda utilizarse para incluir en su nómina a personas ajenas a los cometidos para los que fue creado. Mucho menos utilizar los fondos con los que cuenta, para recompensar a miembros de grupos políticos por su apoyo a cualquier candidatura del partido que sea”.
“Es ampliamente conocido que el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), viene acumulando un deterioro progresivo en todo lo relativo a su protección efectiva, falta de personal calificado, falta equipos, medios de transporte, casetas de vigilancias maltrechas, personal desmotivado, todo esto dificulta la conservación efectiva del patrimonio natural y cultural que tiene ese ministerio bajo su responsabilidad”, expresa la ACRD
“En todos sus actos de su vida en nuestra academia el Dr. Ceara Hatton ha actuado apegado a los principios éticos y ha cumplido con todos los postulados contenidos en nuestros estatutos y reglamentos”, dice la nota.
sp-am
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.