Latinoamericanas
Conteo electoral en Guatemala apunta a una segunda vuelta
AGENCIA AP
Los tres se mantenían por debajo del 20% de votos, lejos del 50% necesario para ganar en primera ronda.
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Los comicios se celebraban en medio de una deriva del país hacia el autoritarismo
Ciudad de Guatemala.- El conteo de votos en Guatemala parecía confirmar el lunes de madrugada la celebración de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales para suceder al actual mandatario, Alejandro Giammattei.
Con el 90% de datos escrutados, «esto definitivamente es una tendencia, no definitiva pero tenemos tres partidos que van a la cabeza», indicó en una conferencia de prensa de madrugada Gabriel Aguielra, magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
Los datos situaban en primer lugar a la ex primera dama de centroderecha Sandra Torres con un 15,2% de apoyos, seguida de Bernardo Arévalo, del izquierdista partido Movimiento Semilla, que dio la sorpresa y marchaba en segundo lugar con un 12,2%. A mayor distancia, con un 7,8, quedaba la candidatura de Manuel Conde, de la formación Vamos de Giammatei.
Los tres se mantenían por debajo del 20% de votos, lejos del 50% necesario para ganar en primera ronda.
Torres Casanova dijo sentirse contenta con los resultados y aseguró que estaba preparada para ganar con quien fuera a una segunda vuelta. «Primero Dios yo sea la primera mujer presidenta de Guatemala», dijo la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza.
La participación se quedó en un 60%, mientras que los votos nulos de una población frustrada superaban los apoyos a los 22 candidatos, con un 17,4%.
También se ha acusado a las autoridades de proteger candidaturas que auguran la continuidad del sistema.
«Los resultados son el cansancio de la gente con la clase política tradicional», indicó Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arevalo, que dirigió entre 1945 y 1951 uno de los gobiernos más progresistas que ha tenido Guatemala.
Al final de la tarde, cuando los puntos de votación cerraban, la policía informó de tres ataques con bombas incendiarias ante centros electorales en tres zonas distintas de la capital. También hubo un enfrentamiento entre votantes en el municipio de San Martín Zapotitlán, en el departamento de Rethauleu, al sur del país, con varios detenidos.
Al cierre de las votaciones, el ciudadano Alejandro Cameros, maestro de 30 años, dijo que votó para que la misma gente no vuelva a estar en los cargos. «Que no queden de los mismos, sino que haya un cambio para Guatemala», declaró. «Yo tengo fe de que va a cambiar, pero si hay que cambiar, tiene que ser desde de uno mismo para que el gobierno también haga lo suyo».
El Tribunal Supremo Electoral, así como las cortes de justicia, que entran a dilucidar conflictos electorales cuando lo requieren las partes, favorecieron a dos candidatas punteras: Torres, que se presentó acompañada de Romeo Guerra, un pastor evangélico, lo cual prohíbe la Constitución; y Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, pese a que la Carta Magna también prohíbe ocupar la presidencia a quién haya encabezado un golpe de estado (como lo hizo Ríos Montt en 1982) y a sus familiares.
Los comicios se celebraban en medio de una deriva del país hacia el autoritarismo. Votantes preocupados por la seguridad, la educación y el empleo expresaron su esperanza de que incluso si el próximo presidente o presidenta no ofrecía los cambios que deseaban, al menos reconociera la importancia de las instituciones del país y detuviera la erosión democrática registrada durante el mandato de Giammattei, que por ley no puede volver a presentarse.
Durante la gestión del actual presidente más de 35 operadores de justicia se exiliaron denunciando criminalización por su labor anticorrupción y contra crímenes de lesa humanidad. También se recrudecieron las agresiones, amenazas y criminalización a la labor periodística.
Edgar Gutiérrez, analista político y exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, dijo antes de la votación que algunos de los que tienen más probabilidades de avanzar a una segunda vuelta prometerían al menos una mínima mejora con respecto a Giammattei.
«Esta vez el problema es rescatar el estado de derecho y reconstruir las instituciones, porque si no hacemos esto, todos los problemas de fondo no se van a poder tratar», dijo Gutiérrez. «Entonces la gente por eso se está yendo de Guatemala. Está emigrando porque la democracia no da resultados».
El socavamiento de la democracia en Centroamérica no se limita a Guatemala.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha llegado a extremos para lograr aplastar a toda la oposición, primero aterrorizando con sus fuerzas de seguridad, persiguiendo a los enemigos a través de leyes específicas y luego encarcelando, exiliando y desterrando a cualquier voz crítica.
Nayib Bukele de El Salvador es muy popular en casa, pero ha concentrado el poder en el congreso y el poder judicial, debilitando el sistema de garantías y contrapesos. Más de un año después de suspender algunos derechos fundamentales, el gobierno ha encarcelado a más de 60.000 personas acusadas de tener vínculos con las poderosas bandas callejeras del país.
Casi 40.000 candidatos pujaban por puestos en los 22 departamentos de Guatemala, un país que no será fácil de gobernar y que es agobiado por la corrupción, narcotráfico, migración, inseguridad y donde la situación se ha agravado los últimos años debido a un deterioro de la democracia y el estado de derecho, según los expertos.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.
Latinoamericanas
Colombia y Costa Rica refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado
Abelardo de la Espriella y Laura Fernández se reúnen este martes en Barranquilla para abordar estrategias conjuntas de seguridad frente a las organizaciones criminales transnacionales.
BARRANQUILLA, Colombia.– La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional marcará la agenda de la reunión que sostendrán este martes los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Costa Rica, Laura Fernández, en momentos en que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
El encuentro se realizará en Barranquilla y fue acordado previamente durante una conversación entre ambos mandatarios, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar los mecanismos de colaboración para enfrentar organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.
Entre los asuntos previstos figuran el intercambio de información e inteligencia, la coordinación institucional y posibles acciones conjuntas frente al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.
Fernández considera urgente fortalecer la cooperación
La presidenta costarricense ha otorgado especial importancia al encuentro ante su preocupación por las repercusiones que las operaciones contra el narcotráfico en Colombia puedan tener sobre otros países de la región.
Fernández calificó previamente la reunión como urgente y manifestó su interés en evitar que el desplazamiento de estructuras criminales termine afectando a Costa Rica. Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación de su Gobierno por la actividad del narcotráfico y del crimen organizado.
La visita tiene además una relevancia particular para la mandataria costarricense, al constituir su primer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo de 2026.
Seguridad, prioridad para Colombia
El Gobierno colombiano ha colocado el combate contra el narcotráfico y las organizaciones armadas y criminales entre los principales componentes de su política de seguridad.
Según cifras divulgadas por la propia Presidencia de Colombia, durante las primeras semanas de la administración de De la Espriella las autoridades han desarrollado operaciones contra distintas estructuras criminales, con capturas, decomisos de narcóticos, incautaciones de armas y erradicación de cultivos de coca.
La reunión con Fernández forma parte de los esfuerzos del Gobierno colombiano por ampliar la cooperación internacional ante fenómenos delictivos que no se limitan al territorio de un solo país.
Una amenaza que traspasa fronteras
El narcotráfico representa un desafío regional debido a la capacidad de las organizaciones criminales para modificar rutas, establecer redes logísticas en distintos países y trasladar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades en determinados territorios.
Por esa razón, Colombia y Costa Rica buscan profundizar mecanismos de intercambio de información y coordinación que permitan responder de manera conjunta a esas estructuras.
La reunión de este martes adquiere así una dimensión que supera las relaciones bilaterales entre ambos países: la discusión se concentra en cómo coordinar respuestas regionales frente a organizaciones criminales que actúan sin reconocer fronteras.
Para los dos gobiernos, el desafío será convertir la cooperación política en mecanismos concretos de intercambio de inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Washington vincula la operación con una supuesta plataforma marítima de apoyo al narcotráfico atribuida a Los Choneros; familiares de tripulantes de embarcaciones intervenidas rechazan las acusaciones
QUITO.– Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron este sábado una embarcación ecuatoriana en aguas internacionales del océano Pacífico, en una nueva operación que Washington vincula con actividades de apoyo logístico al narcotráfico y que eleva a cuatro las embarcaciones intervenidas en esa zona durante los últimos nueve días.
La nave, identificada como “María Candelaria”, fue interceptada aproximadamente a 270 millas náuticas —unos 500 kilómetros— de la costa de Ecuador, según las informaciones difundidas sobre el operativo.
El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sostuvo que la embarcación formaba parte de una estructura compuesta por varios barcos utilizados como plataforma de reabastecimiento de combustible para apoyar el transporte de drogas por el Pacífico.
Washington atribuyó esa estructura logística a Los Choneros, organización criminal ecuatoriana a la que las autoridades estadounidenses califican de “narco-terrorista”.
Ocupantes fueron entregados a Ecuador
Las personas encontradas a bordo de la “María Candelaria” fueron entregadas posteriormente a las autoridades ecuatorianas, de acuerdo con la versión oficial estadounidense.
Las embarcaciones involucradas en la operación fueron vaciadas antes de ser hundidas.
El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la intervención y la calificó como un nuevo golpe contra Los Choneros, al tiempo que indicó que la ubicación registrada aparentemente correspondía a aguas internacionales.
La circunstancia adquiere particular importancia debido a que la operación fue ejecutada por fuerzas militares estadounidenses fuera de las aguas territoriales ecuatorianas.
Tripulante transmitió el abordaje
Uno de los ocupantes de la embarcación transmitió parte de la intervención en directo mediante redes sociales y ofreció una versión diferente sobre las actividades que realizaban.
El hombre sostuvo que habían salido a pescar tres días antes y cuestionó que, según su relato, los militares no establecieran previamente comunicación por radio con la tripulación.
La versión de los ocupantes contrasta con la información de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas, que relacionan la embarcación con operaciones logísticas utilizadas para apoyar el narcotráfico.
Cuatro embarcaciones intervenidas en nueve días
El abordaje de la “María Candelaria” se produce después de otras tres operaciones contra embarcaciones ecuatorianas desarrolladas en menos de una semana.
El 28 de agosto fue destruida y hundida la embarcación “Tres Hermanos”, procedente de Jaramijó.
Posteriormente, el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la “Conquista II”, mientras que el 3 de septiembre fue intervenida la “OM 2”.
Estas dos últimas embarcaciones eran de Manta.
Las autoridades de Estados Unidos y Ecuador sostienen que algunas de esas naves operaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible, presuntamente utilizadas para prolongar la autonomía de otras embarcaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Familiares rechazan vínculos con narcotráfico
Las acusaciones oficiales han sido cuestionadas por familiares de algunos de los tripulantes.
Estos niegan que sus parientes estuvieran vinculados con organizaciones criminales y sostienen que las embarcaciones desarrollaban actividades distintas a las atribuidas por las autoridades.
La controversia introduce interrogantes sobre las evidencias utilizadas para identificar las naves como parte de estructuras de apoyo al narcotráfico.
Hasta el momento, la información suministrada no detalla públicamente qué elementos específicos fueron encontrados en cada embarcación para establecer su presunta relación con organizaciones criminales.
Operaciones estadounidenses aumentan en el Pacífico
La sucesión de cuatro intervenciones en apenas nueve días evidencia una intensificación de las operaciones estadounidenses contra las rutas marítimas que Washington considera utilizadas para el transporte y apoyo logístico del narcotráfico en el Pacífico oriental.
El caso de la “María Candelaria” agrega, además, un elemento sensible: mientras Estados Unidos y Ecuador presentan la intervención como parte de la lucha contra una estructura vinculada a Los Choneros, uno de los ocupantes sostiene que se encontraba realizando labores de pesca.
La determinación de las circunstancias exactas de la operación y de la eventual responsabilidad de los tripulantes dependerá ahora de las investigaciones correspondientes y de las evidencias que presenten las autoridades.