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Sanear Ozama costaría US$2 mil millones
Se necesitan dos mil millones de dólares para iniciar el saneamiento del río Ozama.
En el saneamiento del río Ozama y el alcantarillado del Gran Santo Domingo se invertirían dos mil millones de dólares y se tendrán que desalojar unas 7 mil familias que viven en ambos extremos de sus riberas, afirmó este martes el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).
El arquitecto Alejandro Montás además informó que tras la instalación de 217 mil medidores en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, en el 2013 se procederá a revisar la tarifa del agua.
Y para corregir el problema del alcantarillado del Gran Santo Domingo, que incluye aguas negras, se requiere una inversión de más de mil millones de dólares, dijo Montás.
“Esa importante fuente acuífera que es el río Ozama se ha convertido en una cloaca, y debe ser rescatada. Dentro de un plan piloto hay que desalojar una siete mil familias que residen en sus alrededores”, precisó.
Montás fue entrevistado por Luisín Jiménez y Oscar Medina en el programa Hoy Mismo del Canal 9.
El director de la CAASD informó que hay en carpeta un gran proyecto para mejorar el tratamiento de las aguas residuales, que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de la Cooperación Española, que incluye la Ciudad Colonial y la cañada de Guajimía.
“El diseño para intervenir el Gran Santo Domingo en el sistema de alcantarillado tiene un presupuesto de más de mil millones de dólares, y sumado al rescate del río Ozama llegaría a dos mil millones de dólares, que se ha convertido en una verdadera cloaca”, indicó.
Agregó que esta situación es una de las grandes preocupaciones del presidente Danilo Medina, porque la contaminación del río Ozama impactaría negativamente para el turismo internacional.
Explicó que la única intervención prevista es en el sector La Zurza, donde se contempla construir una planta de tratamiento a un costo de 60 millones de pesos. “Sin embargo esto no evitaría la contaminación del río Ozama, lugar donde deberán desalojarse de siete a diez mil familias, que hay que llevarlas a un lugar donde se puedan desarrollar”.
Anunció que la CAASD trabaja para corregir las distorsiones derivadas por el desperdicio del agua, labor que se hará junto con el Ministerio de Educación para concientizar a la población estudiantil sobre el ahorro y la pérdida del líquido.
Montás sostuvo que se busca recuperar dos metros cúbicos de agua mejorando la red de distribución y reduciendo las pérdidas, construyendo los tanques en el terraplén de la carretera San Isidro, y dando mantenimiento al acueducto de Valdesia.
“Nuestra prioridad es mejorar la red, evitar las fugas y actualizar la red de distribución con más de 40 años para eficientizar el servicios de agua”, dijo.
Sobre la tarifa dijo queno hay aumento, “primero vamos a medir para instalar los 217 mil medidores de agua en el Gran Santo Domingo, para proceder a revisar la tarifa y fijar el precio, pues aquí no se paga el agua”, anotó.
Montás expuso que actualmente hay instalado 35 mil medidores de agua en la Capital y otros 10 mil en Santo Domingo Este.
UN APUNTE
Nuevos trabajos
Alejandro Montás informó que la semana próxima la CAASD realizará trabajos durante una semana en la avenida Bolívar para sustituir 250 metros lineales de tuberías de 20 pulgadas, y para colocar nuevas válvulas de distribución para mejorar el servicio a los usuarios en dicha zona.
El Nacional
Santo Domingo, R.D.-Datos ha sido recopilado sobre el conductor que atropelló a dos mujeres y una niña en horas de la noche del pasado jueves en un hecho ocurrido en la Ciudad Juan Bosch del municipio de Santo Domingo Este, según La Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Ministerio Público (MP),
De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Prensa de la Digesett, el caso está “en proceso de investigación» y que se encuentran trabajando en conjunto con el MP para dar con el paradero del conductor, quien emprendió la huida después del hecho.
No obstante, se adelantó que las próximas horas ofrecerán información más precisa sobre este caso, como el nombre del conductor y la marca del vehículo ya que han obtenido los datos del mismo debido a que aparece en una cámara de vigilancia de la zona, donde ocurrió el hecho.
Una de las mujeres, cuyo nombre aún se desconoce, perdió la vida luego de haber sido impactada por el vehículo; mientras que la otra se encuentra siendo atendida en el Mauricio Báez, al tiempo que la niña, hija de la fallecida, se encuentra en cuidados intensivos del hospital Hugo Mendoza.
Las dos mujeres y la menor de edad cruzaban una calle de la Ciudad Juan Bosch cuando fueron atropelladas, de acuerdo con un video de una cámara de seguridad.
Fue anulada este viernes por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional anularon la sentencia que había emitido el Primer Tribunal Colegiado contra los implicados en la muerte a golpes del joven David de los Santos mientras estaba bajo custodia de la Policía Nacional en el destacamento del ensanche Naco de la capital dominicana.
Al anular el fallo del tribunal de primer grado, la corte ordenó la apertura de un nuevo juicio.
El abogado Waldo Paulino, en representación de los familiares del joven, explicó que la decisión fue tomada debido a que las juzgadoras «no se apegaron al debido proceso».
«Anula en todas sus partes la sentencia recurrida por adolecer la misma de aspectos sustanciales al proceso, en consecuencia, ordena la celebración de un nuevo juicio total, a fin de que se proceda a una nueva valoración de las pruebas, conforme las disposiciones del Código Procesal Penal», dice la sentencia.
El abogado manifestó que con esta apertura a un nuevo juicio se busca que aparezcan los reales responsables de la muerte de David de los Santos.
«Los que están presos son inocentes y así ha demostrado la sentencia que ha emitido la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional», expresó el abogado.
La sentencia
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a dos agentes de la Policía a 15 años de prisión y a tres civiles a 30 años por la muerte de David de los Santos, quien fue víctima de una golpiza en el destacamento de Naco el 27 de abril del año pasado y falleció cuatro días después.
Los policías condenados fueron el segundo teniente Germán García y el cabo Alfonso Decena Hernández, mientras que fueron declarados no culpables el capitán Domingo Alberto Rodríguez y el raso Sari Manuel González han sido absueltos por el caso.
Los civiles condenados por tortura y barbarie fueron Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban en la celda cuando llevaron a la víctima esposada con las manos hacia atrás.
Santo Domingo, R.D.-Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S. y Transcore Latam, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico de la referida institución, están a la espera de ser trasladados a la cárcel de Najayo-Hombres, donde deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva por su implicación en el supuesto acto de corrupción perpetrado desde la institución oficial.
Mientras tanto, los abogados de los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas realizaron el pago de la garantía económica impuesta por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y están a la espera de su libertad.
Además, a estos imputados se les impuso impedimento de salida y presentación periódica como medida cautelar.
En tanto, para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza dispuso arresto domiciliario y presentación periódica. A las 2:48 de la tarde, esposado, fue trasladado a su domicilio en un minibús de la Procuraduría.
Tras una visita a su defendido, Hugo Beras, los abogados Laura Acosta y Luis Rivas reiteraron que apelarán la decisión de la magistrada Veloz, debido a que el criterio utilizado para tomar la medida fue que Hugo Beras «fue un funcionario de alto nivel».
«¿Cómo tú mantienes a una persona en prisión supuestamente porque fue un funcionario de alto nivel y por eso hay riesgo?», cuestionó Acosta.
Asimismo, Rivas manifestó que ese criterio no es jurídico y dijo que es algo nunca visto: «eso ni siquiera está en los libros».
«Yo creo que si ese es el criterio usado, todo el que es funcionario debe empezar a preocuparse y el que no lo es aún debe pensarlo dos veces antes de meterse a funcionario«, expuso Rivas.
Rivas citó que otro de los criterios invocados por la jueza es que los abogados asistieron a Hugo Beras al día siguiente de su apresamiento.
Además, la jueza Veloz consideró que las pruebas aportadas por la defensa no fueron suficientes para determinar quién dice la verdad.
«Otra cosa interesante es que ella dice que los presupuestos de arraigo que presentamos no eran suficientes (…) y lo que aportamos fue de sobra», puntualizó Rivas.
La investigación del Ministerio Público, que la ha denominado Operación Camaleón, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
Las irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.