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Reconocimiento del partido de nieto Trujillo no implica que él pueda ser candidato presidencial en 2024.
En cualquier país del mundo que adolezca de muy bajos niveles de institucionalidad puede ocurrir lo que nadie se pudiera imaginar.
Una las grandes falencias del sistema democrático dominicano es su baja institucionalidad, lo cual representa un peligro para la propia existencia de la nación.
Esa debilidad, que se expresa a todos los niveles, tanto en el sector público como en el privado, es un atentado diario en contra de un país que procura convertirse en un ejemplo, por lo menos entre las naciones del Caribe y de toda Latinoamérica.
Las amenazas son tantas que nadie sabe cuál puede ser más peligrosa para el país, pero la realidad es que no se entienden muchas de las cosas que se producen a diario en el escenario nacional.
Toda esta preocupación parte del hecho de que uno de los Trujillo sea capaz de presentar una propuesta electoral que, aunque habla de democracia, pero sus lemas están en el contexto de una simulada dictadura y con mucho parecido a la de su abuelo, que proyecta mucha bondad, pero que en realidad se trata de un trasfondo para esconder sus verdaderas intenciones, ya que es un personaje que además no tiene muy buena reputación.
Pero esta conceptualización cae en el marco de lo que se puede interpretar desde el punto de la semántica y de la semiótica, pero lo que sí se puede analizar con certeza es el detalle de que la solicitud de reconocimiento fue hecha el 20 de febrero de 2016 y en el año 2021 fue rechazada mediante la resolución 18-20 por alegadamente Ranfis Domínguez Trujillo no renunciar a su ciudadanía de los Estados Unidos y por no haber vivido diez años antes en el país como lo manda la Constitución de la República.
Entonces, lo que no se entiende cómo dos años después reúna las condiciones para ser reconocido como partido político, a menos de que se trate del otorgamiento de una personalidad jurídica sobre la base de lo que dice la Ley 33-18 para fines de reconocimiento de un partido político, lo cual no implica necesariamente que Ranfis Domínguez Trujillo esté habilitado legalmente para ser candidato presidencial en el 2024, ya que se trata de una exigencia que necesariamente no choca con lo que establece la Constitución para que una persona hija de dominicanos, pero nacido en el extranjero, reúna las condiciones para optar por ocupar la más alta posición pública de la nación, lo cual requiere de otra interpretación y decisión.
El debate en esta materia se centra en que habría que leer muy bien e interpretar la resolución 24-2023 de la Junta Central Electoral (JCE), porque una cosa no necesariamente implica la otra.
Cuando se trata de determinar el reconocimiento de un partido político por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) no implica ponderar al propio tiempo si el candidato presidencial que sea presentado en el futuro reúne las condiciones constitucionales, ya que se trata de dos asuntos muy diferentes.
De cualquiera manera que sea, el reconocimiento de un partido de uno de los miembros de la familia Trujillo, no deja de representar una amenaza para un país que simula tener grandes avances institucionales, pero que cualquiera que lo analice muy bien fácilmente llega a la conclusión de que se trata de un sistema democrático muy vulnerable y que puede caer con cierta facilidad en las garras de una dictadura como la del abuelo del aspirante presidencial de esa familia.
Todo ello es todavía más viable, porque en el país todo está tan corrompido hasta un nivel que da miedo, incluido el sistema de partidos, por lo que todo aquel que tenga la posibilidad de hacer grandes inversiones económicas puede alzarse con el santo y la limosna.
La aprobación del Partido de la Esperanza Democrática (PED), de Trujillo Domínguez, abre la posibilidad de que se presente una opción nueva en la contienda electoral que está a punto de iniciarse, pero ello no significa que pueda ser una candidatura presidencial de éste, porque no encaja o cumple con el mandato de la Carta Magna.
De ser así, tampoco queda disipada la amenaza de que en el país se pueda encamarar en el poder una propuesta electoral con una esencia trujillista y en consecuencia dictatorial.
Se advierte que si el reconocimiento es en función de lo que manda la 33-18, cuyos requerimientos son tener el dos por ciento de las firmas de la votación inmediatamente anterior al otorgamiento de la personalidad jurídica, tener un local en Santo Domingo o en el Distrito Nacional, entre otras exigencias, entonces la decisión no implica que se haya ponderado la parte correspondiente a la Constitución de la República que habla de los requisitos para que un hijo de dominicanos nacido en el extranjero pueda optar por la presidencia de la República.
El periódico Listín Diario ha podido establecer que la residencia en el país fue otorgada a Domínguez Trujillo el 23 de mayo de 1916, lo que indica que si se parte de que en esa misma fecha renunció a su ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos, entonces todavía no reúne las condiciones que establece el articulo 20 de la Constitución para estos casos.
Sin embargo, sin ambas cosas las inició al mismo tiempo entonces se podría hablar de que legalmente tendría el derecho de presentarse como candidato presidencial por su recién reconocido partido a partir del 2028, que es cuando se escogen en el país las nuevas autoridades nacionales, incluido el presidente de la República.
Si el reconocimiento implica darle esa facultad ahora a Domínguez Trujillo, entonces el país está frente a un asunto que debe ser debatido a través del Tribunal Constitucional que tendría la competencia para determinar si con la resolución de la JCE se viola la ley de leyes.
Las acciones para anular una decisión como esa son diversas, pero sí la opción fuera un recurso directo de inconstitucionalidad, la sentencia, a menos que el Tribunal Constitucional no recurra a la facultad que tiene para fallarlo con celeridad, se tarda varios años.
Pero también existe la Acción de Amparo Colectiva, figura jurídica que encaja frente a una decisión de la Junta Central Electoral que violente la Constitución de la República en el tema abordado en este trabajo.
Sólo falta esperar por los detalles de la resolución de la Junta Central Electoral, pero es probable que se trate del reconocimiento de un partido político a partir de lo que dispone la Ley 33-18 y no precisamente del mandato de la Constitución de la República en lo que respecta a los hijos de dominicanos nacidos en otros territorios, los cuales deben seguir los procedimientos preestablecidos y cuyas condiciones no parece reunir Ranfis Domínguez Trujillo.
De cualquier modo, la amenaza de que un Trujillo se presente como candidato presidencial en el país está ahí latente, sino en el 2024, en el 2028, tiempo en que no parece posible que la nación haya superado muchas de sus principales debilidades, como es, por ejemplo, el precario nivel de institucionalidad y la corrupción que ya es integral y transversal a todos los sectores que conforman la vida nacional, lo cual permitiría que la misma cale entre el votante dominicano, sobre todo porque ya sería una generación de jóvenes que no tienen la menor idea de lo que representó la dictadura del abuelo del aspirante para los pobladores de la República Dominicana.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.