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Jean Alain adquirió apartamento con fondos desviados de la Fiscalía del DN, según Ministerio Publico.
Santo Domingo.- El Ministerio Publico dijo este martes que en la gestión del Jean Alain Rodríguez Sánchez, este adquirió un apartamento con fondos desviados de la Fiscalía del Distrito Nacional, cuya afirmación tuvo lugar en la lectura de la acusación por presunta corrupción administrativa del caso Medusa mientras se celebraba la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez destacó los avances del proceso y explicó que en la audiencia de este martes desarrollaron varias líneas que forman parte de la acusación, entre estas el alegado el manejo irregular de los bienes incautados, así como el pago de sobornos y recepción por parte de varios de los acusados, entre estos de manera directa, por el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez.
«Una línea sumamente importante que desarrollamos en el día de hoy fue la adquisición de un apartamento con fondos sustraídos de la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de la supuesta compra de un parqueo, cuyo apartamento es propiedad del señor Jean Alain Rodríguez Sánchez, y su testaferro lo entregó voluntariamente al Ministerio Público para que sea decomisado en virtud de que no era su propietario legítimo y era de Jean Alain Rodríguez Sánchez», dijo a periodistas que le preguntaron sobre el avance del proceso judicial.
En respuesta a preguntas en torno a los 5 millones de sobornos que fueron entregados al acusado Johanatan Loanders Medina Reyes, exencargado de Compras del Ministerio Público en la gestión de Rodríguez Sánchez, detalló que «eso fue en efectivo también, fue por parte de un proveedor del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, que, de manera directa, le entregó a Loanders Medina este soborno para fines de ser beneficiado con los pagos por los servicios prestados».
El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, encabezado por el juez Amauri Martínez, continuó este martes conociendo la audiencia preliminar del proceso judicial Medusa, en el que el Ministerio Público acusa al exprocurador general de la República de encabezar una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República de 2016 a 2020.
La fiscal litigante Rosa Alba García retomó la lectura de la acusación en la página 880, desde donde se establecen los actos delictivos cometidos con los bienes incautados. Se avanzó hasta la página 1,094.
También, fue presentado al juez Martínez, por los fiscales Melbin Romero, Jonathan Pérez y Miguel Collado, la oferta probatoria sobre el pago de soborno.
Asimismo, en la jornada de hoy fue presentada la oferta probatoria de la compra del solar para la construcción del parqueo para la Fiscalía del Distrito Nacional. El inmueble fue comprado por 19 millones de pesos, «de los cuales fueron entregados 11 millones al exprocurador general de la República».
El expediente
El Ministerio Público, en el expediente de la Operación Medusa, acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En el expediente de más de 12 mil páginas, el órgano persecutor además acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Como representantes del Ministerio Público, en esta audiencia también están la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procuradora de corte Mirna Ortiz, y la fiscal Marinel Brea.
Debido a la cantidad de acusados, abogados defensores y fiscales, la audiencia preliminar de la Operación Medusa es realizada en la sala 05 del edificio que alojaba a la Suprema Corte de Justicia, en las antiguas instalaciones del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
A las 4:50 de la tarde, cuando el Ministerio Público leía la página 1,094, el juez Martínez aplazó la audiencia preliminar de Operación Medusa y fijó la próxima para el próximo viernes 14 de julio, a las 9:00 am.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.