Latinoamericanas
Conteo electoral en Guatemala apunta a una segunda vuelta
AGENCIA AP
Los tres se mantenían por debajo del 20% de votos, lejos del 50% necesario para ganar en primera ronda.
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Los comicios se celebraban en medio de una deriva del país hacia el autoritarismo
Ciudad de Guatemala.- El conteo de votos en Guatemala parecía confirmar el lunes de madrugada la celebración de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales para suceder al actual mandatario, Alejandro Giammattei.
Con el 90% de datos escrutados, «esto definitivamente es una tendencia, no definitiva pero tenemos tres partidos que van a la cabeza», indicó en una conferencia de prensa de madrugada Gabriel Aguielra, magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
Los datos situaban en primer lugar a la ex primera dama de centroderecha Sandra Torres con un 15,2% de apoyos, seguida de Bernardo Arévalo, del izquierdista partido Movimiento Semilla, que dio la sorpresa y marchaba en segundo lugar con un 12,2%. A mayor distancia, con un 7,8, quedaba la candidatura de Manuel Conde, de la formación Vamos de Giammatei.
Los tres se mantenían por debajo del 20% de votos, lejos del 50% necesario para ganar en primera ronda.
Torres Casanova dijo sentirse contenta con los resultados y aseguró que estaba preparada para ganar con quien fuera a una segunda vuelta. «Primero Dios yo sea la primera mujer presidenta de Guatemala», dijo la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza.
La participación se quedó en un 60%, mientras que los votos nulos de una población frustrada superaban los apoyos a los 22 candidatos, con un 17,4%.
También se ha acusado a las autoridades de proteger candidaturas que auguran la continuidad del sistema.
«Los resultados son el cansancio de la gente con la clase política tradicional», indicó Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arevalo, que dirigió entre 1945 y 1951 uno de los gobiernos más progresistas que ha tenido Guatemala.
Al final de la tarde, cuando los puntos de votación cerraban, la policía informó de tres ataques con bombas incendiarias ante centros electorales en tres zonas distintas de la capital. También hubo un enfrentamiento entre votantes en el municipio de San Martín Zapotitlán, en el departamento de Rethauleu, al sur del país, con varios detenidos.
Al cierre de las votaciones, el ciudadano Alejandro Cameros, maestro de 30 años, dijo que votó para que la misma gente no vuelva a estar en los cargos. «Que no queden de los mismos, sino que haya un cambio para Guatemala», declaró. «Yo tengo fe de que va a cambiar, pero si hay que cambiar, tiene que ser desde de uno mismo para que el gobierno también haga lo suyo».
El Tribunal Supremo Electoral, así como las cortes de justicia, que entran a dilucidar conflictos electorales cuando lo requieren las partes, favorecieron a dos candidatas punteras: Torres, que se presentó acompañada de Romeo Guerra, un pastor evangélico, lo cual prohíbe la Constitución; y Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, pese a que la Carta Magna también prohíbe ocupar la presidencia a quién haya encabezado un golpe de estado (como lo hizo Ríos Montt en 1982) y a sus familiares.
Los comicios se celebraban en medio de una deriva del país hacia el autoritarismo. Votantes preocupados por la seguridad, la educación y el empleo expresaron su esperanza de que incluso si el próximo presidente o presidenta no ofrecía los cambios que deseaban, al menos reconociera la importancia de las instituciones del país y detuviera la erosión democrática registrada durante el mandato de Giammattei, que por ley no puede volver a presentarse.
Durante la gestión del actual presidente más de 35 operadores de justicia se exiliaron denunciando criminalización por su labor anticorrupción y contra crímenes de lesa humanidad. También se recrudecieron las agresiones, amenazas y criminalización a la labor periodística.
Edgar Gutiérrez, analista político y exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, dijo antes de la votación que algunos de los que tienen más probabilidades de avanzar a una segunda vuelta prometerían al menos una mínima mejora con respecto a Giammattei.
«Esta vez el problema es rescatar el estado de derecho y reconstruir las instituciones, porque si no hacemos esto, todos los problemas de fondo no se van a poder tratar», dijo Gutiérrez. «Entonces la gente por eso se está yendo de Guatemala. Está emigrando porque la democracia no da resultados».
El socavamiento de la democracia en Centroamérica no se limita a Guatemala.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha llegado a extremos para lograr aplastar a toda la oposición, primero aterrorizando con sus fuerzas de seguridad, persiguiendo a los enemigos a través de leyes específicas y luego encarcelando, exiliando y desterrando a cualquier voz crítica.
Nayib Bukele de El Salvador es muy popular en casa, pero ha concentrado el poder en el congreso y el poder judicial, debilitando el sistema de garantías y contrapesos. Más de un año después de suspender algunos derechos fundamentales, el gobierno ha encarcelado a más de 60.000 personas acusadas de tener vínculos con las poderosas bandas callejeras del país.
Casi 40.000 candidatos pujaban por puestos en los 22 departamentos de Guatemala, un país que no será fácil de gobernar y que es agobiado por la corrupción, narcotráfico, migración, inseguridad y donde la situación se ha agravado los últimos años debido a un deterioro de la democracia y el estado de derecho, según los expertos.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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