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Jean Alain adquirió apartamento con fondos desviados de la Fiscalía del DN, según Ministerio Publico.
Santo Domingo.- El Ministerio Publico dijo este martes que en la gestión del Jean Alain Rodríguez Sánchez, este adquirió un apartamento con fondos desviados de la Fiscalía del Distrito Nacional, cuya afirmación tuvo lugar en la lectura de la acusación por presunta corrupción administrativa del caso Medusa mientras se celebraba la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez destacó los avances del proceso y explicó que en la audiencia de este martes desarrollaron varias líneas que forman parte de la acusación, entre estas el alegado el manejo irregular de los bienes incautados, así como el pago de sobornos y recepción por parte de varios de los acusados, entre estos de manera directa, por el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez.
«Una línea sumamente importante que desarrollamos en el día de hoy fue la adquisición de un apartamento con fondos sustraídos de la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de la supuesta compra de un parqueo, cuyo apartamento es propiedad del señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, y su testaferro lo entregó voluntariamente al Ministerio Público para que sea decomisado en virtud de que no era su propietario legítimo y era de Jean Alain Rodríguez Sánchez», dijo a periodistas que le preguntaron sobre el avance del proceso judicial.
En respuesta a preguntas en torno a los 5 millones de sobornos que fueron entregados al acusado Johanatan Loanders Medina Reyes, exencargado de Compras del Ministerio Público en la gestión de Rodríguez Sánchez, detalló que «eso fue en efectivo también, fue por parte de un proveedor del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, que, de manera directa, le entregó a Loanders Medina este soborno para fines de ser beneficiado con los pagos por los servicios prestados».
El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, encabezado por el juez Amauri Martínez, continuó este martes conociendo la audiencia preliminar del proceso judicial Medusa, en el que el Ministerio Público acusa al exprocurador general de la República de encabezar una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República de 2016 a 2020.
La fiscal litigante Rosa Alba García retomó la lectura de la acusación en la página 880, desde donde se establecen los actos delictivos cometidos con los bienes incautados. Se avanzó hasta la página 1,094.
También, fue presentado al juez Martínez, por los fiscales Melbin Romero, Jonathan Pérez y Miguel Collado, la oferta probatoria sobre el pago de soborno.
Asimismo, en la jornada de hoy fue presentada la oferta probatoria de la compra del solar para la construcción del parqueo para la Fiscalía del Distrito Nacional. El inmueble fue comprado por 19 millones de pesos, «de los cuales fueron entregados 11 millones al exprocurador general de la República».
El expediente
El Ministerio Público, en el expediente de la Operación Medusa, acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En el expediente de más de 12 mil páginas, el órgano persecutor además acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Como representantes del Ministerio Público, en esta audiencia también están la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procuradora de corte Mirna Ortiz, y la fiscal Marinel Brea.
Debido a la cantidad de acusados, abogados defensores y fiscales, la audiencia preliminar de la Operación Medusa es realizada en la sala 05 del edificio que alojaba a la Suprema Corte de Justicia, en las antiguas instalaciones del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
A las 4:50 de la tarde, cuando el Ministerio Público leía la página 1,094, el juez Martínez aplazó la audiencia preliminar de Operación Medusa y fijó la próxima para el próximo viernes 14 de julio, a las 9:00 am.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.