Reportaje A Fondo
Flores, poder y secretos: la historia rota de Laura Sarabia y Armando Benedetti
El presidente Gustavo Petro despide a dos de sus colaboradores más cercanos por su implicación en un caso de escuchas ilegales y filtraciones a la prensa
Bogotá.- Esta es la historia de una mujer joven que no sabía qué hacer con su vida y de un hombre que hacía demasiadas cosas. El destino los juntó en una aventura de esas que solo pasan una vez. Una historia de jerarquías, de poder y de ambición que ha puesto a temblar al mismísimo Gobierno de Colombia. Este es el cuento breve de Armando Benedetti y Laura Sarabia, un binomio que se ganó el corazón de Gustavo Petro en la campaña y que ahora le ha provocado un incendio en Palacio.
Hace ocho años, Sarabia está desempleada. Tiene 21, no sabe bien qué rumbo tomar en la vida. La incertidumbre la ha sumido en un pozo oscuro. Venía de ser una de esas alumnas brillantes que de golpe se encuentra con que ahí fuera a nadie le importan tus matrículas de honor. Laura ha suspendido las pruebas de ingreso de las fuerzas armadas y no le han querido renovar su pasantía como administrativa en el ministerio de Defensa. Casi pierde la fe. Pero no deja de leer la Biblia ni de asistir a la Iglesia cristiana. En el culto, una amiga le recomienda que vaya en busca de trabajo al partido de la U, el del pulcro Juan Manuel Santos, entonces el presidente.
Benedetti había militado en el uribismo, el santismo y ahora está dispuesto a agarrar la siguiente ola que lo lleve hasta la orilla. En un momento de clarividencia, deja todo atrás y se une al líder de la izquierda Gustavo Petro. Es noviembre de 2020. Está seguro de que ese hombre con pinta de despistado va a ser el próximo presidente de Colombia y no quiere quedarse fuera. Petro había fracasado en sus dos intentos anteriores, pero algo le dice a Benedetti que su tiempo ha llegado. Con él, por supuesto, se lleva a Sarabia. Benedetti guía a Petro por todo el país en busca de votos, Laura les organiza los viajes, la agenda, el almuerzo, el hotel, los aviones. Es buen momento para mencionar que, en medio de la frenética campaña, a los hijos de Benedetti los cuida Marelbys Meza, una persona que entrará en escena más adelante.
Un día, mientras cruzan Colombia a bordo del Super King Air 300, Benedetti mira a Petro, recostado a su derecha en un asiento de cuero beige:
—La única forma de evitar que este man sea presidente de Colombia —entona con tono dramático— es tirando este avión.
Ella se queda embarazada en mitad de la campaña, pero eso no cambia nada. Sigue haciendo todo por teléfono. Sarabia trabaja para Benedetti, pero poco a poco va ocupándose cada vez más de Petro. Si el candidato duerme una siesta, ella es quien lo llama para se levante, se lave los dientes y vaya al próximo mitin.
Laura Sarabia, 29 años, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, durante una entrevista en el Palacio de Nariño, en Bogotá, Colombia, el 12 de mayo de 2023.SANTIAGO MESA
Cuando Petro gana las elecciones, el trío que habían conformado parece destinado a resquebrajarse. Empieza el tiempo de las decenas de asesores, los ministros, los escoltas, la vida truculenta en Palacio. Benedetti quiere un puesto cercano al presidente, uno que le permita continuar guiando a Petro en los vericuetos del poder. Sin embargo, arrastra varios procesos judiciales que hacen dudar al presidente. Lo estima mucho, pero cree un riesgo tenerlo en primera línea. Así que decide ponerlo en un cargo relevante, el de embajador en Venezuela. De esa decisión participa también la primera dama, Verónica Alcocer.
Se trata de una forma de tenerlo cerca, pero lejos. Ni con él ni sin él. Una decisión salomónica. Benedetti se lo toma como un exilio, pero lo acata. Ahora se encargará de restablecer las relaciones con el chavismo y de departir con Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez. No es poca cosa. Sarabia está convencida de que va a seguir a Benedetti hasta Caracas, pero Petro la llama para que ocupe el cargo más cercano posible, el de secretaria personal. Benedetti, lejos; Laura, cerca, en el despacho de al lado, a diez pasos uno del otro. La pupila ha superado al mentor. Su tarea viene a ser una extensión de lo que había hecho en campaña. Levantar de la cama a un hombre que no madruga, conducir a las citas a un señor que no tiene noción del tiempo y después resumirle la actualidad mientras él está enfrascado en alguna discusión en Twitter.
A Benedetti nunca llega a gustarle su lugar en el Gobierno que ayudó a crear. Él, que quería ser ministro, se siente desterrado en Caracas. Sarabia, en cambio, amplía su hueco en el centro del poder. Su nombre empieza a sonar a todas horas, su cuerpo menudo aparece en todas las fotos del presidente como si fuera su sombra. Esa mujer tan joven y sin pasado político empieza a llamar la atención de algunos ministros. Mientras a ellos los obligan a dejar sus teléfonos fuera de los Consejos, Sarabia teclea en su celular durante las reuniones. Solo ella tiene esa bula. Se convierte así en la persona más cercana al presidente.
El Gobierno parecer rodar solo durante los primeros meses. La novedad entusiasma a buena parte del país. Pero con el tiempo llegan las primeras crisis. Benedetti, que conoce bien el Congreso, donde se le atascan las reformas a Petro, cree saber lo que necesita el presidente para conseguir votos y lealtades en otros partidos. Llama asiduamente a Sarabia, con quien tiene una gran confianza. Le dice que las cosas se están haciendo mal. Eso lleva también a que las discusiones sean más fuertes y suban de decibelios.
Una de las primeras grietas entre ellos surge por el canciller, Álvaro Leyva, un hombre de 80 años que quiere controlar con celo su espacio. No parece muy feliz de que Benedetti se encargue de las relaciones con Venezuela. Desconfía de él. La cancillería empieza a mirar con lupa los viajes del embajador, que va asiduamente a Colombia. Empieza una guerra sorda que ha durado hasta el final. Sarabia le pide a Benedetti que no se ausente tanto de Caracas y este se lo toma mal, como si ella hubiera tomado partido. Con las semanas no se arreglan las cosas. Petro visita por sorpresa Caracas para verse con Maduro, pero Benedetti es de los últimos en enterarse. Le informan terceros. Se lo toma de forma personal, le parece un insulto. Considera que Sarabia, que ha trabajado siete años con él, le debe algo de lealtad.
En paralelo, se atascan las reformas en el Congreso. Benedetti, una de esas personas que siempre tienen contactos en todas partes, llama a Sarabia y discuten sobre la manera en la que se está gobernando. Las conversaciones son agrias, aunque suelen acabar en reconciliación. Un día se gritan, otro se hablan de forma amorosa. El día de la madre, Benedetti le manda flores.
Pero eso no frena nada, muy al contrario. El embajador se siente cada vez más amenazado por Laura, de la que cree que se ha aliado con la magistrada Cristina Lombana, de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para reabrirle uno de sus casos. Eso le llega por terceros, y Benedetti le da credibilidad. Al teléfono, se muestra paranoico. Jura que Sarabia le ha interceptado las comunicaciones -no hay ninguna prueba que demuestre que es así-. Cada vez que ella le hace ver que sabe más de lo que él piensa, Benedetti se dice a sí mismo: “Me ha chuzado”.
Con el paso de los meses, la impaciencia va a más. Considera que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en Venezuela, al menos todo lo que puede darle brillo. Las relaciones bilaterales se han restablecido y Petro y Maduro se han reunido varias veces. Quiere volver a Bogotá como ministro. Petro trata de buscarle un hueco y le ofrece ser súper ministro, una figura que actualmente no existe pero que ya se había usado en otros gobiernos. A Benedetti le encanta la idea. Los detalles los hablaría con Sarabia. Algunas versiones contrastan en este punto. Hay quien dice que Sarabia no quiere que Benedetti regrese porque teme que ocupe su rol; otros que Sarabia está de acuerdo, pero que el presidente lo frena.
El gran escándalo
Colombia vive esos días pendiente de otra historia de intriga. Cuatro niños indígenas han sobrevivido a un accidente de avioneta y están perdidos en la selva. El país espera -todavía no han aparecido- un rescate con final feliz. Los desencuentros entre las dos personas más cercanas al presidente aún son material doméstico. Pero algo empieza a torcerse en Palacio. Como todo relato de suspense, este comienza a cuentagotas. La revista Semana, acostumbrada a captar la atención de los sábados con sus portadas, lleva a su primera página a Marelbys Meza, la niñera que cuidaba en campaña de los hijos del embajador. El titular dice: “Me sentí secuestrada”.
Meza trabajaba entonces cuidando al primer hijo de Sarabia. De casa de los Benedetti había salido acusada de un robo, señalada por un poligrafista privado. La Mary, como la llaman ellos, fue despedida. Sarabia conoce estos hechos, pero aún así la contrata y la historia vuelve a repetirse. Del apartamento de la alta funcionaria desaparece un dinero en efectivo en el mes de enero. Sarabia denuncia ante la Fiscalía el robo de 7.000 dólares, pero su equipo de seguridad decide someter a su entorno a un polígrafo en el Palacio de Nariño. Meza tropieza en la misma prueba, aunque hay que recordar que la fiabilidad de esas máquinas es dudosa. Ahí es donde dice que se sintió secuestrada y maltratada.
El país se pasa cuatro días hablando de Meza, Sarabia y el polígrafo. Benedetti está al margen hasta que el periodista Daniel Coronell lo mete de lleno en la trama. Antes de ser portada de la revista, La Mary hizo un viaje asombroso. Despedida ya de casa de Sarabia, Benedetti volvió a confiarle el cuidado de sus hijos y se la llevó a Caracas en un vuelo privado para pasar una semana. Solo ellos pueden saber de qué hablaron en ese tiempo. El día que los dos regresan a Colombia, la niñera se pone delante de las cámaras de Semana en los alrededores del Palacio presidencial. Colérico por las nuevas informaciones que lo involucran, Benedetti niega haber tenido nada que ver en ese asunto, dice que Meza lo hizo por iniciativa propia. Entonces suelta la bomba que acabará con la salida de ambos del Gobierno.
El miércoles pasado, el político publica un hilo de Twitter incendiario. En él asegura que Sarabia le pidió ayuda para frenar la publicación de la entrevista y dice que la funcionaria temía que se conociera que en su casa había dinero en efectivo. También desliza que ella habría intervenido el teléfono de la niñera. Del polígrafo se pasa a las escuchas ilegales.
El presidente Gustavo Petro, junto a su jefe de gabinete, Laura Sarabia, en la reunión con la delegación de congresistas estadounidenses que lidera el demócrata Bob Méndez, el martes en Bogotá. GOBIERNO DE COLOMBIA
La denuncia velada llega como un ángel caído del cielo a una Fiscalía siempre al acecho del presidente. El fiscal Francisco Barbosa, propuesto por la administración anterior, siempre parece dispuesto a dar los últimos coletazos en su puesto a lo grande. Su oposición a Petro es total y entra en este caso como si acabara de descubrir el Watergate.
El día después de los tuits del embajador hay un silencio incómodo en el Gobierno. Petro, recién llegado de Brasil, debía reunirse con Sarabia y Benedetti para tratar de frenar el caos, pero pasan las horas y nadie sabe nada del presidente. El vacío lo llena Barbosa, con una rueda de prensa en la que dice cosas como que el haber intervenido el teléfono de la niñera es el peor caso contra los derechos humanos que se produce en Colombia en años. Por momentos, hasta se le escapa la risa. Promete ir hasta el final en su investigación y llamar a declarar a Sarabia y Benedetti. La situación es insostenible para el presidente. Esa noche del jueves se reúnen los tres, como tantas otras veces habían hecho, pero ahora la tensión se corta. En esas horas se escuchan lágrimas y gritos.
Petro aparece públicamente el viernes en un acto militar, posiblemente los ascensos del ejército con más audiencia de la historia. Pasa un rato hablando de lo propio cuando suelta el veredicto: “Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno”. El triángulo de poder se rompe. Petro le dedica palabras de cariño a Laura; a Armando ni lo menciona. Los dos se van a su casa y el presidente se queda solo. Los que han estado cerca dicen que a diferencia de otros gobiernos, en el de Petro casi nunca se ve ni escucha a nadie por los pasillos de Palacio. El presidente ha perdido mucho en estos seis días. De entrada busca a alguien que sepa organizarle la vida.
Reportaje A Fondo
Las heridas y los interrogantes que siguen abiertos tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia
El operativo de la extinta guerrilla del M-19 y la reacción militar, en pleno centro de Bogotá, dejaron un centenar de muertos, una docena de desaparecidos y una cúpula judicial masacrada
Bogotá.-“Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática.(…) Divulgue a la opinión pública eso, para que el presidente dé la orden”, suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la cúpula de la rama judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los golpes mediáticos, había entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a hacer un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el mandatario dejó en manos de los militares, fue incluso más sangrienta. El edificio terminó calcinado, 11 de los 25 magistrados de la Corte Suprema fueron asesinados, miles de expedientes de todo tipo se perdieron.
En una larga historia de violencia política como la colombiana, los hechos del Palacio siguen especialmente vigentes. Incluso más que otros episodios más mortíferos y más recientes. En 1989, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión que despegaba de Bogotá a Cali, y dejó 110 muertos. En 2000, paramilitares asolaron el corregimiento de El Salado, en la región Caribe, y dejaron más de 100 personas muertas, según la Fiscalía. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó la iglesia del pueblo de Bojayá, en el Chocó, y asesinaron a por lo menos 74 civiles. Las circunstancias, por el lugar del ataque, la importancia política de las víctimas o la visibilidad de lo ocurrido, marcan la diferencia. Y por eso un episodio que en Colombia se ha denominado “holocausto” ha ocupado una atención en el periodismo o en las artes, solo comparable el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y el posterior Bogotazo.
Además, la rama judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de las siguientes generaciones, y su muerte dejó una impronta que aún hoy lamente la justicia.
Además de esa herida abierta, el debate por la toma y la retoma es tan vigente y pugnaz que de él participa el presidente Gustavo Petro, quien fue miembro del mismo M-19 y, si bien no participó en la toma, ha defendido un relato que reduce la responsabilidad de sus antiguos camaradas. Es tan sensible el asunto que recientemente una juez ordenó eliminar un diálogo de una película sobre el Palacio; es tan vigente que este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una nueva norma “que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”.
La actualidad de lo ocurrido hace cuatro décadas pasa por las preguntas sin respuesta. Una de ellas tiene que ver con la protección de los magistrados. Pese a que se había develado un plan de la guerrilla para atacar el Palacio, una noticia que había llenado titulares de prensa, y a que varios magistrados habían recibido amenazas de muerte, la seguridad del Palacio había sido reducida el 5 de noviembre. “Yo quisiera tener la respuesta a la pregunta de quién dio esa orden”, dice Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y quien como fiscal lideró la investigación penal por las desapariciones forzadas de una decena de personas, en manos de militares.
Ceremonia de entrega de los restos mortales de Gloria Isabel Anzola, una de las víctimas femeninas del asalto, en Bogotá, el 10 de diciembre de 2019.Juancho Torres (Anadolu Agency via Getty Images)Otra pregunta sin respuesta clara son los motivos del ataque. El M-19 emitió una proclama desde el Palacio sobre la que llamó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. “Convocamos al juzgamiento público de unas minorías apátridas que han hecho fraude a los anhelos de paz y traicionando las exigencias de progreso y de justicia social a la nación entera”, dice en una de sus frases centrales, para luego exigir a los principales medios de comunicación la difusión del proceso que soñaban. “Señores magistrados: tienen ustedes la gran oportunidad, de cara al país, y en su condición de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio memorable”, se lee más adelante.
Pero la sombra del narcotráfico ha planeado sobre lo ocurrido desde 1985, pues los guerrilleros coincidían en una demanda de los narcotraficantes. “Mediante un impopular escandaloso Tratado de Extradición, se entrega nuestra juricidad –la más creciente y novedosa de todas las entregas–, que es golpe mortal contra la soberanía nacional», se lee en la misma proclama. Aunque, sobre todo personas cercanas a Pablo Escobar han dicho que el capo pagó a la guerrilla por el ataque, intentando evitar que la Corte Suprema avalara ese tratado, al que se oponían a sangre y fuego. Quien fuera al lugarteniente, Jhon Jairo Velásquez, Popeye, es una de esas fuentes; otras han sido Virginia Vallejo, amante del narco, o el jefe paramilitar Carlos Castaño. La pregunta sigue en el aire, pues no hay pruebas ni es claro que una atrocidad de ese tipo tuviera el efecto esperado. Lo más cercano a una respuesta, de acuerdo con una Comisión de la Verdad conformada por las altas cortes en 2005 para esclarecer los hechos del Palacio, es señalar esta como una hipótesis probable. “Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, se lee en su informe final.
Un tercer interrogante es hasta dónde los militares asumieron el poder real durante esas horas. El entonces ministro de Justicia, el político liberal Enrique Parejo, argumentó que se dio un vacío de poder, en el que fueron los generales quienes decidieron qué hacer. Pero su entonces colega de Gobierno, Jaime Castro, publicó un libro dedicado a argumentar que no hubo tal, y que la decisión de responder con la fuerza vino de Betancur y su Gobierno, que temía que darle juego a los guerrilleros hubiera llevado a que estos lograran un levantamiento popular y se tomaran el poder.
El cuarto interrogante gira alrededor de la responsabilidad por cada asesinato, cada desaparición, cada decisión en las más de 27 horas de combates e incendios. Investigadores, periodistas e interesados se han topado con todo tipo de problemas para encontrar pruebas suficientes de lo ocurrido. En algunos casos, los testigos dan versiones encontradas; en otros, los testigos han muerto -esos días, o en las cuatro décadas que han pasado-; en unos más, la falta de pruebas de balística o la manipulación del Palacio por policías y militares antes de que llegaran los funcionarios judiciales impide tener las suficientes pruebas técnicas.
Quizás la más significativa de las preguntas sin respuesta, que va de lo judicial a lo político, es si los militares sabían que el M-19 iba a hacer el ataque y lo permitieron, para así poder golpear con fuerza al M-19 en lo que algunos han llamado “operación ratonera”. Aunque los generales lo han negado de forma reiterada, los tres magistrados que lideraron entre 2005 y 2010 una comisión para investigar los hechos, le dan crédito a la ida. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, se lee en su informe final. Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla señalan que el Ejército estaba “vejado en su dignidad” y “herido en su amor propio” por acciones pasadas de una guerrilla especialmente mediática. Otros han adicionado que los militares estaban molestos con el presidente, que había adelantado diálogos de paz sin consultarles y contra su opinión.
Lo más complejo, según la exministra Buitrago, es que las respuestas a esas preguntas han variado, dejando un legado de desconfianza y poca credibilidad, como cuando los militares negaron conocer el plan del M-19. Y eso mantiene vivas y abiertas las heridas.
elpais.com
Reportaje A Fondo
Virginia Laparra, exfiscal guatemalteca: “Fui a la cárcel por una persecución política contra mí”
Detenida en 2022 tras denunciar corrupción judicial, vive ahora en el exilio y denuncia una estrategia sistemática para silenciar a quienes luchan contra la impunidad
Virginia Laparra (Quetzaltenango, Guatemala, 45 años) luchó durante años contra la corrupción en su país. Miembro de la Fiscalía Especial contra la impunidad, una institución auspiciada por Naciones Unidas para investigar las redes corruptas en las altas esferas del poder, fue detenida en 2022 por denunciar a un juez que había filtrado información confidencial. La acusación le valió una condena de cuatro años de cárcel, de la que cumplió casi la mitad, en un proceso que Amnistía Internacional calificó de represalia política y que finalmente la empujó al exilio. “La experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable” e “iban a hacer todo lo posible para no dejarme salir jamás”, afirma durante una reciente entrevista en Madrid, en el marco de un viaje a Reino Unido para recoger el Sir Henry Brooke Award, un reconocimiento internacional a su labor como defensora de derechos humanos.
Pregunta. Desde el año 2000, decenas de funcionarios del Poder Judicial se han exiliado de Guatemala. ¿Existe una persecución política contra los juristas?
P. Usted se exilió tras pasar dos años en la cárcel. ¿Cómo la detuvieron?
R. Tenía que viajar a Ciudad de Guatemala desde Quetzaltenango para una audiencia. Salí temprano de la oficina, pero me encontré con una escena propia de la captura de un narcotraficante: patrullas cruzadas, militares con armas largas y pasamontañas. Me estaban esperando y me dijeron que había una orden de detención contra mí.
P. ¿De qué la acusaban?
R. De haber denunciado administrativamente actos de corrupción cometidos por el juez Lesther Castellanos, que resultó ser efectivamente corrupto. Denunciar administrativamente a un juez no puede ser considerado un delito. Y lo hice, en 2017, porque había filtrado información confidencial de un caso de corrupción ya cerrado.
P. En su primera condena, a cuatro años de cárcel, Amnistía Internacional la consideró una prisionera de conciencia.
R. Fui a la cárcel por una persecución política contra mí, no por una causa jurídica. El fin era mandar un mensaje: que luchar contra la corrupción de alto nivel tiene consecuencias. Yo sabía que podía terminar en prisión, porque desde 2018 y hasta mi detención, sufrí años de hostigamiento constante con campañas de difamación contra mí y mensajes amenazantes en redes promovidos por el juez y la Fundación Contra el Terrorismo.
P. ¿Quiénes forman esta fundación?
R. La crearon militares con el fin de defender a personas acusadas de delitos de lesa humanidad, como al [exdictador Efraín] Ríos Montt.
P. ¿Qué ocurrió tras su detención?
R. Me llevaron a la capital [Ciudad de Guatemala] para mi audiencia [ante el juez] en una patrulla durante la madrugada. En el camino, uno de los agentes me dijo: “No sabemos si va a salir viva de ahí”. Más que amenaza, fue una advertencia de lo que sabían que podía pasarme en el sistema penitenciario. Me aconsejaron que hablara lo menos posible. Yo era la quinta de cinco fiscales que capturaron aquel mes. Pero mientras mis compañeras esperaron a su comparecencia ante el juez en un lugar habitual de detenciones, a mí me llevaron a una carceleta.
P. ¿Qué es exactamente?
R. Es donde llevan a los presos peligrosos y es como una jaula en la que no tienes ni espacio para pararte, porque hay demasiadas personas privadas de libertad. Me mantuvieron toda una noche y, cada vez que intentaba conciliar el sueño en el piso, me levantaban y me despabilaban. Después me ingresaron en la Cárcel Militar Mariscal Zavala y, tras unos días, con mis cuatro compañeras.
La exfiscal guatemalteca Virginia Laparra, en la sede de Madrid de Amnistía Internacional.
Álvaro García
P. Estuvo presa casi dos años.
R. Fui la primera de mis compañeras en recibir la condena y la última en salir. Pero todas nosotras nos negamos a aceptar los cargos que nos imputaban.
La experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable.
P. ¿Otras personas sí los aceptaron?
R. Sí, eran obligados a aceptar los cargos a cambio de dejarlos en libertad. Les decían que si no lo hacían terminarían como yo. Y no los juzgo, porque la experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable.
P. ¿Cómo le afectó?
R. En todos los sentidos. Si con el trato tan cruel que recibí en prisión yo no estoy muerta o [el periodista] José Rubén Zamora no está muerto es porque nos hemos aferrado a algún impulso para seguir viviendo. En mi caso, sobreviví porque mis hijas me hacían prometerles, cada que venían, que seguiría allí la próxima vez que pudieran regresar.
P. Pero su salud se deterioró.
R. Sí, fue degenerando considerablemente. El primer año me negaron totalmente la asistencia médica, y cuando por fin logré que me llevaran al hospital, tuvieron que operarme y quitarme la matriz. Después, me tuvieron que hacer otras cuatro operaciones de emergencia. No me dieron ni la posibilidad de recuperarme, porque tras la operación, me mandaban a la prisión. Pero, además, la estancia en prisión te afecta mucho emocionalmente cuando eres madre y no puedes seguir cuidando a tus hijos.
Nadie se exilia voluntariamente. Es lo último que te queda para poder defender tu vida
P. Otras cuatro mujeres fueron encarceladas con usted. ¿Había un ataque concreto contra las mujeres?
R. Es evidente, porque nosotras éramos más fáciles de encontrar. Tres teníamos hijos menores de edad y otra compañera estaba a cargo de sus papás. Nuestro rol familiar hacía más probable que no nos escondiéramos. Pero, además, nos fotografiaban en las audiencias y difundían nuestras imágenes en redes para difamarnos.
P. ¿En qué momento decidió exiliarse?
R. Tras salir bajo arresto domiciliario, me dediqué a litigar el segundo proceso abierto en mi contra. Me condenaron de nuevo en junio de 2024 a cinco años de prisión y tenían al menos otros cinco procesos abiertos contra mí en el Ministerio Público. Era evidente que en la próxima audiencia judicial iban a ordenar mi detención y que iban a hacer todo lo posible para no dejarme salir jamás.
P. ¿Cómo pudo salir?
R. Estaba en arresto domiciliario y no podía salir del país, pero lo hice. Tuve que dejar a mis hijas y ahora no puedo regresar a mi país. Nadie se exilia voluntariamente. Es lo último que te queda para poder defender tu vida.
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Reportaje A Fondo
La ONU alerta de «hambre récord» en Haití y asegura que las necesidades se disparan
EFE
Proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda
Puerto Príncipe.-El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas alertó este jueves de que la escalada de violencia, los desplazamientos, la inestabilidad económica y las interrupciones en la producción local de alimentos están provocando un «hambre récord» en Haití, con millones de personas en riesgo, lo que hace que las necesidades se disparen.
Según un comunicado de esta agencia de la ONU, el último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC en sus siglas en inglés) proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda.
De ellas, se prevé que poco más de dos millones afronte hambre en nivel de emergencia y que 8,400 personas encaren el nivel de catástrofe, el más crítico de inseguridad alimentaria con escasez extrema de alimentos, desnutrición aguda grave y riesgo de inanición.
Ante esta situación, el PMA y sus socios han extendido de forma significativa sus operaciones en Haití, alcanzando a más de 1.3 millones de personas en lo que va de año, de ellas un millón en marzo, lo que supone una cifra récord de ciudadanos asistidos en un solo mes, pero, advirtió la organización, «las necesidades superan los recursos disponibles».
Este 2025 esta agencia de Naciones Unidas ya ha suministrado 740,000 comidas calientes a más de 112,000 personas recientemente desplazadas, así como dinero en efectivo para alimentos y apoyo para prevenir la desnutrición infantil, además de haber conseguido acceder a zonas controladas por los grupos armados y entregar alimentos esenciales a comunidades de difícil acceso en Croix-des-Bouquets, Cité Soleil, Lower Delmas y La Saline.
«En este momento, luchamos para contener el hambre. Sin los inmensos esfuerzos que ya se están realizando, la situación sería mucho peor», dijo la directora de País del PMA en Haití, Wanja Kaaria.
Violencia extrema
«Para seguir el ritmo de la creciente crisis, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que brinde apoyo urgente; sobre todo, el país necesita paz», agregó Kaaria, quien afirmó que el PMA necesita urgentemente 53.7 millones de dólares para continuar sus operaciones vitales en Haití durante los próximos seis meses.
Haití vive una crisis multidimensional y una violencia extrema, en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en un 85 % bajo control de las bandas armadas.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSSM), liderada por Kenia y con el aval de la ONU, no ha conseguido resultados tangibles frente a esta violencia, que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares y convertirse en desplazadas.
- En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5,626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, según datos verificados por la ONU.
A finales de marzo pasado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó de que al menos 4,239 personas fueron asesinadas y 1,356 heridas en Haití entre julio y febrero pasados con armas que llegan ilegalmente del extranjero, pese al embargo de armamento impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.