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Jean Alain adquirió apartamento con fondos desviados de la Fiscalía del DN, según Ministerio Publico.
Santo Domingo.- El Ministerio Publico dijo este martes que en la gestión del Jean Alain Rodríguez Sánchez, este adquirió un apartamento con fondos desviados de la Fiscalía del Distrito Nacional, cuya afirmación tuvo lugar en la lectura de la acusación por presunta corrupción administrativa del caso Medusa mientras se celebraba la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez destacó los avances del proceso y explicó que en la audiencia de este martes desarrollaron varias líneas que forman parte de la acusación, entre estas el alegado el manejo irregular de los bienes incautados, así como el pago de sobornos y recepción por parte de varios de los acusados, entre estos de manera directa, por el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez.
«Una línea sumamente importante que desarrollamos en el día de hoy fue la adquisición de un apartamento con fondos sustraídos de la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de la supuesta compra de un parqueo, cuyo apartamento es propiedad del señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, y su testaferro lo entregó voluntariamente al Ministerio Público para que sea decomisado en virtud de que no era su propietario legítimo y era de Jean Alain Rodríguez Sánchez», dijo a periodistas que le preguntaron sobre el avance del proceso judicial.
En respuesta a preguntas en torno a los 5 millones de sobornos que fueron entregados al acusado Johanatan Loanders Medina Reyes, exencargado de Compras del Ministerio Público en la gestión de Rodríguez Sánchez, detalló que «eso fue en efectivo también, fue por parte de un proveedor del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, que, de manera directa, le entregó a Loanders Medina este soborno para fines de ser beneficiado con los pagos por los servicios prestados».
El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, encabezado por el juez Amauri Martínez, continuó este martes conociendo la audiencia preliminar del proceso judicial Medusa, en el que el Ministerio Público acusa al exprocurador general de la República de encabezar una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República de 2016 a 2020.
La fiscal litigante Rosa Alba García retomó la lectura de la acusación en la página 880, desde donde se establecen los actos delictivos cometidos con los bienes incautados. Se avanzó hasta la página 1,094.
También, fue presentado al juez Martínez, por los fiscales Melbin Romero, Jonathan Pérez y Miguel Collado, la oferta probatoria sobre el pago de soborno.
Asimismo, en la jornada de hoy fue presentada la oferta probatoria de la compra del solar para la construcción del parqueo para la Fiscalía del Distrito Nacional. El inmueble fue comprado por 19 millones de pesos, «de los cuales fueron entregados 11 millones al exprocurador general de la República».
El expediente
El Ministerio Público, en el expediente de la Operación Medusa, acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En el expediente de más de 12 mil páginas, el órgano persecutor además acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Como representantes del Ministerio Público, en esta audiencia también están la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procuradora de corte Mirna Ortiz, y la fiscal Marinel Brea.
Debido a la cantidad de acusados, abogados defensores y fiscales, la audiencia preliminar de la Operación Medusa es realizada en la sala 05 del edificio que alojaba a la Suprema Corte de Justicia, en las antiguas instalaciones del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
A las 4:50 de la tarde, cuando el Ministerio Público leía la página 1,094, el juez Martínez aplazó la audiencia preliminar de Operación Medusa y fijó la próxima para el próximo viernes 14 de julio, a las 9:00 am.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.