Opinión
Operación Halcón IV, acoso criminal a Miriam y narco-estado
Por Narciso Isa Conde
Al mundo podría parecerle extraño que la Procuradora General de la República, Miriam German Brito este bajo acoso criminal de personeros del bajo mundo de las drogas y que el enorme OPERACIÓN POLICIAL-MILITAR, -bautizada HALCON lV (más de 1,300 efectivos de tropas especiales y 71 fiscales- puesta en marcha contra conocidas guaridas del crimen organizado en la Región Norte de la República Dominicana, y anunciada espectacularmente ante nuestro país y a nivel internacional, haya concluido con tres delincuentes presos y un pedido de repatriación de un capo con residencia en España y ubicación desconocida.
Todo un fiasco, mientras tanto.
Un fiasco fríamente calculado que tiene una explicación que puede ser muy útil para la sociedad dominicana y para países latino-caribeños donde se presentan circunstancias parecidas, que una circunstancia excepcional, ha catapultado a la superficie.
Alerta. El acoso criminal a la incorruptible y valiente Magistrada Germán se sustenta en multi poder mafioso, en circunstancias en que ella es una pequeña isla de dignidad en un pantano putrefacto; designada en ese cargo por la formidable presión de un pueblo que se movilizó durante tres años por el fin de la corrupción y la impunidad, y forzó al nuevo presidente –luego de un prolongado del reinado pestilente de los Gobierno anteriores- a nombrarla en tan delicadas funciones.
Su trayectoria, aun medio de tantas adversidades, han logrado conquistar el corazón de su pueblo y el odio de los malvados de diferentes pintas, embargados de temores no sólo por los procesos judiciales emprendido, sino –y sobre todo- por lo que pueda hacer o denunciar.
Miriam, ubicada así en un régimen atado a la decadencia y gansterización del capitalismo central y periférico de estos tiempos, es un ícono del poder moral de la Nación, imposible de destituir sin el costo adicional de una alta impopularidad para un Presidente en plan reeleccionista y montado sobre un proceso recolonizador y ultra neoliberal desgastante, regenteando un Estado delincuente-impenitente.
El método para inutilizara Miriam debe ser otro, pero también comienza a fallar en tanto la Magistrada a nivel de sociedad está rodeada de amor y solidaridad.
• EL FIASCO DE LA OPERACIÓN HALCÓN OBEDECE A LAS COMPLICIDADES DE SUS TUTORES.
Al descubrir las profundidades de la amenaza de muerte a Miriam German y a su hijo, no es difícil arribar con certeza a la conclusión de que se trata de una reacción de un Estado Delincuente que anida en sus entrañas -y sobre todo en sus alturas- un narco-poder que le imprime las características de NARCO-ESTADO.
Es el caso de una narco-economía en expansión, gravitando sobre un poder temporal, renovable por votaciones; y sobre un poder permanente, que no pasa por ellas.
En ese orden sería interesante cuantificar cuánto representan en dólares los ingresos por narcotráfico y sus correspondientes modalidades de lavado, estableciendo las debidas comparaciones con los montos por remesas, turismo y exportaciones de bienes. Incluso hay formas de contaminar una parte de las remesas.
Pero de todas maneras es claro que aquí, escenario del tráfico internacional Sur-Norte, abundan los capitales y fortunas con pinta narcótica, así como los altos y medianos funcionarios civiles y militares, y dirigentes políticos enriquecidos a través de sus asociaciones delictivas con carteles locales y transnacionales.
• UNA CONFABULACIÓN DE VARIADOS AUTORES.
Narco-corrupción y corrupción gubernamental, corrupción política-gubernamental y corrupción empresarial se entremezclan.
La narco-política es por lo menos prima hermana del resto de la corrupción relacionada con el Estado. Y aunque compiten sus autores y beneficiarios, y hasta se matan entre sí, mafias y clase dominante-gobernante que no se suicidan, son solidarias y confluyen en la maldad criminal cuando se inician procesos contra la impunidad que los ha protegido por décadas.
Ese es el caso que nos ocupa y persigue matar con balas o con “cuchillito de palo” el embrión de justicia en el vientre de la madre.
Contra Miriam German confluyen todos los odios de las diversas mafias y narco-mafias que se sienten inseguras a partir de las operaciones anti-impunidad puestas en marcha, de la instrumentación de algunas restricciones y de los temores generados por otras medidas que pueden estar en la gatera.
La saben indoblegable, no solo por honesta a carta cabal, sino por absolutamente independiente de todos los poderes locales y transnacionales establecidos y operantes sobre el Estado, lo que no pasa con otras instancias y vertientes de la entidad que dirige.
Ella –reitero- no fue una simple designación, sino una conquista del PUEBLO VESTIDO DE VERDE, imposible de revocar sin pagar un enorme costo político de impopularidad.
Su prestigio y el aprecio bien ganado en nuestra sociedad le da poder y cancelarla no es fácil para un régimen cuya gestión en favor de las elites capitalistas ya está deteriorando su luna de miel con una parte del pueblo y afectando sus ventajas comparativas con el pasado inmediato.
• LOS SUJETOS DE LA AMENAZA.
Puede existir un instrumento concreto para canalizar la amenaza criminal, en el que el apuntar contra su hijo tiene también un fuerte hedor al ex procurador JEAN ALAIN RODRÍGUEZ (esté presente o no en la conjura). Pero esa determinación no es algo aislado o particular.
Es más bien fruto de una confluencia de perversidades y un despropósito concertado, que parte de valorar el cerco que tiene Miriam dentro del propio sistema judicial y el propio Estado, amén de las hipocresías y simulaciones.
No es producto de un solo cartel, menos aun de un solo capo y de sus conexiones transnacionales.
No está reducida tal intención criminal solo la delincuencia común, ni al margen de las mafias policiales y militares…
Procede de una asociación mixta que se sabe con mucho poder, capacidad de manejo y de sobrevivencia, dada su largo caminar y sus posibilidades de crecer con una fuerte protección estatal y la permanente sombrilla de un sistema y un imperio que se nutre de ese negocio.
Que brotara en Santiago y en la Región Norte, precisamente en el Cibao Central, la temeraria reacción, tiene sus causas.
Allí se han registrado muchos conflictos que han obligado a intervenciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre todo en el podrido sistema carcelario.
Allí el narcotráfico se ha desarrollado con una fuerte protección policial-militar y política.
Se dice que el Cartel a que pertenece quien se le atribuye la amenaza verbal y escrita, es el denominado CARTEL DEL CIBAO; actualmente dominante en el centro de esa región y en la mayoría de sus cárceles, conectado con el poderoso cartel mexicano de SINALOA.
De ser cierto eso solo sería una parte del problema. Algo fácil de confirmar, por lo que no se entiende por qué las autoridades no han aclarado categóricamente ese punto, a no ser que quieran sembrar confusiones.
De todas maneras, la clave del asunto no es esa. Ella radica precisamente en sus protectores y asociados a nivel de Estado, porque según los entendidos en la materia el nacimiento, crecimiento y desarrollo de ese cartel contó con un largo, intenso y tortuoso respaldo de factores de mucho poder.
La hegemonía en esa subregión, sus capos la lograron en una guerra soterrada, librada en las narices de las autoridades civiles y militares, aliados a jefes provinciales, regionales y nacionales de la PN y la DNCD, entre los cuales siempre sale a relucir el actual jefe policial Eduardo Alberto Then. Una guerra con un balance de decenas de muertos, que solo ahora las autoridades han hecho referencia y utilización publicitaria de ella.
Claro que no se trata solo del rol del general Then, mucho menos solo algunos órganos y agentes de la seguridad del Estado como dice la declaración del MP. La situación amerita una profunda y exhaustiva investigación del papel desempeñado por los jefes de la PN y la DNCD en esa región en las últimas décadas, así como de las conexiones de las narco-mafias a nivel superior, incluidas las de otros carteles.
• HALCÓN SIN GARRAS.
La Operación Halcón 4 pierde credibilidad cuando se detiene a nivel de la delincuencia común y de las batidas barriales y carcelarias, con tan pobres resultados; puesto que al no abordar sus conexiones policiales, políticas y empresariales a nivel de Estado y las alturas del poder, se reitera la intención de proteger la cúspide de la pirámide mafiosa y mantener las condiciones que siempre han posibilitado reproducir la narco-corrupción y el narco-estado. El HALCON perdió sus garras. Se las cortó la PN y la influencia de la DEA en la DNCD. FALCONDO sí que las conserva, nadie se las quita.
No hay jefes policiales y militares investigados, menos aún destituidos y apresados. Ni funcionarios civiles, ni Alcaldes, ni Gobernadores…a pesar de tantas evidencias y tantas denuncias previas.
Esa operación, sin proponérselo, desnuda un largo contubernio impune y muestra descaradamente el conocimiento por las autoridades policiales de las guaridas barriales del crimen organizado, tolerado y protegido por décadas por sus supuestos perseguidores actuales; con capturas selectivas temporales, sin confrontaciones, sin intercambios de disparos; a sabiendas que el sistema judicial y el régimen carcelario están en gran medida podridos y la reforma policial es puro engaño, y de que las extradiciones de la DEA secuestran las confesiones premiadas para controlar y proteger a una buena parte de las conexiones de las narco-mafias con el poder político, empresarial y militar.
Es por eso que hay que reiterar que la defensa de la vida de Miriam Germán descansa fundamentalmente en la solidaridad del pueblo, en su estado de alerta y su determinación de arrasar con quienes intenten agredirla. ¡Miriam somos todos/as y todos/as la apoyaremos y protegeremos!
Miriam es pueblo y solo el pueblo salva al pueblo.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.