Opinión
Operación Halcón IV, acoso criminal a Miriam y narco-estado
Por Narciso Isa Conde
Al mundo podría parecerle extraño que la Procuradora General de la República, Miriam German Brito este bajo acoso criminal de personeros del bajo mundo de las drogas y que el enorme OPERACIÓN POLICIAL-MILITAR, -bautizada HALCON lV (más de 1,300 efectivos de tropas especiales y 71 fiscales- puesta en marcha contra conocidas guaridas del crimen organizado en la Región Norte de la República Dominicana, y anunciada espectacularmente ante nuestro país y a nivel internacional, haya concluido con tres delincuentes presos y un pedido de repatriación de un capo con residencia en España y ubicación desconocida.
Todo un fiasco, mientras tanto.
Un fiasco fríamente calculado que tiene una explicación que puede ser muy útil para la sociedad dominicana y para países latino-caribeños donde se presentan circunstancias parecidas, que una circunstancia excepcional, ha catapultado a la superficie.
Alerta. El acoso criminal a la incorruptible y valiente Magistrada Germán se sustenta en multi poder mafioso, en circunstancias en que ella es una pequeña isla de dignidad en un pantano putrefacto; designada en ese cargo por la formidable presión de un pueblo que se movilizó durante tres años por el fin de la corrupción y la impunidad, y forzó al nuevo presidente –luego de un prolongado del reinado pestilente de los Gobierno anteriores- a nombrarla en tan delicadas funciones.
Su trayectoria, aun medio de tantas adversidades, han logrado conquistar el corazón de su pueblo y el odio de los malvados de diferentes pintas, embargados de temores no sólo por los procesos judiciales emprendido, sino –y sobre todo- por lo que pueda hacer o denunciar.
Miriam, ubicada así en un régimen atado a la decadencia y gansterización del capitalismo central y periférico de estos tiempos, es un ícono del poder moral de la Nación, imposible de destituir sin el costo adicional de una alta impopularidad para un Presidente en plan reeleccionista y montado sobre un proceso recolonizador y ultra neoliberal desgastante, regenteando un Estado delincuente-impenitente.
El método para inutilizara Miriam debe ser otro, pero también comienza a fallar en tanto la Magistrada a nivel de sociedad está rodeada de amor y solidaridad.
• EL FIASCO DE LA OPERACIÓN HALCÓN OBEDECE A LAS COMPLICIDADES DE SUS TUTORES.
Al descubrir las profundidades de la amenaza de muerte a Miriam German y a su hijo, no es difícil arribar con certeza a la conclusión de que se trata de una reacción de un Estado Delincuente que anida en sus entrañas -y sobre todo en sus alturas- un narco-poder que le imprime las características de NARCO-ESTADO.
Es el caso de una narco-economía en expansión, gravitando sobre un poder temporal, renovable por votaciones; y sobre un poder permanente, que no pasa por ellas.
En ese orden sería interesante cuantificar cuánto representan en dólares los ingresos por narcotráfico y sus correspondientes modalidades de lavado, estableciendo las debidas comparaciones con los montos por remesas, turismo y exportaciones de bienes. Incluso hay formas de contaminar una parte de las remesas.
Pero de todas maneras es claro que aquí, escenario del tráfico internacional Sur-Norte, abundan los capitales y fortunas con pinta narcótica, así como los altos y medianos funcionarios civiles y militares, y dirigentes políticos enriquecidos a través de sus asociaciones delictivas con carteles locales y transnacionales.
• UNA CONFABULACIÓN DE VARIADOS AUTORES.
Narco-corrupción y corrupción gubernamental, corrupción política-gubernamental y corrupción empresarial se entremezclan.
La narco-política es por lo menos prima hermana del resto de la corrupción relacionada con el Estado. Y aunque compiten sus autores y beneficiarios, y hasta se matan entre sí, mafias y clase dominante-gobernante que no se suicidan, son solidarias y confluyen en la maldad criminal cuando se inician procesos contra la impunidad que los ha protegido por décadas.
Ese es el caso que nos ocupa y persigue matar con balas o con “cuchillito de palo” el embrión de justicia en el vientre de la madre.
Contra Miriam German confluyen todos los odios de las diversas mafias y narco-mafias que se sienten inseguras a partir de las operaciones anti-impunidad puestas en marcha, de la instrumentación de algunas restricciones y de los temores generados por otras medidas que pueden estar en la gatera.
La saben indoblegable, no solo por honesta a carta cabal, sino por absolutamente independiente de todos los poderes locales y transnacionales establecidos y operantes sobre el Estado, lo que no pasa con otras instancias y vertientes de la entidad que dirige.
Ella –reitero- no fue una simple designación, sino una conquista del PUEBLO VESTIDO DE VERDE, imposible de revocar sin pagar un enorme costo político de impopularidad.
Su prestigio y el aprecio bien ganado en nuestra sociedad le da poder y cancelarla no es fácil para un régimen cuya gestión en favor de las elites capitalistas ya está deteriorando su luna de miel con una parte del pueblo y afectando sus ventajas comparativas con el pasado inmediato.
• LOS SUJETOS DE LA AMENAZA.
Puede existir un instrumento concreto para canalizar la amenaza criminal, en el que el apuntar contra su hijo tiene también un fuerte hedor al ex procurador JEAN ALAIN RODRÍGUEZ (esté presente o no en la conjura). Pero esa determinación no es algo aislado o particular.
Es más bien fruto de una confluencia de perversidades y un despropósito concertado, que parte de valorar el cerco que tiene Miriam dentro del propio sistema judicial y el propio Estado, amén de las hipocresías y simulaciones.
No es producto de un solo cartel, menos aun de un solo capo y de sus conexiones transnacionales.
No está reducida tal intención criminal solo la delincuencia común, ni al margen de las mafias policiales y militares…
Procede de una asociación mixta que se sabe con mucho poder, capacidad de manejo y de sobrevivencia, dada su largo caminar y sus posibilidades de crecer con una fuerte protección estatal y la permanente sombrilla de un sistema y un imperio que se nutre de ese negocio.
Que brotara en Santiago y en la Región Norte, precisamente en el Cibao Central, la temeraria reacción, tiene sus causas.
Allí se han registrado muchos conflictos que han obligado a intervenciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre todo en el podrido sistema carcelario.
Allí el narcotráfico se ha desarrollado con una fuerte protección policial-militar y política.
Se dice que el Cartel a que pertenece quien se le atribuye la amenaza verbal y escrita, es el denominado CARTEL DEL CIBAO; actualmente dominante en el centro de esa región y en la mayoría de sus cárceles, conectado con el poderoso cartel mexicano de SINALOA.
De ser cierto eso solo sería una parte del problema. Algo fácil de confirmar, por lo que no se entiende por qué las autoridades no han aclarado categóricamente ese punto, a no ser que quieran sembrar confusiones.
De todas maneras, la clave del asunto no es esa. Ella radica precisamente en sus protectores y asociados a nivel de Estado, porque según los entendidos en la materia el nacimiento, crecimiento y desarrollo de ese cartel contó con un largo, intenso y tortuoso respaldo de factores de mucho poder.
La hegemonía en esa subregión, sus capos la lograron en una guerra soterrada, librada en las narices de las autoridades civiles y militares, aliados a jefes provinciales, regionales y nacionales de la PN y la DNCD, entre los cuales siempre sale a relucir el actual jefe policial Eduardo Alberto Then. Una guerra con un balance de decenas de muertos, que solo ahora las autoridades han hecho referencia y utilización publicitaria de ella.
Claro que no se trata solo del rol del general Then, mucho menos solo algunos órganos y agentes de la seguridad del Estado como dice la declaración del MP. La situación amerita una profunda y exhaustiva investigación del papel desempeñado por los jefes de la PN y la DNCD en esa región en las últimas décadas, así como de las conexiones de las narco-mafias a nivel superior, incluidas las de otros carteles.
• HALCÓN SIN GARRAS.
La Operación Halcón 4 pierde credibilidad cuando se detiene a nivel de la delincuencia común y de las batidas barriales y carcelarias, con tan pobres resultados; puesto que al no abordar sus conexiones policiales, políticas y empresariales a nivel de Estado y las alturas del poder, se reitera la intención de proteger la cúspide de la pirámide mafiosa y mantener las condiciones que siempre han posibilitado reproducir la narco-corrupción y el narco-estado. El HALCON perdió sus garras. Se las cortó la PN y la influencia de la DEA en la DNCD. FALCONDO sí que las conserva, nadie se las quita.
No hay jefes policiales y militares investigados, menos aún destituidos y apresados. Ni funcionarios civiles, ni Alcaldes, ni Gobernadores…a pesar de tantas evidencias y tantas denuncias previas.
Esa operación, sin proponérselo, desnuda un largo contubernio impune y muestra descaradamente el conocimiento por las autoridades policiales de las guaridas barriales del crimen organizado, tolerado y protegido por décadas por sus supuestos perseguidores actuales; con capturas selectivas temporales, sin confrontaciones, sin intercambios de disparos; a sabiendas que el sistema judicial y el régimen carcelario están en gran medida podridos y la reforma policial es puro engaño, y de que las extradiciones de la DEA secuestran las confesiones premiadas para controlar y proteger a una buena parte de las conexiones de las narco-mafias con el poder político, empresarial y militar.
Es por eso que hay que reiterar que la defensa de la vida de Miriam Germán descansa fundamentalmente en la solidaridad del pueblo, en su estado de alerta y su determinación de arrasar con quienes intenten agredirla. ¡Miriam somos todos/as y todos/as la apoyaremos y protegeremos!
Miriam es pueblo y solo el pueblo salva al pueblo.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?