Opinión
La súper-crisis capitalista y los cambios necesarios en nuestra América
Por Narciso Isa Conde
La reestructuración neoliberal, el proceso de contrarreforma que la caracterizó, al tiempo de acelerar el empobrecimiento de los pueblos de nuestra América, generó una intensa y prolongada resistencia popular que no tardó en convertirse en ofensiva.
El continente se convirtió en escenario de una ola de cambios políticos progresivos y luchas ascendentes, combinación de reformas avanzadas y reformas limitadas y procesos hacia la revolución o con vocación revolucionaria.
Una ola desigual, donde cambios de corte netamente reformistas coexisten con cambios de mayor profundidad estructural y perspectivas revolucionarias; siempre con la crisis mundial del capitalismo presente y constantemente agravada hasta devenir recientemente en una crisis general de gran escala, que tiende a emplazar a gobiernos de derecha y a gobiernos de izquierdas en términos diferentes.
A los de derecha porque afecta gravemente su gobernabilidad.
A los de izquierda, o simplemente progresistas, porque se le plantea el dilema de profundizar los cambios hacia la revolución o de correr el riesgo de ser desplazados por las derechas, en tanto una crisis como ésta, sin respuesta superadora desde su interior, erosionaría aceleradamente su popularidad.
Crisis y Revoluciones
Las grandes crisis no son sinónimo de revoluciones. Ellas pueden tener distintas salidas en función de la correlación de fuerzas. Son solo grandes oportunidades para actuar en uno u otro sentido.
Ahora bien, esta crisis, que es el producto acrecentado de múltiples crisis, no tiene salida superadora dentro del capitalismo, sino contra el capitalismo.
El capitalismo puede perdurar si no hay salida revolucionaria.
Pero perduraría en crisis, generando caos, produciendo barbarie, creando inestabilidad en gran escala y deteriorando mucho más la calidad de vida de un número cada vez mayor de seres humanos.
Así pasó con sus recientes crisis de sobreproducción, canalizadas hacia el militarismo, la financierización, el deterioro del medio ambiente, la precarización del trabajo…hasta crear una gran crisis de sub-producción, hasta destruir parte de su cultura productiva, hasta agotar sus posibilidades de recuperación.
Y ahora, llegado este punto alto de la crisis sistémica, con la confluencia de múltiples crisis (financiera, inmobiliaria, alimentaría, urbanística, institucional, tecnológica, medioambiental, de producción…) es totalmente ilusorio pretender volver a un modelo keynesiano, recomponer estructuras productivas, generar reformas sociales avanzadas…dentro del sistema dominante.
La crisis del neoliberalismo es la crisis de lo que parece ser el único capitalismo posible después de desmantelado el modelo keynesiano (cuando se tornó decadente), después de fraccionarse y de intentar sobrevivir por la vía de las privatizaciones, las des-regulaciones, las áreas de libre comercio, la financierización, las burbujas y las especulaciones.
Es tarde al parecer para volver atrás. Ese pasado también hizo crisis y por eso el keynesianismo solo se emplea a favor del complejo militar industrial, para los «salvatajes» financieros, para socorrer las empresas en quiebras y para intentar recuperar las economías privadas que se hunden.
Revolución o Barbarie
La dialéctica reforma-revolución ahora se convierte en la dialéctica revolución o barbarie. El capitalismo no tiene posibilidad alguna de detener la barbarie y el caos que ha engendrado. El socialismo se torna mucho más necesario y pertinente.
Es impensable hoy un capitalismo reformador social, distribuidor de ingresos, creador de espacios más democráticos. Su dinámica es inversa a todo eso, porque ha entrado en su fase senil o decadente.
La supervivencia del capitalismo es inseparable de la contrarreforma. En su contexto se han agotado las reformas avanzadas del pasado.
El impacto de la crisis mundial sobre los gobiernos de izquierda o progresista solo puede contrarrestarse radicalizando los cambios hacia la revolución y la socialización. Solo así pueden evitarse los retrocesos y la derechización, cuyos protagonistas se aprovecharían y se nutrirían del descontento popular generado por el impacto de la crisis mundial.
Porque administrar esta gran crisis del capitalismo desgasta, aumenta la vulnerabilidad frente a las derechas opositoras y equivale a una especie de suicidio, abriéndole paso a una barbarie mayor.
Esta crisis nos convoca a impedir que el gran capital privado y la burocracia sigan captando, controlando y apropiándose los excedentes.
Convoca a luchar por arrebatarles a los ricos sus grandes ganancias y fortunas, para emplear los excedentes a favor de los (as) pobres del planeta.
Convoca al combate por superar todas las modalidades de explotación, opresión y discriminación (de clase, géneros, etnias, generaciones…) que son funcionales al capitalismo y al boato de las elites que lo administran.
Convoca a crear fuerza, conciencia y organización a favor de un socialismo participativo, autogestionario, democrático…, de la justicia social y de las transiciones revolucionarias que conduzcan a esa meta.
Artículo original publicado en el periódico El Nacional
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.