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Es un hecho que presos preventivos podrán votar en 2024
Miriam Germán y Román Jáquez firman acuerdo para que reclusos voten.
Santo Domingo, R.D.-La Procuraduría General de la República y La Junta Central Electoral (JCE) suscribieron ayer un acuerdo de cooperación, el cual contempla la adopción de medidas encaminadas a asegurar el derecho al voto a los privados de libertad que no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
Mediante este convenio, el Ministerio Público, que dirige la Procuraduría, y la JCE se comprometen mutuamente a aportar sus mejores esfuerzos con el propósito de garantizar el voto de los internos en centros penitenciarios en condición preventiva a partir de las elecciones del 2024.
En ese sentido, las entidades asumieron el compromiso de contribuir con la entrada en vigencia del voto penitenciario de los reos de manera progresiva, cuyos derechos civiles y políticos no estén suspendidos, de conformidad con lo que establece la Ley.
Fue firmado en presencia de los miembros titulares del Pleno de la JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario General, Sonne Beltré Ramírez, así como del director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio.
El presidente de la JCE calificó la firma del acuerdo como “un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos” que, consideró, deben ser garantizados, “no en los papeles”, sino de manera real y efectiva.
Agregó que el acuerdo también permitirá depurar el padrón del sistema carcelario, excluyendo a todas las personas juzgadas de manera definitiva e irrevocable.
De su lado, la procuradora Miriam Germán Brito destacó la importancia del convenio, considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto, por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.
“La cuestión del derecho al voto tiene una larga historia de exclusión. Por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto.
Esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor de tal o cual candidato que creen que responde mejor o tiene mayor preocupación por su situación”, expresó Germán Brito.
Empadronamiento
En base al acuerdo, la Junta proveerá, en calidad de cooperación, equipos de lectura de información biométrica de personas (escáneres de huellas digitales, cámaras, entre otros), que serán distribuidos en los centros penitenciarios y procuradurías fiscales.
La JCE también proveerá los mecanismos de consulta e identificación de personas, con información biométrica utilizada en su motor de base de datos.
Mientras, el Ministerio Público dispondrá de facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica.
La JCE y la PGR se comprometen a desarrollar una interfaz de consulta para que el Ministerio Público pueda acceder al archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante procesos de empadronamiento, identificación o actualización, de manera que pueda tener acceso a cualquier registro de la Base de Datos, incluyendo información biométrica en modalidad de consulta.
El Ministerio Público remitirá al órgano electoral las sentencias condenatorias a penas criminales que sean irrevocables en cada jurisdicción y aquellas mediante las cuales queden establecidos hechos que ameriten las cancelaciones de las cédulas, dentro de un plazo razonable.
Acceso a data
En uno de los considerandos, se resalta que el Ministerio Público gestiona aproximadamente 425 procesos judiciales diariamente en 36 fiscalías a nivel nacional, y que a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), se contabilizan 25,603 personas privadas de libertad.
Indica que por ello requiere contar con los mecanismos automatizados para la captura, lectura, registro y consulta de información digital multibiométrica como huellas dactilares, huellas palmares y rostro, entre otras, que puedan ser gestionada y consultada a través de mecanismos de comparación parcial o total, incluyendo huellas latentes.
Precisa que el Ministerio Público, como órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, necesita tener acceso permanentemente a la data que posee la JCE, a los fines de verificar los registros de los inscritos y la actualización constante de la misma, para obtener una información veraz de la evaluación de los actos vitales de los ciudadanos.
“Que el Ministerio Público, requiere de la implementación de un Sistema Multibiométrico que facilite la gestión, resguardo y consulta, para fortalecer la identificación de personas e imputados, además del control de privados de libertad, en los procesos de investigación, judicialización o de privación de libertad, permitiendo incrementar la capacidad y calidad persecutora, limitando las acciones de los delincuentes y criminales que traten de ocultar su verdadera identidad al ser detenidos o investigados.” señala el considerando sexto.
Registro civil
En el acuerdo, se enfatiza que la JCE es la custodia y depositaria del registro civil de las personas y el único órgano facultado para la acreditación de su identidad mediante un documento de identidad.
Indica, además, que la Junta está encargada del mantenimiento y la conservación del Registro Civil, la Cédula de Identidad y todo lo concerniente a la inscripción de ciudadanos y ciudadanas en el Registro Electoral.
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Abinader es felicitado por presidente de Honduras por organización de Santo Domingo 2026
Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó a su homólogo dominicano, Luis Abinader, por la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluyen este sábado en la capital dominicana.
Durante un encuentro celebrado en Cali, Colombia, Asfura explicó que dirigentes deportivos hondureños que participan en los Juegos le manifestaron estar gratamente impresionados con la organización, las instalaciones deportivas, la villa destinada a los atletas y el trato recibido.
Ambos gobernantes se reunieron en un hotel de la ciudad colombiana, donde asistieron a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
Durante la conversación, el mandatario hondureño solicitó el respaldo y la colaboración de República Dominicana para organizar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para celebrarse en Honduras en 2029.
Asfura afirmó que Santo Domingo 2026 ha representado un ejemplo para la región por la calidad organizativa de un evento que reúne a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas.
Abinader prometió compartir la experiencia dominicana en todo lo relacionado con la organización y el montaje de la competencia.
Asimismo, puso en contacto al mandatario hondureño con el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, para iniciar un proceso de colaboración con las autoridades deportivas de Honduras.
En otra parte del encuentro, el presidente dominicano invitó a Asfura a visitar República Dominicana para continuar profundizando las relaciones comerciales, empresariales y culturales entre ambos países. La fecha de la visita será informada posteriormente.
En la reunión participaron también los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como Jaqueline Foglia Sandoval, embajadora hondureña en Colombia, y Félix Aracena, embajador dominicano en ese país.
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Jueces reprograman para el 23 septiembre lectura íntegra de sentencia contra Adán Cáceres y coimputados
Santo Domingo, R.D.-La lectura integra de la sentencia número 249-02-2026 SSEN-00040 fue reprogramada para el 23 de septiembre a las dos de la tarde por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual condena a Adam Caceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robipu, acusados de corrupción y lavado de activos.
La decisión, contenida en el Auto núm. 249-02-2026-TFIJ-00052, busca concluir adecuadamente la redacción y revisión de la decisión motivada correspondiente al proceso núm. 062-2022-EPEN-00201, tras ponderar la complejidad del proceso y la amplitud del debate del juicio oral que se extendió por aproximadamente 658 días calendario.
En el proceso fueron juzgados 36 acusados, de los cuales 29 son personas físicas y 7 personas jurídicas, además de la participación de 18 intervinientes voluntarios.
El órgano jurisdiccional destacó que la explicación oral ofrecida al momento de pronunciar el dispositivo de la sentencia tuvo una duración aproximada de 11 horas, mientras que la parte dispositiva comprende 41 ordinales distribuidos en 88 páginas.
Aunque el tribunal informó que ha mantenido un trabajo constante en la redacción de la sentencia desde la emisión del dispositivo, indicó que aún restan aspectos cuya fundamentación demanda un análisis detallado.
La decisión también enfatiza que la motivación de las sentencias constituye una garantía esencial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
Al evaluar el cronograma procesal, el tribunal explicó que el plazo legal para la redacción de la sentencia concluía el 8 de septiembre de 2026. Sin embargo, consideró razonable otorgar una extensión adicional de 10 días hábiles, fijando la lectura íntegra para el 23 de septiembre de 2026.
Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta decisión a todas las partes involucradas y reiteró que la lectura íntegra de la sentencia constituye el acto formal de notificación previsto por la normativa procesal penal.
BARAHONA.- Ciento nueve armas de fuego de diferentes marcas y calibres, además de municiones, drogas y objetos vinculados a actividades delictivas en las provincias de la region de Enriquillo, fueron ocupados por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.
Las autoridades indicaron que, como resultado de las labores de prevención, inteligencia e investigación, decenas de personas han sido apresadas en flagrante delito por su presunta vinculación con distintas infracciones.
Entre las armas ocupadas figuran ocho de alto calibre, incluidos cuatro fusiles, lo que, según la institución, representa un golpe a la circulación ilegal de armamentos y contribuye a reducir los riesgos asociados a hechos violentos en la zona.
La Policía informó que demás de las armas de fuego, durante operativos preventivos realizados desde el 21 de febrero hasta la fecha, también fueron incautadas sustancias narcóticas, armas cortopunzantes, balanzas, dinero en efectivo y otros artículos relacionados con actividades ilícitas.
La Policía atribuyó los resultados a las acciones estratégicas desplegadas por la Dirección Regional Sur en coordinación con sus departamentos operativos e investigativos, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos.
La institución aseguró que continuará ejecutando operativos focalizados y acciones conjuntas con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado para combatir el porte ilegal de armas, el microtráfico de drogas y otras manifestaciones delictivas que afectan a las comunidades de la región Enriquillo.
Asimismo, exhortó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas y garantizó la confidencialidad de las informaciones suministradas, como parte del esfuerzo para preservar el orden, la paz y la seguridad en la zona.
an/am