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Es un hecho que presos preventivos podrán votar en 2024
Miriam Germán y Román Jáquez firman acuerdo para que reclusos voten.
Santo Domingo, R.D.-La Procuraduría General de la República y La Junta Central Electoral (JCE) suscribieron ayer un acuerdo de cooperación, el cual contempla la adopción de medidas encaminadas a asegurar el derecho al voto a los privados de libertad que no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
Mediante este convenio, el Ministerio Público, que dirige la Procuraduría, y la JCE se comprometen mutuamente a aportar sus mejores esfuerzos con el propósito de garantizar el voto de los internos en centros penitenciarios en condición preventiva a partir de las elecciones del 2024.
En ese sentido, las entidades asumieron el compromiso de contribuir con la entrada en vigencia del voto penitenciario de los reos de manera progresiva, cuyos derechos civiles y políticos no estén suspendidos, de conformidad con lo que establece la Ley.
Fue firmado en presencia de los miembros titulares del Pleno de la JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario General, Sonne Beltré Ramírez, así como del director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio.
El presidente de la JCE calificó la firma del acuerdo como “un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos” que, consideró, deben ser garantizados, “no en los papeles”, sino de manera real y efectiva.
Agregó que el acuerdo también permitirá depurar el padrón del sistema carcelario, excluyendo a todas las personas juzgadas de manera definitiva e irrevocable.
De su lado, la procuradora Miriam Germán Brito destacó la importancia del convenio, considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto, por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.
“La cuestión del derecho al voto tiene una larga historia de exclusión. Por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto.
Esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor de tal o cual candidato que creen que responde mejor o tiene mayor preocupación por su situación”, expresó Germán Brito.
Empadronamiento
En base al acuerdo, la Junta proveerá, en calidad de cooperación, equipos de lectura de información biométrica de personas (escáneres de huellas digitales, cámaras, entre otros), que serán distribuidos en los centros penitenciarios y procuradurías fiscales.
La JCE también proveerá los mecanismos de consulta e identificación de personas, con información biométrica utilizada en su motor de base de datos.
Mientras, el Ministerio Público dispondrá de facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica.
La JCE y la PGR se comprometen a desarrollar una interfaz de consulta para que el Ministerio Público pueda acceder al archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante procesos de empadronamiento, identificación o actualización, de manera que pueda tener acceso a cualquier registro de la Base de Datos, incluyendo información biométrica en modalidad de consulta.
El Ministerio Público remitirá al órgano electoral las sentencias condenatorias a penas criminales que sean irrevocables en cada jurisdicción y aquellas mediante las cuales queden establecidos hechos que ameriten las cancelaciones de las cédulas, dentro de un plazo razonable.
Acceso a data
En uno de los considerandos, se resalta que el Ministerio Público gestiona aproximadamente 425 procesos judiciales diariamente en 36 fiscalías a nivel nacional, y que a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), se contabilizan 25,603 personas privadas de libertad.
Indica que por ello requiere contar con los mecanismos automatizados para la captura, lectura, registro y consulta de información digital multibiométrica como huellas dactilares, huellas palmares y rostro, entre otras, que puedan ser gestionada y consultada a través de mecanismos de comparación parcial o total, incluyendo huellas latentes.
Precisa que el Ministerio Público, como órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, necesita tener acceso permanentemente a la data que posee la JCE, a los fines de verificar los registros de los inscritos y la actualización constante de la misma, para obtener una información veraz de la evaluación de los actos vitales de los ciudadanos.
“Que el Ministerio Público, requiere de la implementación de un Sistema Multibiométrico que facilite la gestión, resguardo y consulta, para fortalecer la identificación de personas e imputados, además del control de privados de libertad, en los procesos de investigación, judicialización o de privación de libertad, permitiendo incrementar la capacidad y calidad persecutora, limitando las acciones de los delincuentes y criminales que traten de ocultar su verdadera identidad al ser detenidos o investigados.” señala el considerando sexto.
Registro civil
En el acuerdo, se enfatiza que la JCE es la custodia y depositaria del registro civil de las personas y el único órgano facultado para la acreditación de su identidad mediante un documento de identidad.
Indica, además, que la Junta está encargada del mantenimiento y la conservación del Registro Civil, la Cédula de Identidad y todo lo concerniente a la inscripción de ciudadanos y ciudadanas en el Registro Electoral.
SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.- Los miembros de la organización criminal que dirigía el occiso José Antonio Figuereo y que se dedicaba al narcotráfico recibió una acusación formal del Ministerio Público.
El documento fue presentado en el Primer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de San Cristóbal.
La imputación es contra el coronel retirado de la Policía Nacional, Elvi de la Rosa de León, alias El Gringo, Angel Miguel Figuereo Santana, Wilkin Lorenzo Moreta, Ana Luisa de Jesús y Joselito Valdez.
Estos acusados están sometidos a medidas de coerción, como la prisión preventiva para De la Rosa, Moreta Lorenzo y Figuereo Santana, mientras que De Jesús y Valdez cuentan con presentación periódica.
El Ministerio Público estableció que De la Rosa, en su condición de teniente coronel de la Policía Nacional retirado, hizo uso indebido de su estatus.
El acusado transportaba al hoy occiso Figuereo Bautista (a) Kiko La Quema, en vehículos de la organización criminal, burlando los controles policiales, ya que por su investidura transitaba sin ser requisado.
El órgano de justicia indicó que De la Rosa también era quien compraba y transportaba alimentos, bebidas, insumos y armas de fuego ilegales hacia la zona montañosa donde estaba escondido “Kiko La Quema”.
El Ministerio Público demostró las distintas funciones que realizaban Lorenzo Moreto, Figuereo Santana (hijo de Kiko), Ana Luisa de Jesús, y Valdez.
Entre otras, gestionar vehículos, homicidios, amenazas, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego en la zona de Calderón, Los Cacaos, San Cristóbal y el municipio de Cambita Garabitos.
La Fiscalía acusa a los miembros de la banda criminal de numerosas violaciones del Código Penal Dominicano.
agl
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Ciento de personas acuden a la Feria Ganadera a comprar productos para la cena de Nochebuena
Santo Domingo, R.D.-Este domingo cientos de personas acudieron a la Feria Ganadera para comprar los productos de la cena de Nochebuena a bajos precios en el operativo «Navidad del Cambio con Inespre» que se desarrolló durante tres días.
Desde primeras horas, la gente hacia largas filas para adquirir los productos. Las más concurridas eran donde estaban la venta de pierna de cerdo, pollo y arroz. Se trata de la cuarta Feria que realiza el Inespre en el país para llevar alimentos a bajos precios a la gente.
Ya se hicieron en Azua, San Cristóbal, Los Frailes, Los Alcarrizos y el próximo fin de semana será en Santiago para completar seis ferias, informó, Edgar García Peralta, coordinador de las ferias.
La gente adquirió piernas de cerdos de 12 y 14 libras a 850 pesos, un saco de arroz de 25 pesos a 600 pesos, un pollo de cinco libras por 150 pesos, un cartón de huevos 120 pesos, los paquetes de papa cebolla y ajo entre 60 y 90 pesos.
Además, la venta de cuatro tipos de vinos artesanales entre 100 y 200 pesos, vegetales, dulces navideños y otros productos utilizados en la cena del 24 de diciembre.
«Gracias a Dios y a nuestro presidente y nuestros ejecutivos, estamos aquí cumpliendo una misión haciendo un trabajo para la población, ahora en esta época navideña con la Feria de Navidad con el Cambio ustedes pueden ver la muestra de cómo se ha desplazado hoy la persona a comprar», dijo.
Con un promedio de 3,000 pesos una persona puede llevarse una compra con todos los productos para su cena de Nochebuena y hasta para Año Nuevo, debido a los bajos precios.
Santo Domingo.-Otro cargamento de 137 kilos de drogas fue ocupado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Policía Nacional, en el marco del fortalecimiento de las acciones conjuntas, las cuales ejecutaron durante la última semana 50 allanamientos y más de cinco mil operativos de interdicción en contra del microtráfico de sustancias controladas en gran parte del territorio nacional.
Una nota de la entidad antinarcótico señala que en las operaciones para erradicar el tráfico y venta de drogas se apresaron a 853 personas y se incautaron de 102,566 gramos de cocaína, 30, 295 de marihuana, 4, 401 dosis de crack, 5.10 de metanfetaminas, 2.10 gramos de heroína y 143 pastillas de éxtasis, para un total de 137, 260 gramos.
También, 10 armas de fuego, 45 machetes y cuchillos, 04 vehículos, 49 motocicletas, 244 celulares, 09 radios de comunicación, 55 balanzas y un chaleco antibalas, dinero en efectivo, entre otras evidencias.
Agrega que durante el mes de diciembre, las labores operativas para enfrentar el tráfico ilícito de drogas se reforzaron en el Gran Santo Domingo y las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan, Barahona, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Sanchez Ramírez y Samaná, entre otras.