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La falta de planes y la improvisación son dos flagelos que en materia de agua y de terremotos podrían acabar con el país.
Por Elba García
La falta de planificación estratégica y el predominio de la improvisación son dos de las más grandes amenazas que se ciernen sobre el país, cuyas debilidades impactan peligrosamente el medio ambiental a través de lo que podría ser una fuerte escasez de agua y la vulnerabilidad del territorio nacional ante la ocurrencia de un terremoto de alta magnitud.
En los actuales momentos frente a la escasez de agua, cuyo preciado líquido no llega a amplios sectores del territorio nacional y donde se ofrece el servicio presenta una precariedad que en cierto modo refleja la falta de políticas públicas para preservar las cuencas acuíferas que tiene el país, lo que ha generado un debate sobre un tema que debió trabajarse con muchos años de antelación.
Los expertos en la materia han podido establecer que la República Dominicana tiene una reserva estimada de 25,000 millones de metros cúbicos (m3) de agua al año en sus diferentes cuencas, pero que de esa cantidad un poco más del 50 % ya está comprometida en los diferentes usos, mientras que el 7 % está regulado.
José Raúl Pérez Durán, ingeniero hidráulico
De acuerdo a lo investigado, el país tiene cuencas que sólo poseen un 20 % de su reserva y se proyecta que en 30 años se agotará la disponibilidad del líquido, según advirtió José Raúl Pérez, director de Planificación y Desarrollo Hídrico del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) durante un panel organizado por la Universidad Apec.
Las zonas con más disponibilidad de recursos son: Yaque del Norte, con 2,905.46 millones de m3 al año; Atlántica (4,634.73 mm), Yuna (3,600.96 mm), Ozama (3,125.95 mm), Ozama-Nizao (4,459.08 mm) y Yaque del Sur (4,771.51 mm).
Estos detalles fueron debatidos por especialistas de diferentes áreas e instituciones, quienes compartieron criterios y abordaron la importancia de que el Gobierno y legisladores aprueben el proyecto de Ley del Agua, a fin de que la República Dominicana pueda administrar adecuadamente el líquido, esencial para la continuidad de la vida en la tierra.
En el panel del «Anteproyecto de la ley del agua en la República Dominicana», organizado por la cátedra Unesco de Gestión Sostenible del Agua de Apec, los especialistas también instaron a la población a que se interese en el tema, mucho más allá de la temporada de escasez, que es el tiempo en que la población se preocupa por el agua.
Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del INDRHI
El ejecutivo del Indrhi alertó que sólo en uso de riego se consumen unos 7,000 millones de metros cúbicos, una cifra elevada en comparación con la reserva que tiene la República Dominicana.
Advirtió de la necesidad de regulación del líquido, porque, de lo contario, «habrá una crisis sin solución».
El exdirector de esa entidad y actual coordinador de la Gestión de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), Silvio Carrasco, sostuvo que en el país está la creencia de que hay mucha agua, pero que en realidad no es así y citó que de los 25,000 millones de m3 del liquido al año, sólo está regulado el 7 %, cuando debería ser un 30 %.
Ex director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Silvio Carrasco
Sostuvo que el país no tiene la capacidad para alertar sobre los cambios de frecuencia de las lluvias, por lo que se impone tener una ley de agua, aunque no sea la perfecta, a fin de resolver tres problemas, como es el de gobernanza, administración y de planificación.
En el panel se advirtió que el agua es cada vez menos en el Gran Santo Domingo y que en el país se requiere de la construcción de 60 presas.
En el país se estila mucho sugerir o crear mesas de discusión que casi nunca llegan a nada, aunque no se puede subestimar su importancia y tal vez lo que se debe ponderar es que en la República Dominicana existe la conducta de dejar todo para después y discutir mucho y hacer poco.
El problema reviste tal gravedad que se reporta que en los últimos 30 años, según estudios y expertos, se ha detectado la desaparición o mermados de sus cauces más de 350 ríos, arroyos, cañadas y humedales y vistos disminuir el caudal de todos, lo que pone en peligro de extinción de las fuentes acuíferas primarias de aguas dulces en todo el territorio nacional.
Esto comparado con las demandas mínimas de los años 90 del preciado líquido, hoy 30 años después se ha incrementado exponencialmente por el desarrollo de grandes urbanizaciones, condominios y centros comerciales y turísticos.
Hace tiempo que se veía venir una escasez de agua de consecuencias irreversibles por la falta de controles en el uso, por causa de la deforestación de las principales cuencas hidrográficas, causadas por la tala de árboles de las altas montañas para cultivar esos predios, la ocurrencia de incendios forestales provocados, la extracción de minas de los ríos, el conuquismo, los asentamientos humanos y la falta de una política efectiva de los gobiernos para controlar dichos factores.
No sólo han desaparecido entre 600 y 650 ríos y arroyos en República Dominicana que han sido convertidos en caminos de piedras y arenas, sino que, de los 16 ríos más grandes, cuatro están contaminados, estos son: La Isabela, Ozama, Higuamo y río Haina. Los demás ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Nizao, Yuna, Camú, Mao, Artibonito, Yabonico, Soco, Chacón, Yuma, Macasia, Guayubín y Maguaca, cuyos caudales están muy disminuidos.
La disponibilidad hídrica nacional proyectada por el INDRHI en el 2010 para el año 2025 fue de 25,472.04 M3/año y la demanda proyectada para el mismo periodo fue de 13,724.85 M3/año
Sin embargo, la demanda de agua nacional en la actualidad es de 2,400 M3/año por habitante, equivalente a (2,400 por 11,12 millones de habitantes), igual a 26,688.13 M3 por año, reflejándose un déficit de 1,200 M3 por año si se mantuvieran las mismas disponibilidades de agua según estudios del 2010.
Otros factores que citan los expertos que se pueden mencionar son el cambio climático y el calentamiento global que han impactado de manera negativa los ríos con el paso de fenómenos naturales, como los ciclones y huracanes, como fueron la tormenta Tropical Olga en diciembre del 2007; el huracán George en 1998 con viento de hasta 250 Km por hora, que causó daños por más de U$5,900 millones de dólares.
En los últimos años ocurren con mayor frecuencia, huracanes como: Fiona, Ian, Nicole, Lisa, Julia, Earl y Humberto. Fiona ocurrido 24/09/2022 produjo grandes devastaciones y pérdidas en viviendas y cultivos.
Algunos de los ríos desaparecidos o que han disminuido sus cauces, que constituyen una catástrofe ecológica son EL Yubaso y la agonía del Nigua en San Cristóbal, El Tenguerengue, Pedro Corto, Arroyo Loro y San Juan (caudal disminuido), el Sanate en Higüey, la Cocinera en Las Matas de Farfán, Ocoa, Cañada honda, Agua Hedionda, Blanco Largo, entre otros
Lo penoso es que la República Dominicana no cuenta con un inventario que identifique la situación de los ríos, arroyos y cañadas, tampoco cuenta con una ley del agua.
El ministerio de Medio Ambiente en coordinación con las alcaldías de distritos, municipios y provincias debería hacer ese trabajo tan importante para el país.
Esta situación hace más preocupante la escasez de agua que sufre el país a nivel nacional, que impacta de manera negativa la generación de enfermedades y en la disminución de la calidad de vida de la población.
Esta crisis en el suministro de agua a la población representa un reto para el gobierno del PRM y el sistema de salud e higiene, la producción de alimentos y la necesidad de generar acciones en la aplicación de políticas públicas que vayan en la protección del recurso agua.
Ha llegado el tiempo de que se suspenda la extracción de grava y arena de los ríos, que se regula el vaciado de desechos contaminantes en cañadas, ríos y mares y de la protección de las montañas que producen el agua dulce, que se controlen los incendios forestales, la tala de árboles indiscriminada, el conuquismo, el uso de suelo productivo para la construcción de viviendas y evitar que las áreas aledañas a los ríos, cañadas y arroyos sean invadidas por oleadas humanas (que contaminan el agua y asolan sus sistemas y biodiversidad).
Es una imperiosa necesidad establecer controles en el uso del agua y supervisar la calidad de ésta y se necesita con urgencia crear más embalses porque la poca agua que se produce en el país va a parar a los océanos, ya que a lo que más puede aspirar la nación en esta sequía, es exhortar a la población a economizar el agua, no a nada más
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.