Santo Domingo, RD.-La empresa R&F Agroindustrial, imputada en el caso Coral, presentó su contrarréplica y defendió ante el tribunal sus acciones y rechazó las acusaciones que le hace el Ministerio Público al sargento de la Armada Dominicana.
La defensa del imputado Felipe Rodríguez, acusó al Ministerio Público de cobrar 38 mil dólares del alquiler de un invernadero propiedad de la empresa y no pagar el financiamiento en el Banco Agrícola.
Su abogado Plutarco Jáquez explicó ante la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que es deber del órgano persecutor seguir realizando los pagos a la entidad financiera para evitar que el inmueble sea embargado por incumplimientos de pagos.
Indicó que su cliente constantemente recibe notificaciones del banco con relación a qué si no ejecutan los pagos atrasados procederá a embargarlo.
Jáquez dijo el financiamiento del invernadero es muestra de que el imputado no obtuvo dinero del entramado de corrupción que supuestamente funcionaba a lo interno de los cuerpos castrenses y que fue desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
También hoy tocó a los abogados del imputado Guillermo de Jesús Torres Robiou, presentar su contrarréplica ante las acusaciones que le hace el Ministerio Público en el caso Coral.
El primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, es acusado de ser cómplice de su hermano Juan Carlos Torres Robiou de sustraer dinero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cuando éste último se desempeñaba como director de la institución.
Su abogado José Valdez Fernández explicó que de las 3,268 páginas de la acusación que hace el Ministerio Público al supuesto entramado de corrupción administrativa, “solamente una versa sobre él”.
“En una página está resumida la acusación y la calificación jurídica. De manera que es un absurdo el abuso que se ha cometido con ese ciudadano en este proceso”, manifestó el jurista.
Sostuvo que el órgano persecutor presentó 6 pruebas de las supuestas vinculaciones de Guillermo de Jesús, “en cambio nosotros depositamos 67 pruebas que justamente demuestran todo lo contrario”.
Este proceso judicial se encuentra en fase preliminar, cuya audiencia, que conoce la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuará el próximo viernes a las 9:00 de la mañana.
Imputaciones
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acusa a treinta personas y 18 empresas de formar parte del entramado de corrupción que funcionaba a lo interno de los cuerpos castrenses y que fue desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
El órgano acusador establece que los integrantes de la red Coral y Coral 5G movieron al menos 4,500 millones de pesos, y más de 2,000 millones fueron invertidos en bienes e inmuebles, explicó la procuradora de Corte Mirna Ortiz.
Al grupo se le imputa incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
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