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Reconocimiento del partido de nieto Trujillo no implica que él pueda ser candidato presidencial en 2024.
En cualquier país del mundo que adolezca de muy bajos niveles de institucionalidad puede ocurrir lo que nadie se pudiera imaginar.
Una las grandes falencias del sistema democrático dominicano es su baja institucionalidad, lo cual representa un peligro para la propia existencia de la nación.
Esa debilidad, que se expresa a todos los niveles, tanto en el sector público como en el privado, es un atentado diario en contra de un país que procura convertirse en un ejemplo, por lo menos entre las naciones del Caribe y de toda Latinoamérica.
Las amenazas son tantas que nadie sabe cuál puede ser más peligrosa para el país, pero la realidad es que no se entienden muchas de las cosas que se producen a diario en el escenario nacional.
Toda esta preocupación parte del hecho de que uno de los Trujillo sea capaz de presentar una propuesta electoral que, aunque habla de democracia, pero sus lemas están en el contexto de una simulada dictadura y con mucho parecido a la de su abuelo, que proyecta mucha bondad, pero que en realidad se trata de un trasfondo para esconder sus verdaderas intenciones, ya que es un personaje que además no tiene muy buena reputación.
Pero esta conceptualización cae en el marco de lo que se puede interpretar desde el punto de la semántica y de la semiótica, pero lo que sí se puede analizar con certeza es el detalle de que la solicitud de reconocimiento fue hecha el 20 de febrero de 2016 y en el año 2021 fue rechazada mediante la resolución 18-20 por alegadamente Ranfis Domínguez Trujillo no renunciar a su ciudadanía de los Estados Unidos y por no haber vivido diez años antes en el país como lo manda la Constitución de la República.
Entonces, lo que no se entiende cómo dos años después reúna las condiciones para ser reconocido como partido político, a menos de que se trate del otorgamiento de una personalidad jurídica sobre la base de lo que dice la Ley 33-18 para fines de reconocimiento de un partido político, lo cual no implica necesariamente que Ranfis Domínguez Trujillo esté habilitado legalmente para ser candidato presidencial en el 2024, ya que se trata de una exigencia que necesariamente no choca con lo que establece la Constitución para que una persona hija de dominicanos, pero nacido en el extranjero, reúna las condiciones para optar por ocupar la más alta posición pública de la nación, lo cual requiere de otra interpretación y decisión.
El debate en esta materia se centra en que habría que leer muy bien e interpretar la resolución 24-2023 de la Junta Central Electoral (JCE), porque una cosa no necesariamente implica la otra.
Cuando se trata de determinar el reconocimiento de un partido político por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) no implica ponderar al propio tiempo si el candidato presidencial que sea presentado en el futuro reúne las condiciones constitucionales, ya que se trata de dos asuntos muy diferentes.
De cualquiera manera que sea, el reconocimiento de un partido de uno de los miembros de la familia Trujillo, no deja de representar una amenaza para un país que simula tener grandes avances institucionales, pero que cualquiera que lo analice muy bien fácilmente llega a la conclusión de que se trata de un sistema democrático muy vulnerable y que puede caer con cierta facilidad en las garras de una dictadura como la del abuelo del aspirante presidencial de esa familia.
Todo ello es todavía más viable, porque en el país todo está tan corrompido hasta un nivel que da miedo, incluido el sistema de partidos, por lo que todo aquel que tenga la posibilidad de hacer grandes inversiones económicas puede alzarse con el santo y la limosna.
La aprobación del Partido de la Esperanza Democrática (PED), de Trujillo Domínguez, abre la posibilidad de que se presente una opción nueva en la contienda electoral que está a punto de iniciarse, pero ello no significa que pueda ser una candidatura presidencial de éste, porque no encaja o cumple con el mandato de la Carta Magna.
De ser así, tampoco queda disipada la amenaza de que en el país se pueda encamarar en el poder una propuesta electoral con una esencia trujillista y en consecuencia dictatorial.
Se advierte que si el reconocimiento es en función de lo que manda la 33-18, cuyos requerimientos son tener el dos por ciento de las firmas de la votación inmediatamente anterior al otorgamiento de la personalidad jurídica, tener un local en Santo Domingo o en el Distrito Nacional, entre otras exigencias, entonces la decisión no implica que se haya ponderado la parte correspondiente a la Constitución de la República que habla de los requisitos para que un hijo de dominicanos nacido en el extranjero pueda optar por la presidencia de la República.
El periódico Listín Diario ha podido establecer que la residencia en el país fue otorgada a Domínguez Trujillo el 23 de mayo de 1916, lo que indica que si se parte de que en esa misma fecha renunció a su ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos, entonces todavía no reúne las condiciones que establece el articulo 20 de la Constitución para estos casos.
Sin embargo, sin ambas cosas las inició al mismo tiempo entonces se podría hablar de que legalmente tendría el derecho de presentarse como candidato presidencial por su recién reconocido partido a partir del 2028, que es cuando se escogen en el país las nuevas autoridades nacionales, incluido el presidente de la República.
Si el reconocimiento implica darle esa facultad ahora a Domínguez Trujillo, entonces el país está frente a un asunto que debe ser debatido a través del Tribunal Constitucional que tendría la competencia para determinar si con la resolución de la JCE se viola la ley de leyes.
Las acciones para anular una decisión como esa son diversas, pero sí la opción fuera un recurso directo de inconstitucionalidad, la sentencia, a menos que el Tribunal Constitucional no recurra a la facultad que tiene para fallarlo con celeridad, se tarda varios años.
Pero también existe la Acción de Amparo Colectiva, figura jurídica que encaja frente a una decisión de la Junta Central Electoral que violente la Constitución de la República en el tema abordado en este trabajo.
Sólo falta esperar por los detalles de la resolución de la Junta Central Electoral, pero es probable que se trate del reconocimiento de un partido político a partir de lo que dispone la Ley 33-18 y no precisamente del mandato de la Constitución de la República en lo que respecta a los hijos de dominicanos nacidos en otros territorios, los cuales deben seguir los procedimientos preestablecidos y cuyas condiciones no parece reunir Ranfis Domínguez Trujillo.
De cualquier modo, la amenaza de que un Trujillo se presente como candidato presidencial en el país está ahí latente, sino en el 2024, en el 2028, tiempo en que no parece posible que la nación haya superado muchas de sus principales debilidades, como es, por ejemplo, el precario nivel de institucionalidad y la corrupción que ya es integral y transversal a todos los sectores que conforman la vida nacional, lo cual permitiría que la misma cale entre el votante dominicano, sobre todo porque ya sería una generación de jóvenes que no tienen la menor idea de lo que representó la dictadura del abuelo del aspirante para los pobladores de la República Dominicana.
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R.D. parte de fenómeno que replica precaria formación académica y vulgar negocio universitario.
Por Elba García
En la República Dominicana hay universidades por doquier, son licencias que se otorgan, principalmente por razones políticas, como las franquicias a los partidos políticos, a las emisoras de radio y a las estaciones de televisión, es decir, que se trata de un problema integral o general.
Sin embargo, Pese a que en las naciones del tercer mundo se abusa con el otorgamiento de licencias para operar a universidades que se forman sin las calificaciones que dispone la ley, el Ministerio de Educación Superior, al menos en la República Dominicana, no toma en cuenta el problema, dado que pesa más la politiquería que la fiscalización y supervisión de los centros de estudios superiores que no se ajustan a una filosofia de buena enseñanza, que en algunos casos pone en peligro la salud pública, cuando se trata de carreras como la Medicina, el Derecho o la Ingeniería, lo que representa una verdadera amenaza en contra del desarrollo nacional.
Los dominicanos deben verse en el espejo de los brasileños que tras un examen de evaluación por parte del Ministerio de Educación para medir la formación de los futuros médicos dio como resultado que un tercio de las licenciaturas de Medicina analizadas no preparan a los alumnos para ejercer la profesión en condiciones mínimas aceptables, lo que motivó la suspensión de un 25 por ciento del alumnado.
Los resultados son alarmantes y causan aprensión entre la ciudadanía, además de un debate sobre dos cuestiones, la facilidad para implantar facultades universitarias y como lograr médicos aceptablemente formados para atender en Brasil a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos, cuyo sistema de salud es inmenso.
El fenómeno, que obedece a la crisis que vive la mayoría de las naciones del tercer mundo, donde la fiscalización del Estado es prácticamente nula, sobre todo en educación, es encontrado en muchos otros lugares como la República Dominicana, donde cursar una carrera universitaria se inscribe más que en otra cosa en satisfacer una exigencia social que convierte en muy buen negocio las universidades con la venta de una enseñanza deficiente y pobre.
La proliferación de universidades, no sólo impacta la calidad de la educación, sino también el comportamiento ético de los egresados, quienes sólo toman en cuenta el mercado donde van a ejercer una carrera para la que no se han preparado lo suficientemente bien, cuyos resultados ponen en peligro la salud de la gente.
La modalidad de crear universidades vistas más como negocio que como instrumento para crear los técnicos que necesita el país para fines de mejorar su desarrollo, propicia una verdadera desgracia nacional que no es tan fácil revertirla.
El problema, por ejemplo, de la República Dominicana es que el asunto de las universidades no sólo tiene que ver con la poca formación de los profesionales que egresan, sino de los docentes de esos centros de estudios que todavía están necesitados de recibir adiestramiento o educación para cumplir bien con su rol.
La formación a troche y moche de médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales académicos plantea un problema más serio del que cualquiera puede pensar, porque si al cabo de los años el país cambiara o mejorara sus niveles de fiscalización, supervisión y de institucionalidad los profesionales que han egresado de la mayoría de las universidades serian desperdicios que no habría forma de enderezarlos, ya que ya están ajustados a una cultura de improvisación y de hacer lo que no se debe hacer.
Entonces, lo que ocurre en Brasil con el examen de evaluación a los futuros médicos y cuyas deficiencias salieron a la superficie, puede asegurarse que en la República Dominicana los resultados pueden ser peores, máxime que ese país sudamericano es una plaza para que el profesional de esta disciplina vaya de todos los demás países del hemisferio a hacer postgrados y en consecuencia se supone que las regulaciones tienen que ser mayores.
El primer examen de este tipo en Brasil evaluó a 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, los cuales abarcan a 90 mil estudiantes que deben demostrar habilidades y capacidades de conocimientos básicos para ejercer como médicos, pero la realidad fue que el mismo conllevó la suspensión de aquellas universidades con menos del 40 por ciento de los alumnos que deben tomar el mismo.
Brasil en estos momentos está lleno de temor y preocupación causado con el hecho de que alrededor de 13 mil estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial, a los fines de ejercer la carrera sin haber sido evaluados, mientras el Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo, cuyas peores notas son de escuelas de niveles municipales, creadas por los ayuntamientos o dependencias de entidades privadas con fines de lucro.
La medida tomada en Brasil ante el fenómeno es sancionar las facultades de Medicina, aunque la misma no va a repercutir en los alumnos, ya que las universidades tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, aunque podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que sea su calificación.
La pregunta que se impone es que en un país como la República Dominicana, donde las universidades aparecen auspiciadas por instituciones sin fines de lucro, como patronatos y fundaciones, pero que operan con el criterio de cualquier negocio y que son el resultado de las políticas neoliberales que han entrado salvajemente al escenario nacional y que al momento de ser evaluadas pesan más como parte del libre mercado que de los beneficios que proporciona una buena educación al desarrollo nacional.
La educación superior es un negocio que se ha multiplicado al margen de los propósitos de la Ley 139-01 que les sirve de sustento y en consecuencia está en el marco de vender lo que no se tiene y procurar acogerse más a la politiquería que a una enseñanza de calidad para una mejor proyección del país en el campo del conocimiento científico y tecnológico.
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Empoderamiento de la derecha política en el hemisferio occidental con el patrocinio del presidente de los Estados Unidos.
En los últimos meses la derecha política camina a su empoderamiento en toda Latinoamérica como resultado del patrocinio del Donald Trump y también del fracaso de los gobiernos de izquierda que se han establecido en la denominada américa morena.
El fenómeno es mucho más fuerte en aquellos países en los que el mandatario de los Estados Unidos de América ha metido sus narices y que ha implicado aumentar sus niveles de dependencia de la potencia del norte, pero no se puede negar que la causa del mismo tiene que ver también con el fracaso de los gobiernos de izquierda.
Los ejemplos están a la vista de todo el que quiere ver, cuyos casos más emblemáticos son los de Venezuela, donde hay variantes que difieren del resto, como Honduras, Chile, Ecuador, Argentina, entre otros, donde los candidatos derechistas han tenido el apoyo, no sólo moral, sino también económico de Trump.
El apoyo ha trascendido la frontera de lo moral para convertirse en cuestiones que involucran hasta el indulto de personajes con un historial oscuro, como el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, cuyo candidato de su mismo partido se alzó con el triunfo en el país centroamericano con el apoyo abierto del mandatario de la potencia más grandes del mundo.
Pero lo propio ha ocurrido en otros países del continente, cuya coincidencia con Trump ha servido de base para que la derecha se empodere y desplace del poder a la izquierda, la cual ha tenido un gran fracaso por los errores cometidos por sus gobiernos.
El más reciente tiene que ver con la nueva elección hecha en Chile, donde un hombre de ultra derecha, José Antonio Kast, vinculado a la dictadura de Augusto Pinochet, triunfó en las recientes elecciones presidenciales con un margen significativo de votos en relación con la candidata de la izquierda, auspiciada por el saliente mandatario Gabriel Boric.
Los únicos países donde la izquierda parece que conservará el poder son Brasil, Uruguay y Colombia, donde el candidato a fin al actual presidente Gustavo Petro lleva la delantera en la carrera por colocarse en el poder.
Igual ocurre en México, donde Manuel López Obrador, supo producir una alternabilidad en el poder que fue a través del arma usada por partidos de derecha como el Revolucionario Institucional de la alternabilidad en el poder, el cual duró unos 70 años consecutivos en el Gobierno mediante el cambio del rostro del aspirante a controlar el Estado, aunque con los mismos propósitos y con un compromiso irrenunciable a la corrupción administrativa.
Falta ver si la derechización de la política en Latinoamérica se podrá mantener por mucho tiempo, dado que la izquierda no parece que pueda recuperarse tras lo ocurrido en Venezuela, Bolivia y Honduras, donde la corriente conservadora ha salido triunfadora en los procesos electorales de recientes celebración.
En la actualidad la derecha parece imbatible, aunque si el fenómeno está asociado a la política desarrollada por Trump, el éxito de ésta podría ser que no tenga una vida larga, ya que el presidente de los Estados Unidos de América baja aceleradamente de aceptación popular como resultado de que desarrolla un tipo de gestión que pone en entredicho los logros en términos de derechos en el campo internacional, así como interno, aparte del alto costo de la vida que golpea a la sociedad norteamericana.
Sin embargo, prever lo que puede ocurrir en el curso de los años no luce tan fácil, ya que mientras la derecha se empodera con el apoyo de Trump tiene como contraparte a una izquierda que cada día pierde apoyo popular en virtud de la erosión de su credibilidad.
La principal falencia de la izquierda consiste en que sus lideres que llegan a la Presidencia han querido perpetuarse en el poder, como los casos de Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, donde incluso su mujer funge de vicepresidenta de la nación, pero Bolivia no ha estado muy lejos de ese cuadro con las pretensiones de Evo Morales.
Hay otros lugares donde ni remotamente la izquierda sacará cabeza, como por ejemplo la Republica Dominicana, donde no existe ningún candidato de esa corriente que se pueda decir que tiene reales posibilidades de ascender al poder.
La patria de Duarte, Sánchez y Mella adolece de un problema de fondo, con un contenido profundamente cultural, ya que los problemas no sólo provienen de los gobernantes, sino también de los gobernados, que entran a la política partidaria con el fin de que se les dé alguna migaja, amén de que el clientelismo prácticamente tiene el control del escenario electoral.
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Una intensa lucha por convertirse en títere de una potencia que desprecia el respeto que impone la dignidad humana.
El chantaje de visas por dignidad y un control político, económico y social a ultranza define hoy día la fuerza y el poder de una nación, donde prevalece el criterio «conmigo o con nadie».
La administración del presidente Donald Trump sólo entiende de la fuerza, de las armas y de todo mecanismo de romper con relaciones armoniosas con los demás Estados.
En ese trance está sometida Venezuela y todos los demás países del llamado primer, segundo y tercer mundo, cuyas reglas del juego es el sometimiento a la voluntad de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, donde la prenda preciosa de la dignidad humana parece esfumarse es en Venezuela, ya que gobierno y oposición rinden pleitesías a Trump para en la competencia de ver quién resulta más gracioso o más títere a favor de los planes de dominación de la potencia del norte.
Es impresionante ver como gobierno y oposición están dispuestos a dar alma y corazón a Trump para entregarse sin límites y servir sin condicionamiento a los intereses que mancillar su dignidad como si se tratara de cualquier mercancía
El escenario escogido es la Casa Blanca, donde acuden o por lo menos comunican su disposición de entregarse a cambio de lo que sea para rendirse ante los pies de quien se expresa con aires de emperador.
Ahora quien acudió al Reynaldo de Trump fue María Corina Machado, quien es Premio Nobel de La Paz, sin haber pacificado nada, pero que busca complacer al jefe de Estado norteamericano en su afán de ser favorecida con el referido reconocimiento
Es la lucha y el vencimiento de la irracionalidad sobre los principios que se suponen deben prevalecer en un mundo que hace siglos que pasó de la barbarie a la civilización.
Machado llegó a la Casa Blanca con el premio muy bien adornado para hacerlo extensivo a Trump en su lucha sin límites por ser títere.
El asunto no tiene fronteras y lo mismo ocurre en cualquiera de los continentes que conforman el mundo, cuyo sometimiento deja muy claro lo vulnerable del planeta.
La era Trump ha impuesto la regla del más fuerte dejando atrás el supuesto respeto del derecho internacional y constitucional.
La era Trump no sólo ha relegado a un segundo plano el derecho, sino también la razón y en consecuencia las reglas de una buena democracia.
Todo ser define la fuerza y el poder con que cuenta, mientras que el que no tiene los mismos sólo tiene la opción de plegarse y convertirse en un títere gracioso ante el imperio.
El Instituto Oslo advirtió a Machado que el premio es intransferible como forma de evitar que la política venezolana hiciera lo que hizo con Trump.