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Relato de las contraseñas de celulares de Adán Cáceres.
Santo Domingo.-El testigo clave de la fiscalía, Alejandro Girón Jiménez, en el caso Medusa, dijo a la jueza Yanibet Rivas, tras presentar sus declaraciones, ante la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que millones de pesos del Estado eran utilizados para comprar celulares de alta gama en Estados Unidos.
Entre los que solicitaban los equipos electrónicos mencionó a una gerente del Banco de Reservas, entre otras personas de altos rangos. El implicado declaró que le solicitaban comprarlos “porque eso era lo que les daba estatus”.
Asimismo, manifestó que le pedían ir a comprarlos a Estados Unidos, ya que lo deseaban inmediatamente salían a la venta. Los gastos en la adquisición de los equipos llegaban a la suma de hasta cuatro millones de pesos.
Contraseñas
De acuerdo con sus declaraciones, esos equipos eran entregados a Núñez de Aza y el mayor general Adán Cáceres entre otros miembros. Sin embargo, explicó que año tras año cuando llegaba con los teléfonos en mano, Núñez de Aza lo apartaba en una oficina donde le daba la contraseña para desbloquear el teléfono viejo de Cáceres, con la cual tenía acceso a su iCloud, nube que almacena todos los datos del dispositivo.
Poniendo como ejemplo esta acción, puso en duda la amistad entre el coronel y el mayor general, alegando que Núñez de Aza hacia muchas cosas por detrás de Cáceres.
Con relación a este tema, aseguró que tiene “una amnesia temporal” sobre una de las contraseñas que se le quitará en el juicio de fondo.
Raciones alimenticias
El rol de Girón Jiménez era ser encargado de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Es importante señalar que Cestur pasó a ser la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) en 2016.
Ante dicho cambio, explicó que la Policía hizo una reunión con todas las cabecillas de los departamentos, en la que prohibieron pagar directamente el dinero de la ración alimenticia a un miembro. En cambio, se ordenó que estas raciones fueran depositadas junto al sueldo, aspecto que se incumplió.
Para dar un panorama general de la situación, comentó que la Policía, con 36 mil miembros, pagaba por concepto de ración alimenticia 9 millones de pesos. Mientras que Politur, con 1,800 miembros, pagaba por el mismo concepto 4 o 5 millones de pesos.
Girón manifestó que la cantidad que realmente debería ser entregada para comida eran 500 mil pesos pero aseguró que el coronel Rafael Núñez decía que “eso no daba para nada”. Y como él preparaba el archivo de la raciones, le instruyeron ponerle a cada hombre “la cantidad que fuera”, por lo que tuvo que multiplicarle a ese mismo individuo “un exceso de raciones” para llevar 500 mil pesos a casi 5 millones.
Para tener un control del dinero que era gastado en la institución, el mayor del ejército explicó que tenían archivos en Excel, los cuales él tenía que hacer mes por mes y se dividían en tres: los gastos del general de brigada Juan Carlos Torres, los de Núñez de Aza y los de Cáceres.
Según las palabras de Girón, en esos gastos él tenía que reflejar el dinero que le entregaba a la encargada de servicios personales de la Contraloría General de la República, a la analista de nómina, a la animalista de la unidad financiera y a todos los auditores de la policía nacional, quienes estaban “comprados”.
“Eso era lo que permitía que esas ilegalidades se fueran dando”, añadió.
También, aclaró que Adam Cáceres fue el encargado de lo sustraído en Cusep y Politur, y Juan Carlos Torres en Politur, a quien describió como “el responsable de las sustracciones de politur en un 60, 70 por ciento”, mientras que el por ciento le corresponde a Cáceres, según dijo.
Agregó que otros de los trucos que usaron fue que al personal financiero trabajar en ambas instituciones, “cuando se necesitaba ganarse un dinero de esas empresas que ellos administraban, el dinero sencillamente se sacaba de cualquier institución pública”.
Girón Jiménez afirmó que “no podía respirar sin pedirle autorización al coronel Rafael Núñez de Aza”. Se denominó a sí mismo como “la fuente mayoritaria de cómo poder sacar ese dinero que estaba en cuentas bancarias y llevarlo a efectivo”.
Para delegar el dinero a otras instituciones, este era enviado por parte de sus superiores con dos hojas: la primera tenía escrito la cantidad que recibiría la persona y la otra, la cual debían firmar “al recibir el dinero”, no tenía ninguna cantidad plasmada. Cuando retornaba a la dirección, la hoja firmada era nuevamente colocada en la impresa, y se cuadraban los montos de inteligencia, ración alimenticia y combustible.
Testaferros y préstamos
Otro aspecto mencionado por Girón fue la frecuencia con la que utilizaban testaferros y hacían cartas de trabajo con información falsa para conseguir préstamos del Banco de Reservas.
Como ejemplo, externó que el mayor general Cáceres no tiene carro eléctrico a su nombre, porque Daniel Pereira Núñez le dijo de parte del Coronel Núñez que el carro de Cáceres se iba a poner a nombre de un “fulano de una empresa”.
Aparte del carro de Cáceres, también fue comprado uno para Girón y otro para el coronel Núñez. Al momento de ir a pagar al banco los carros, la misma gerente del BanReservas en ese entonces le hizo un préstamo a nombre de José Manuel Rosario Pilón y otro se lo puso a nombre de la hija de Núñez.
En su caso, explicó que para buscar préstamos para el entramado lo que hacía era aumentarse el sueldo en cartas de trabajo y también hacía cartas de trabajo de empresas donde no laboraba, como fue el caso de Rawel Importadores.
Campaña electoral de 2020
Girón estableció que más de 10,000 agentes de Politur recibían un sueldo para luego devolverlo, dinero que era utilizado en la campaña electoral de 2020.
De igual manera, explicó que existía una nómina falsa donde diariamente eran depositados 30 millones de pesos, dinero que era autorizado por Adam Núñez de Cáceres.
Dicho dinero, era sustraído de sueldos de miembros de Politur, quienes la institución “no le daba sus honorarios sin justificación” y eran desviados.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).
Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.
En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores
Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.
También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.
La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.