Reportaje A Fondo
Flores, poder y secretos: la historia rota de Laura Sarabia y Armando Benedetti
El presidente Gustavo Petro despide a dos de sus colaboradores más cercanos por su implicación en un caso de escuchas ilegales y filtraciones a la prensa
Bogotá.- Esta es la historia de una mujer joven que no sabía qué hacer con su vida y de un hombre que hacía demasiadas cosas. El destino los juntó en una aventura de esas que solo pasan una vez. Una historia de jerarquías, de poder y de ambición que ha puesto a temblar al mismísimo Gobierno de Colombia. Este es el cuento breve de Armando Benedetti y Laura Sarabia, un binomio que se ganó el corazón de Gustavo Petro en la campaña y que ahora le ha provocado un incendio en Palacio.
Hace ocho años, Sarabia está desempleada. Tiene 21, no sabe bien qué rumbo tomar en la vida. La incertidumbre la ha sumido en un pozo oscuro. Venía de ser una de esas alumnas brillantes que de golpe se encuentra con que ahí fuera a nadie le importan tus matrículas de honor. Laura ha suspendido las pruebas de ingreso de las fuerzas armadas y no le han querido renovar su pasantía como administrativa en el ministerio de Defensa. Casi pierde la fe. Pero no deja de leer la Biblia ni de asistir a la Iglesia cristiana. En el culto, una amiga le recomienda que vaya en busca de trabajo al partido de la U, el del pulcro Juan Manuel Santos, entonces el presidente.
Benedetti había militado en el uribismo, el santismo y ahora está dispuesto a agarrar la siguiente ola que lo lleve hasta la orilla. En un momento de clarividencia, deja todo atrás y se une al líder de la izquierda Gustavo Petro. Es noviembre de 2020. Está seguro de que ese hombre con pinta de despistado va a ser el próximo presidente de Colombia y no quiere quedarse fuera. Petro había fracasado en sus dos intentos anteriores, pero algo le dice a Benedetti que su tiempo ha llegado. Con él, por supuesto, se lleva a Sarabia. Benedetti guía a Petro por todo el país en busca de votos, Laura les organiza los viajes, la agenda, el almuerzo, el hotel, los aviones. Es buen momento para mencionar que, en medio de la frenética campaña, a los hijos de Benedetti los cuida Marelbys Meza, una persona que entrará en escena más adelante.
Un día, mientras cruzan Colombia a bordo del Super King Air 300, Benedetti mira a Petro, recostado a su derecha en un asiento de cuero beige:
—La única forma de evitar que este man sea presidente de Colombia —entona con tono dramático— es tirando este avión.
Ella se queda embarazada en mitad de la campaña, pero eso no cambia nada. Sigue haciendo todo por teléfono. Sarabia trabaja para Benedetti, pero poco a poco va ocupándose cada vez más de Petro. Si el candidato duerme una siesta, ella es quien lo llama para se levante, se lave los dientes y vaya al próximo mitin.
Laura Sarabia, 29 años, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, durante una entrevista en el Palacio de Nariño, en Bogotá, Colombia, el 12 de mayo de 2023.SANTIAGO MESA
Cuando Petro gana las elecciones, el trío que habían conformado parece destinado a resquebrajarse. Empieza el tiempo de las decenas de asesores, los ministros, los escoltas, la vida truculenta en Palacio. Benedetti quiere un puesto cercano al presidente, uno que le permita continuar guiando a Petro en los vericuetos del poder. Sin embargo, arrastra varios procesos judiciales que hacen dudar al presidente. Lo estima mucho, pero cree un riesgo tenerlo en primera línea. Así que decide ponerlo en un cargo relevante, el de embajador en Venezuela. De esa decisión participa también la primera dama, Verónica Alcocer.
Se trata de una forma de tenerlo cerca, pero lejos. Ni con él ni sin él. Una decisión salomónica. Benedetti se lo toma como un exilio, pero lo acata. Ahora se encargará de restablecer las relaciones con el chavismo y de departir con Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez. No es poca cosa. Sarabia está convencida de que va a seguir a Benedetti hasta Caracas, pero Petro la llama para que ocupe el cargo más cercano posible, el de secretaria personal. Benedetti, lejos; Laura, cerca, en el despacho de al lado, a diez pasos uno del otro. La pupila ha superado al mentor. Su tarea viene a ser una extensión de lo que había hecho en campaña. Levantar de la cama a un hombre que no madruga, conducir a las citas a un señor que no tiene noción del tiempo y después resumirle la actualidad mientras él está enfrascado en alguna discusión en Twitter.
A Benedetti nunca llega a gustarle su lugar en el Gobierno que ayudó a crear. Él, que quería ser ministro, se siente desterrado en Caracas. Sarabia, en cambio, amplía su hueco en el centro del poder. Su nombre empieza a sonar a todas horas, su cuerpo menudo aparece en todas las fotos del presidente como si fuera su sombra. Esa mujer tan joven y sin pasado político empieza a llamar la atención de algunos ministros. Mientras a ellos los obligan a dejar sus teléfonos fuera de los Consejos, Sarabia teclea en su celular durante las reuniones. Solo ella tiene esa bula. Se convierte así en la persona más cercana al presidente.
El Gobierno parecer rodar solo durante los primeros meses. La novedad entusiasma a buena parte del país. Pero con el tiempo llegan las primeras crisis. Benedetti, que conoce bien el Congreso, donde se le atascan las reformas a Petro, cree saber lo que necesita el presidente para conseguir votos y lealtades en otros partidos. Llama asiduamente a Sarabia, con quien tiene una gran confianza. Le dice que las cosas se están haciendo mal. Eso lleva también a que las discusiones sean más fuertes y suban de decibelios.
Una de las primeras grietas entre ellos surge por el canciller, Álvaro Leyva, un hombre de 80 años que quiere controlar con celo su espacio. No parece muy feliz de que Benedetti se encargue de las relaciones con Venezuela. Desconfía de él. La cancillería empieza a mirar con lupa los viajes del embajador, que va asiduamente a Colombia. Empieza una guerra sorda que ha durado hasta el final. Sarabia le pide a Benedetti que no se ausente tanto de Caracas y este se lo toma mal, como si ella hubiera tomado partido. Con las semanas no se arreglan las cosas. Petro visita por sorpresa Caracas para verse con Maduro, pero Benedetti es de los últimos en enterarse. Le informan terceros. Se lo toma de forma personal, le parece un insulto. Considera que Sarabia, que ha trabajado siete años con él, le debe algo de lealtad.
En paralelo, se atascan las reformas en el Congreso. Benedetti, una de esas personas que siempre tienen contactos en todas partes, llama a Sarabia y discuten sobre la manera en la que se está gobernando. Las conversaciones son agrias, aunque suelen acabar en reconciliación. Un día se gritan, otro se hablan de forma amorosa. El día de la madre, Benedetti le manda flores.
Pero eso no frena nada, muy al contrario. El embajador se siente cada vez más amenazado por Laura, de la que cree que se ha aliado con la magistrada Cristina Lombana, de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para reabrirle uno de sus casos. Eso le llega por terceros, y Benedetti le da credibilidad. Al teléfono, se muestra paranoico. Jura que Sarabia le ha interceptado las comunicaciones -no hay ninguna prueba que demuestre que es así-. Cada vez que ella le hace ver que sabe más de lo que él piensa, Benedetti se dice a sí mismo: “Me ha chuzado”.
Con el paso de los meses, la impaciencia va a más. Considera que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en Venezuela, al menos todo lo que puede darle brillo. Las relaciones bilaterales se han restablecido y Petro y Maduro se han reunido varias veces. Quiere volver a Bogotá como ministro. Petro trata de buscarle un hueco y le ofrece ser súper ministro, una figura que actualmente no existe pero que ya se había usado en otros gobiernos. A Benedetti le encanta la idea. Los detalles los hablaría con Sarabia. Algunas versiones contrastan en este punto. Hay quien dice que Sarabia no quiere que Benedetti regrese porque teme que ocupe su rol; otros que Sarabia está de acuerdo, pero que el presidente lo frena.
El gran escándalo
Colombia vive esos días pendiente de otra historia de intriga. Cuatro niños indígenas han sobrevivido a un accidente de avioneta y están perdidos en la selva. El país espera -todavía no han aparecido- un rescate con final feliz. Los desencuentros entre las dos personas más cercanas al presidente aún son material doméstico. Pero algo empieza a torcerse en Palacio. Como todo relato de suspense, este comienza a cuentagotas. La revista Semana, acostumbrada a captar la atención de los sábados con sus portadas, lleva a su primera página a Marelbys Meza, la niñera que cuidaba en campaña de los hijos del embajador. El titular dice: “Me sentí secuestrada”.
Meza trabajaba entonces cuidando al primer hijo de Sarabia. De casa de los Benedetti había salido acusada de un robo, señalada por un poligrafista privado. La Mary, como la llaman ellos, fue despedida. Sarabia conoce estos hechos, pero aún así la contrata y la historia vuelve a repetirse. Del apartamento de la alta funcionaria desaparece un dinero en efectivo en el mes de enero. Sarabia denuncia ante la Fiscalía el robo de 7.000 dólares, pero su equipo de seguridad decide someter a su entorno a un polígrafo en el Palacio de Nariño. Meza tropieza en la misma prueba, aunque hay que recordar que la fiabilidad de esas máquinas es dudosa. Ahí es donde dice que se sintió secuestrada y maltratada.
El país se pasa cuatro días hablando de Meza, Sarabia y el polígrafo. Benedetti está al margen hasta que el periodista Daniel Coronell lo mete de lleno en la trama. Antes de ser portada de la revista, La Mary hizo un viaje asombroso. Despedida ya de casa de Sarabia, Benedetti volvió a confiarle el cuidado de sus hijos y se la llevó a Caracas en un vuelo privado para pasar una semana. Solo ellos pueden saber de qué hablaron en ese tiempo. El día que los dos regresan a Colombia, la niñera se pone delante de las cámaras de Semana en los alrededores del Palacio presidencial. Colérico por las nuevas informaciones que lo involucran, Benedetti niega haber tenido nada que ver en ese asunto, dice que Meza lo hizo por iniciativa propia. Entonces suelta la bomba que acabará con la salida de ambos del Gobierno.
El miércoles pasado, el político publica un hilo de Twitter incendiario. En él asegura que Sarabia le pidió ayuda para frenar la publicación de la entrevista y dice que la funcionaria temía que se conociera que en su casa había dinero en efectivo. También desliza que ella habría intervenido el teléfono de la niñera. Del polígrafo se pasa a las escuchas ilegales.
El presidente Gustavo Petro, junto a su jefe de gabinete, Laura Sarabia, en la reunión con la delegación de congresistas estadounidenses que lidera el demócrata Bob Méndez, el martes en Bogotá. GOBIERNO DE COLOMBIA
La denuncia velada llega como un ángel caído del cielo a una Fiscalía siempre al acecho del presidente. El fiscal Francisco Barbosa, propuesto por la administración anterior, siempre parece dispuesto a dar los últimos coletazos en su puesto a lo grande. Su oposición a Petro es total y entra en este caso como si acabara de descubrir el Watergate.
El día después de los tuits del embajador hay un silencio incómodo en el Gobierno. Petro, recién llegado de Brasil, debía reunirse con Sarabia y Benedetti para tratar de frenar el caos, pero pasan las horas y nadie sabe nada del presidente. El vacío lo llena Barbosa, con una rueda de prensa en la que dice cosas como que el haber intervenido el teléfono de la niñera es el peor caso contra los derechos humanos que se produce en Colombia en años. Por momentos, hasta se le escapa la risa. Promete ir hasta el final en su investigación y llamar a declarar a Sarabia y Benedetti. La situación es insostenible para el presidente. Esa noche del jueves se reúnen los tres, como tantas otras veces habían hecho, pero ahora la tensión se corta. En esas horas se escuchan lágrimas y gritos.
Petro aparece públicamente el viernes en un acto militar, posiblemente los ascensos del ejército con más audiencia de la historia. Pasa un rato hablando de lo propio cuando suelta el veredicto: “Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno”. El triángulo de poder se rompe. Petro le dedica palabras de cariño a Laura; a Armando ni lo menciona. Los dos se van a su casa y el presidente se queda solo. Los que han estado cerca dicen que a diferencia de otros gobiernos, en el de Petro casi nunca se ve ni escucha a nadie por los pasillos de Palacio. El presidente ha perdido mucho en estos seis días. De entrada busca a alguien que sepa organizarle la vida.
El recorte de financiación para abogados que representen a menores no acompañados obligará a miles de ellos, desde bebés a adolescentes, a enfrentarse solos ante jueces y procesos legales complejos
Una joven de 12 años logró llegar a Estados Unidos luego de sufrir tráfico laboral y abusos desde que tenía cinco años; abogados buscan un beneficio migratorio para ella. Un niño sordo y autista fue secuestrado de camino a Estados Unidos; casi un año después, su madre logró rescatarlo y activistas le ayudaron a obtener documentos para quedarse en el país. En ambos casos, narrados por organizaciones, sin la ayuda de abogados de inmigración, los menores hubieran terminado deportados o, por desconocimiento, sin acceso a permisos de permanencia legal.
A partir de este viernes, miles de menores migrantes en EE UU, desde bebés hasta adolescentes, corren el riesgo de perder la asistencia de abogados que les han apoyado por años en sus casos. Ese día expiran los contratos que habían sido financiados desde 2003 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para apoyar a una red nacional de 100 organizaciones que brindan servicios legales a niños no acompañados (que llegaron sin sus padres o representantes legales) o que están en custodia migratoria. Se agudiza una crisis ya existente: en noviembre de 2025, el HHS retuvo más de 65 millones de dólares en fondos aprobados previamente por congresistas de ambos partidos. Sin ese dinero, las organizaciones se han visto obligadas a rechazar a nuevos clientes o simplemente a reducir ―y cerrar― sus operaciones.
“No sabemos qué va a pasar el primero de agosto porque el gobierno no nos ha informado el plan de transición para los 20.000 niños que tienen representación bajo este contrato”, explica Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, una organización sin fines de lucro que recibía los fondos gubernamentales y los asignaba a más instituciones que ―como ellos― están dedicadas a la defensa de los menores. “Va a depender realmente de si los abogados tienen un financiamiento alternativo que les permita continuar”.
Aber cuenta que unas 30 organizaciones de la red están operando bajo una realidad financiera “complicada”. La situación, narra, obliga a muchos abogados a tener conversaciones “difíciles” con los niños sobre la posibilidad de que no puedan seguir representándolos. Son menores con solicitudes de asilo, peticiones de estatus de protección juvenil (porque fueron abandonados por uno o ambos padres) o víctimas de tráfico, todos beneficios complejos de pelear sin representación legal y que Donald Trump ha endurecido desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025.
Ante la situación que está por venir para las organizaciones, a inicios de julio se conoció que el Departamento de Justicia pidió a la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas ―una agencia estatal para la defensa de casos criminales de residentes de bajos recursos― que le apoyara en la representación de menores migrantes en proceso de deportación. La Comisión confirmó a EL PAÍS que había recibido la propuesta, pero no precisó si la aceptaría. Según un reporte del diario The Texas Tribune, el director ejecutivo de esta comisión respondió al Departamento de Justicia que la defensa de menores no acompañados está fuera de la experiencia y alcance de su organización.
A diferencia de las cortes criminales, las de inmigración no tienen el deber de garantizar la representación de un abogado, ni siquiera a los menores de edad. Sin embargo, las organizaciones denuncian que no puede hablarse del debido proceso si los niños y adolescentes no entienden el sistema que enfrentan, las penalidades, los términos usados y sus consecuencias.
“Es coercitivo y traumatizante”
Las organizaciones hacen hincapié en los riesgos que corren los menores cuando son presentados en las cortes o son interrogados por funcionarios sin la presencia de abogados.
Un niño en custodia federal fue interrogado durante horas por funcionarios del gobierno. “Le decían que iba a quedar atrapado en detención, que sus familiares iban a ser detenidos y que no tenía derecho a acceder a un asilo”, cuenta Alexa Sendukas, una de las abogadas al frente del Programa de Niños y Jóvenes Migrantes del Proyecto de Representación al Inmigrante Galveston-Houston (GHIRP), al revivir la historia de uno de los menores que representan.
“Para un niño que llega de un viaje desde otro país, a menudo un viaje muy difícil y muchas veces bajo situaciones traumáticas, esto va a hacer que se rindan y regresen porque piensan que esa es su única opción, pero no lo es. La ley dice que tienen derechos, pero esos derechos no se están respetando”, dice Sendukas al catalogar el proceder de los funcionarios como “coercitivo y traumatizante”.
En un caso similar, la abogada principal del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, Marie Silver, reveló en una declaración jurada ante una corte en noviembre de 2025 que, al revisar los documentos de un menor no acompañado en custodia, halló una carta que nunca había visto. En ella, las autoridades explicaban al niño que quien aceptara regresar voluntariamente a su país en las siguientes 72 horas, “todavía tendrá la oportunidad de solicitar una visa… en el futuro”. Pero que quien eligiera tener una audiencia ante un juez de inmigración, o quien indicara que tenía miedo de regresar a su país, quedaría bajo custodia federal “por un período prolongado” o expondría a la detención y deportación a sus guardianes o padres. En una decisión de abril de 2026, un juez federal prohibió expresamente a los agentes volver a presentar esta carta.
GHIRP también representa a menores no acompañados que habían sido liberados de la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, la agencia que acoge a los niños que cruzan la frontera sin padres o representantes legales). Algunos de estos niños han sido detenidos nuevamente y reenviados a estos albergues; en esos casos, sus familiares o guardianes han sido obligados a demostrar otra vez a las autoridades la relación con el niño. “Les dicen que esa misma persona tiene que proporcionar pruebas y pasar por un montón de trámites para recuperarlos, aunque ya habían sido aprobados como patrocinadores”, explica Sendukas.
Entre sus representados, GHIRP también ha encontrado a menores multados por entrar al país por puntos no autorizados de la frontera o por no tener estatus legal. Les dicen que tienen 30 días para apelar el castigo. Es parte de una sección de la mega ley tributaria firmada por Trump en julio de 2025 y que establece el pago de 5.000 dólares para cualquier extranjero que sea detenido en la frontera. Esta multa ―impuesta por la Patrulla Fronteriza― ha sido reportada por abogados de niños en custodia federal en Michigan, Nueva York y en Texas al menos desde septiembre de 2025.
“No tienen dinero. No tienen manera de pagar una multa al Gobierno de Estados Unidos. La mayoría ni siquiera sabe lo que es. No tienen idea de que este papeleo está en su expediente. Somos nosotros o los trabajadores sociales del albergue los que decimos: ‘Encontramos esto en el expediente del niño”, señala Sendukas. La abogada asegura que en la mayoría de los casos las apelaciones por estas multas han sido negadas.
Ella cuenta además que hay un grupo de menores que está siendo detenidos con más frecuencia por agentes de inmigración: adolescentes que ya vivían en Estados Unidos pero que fueron separados de sus familias y, por tanto, no entran en la categoría de menores no acompañados.
“Los sacan de sus escuelas, de sus comunidades y los envían a estas instalaciones de ORR. Muchas veces sus familias no saben qué pasó con ellos, les toma días encontrarlos de nuevo y, una vez que saben dónde están, les toca proveer cantidades de papeles, evidencias, pasar por chequeos de antecedentes, poner huellas, pruebas de ADN para demostrar que son sus cuidadores, cuando ya vivían con ellos y estaban bajo su cuidado porque son sus padres biológicos”, explica Sendukas. Uno de los casos que representan es el de una niña que repartía volantes con su padrastro. Ambos fueron detenidos y la madre tiene más de 200 días intentando recuperar la custodia de la menor.
EL PAÍS consultó al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sobre las condiciones de los menores en su custodia y cómo proveerán asistencia legal una vez que terminen estos contratos. No respondieron.
Para el año fiscal 2025, ORR muestra en su página que recibió a 22.833 menores no acompañados referidos desde el Departamento de Seguridad Nacional. Durante ese año, el tiempo promedio de permanencia en custodia federal era de 117 días, más del triple que el año anterior. Sendukas dice que han tenido que hacer peticiones de habeas corpus para liberar a niños que han estado en custodia de ORR por más de 300 días. Shaina Aber habla de hasta 500 días y asegura que en el pasado ―incluso en el primer Gobierno de Trump― no superaba los 70 días.
La abogada de GHIRP cuenta que han visto casos de niños que se sienten optimistas, pero que con los días desarrollan una ansiedad, depresión y pérdida de la esperanza tan profunda que los lleva a pensar en abandonar sus casos.
Shaina coincide con Sendukas: “La salud mental de estos niños se está deteriorando. Bajo un ambiente coercitivo, les están pidiendo tomar decisiones que pueden tener consecuencias para sus vidas”.
El peor escenario
La deuda del gobierno con las organizaciones que defienden pro bono a menores no acompañados es de 65 millones de dólares, una cifra difícil de recaudar de forma independiente. El pago de estos fondos federales está siendo peleado en cortes, pero no habrá una decisión antes de este viernes, así que las organizaciones involucradas en el litigio llevan meses buscando alternativas para continuar operando.
La ONG Estrella del Paso, basada en la fronteriza ciudad de El Paso, en Texas, es una de las afectadas. Su directora ejecutiva, Melissa López, cuenta que desde el 17 de julio decidieron no aceptar nuevos casos; representan a 250 menores no acompañados. Por ahora, han estado trabajando semana a semana, y para cubrir los sueldos y gastos corrientes han usado fondos que tenían guardados. Están en busca de financiamiento para mantener los servicios al menos por unos meses. La deuda del Gobierno federal con ellos es de casi un millón de dólares.
“Nos ha tomado 20 años aprender cómo hablar con los niños para que se sientan a gusto aunque hayan pasado por un trauma”, apunta. “La pérdida de los fondos viene con la pérdida de atención a los niños y también la pérdida de un talento muy grande y específico en esta área de la ley”.
GHIRP está en una situación similar: el Gobierno federal les debe más de un millón de dólares. Sendukas asegura que, aunque buscan fondos independientes, es casi imposible conseguir un donante que pueda cubrir ese déficit tan elevado: “Haremos lo que podamos para mantenernos en la lucha y al lado de nuestros clientes”.
La abogada lamenta que la capacidad operativa haya sido mermada en momentos en que las autoridades migratorias están acelerando procesos migratorios como el asilo. Para el mes que viene, justo cuando ya no tendrán recursos federales, las autoridades fijaron 35 entrevistas de asilo con los menores a los que representan: son aproximadamente tres años de solicitudes de varios abogados reactivadas y comprimidas en un período de dos semanas. Ellos los acompañarán.
Sendukas nunca había visto una arremetida similar: “Es un esfuerzo muy coordinado, involucrando a múltiples agencias, para privar a estos niños del acceso a un abogado pro bono, para quitarles su derecho al debido proceso que la ley les otorga y para meterlos en la maquinaria de deportación”, sostiene. “Es un proceso que casi garantiza que el resultado para estos niños será una orden de deportación”.
elpais.com
Reportaje A Fondo
“Estamos sobreviviendo”: las redadas asestan un golpe fuerte y persistente a los negocios hispanos en Los Ángeles
En nueve corredores comerciales frecuentados por migrantes en esa ciudad hubo pérdidas de casi 3,2 millones de dólares en 2025 debido a la agresiva ofensiva migratoria de Trump, revela un estudio de UCLA
La irrupción de decenas de agentes migratorios, lanzados a la caza de migrantes indocumentados, vació las calles de Pico Rivera, California. En junio de 2025 los vecinos de este suburbio al este de Los Ángeles comenzaron a acostumbrarse a una escena hasta entonces impensable: caravanas de camionetas blancas con franjas verdes recorriendo sus avenidas una y otra vez. La Patrulla Fronteriza había puesto la mira en una ciudad santuario para migrantes con el propósito de enviar un mensaje de fuerza y anticipar lo que vendría después en otras comunidades del país. En uno de esos operativos, varios agentes se detuvieron frente a una llantera cercana al bulevar Rosemead e intentaron detener a sus trabajadores. Alguien transmitió la redada en Facebook Live y el video se viralizó de inmediato. Fue el acabose para los negocios cercanos.
“De ahí fue bajando, bajando, bajando. No nos hemos podido recuperar”, lamenta Roberto Godínez, propietario de una tienda de autoservicio donde las ventas dependen, sobre todo, del agua purificada, las cervezas y las frituras. “Estamos sobreviviendo, como si estuviéramos en una crisis económica. De vender 3.500 dólares al día ahora apenas llegamos a 1.400 dólares. Apenas sale para cubrir el sueldo de los trabajadores”. Godínez, un inmigrante originario de Jalisco que ha pasado en este lado de la frontera la mayor cantidad de sus 65 años de vida, confiaba que la Copa del Mundo diera un respiro a sus finanzas. El torneo, sin embargo, transcurrió durante 39 días sin alterar el desánimo que se instaló en el vecindario tras las redadas. “La gente no sale ni a comprar cervezas”, dice.
Lo ocurrido con este pequeño negocio durante el arranque de la ofensiva migratoria de la Administración de Donald Trump no es un caso aislado. Su historia resume la de cientos de comercios hispanos en esta zona metropolitana, golpeados por el miedo que sembraron las redadas. Un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluye que el incremento de las redadas provocó lo que define como “una perturbación económica inmediata y duradera” en los corredores comerciales latinos del condado. Tan solo en las dos primeras semanas de junio de 2025, estos establecimientos recibieron 46.000 visitas menos, una caída que se tradujo en pérdidas estimadas en casi 3,2 millones de dólares. Incluso un año después, muchos de sus propietarios siguen esperando una recuperación que no termina de llegar.
Golpes al bolsillo y la salud
El estudio se centró en 75 empresarios latinos con negocios repartidos en nueve corredores comerciales frecuentados por inmigrantes hispanos, entre ellos Huntington Park, Whittier, Westlake, Pacoima y el Distrito de la Moda. Los investigadores de UCLA documentaron el impacto incluso en el flujo peatonal, que cayó de forma generalizada en los días posteriores al inicio de las redadas.
El 59% de los entrevistados reportó desplomes de ingresos superiores al 50%, mientras que la mitad aseguró que algunos de sus empleados dejaron de acudir a trabajar por miedo a ser detenidos por agentes migratorios. Como consecuencia, siete de cada diez establecimientos redujeron su horario de atención o cerraron temporalmente. Muchos comerciantes afirmaron que las ventas apenas alcanzaban para cubrir los gastos operativos y, en ocasiones, ni siquiera eso. Este año el panorama apenas ha cambiado: el 95% reconoció que seguía enfrentando dificultades financieras debido a la ausencia de clientes. El impacto también ha sido personal. El 76% de estos empresarios dijo haber sufrido un deterioro emocional que terminó afectando su salud.
“Un año después, muchos dueños de negocios siguen en una situación de vulnerabilidad financiera. El miedo, la incertidumbre y la presión económica continúan deteriorando su salud y bienestar”, señaló en un comunicado Amada Armenta, coautora del informe y directora del Instituto de Políticas y Política Latina (LPPI) de UCLA. “La pérdida de clientes afectó a negocios de distintos sectores y tamaños, independientemente del estatus migratorio de sus propietarios”.
Uno de los corredores analizados fue el bulevar Pacific, en Huntington Park, uno de los municipios con mayor concentración de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Desde el verano pasado, los letreros de “Se renta” se han multiplicado en los escaparates de los locales vacíos. Solo las victorias de la selección mexicana durante el Mundial devolvieron por unas horas el bullicio a sus calles, como en los tiempos de mayor prosperidad. Fueron, sin embargo, destellos efímeros.
“Pequeñas empresas y corredores comerciales han quedado vacíos, mientras los propietarios y trabajadores luchan por salir adelante y las familias sufren”, dijo Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action, que colaboró en el estudio. “Esta investigación pone de relieve el terrible impacto de estas políticas y ofrece a los miembros de nuestra comunidad una plataforma para compartir su verdad”.
16,000 detenidos en Los Ángeles
El mayor despliegue de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se centró en Los Ángeles el verano de 2025 y continuó hasta enero del año siguiente. Durante meses se hicieron habituales en las redes sociales los videos de agentes federales persiguiendo a jornaleros, albañiles, vendedores ambulantes y jardineros en estacionamientos, gasolineras y calles de barrios latinos. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, más de 16.000 inmigrantes han sido detenidos en esta zona metropolitana, más del triple que durante los últimos años de la Administración de Joe Biden, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las cifras oficiales muestran que el 52% de los detenidos nació en México y que su edad promedio era de 41 años. La inmensa mayoría (el 87%) eran hombres y el 39% carecía de antecedentes penales.
Muchos fueron trasladados al centro de detención de Adelanto, una prisión migratoria privada situada en el desierto de Mojave, a unos 150 kilómetros de Los Ángeles. El centro acumula desde hace años denuncias por presuntos malos tratos, negligencia médica, alimentación deficiente e incluso por el suministro de agua sucia a los detenidos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca han muerto allí cuatro ciudadanos mexicanos. Un informe publicado recientemente por el Departamento de Justicia de California, elaborado a partir de inspecciones en cárceles del ICE en el Estado, muestra además el drástico aumento de la población recluida: de apenas siete personas bajo custodia en noviembre de 2023 a 1.570 en julio de 2025.
La Administración Trump, sin embargo, rechaza que su estrategia de deportaciones masivas haya perjudicado a la economía local. “Seamos claros: si existiera alguna correlación entre la inmigración ilegal desenfrenada y una buena economía, Biden habría tenido una economía en auge”, afirmó el DHS en una respuesta escrita enviada a EL PAÍS. La agencia sostiene que, a su parecer, las detenciones y deportaciones “hacen que las comunidades sean más seguras para los dueños de negocios y sus clientes”.
“Sé que habrá un cambio”
Arturo Aguilar abrió el restaurante El Valle Oaxaqueño, en el oeste de Los Ángeles, en el año 2000. Creía que su negocio ya había sobrevivido a las peores tormentas: la crisis hipotecaria de 2008 y la pandemia del COVID-19. Nunca imaginó que una campaña de deportaciones masivas pondría en jaque su establecimiento durante tantos meses. “Claro que nos pegó duro, tanto en las ventas como con los empleados, que tenían miedo de venir a trabajar. Los clientes dejaron de venir. El restaurante estaba vacío: dos o tres mesas ocupadas, y apenas un poco más los fines de semana”, recuerda.
El empresario atribuye este bache a lo que llama un “paquete” de factores. “Además de las redadas, la inflación subió el precio de los productos, subió el costo de la gasolina y, ya que aumentó el desempleo, también aparecieron más vendedores ambulantes. Eso nos afecta a todos. No estoy en contra de ellos, yo empecé así hace más de treinta años, pero se ponen en las esquinas, a veces frente a los negocios. No pagan renta, empleados, impuestos, nada. Al final se convierten en una competencia”.
Aguilar, un inmigrante oaxaqueño de 64 años que llegó a Estados Unidos en 1990, reconoce que haber diversificado sus inversiones le ha permitido amortiguar el golpe. Además del restaurante, es propietario de un mercado y una panadería. En conjunto, sus negocios generan cerca de 90 empleos. Mientras El Valle Oaxaqueño ha perdido hasta el 70% de su clientela, las otras empresas le han permitido mantenerse a flote. Él resume esa estrategia con una palabra muy mexicana: “campechanear”. Sus hijos ya se hicieron cargo de la operación cotidiana de los negocios y son ellos quienes hoy cargan con buena parte de las preocupaciones.
Aun así, Aguilar no pierde el optimismo. Confía en que las elecciones legislativas de medio mandato, en las que los demócratas buscarán recuperar el control de la Cámara de Representantes, marquen un punto de inflexión. “Tengo mucha esperanza y sé que habrá un cambio”, dice con emoción. “No falta mucho para verlo, tanto en la política migratoria como en la economía”.
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São Paulo.-Hace cuatro años Brasil eligió uno de los Congresos más conservadores de las últimas décadas. Un Parlamento de mayoría bolsonarista, dominado de nuevo por señores de tez blanca, traje, corbata y Biblia. Basta comparar el poder político de los religiosos al de las mujeres. Los escaños de la bancada evangélica duplican a los ocupados por legisladoras. Pese a haber tenido una presidenta, el porcentaje de diputadas en Brasil es menor que en cualquier otro país latinoamericano… Y menor que en Arabia Saudí. Pero en aquella misma elección los brasileños también eligieron por primera vez en la historia a dos diputadas transexuales: las izquierdistas Erika Hilton, 32 años, y Duda Salabert, 44 años.
Paradojas de un país que es al mismo tiempo paraíso e infierno para ese colectivo, porque en pocos rincones del mundo tiene tanta visibilidad, pero ninguno es tan letal (al menos 80 asesinatos en 2025).
La reciente elección de una de ellas, Hilton, como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer ha desatado una polémica formidable en torno a la diputada, la definición de mujer y la representatividad. “Siempre seré mujer”, contestó ella.
Con once votos a favor y diez en blanco, su designación fue saludada por sus aliadas de la izquierda parlamentaria como un paso más a favor de la inclusión en la política institucional. Toma el relevo al frente de la comisión de una parlamentaria indígena, también del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). La diputada Hilton también suele definirse como “una travesti negra, de la periferia”. Erika Santos Silva creció en una favela de Francisco Morato, una ciudad en la zona metropolitana de São Paulo.
En esta controversia, a la cuestión trans, que desgarra al feminismo en medio mundo, se le suman los componentes de raza y clase, una arraigada polarización, la toxicidad de las redes sociales y la cuenta atrás para unas elecciones muy reñidas.
Los más reaccionarios intentaron sabotear la designación con una campaña para la que se apropiaron del lema Ele, não (Él, no), con el que la izquierda intentó galvanizar en 2018 la oposición a que Jair Bolsonaro alcanzara el poder, y lo resignificaron como ofensa tránsfoba. Fracasaron. Una vez electa, los ultras atacaron sin piedad a la diputada Hilton al grito de que no es una mujer “de verdad” y, por tanto, carecería de legitimidad para el cargo. Otras voces combinaron la defensa de los derechos de los transexuales con el temor a que las cuestiones identitarias monopolicen el debate en la Comisión de la Mujer y los problemas cotidianos y acuciantes que atañen a las brasileñas de a pie acaben arrinconados o diluidos en una discusión ideológica.
La nueva presidenta de la comisión ha anunciado que su prioridad será fiscalizar la red de acogida de mujeres maltratadas (en un momento en que Brasil contabiliza cuatro feminicidios al día, más que nunca), luchar contra la violencia política de género y promover políticas de salud integral para las brasileñas.
Blanco de incontables ataques y bregada en frecuentes polémicas, la parlamentaria celebró el nombramiento como “una reparación de la historia para tantas mujeres a las que les negaron la dignidad”. Y a sus críticos los despachó con el estilo combativo que ha convertido en marca de la casa: “La opinión de transfóbicos e imbeCIS es loúltimoo que me importa”, tuiteó con esas mayúsculas, haciendo un juego de palabras en portugués con imbécil y cisgénero, las personas que se identifican con el género con el que nacieron.
Antes de saltar en 2022 al Congreso en Brasilia, Erika Hilton triunfó en las municipales de 2020 como la concejala más votada del país. Destaca entre sus señorías porque entra al embate directo, tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram y es objeto preferencial de ataques y amenazas de la derecha más radical. Y por su aspecto. Sí, tacones, vestidos ajustados y melena siempre impecable. Ella misma ha contado que de niña soñaba con ser presentadora o artista, y que decidió entrar en política al verse tirada en la calle, forzada a ganarse la vida con la prostitución, cuando era una cría de 14 años.
En una larga entrevista con el podcast Mano a mano contó que la misma madre que la crio con su abuela en un hogar donde tuvo la libertad ser tal y como se sentía abrazó un día el fundamentalismo religioso y la expulsó de casa. “De repente, era un demonio, un animal”. Ese dolor la impulsa y la acompañará siempre, aunque se haya reconciliado con su madre. “Queremos caminar con la cabeza erguida, vivir más allá de los 30 años y ser algo más que putas”, explicó en aquella entrevista.
Con un 18% de parlamentarias, los problemas de las mujeres brasileñas siempre han resultado bastante secundarios para el Parlamento. Por la presidencia de la Comisión de la Mujer ya han pasado diputadas de derechas, centro e izquierda, pero si un partido tan pequeño como el PSOL logra presidirla es porque no es ahí donde se libran las batallas políticas más relevantes para sus señorías. Un veterano observador del Congreso dice que la Comisión de la Mujer nunca, desde que fue creada en 2016, había concitado tanta atención.
Tanto Hilton como Salabert se han esforzado hacer política parlamentaria más allá de la defensa de los derechos LGTBQ+. Tienen estilos muy distintos, pero ambas son blanco preferencial de ataques derechistas, sea por su condición de mujeres, por ser transexuales o por sus propuestas. Mientras la primera centra su trabajo en cuestiones de derechos humanos o derechos laborales, como la ampliación de uno a dos días libres por semana, la segunda aborda esos asuntos además de cuestiones mediaombientales y educativas. Mientras a Hilton se la ve cómoda en la confrontación directa, Salabert, del Partido Democratico Trabalista ( PDT), de centro-izquierda, apuesta más por la conciliación.
Al hilo de la polémica, la parlamentaria Salabert ha criticado “la indignación selectiva” y recordado algunos hechos a los desmemoriados que ahora salen a defender a las mujeres: que Brasil ya tuvo una comisión municipal de la mujer integrada solo por hombres (en São Paulo, en 2024), partidos que usan candidatas femeninas fraudulentas para beneficiarse de las cuotas de género o que la dirección del Partido de la Mujer Brasileña es netamente masculina.
Todas las formaciones políticas calientan ya motores para las elecciones de octubre, de las que saldrán el presidente, los gobernadores y el Congreso. Las negociaciones para formar candidaturas y alianzas son intensas. Ni una sola mujer suena como candidata a la presidencia en unos comicios dominados por Lula y Bolsonaro hijo. Tampoco se espera ninguna revolución que propicie un desembarco de mujeres que coloque a Brasil en la parte alta de la tabla de la representación parlamentaria femenina, junto a países como México, Bolivia o Costa Rica, que rondan el 50%.
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