Nacionales
Sanear Ozama costaría US$2 mil millones
Se necesitan dos mil millones de dólares para iniciar el saneamiento del río Ozama.
En el saneamiento del río Ozama y el alcantarillado del Gran Santo Domingo se invertirían dos mil millones de dólares y se tendrán que desalojar unas 7 mil familias que viven en ambos extremos de sus riberas, afirmó este martes el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).
El arquitecto Alejandro Montás además informó que tras la instalación de 217 mil medidores en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, en el 2013 se procederá a revisar la tarifa del agua.
Y para corregir el problema del alcantarillado del Gran Santo Domingo, que incluye aguas negras, se requiere una inversión de más de mil millones de dólares, dijo Montás.
“Esa importante fuente acuífera que es el río Ozama se ha convertido en una cloaca, y debe ser rescatada. Dentro de un plan piloto hay que desalojar una siete mil familias que residen en sus alrededores”, precisó.
Montás fue entrevistado por Luisín Jiménez y Oscar Medina en el programa Hoy Mismo del Canal 9.
El director de la CAASD informó que hay en carpeta un gran proyecto para mejorar el tratamiento de las aguas residuales, que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de la Cooperación Española, que incluye la Ciudad Colonial y la cañada de Guajimía.
“El diseño para intervenir el Gran Santo Domingo en el sistema de alcantarillado tiene un presupuesto de más de mil millones de dólares, y sumado al rescate del río Ozama llegaría a dos mil millones de dólares, que se ha convertido en una verdadera cloaca”, indicó.
Agregó que esta situación es una de las grandes preocupaciones del presidente Danilo Medina, porque la contaminación del río Ozama impactaría negativamente para el turismo internacional.
Explicó que la única intervención prevista es en el sector La Zurza, donde se contempla construir una planta de tratamiento a un costo de 60 millones de pesos. “Sin embargo esto no evitaría la contaminación del río Ozama, lugar donde deberán desalojarse de siete a diez mil familias, que hay que llevarlas a un lugar donde se puedan desarrollar”.
Anunció que la CAASD trabaja para corregir las distorsiones derivadas por el desperdicio del agua, labor que se hará junto con el Ministerio de Educación para concientizar a la población estudiantil sobre el ahorro y la pérdida del líquido.
Montás sostuvo que se busca recuperar dos metros cúbicos de agua mejorando la red de distribución y reduciendo las pérdidas, construyendo los tanques en el terraplén de la carretera San Isidro, y dando mantenimiento al acueducto de Valdesia.
“Nuestra prioridad es mejorar la red, evitar las fugas y actualizar la red de distribución con más de 40 años para eficientizar el servicios de agua”, dijo.
Sobre la tarifa dijo queno hay aumento, “primero vamos a medir para instalar los 217 mil medidores de agua en el Gran Santo Domingo, para proceder a revisar la tarifa y fijar el precio, pues aquí no se paga el agua”, anotó.
Montás expuso que actualmente hay instalado 35 mil medidores de agua en la Capital y otros 10 mil en Santo Domingo Este.
UN APUNTE
Nuevos trabajos
Alejandro Montás informó que la semana próxima la CAASD realizará trabajos durante una semana en la avenida Bolívar para sustituir 250 metros lineales de tuberías de 20 pulgadas, y para colocar nuevas válvulas de distribución para mejorar el servicio a los usuarios en dicha zona.
El Nacional
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional autorizó este viernes al Poder Ejecutivo dos préstamos por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
¿Para qué son los préstamos?
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Nacionales
Después de castigo mediante arancel de Estados Unidos RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
Santo Domingo, R.D.-Fue pospuesto para el 6 de agosto por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la decisión de si envía a juicio de fondo a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que falleció una mujer y varias personas resultaron heridos.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz tomó la decisión al considerar que la resolución todavía no está lista. En ese sentido ordenó a la secretaria del tribunal la notificación de la decisión, al Ministerio Público, representado por la procuradora de Corte Dulce Luciano, a la defensa del imputado, doctor Richard Martínez y al abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima.
La corte de alzada deberá evaluar los argumentos de las partes tras la polémica decisión emitida el pasado 17 de marzo por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El tribunal tendrá que determinar si ratifica ese dictamen o si, por el contrario, acoge los recursos de la parte acusadora para revocarlo.
Deiby Timoteo Peguero dictó un auto de «no ha lugar» a favor de Pumarol Fernández, tras considerar que el imputado no se encontraba en condiciones de salud mental aptas para enfrentar un juicio de fondo por los hechos que se le imputan.
La decisión fue adoptada tras evaluar los documentos depositados por la defensa, entre ellos un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que establece que el imputado sufrió un brote psicótico al momento de los hechos debido a que padece esquizofrenia paranoide.
Tras la notificación oficial del fallo, tanto el órgano persecutor como el abogado Miguel Valerio quien ostenta la representación legal de los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, fallecida en el incidente apelaron la decisión. El recurso fue sometido dentro del plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 309 del Código Procesal Penal.
La tragedia ocurrió en julio de 2025 en el ensanche Naco, donde Jean Andrés Pumarol Fernández atacó a varias personas con un arma blanca.
El incidente dejó como saldo fatal el deceso de la señora Ivonne Handal Abugabir. Asimismo, resultaron con heridas de gravedad Guillermo Pumarol padre del agresor, la cuidadora Teresa Fabián Heredia y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.