Opinión
Operación Halcón IV, acoso criminal a Miriam y narco-estado
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3 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Al mundo podría parecerle extraño que la Procuradora General de la República, Miriam German Brito este bajo acoso criminal de personeros del bajo mundo de las drogas y que el enorme OPERACIÓN POLICIAL-MILITAR, -bautizada HALCON lV (más de 1,300 efectivos de tropas especiales y 71 fiscales- puesta en marcha contra conocidas guaridas del crimen organizado en la Región Norte de la República Dominicana, y anunciada espectacularmente ante nuestro país y a nivel internacional, haya concluido con tres delincuentes presos y un pedido de repatriación de un capo con residencia en España y ubicación desconocida.
Todo un fiasco, mientras tanto.
Un fiasco fríamente calculado que tiene una explicación que puede ser muy útil para la sociedad dominicana y para países latino-caribeños donde se presentan circunstancias parecidas, que una circunstancia excepcional, ha catapultado a la superficie.
Alerta. El acoso criminal a la incorruptible y valiente Magistrada Germán se sustenta en multi poder mafioso, en circunstancias en que ella es una pequeña isla de dignidad en un pantano putrefacto; designada en ese cargo por la formidable presión de un pueblo que se movilizó durante tres años por el fin de la corrupción y la impunidad, y forzó al nuevo presidente –luego de un prolongado del reinado pestilente de los Gobierno anteriores- a nombrarla en tan delicadas funciones.
Su trayectoria, aun medio de tantas adversidades, han logrado conquistar el corazón de su pueblo y el odio de los malvados de diferentes pintas, embargados de temores no sólo por los procesos judiciales emprendido, sino –y sobre todo- por lo que pueda hacer o denunciar.
Miriam, ubicada así en un régimen atado a la decadencia y gansterización del capitalismo central y periférico de estos tiempos, es un ícono del poder moral de la Nación, imposible de destituir sin el costo adicional de una alta impopularidad para un Presidente en plan reeleccionista y montado sobre un proceso recolonizador y ultra neoliberal desgastante, regenteando un Estado delincuente-impenitente.
El método para inutilizara Miriam debe ser otro, pero también comienza a fallar en tanto la Magistrada a nivel de sociedad está rodeada de amor y solidaridad.
• EL FIASCO DE LA OPERACIÓN HALCÓN OBEDECE A LAS COMPLICIDADES DE SUS TUTORES.
Al descubrir las profundidades de la amenaza de muerte a Miriam German y a su hijo, no es difícil arribar con certeza a la conclusión de que se trata de una reacción de un Estado Delincuente que anida en sus entrañas -y sobre todo en sus alturas- un narco-poder que le imprime las características de NARCO-ESTADO.
Es el caso de una narco-economía en expansión, gravitando sobre un poder temporal, renovable por votaciones; y sobre un poder permanente, que no pasa por ellas.
En ese orden sería interesante cuantificar cuánto representan en dólares los ingresos por narcotráfico y sus correspondientes modalidades de lavado, estableciendo las debidas comparaciones con los montos por remesas, turismo y exportaciones de bienes. Incluso hay formas de contaminar una parte de las remesas.
Pero de todas maneras es claro que aquí, escenario del tráfico internacional Sur-Norte, abundan los capitales y fortunas con pinta narcótica, así como los altos y medianos funcionarios civiles y militares, y dirigentes políticos enriquecidos a través de sus asociaciones delictivas con carteles locales y transnacionales.
• UNA CONFABULACIÓN DE VARIADOS AUTORES.
Narco-corrupción y corrupción gubernamental, corrupción política-gubernamental y corrupción empresarial se entremezclan.
La narco-política es por lo menos prima hermana del resto de la corrupción relacionada con el Estado. Y aunque compiten sus autores y beneficiarios, y hasta se matan entre sí, mafias y clase dominante-gobernante que no se suicidan, son solidarias y confluyen en la maldad criminal cuando se inician procesos contra la impunidad que los ha protegido por décadas.
Ese es el caso que nos ocupa y persigue matar con balas o con “cuchillito de palo” el embrión de justicia en el vientre de la madre.
Contra Miriam German confluyen todos los odios de las diversas mafias y narco-mafias que se sienten inseguras a partir de las operaciones anti-impunidad puestas en marcha, de la instrumentación de algunas restricciones y de los temores generados por otras medidas que pueden estar en la gatera.
La saben indoblegable, no solo por honesta a carta cabal, sino por absolutamente independiente de todos los poderes locales y transnacionales establecidos y operantes sobre el Estado, lo que no pasa con otras instancias y vertientes de la entidad que dirige.
Ella –reitero- no fue una simple designación, sino una conquista del PUEBLO VESTIDO DE VERDE, imposible de revocar sin pagar un enorme costo político de impopularidad.
Su prestigio y el aprecio bien ganado en nuestra sociedad le da poder y cancelarla no es fácil para un régimen cuya gestión en favor de las elites capitalistas ya está deteriorando su luna de miel con una parte del pueblo y afectando sus ventajas comparativas con el pasado inmediato.
• LOS SUJETOS DE LA AMENAZA.
Puede existir un instrumento concreto para canalizar la amenaza criminal, en el que el apuntar contra su hijo tiene también un fuerte hedor al ex procurador JEAN ALAIN RODRÍGUEZ (esté presente o no en la conjura). Pero esa determinación no es algo aislado o particular.
Es más bien fruto de una confluencia de perversidades y un despropósito concertado, que parte de valorar el cerco que tiene Miriam dentro del propio sistema judicial y el propio Estado, amén de las hipocresías y simulaciones.
No es producto de un solo cartel, menos aun de un solo capo y de sus conexiones transnacionales.
No está reducida tal intención criminal solo la delincuencia común, ni al margen de las mafias policiales y militares…
Procede de una asociación mixta que se sabe con mucho poder, capacidad de manejo y de sobrevivencia, dada su largo caminar y sus posibilidades de crecer con una fuerte protección estatal y la permanente sombrilla de un sistema y un imperio que se nutre de ese negocio.
Que brotara en Santiago y en la Región Norte, precisamente en el Cibao Central, la temeraria reacción, tiene sus causas.
Allí se han registrado muchos conflictos que han obligado a intervenciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre todo en el podrido sistema carcelario.
Allí el narcotráfico se ha desarrollado con una fuerte protección policial-militar y política.
Se dice que el Cartel a que pertenece quien se le atribuye la amenaza verbal y escrita, es el denominado CARTEL DEL CIBAO; actualmente dominante en el centro de esa región y en la mayoría de sus cárceles, conectado con el poderoso cartel mexicano de SINALOA.
De ser cierto eso solo sería una parte del problema. Algo fácil de confirmar, por lo que no se entiende por qué las autoridades no han aclarado categóricamente ese punto, a no ser que quieran sembrar confusiones.
De todas maneras, la clave del asunto no es esa. Ella radica precisamente en sus protectores y asociados a nivel de Estado, porque según los entendidos en la materia el nacimiento, crecimiento y desarrollo de ese cartel contó con un largo, intenso y tortuoso respaldo de factores de mucho poder.
La hegemonía en esa subregión, sus capos la lograron en una guerra soterrada, librada en las narices de las autoridades civiles y militares, aliados a jefes provinciales, regionales y nacionales de la PN y la DNCD, entre los cuales siempre sale a relucir el actual jefe policial Eduardo Alberto Then. Una guerra con un balance de decenas de muertos, que solo ahora las autoridades han hecho referencia y utilización publicitaria de ella.
Claro que no se trata solo del rol del general Then, mucho menos solo algunos órganos y agentes de la seguridad del Estado como dice la declaración del MP. La situación amerita una profunda y exhaustiva investigación del papel desempeñado por los jefes de la PN y la DNCD en esa región en las últimas décadas, así como de las conexiones de las narco-mafias a nivel superior, incluidas las de otros carteles.
• HALCÓN SIN GARRAS.
La Operación Halcón 4 pierde credibilidad cuando se detiene a nivel de la delincuencia común y de las batidas barriales y carcelarias, con tan pobres resultados; puesto que al no abordar sus conexiones policiales, políticas y empresariales a nivel de Estado y las alturas del poder, se reitera la intención de proteger la cúspide de la pirámide mafiosa y mantener las condiciones que siempre han posibilitado reproducir la narco-corrupción y el narco-estado. El HALCON perdió sus garras. Se las cortó la PN y la influencia de la DEA en la DNCD. FALCONDO sí que las conserva, nadie se las quita.
No hay jefes policiales y militares investigados, menos aún destituidos y apresados. Ni funcionarios civiles, ni Alcaldes, ni Gobernadores…a pesar de tantas evidencias y tantas denuncias previas.
Esa operación, sin proponérselo, desnuda un largo contubernio impune y muestra descaradamente el conocimiento por las autoridades policiales de las guaridas barriales del crimen organizado, tolerado y protegido por décadas por sus supuestos perseguidores actuales; con capturas selectivas temporales, sin confrontaciones, sin intercambios de disparos; a sabiendas que el sistema judicial y el régimen carcelario están en gran medida podridos y la reforma policial es puro engaño, y de que las extradiciones de la DEA secuestran las confesiones premiadas para controlar y proteger a una buena parte de las conexiones de las narco-mafias con el poder político, empresarial y militar.
Es por eso que hay que reiterar que la defensa de la vida de Miriam Germán descansa fundamentalmente en la solidaridad del pueblo, en su estado de alerta y su determinación de arrasar con quienes intenten agredirla. ¡Miriam somos todos/as y todos/as la apoyaremos y protegeremos!
Miriam es pueblo y solo el pueblo salva al pueblo.
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
