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Ray Guevara advierte que el Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones.
Santo Domingo.-Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, afirmó en la XXVIII Edición del World Law Congress que se realiza en la ciudad de Nueva York, que esta alta corte ha realizado un ejercicio responsable de independencia, gracias al esfuerzo y sentido de responsabilidad de los jueces que hasta ahora lo han conformado.
«Si cada juez no es independiente, el Tribunal no puede serlo. El Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones de los poderes públicos nacionales ni de organismos internacionales ni de gobiernos extranjeros. Ha adquirido la madurez para tener una visión de Estado cuando así lo requiere el interés nacional», expuso en el evento que reúne a más de 200 líderes mundiales.
Durante su intervención, titulada «La independencia del juez constitucional» como panelista en la mesa sobre «independencia judicial», en la que compartió con juristas y académicos de varios países, Ray Guevara aseguró que el TC «no cede ante acciones de grupos de interés u organizaciones o sectores privados».
El magistrado destacó que, en el caso dominicano, los poderes públicos, de manera general, han sido respetuosos del Tribunal Constitucional, y que espera que así continúe.
Asimismo, Ray Guevara precisó que la independencia del juez constitucional estará garantizada por su sometimiento a la Constitución, ya que ni el Tribunal Constitucional ni ningún magistrado están por encima de la Carta Magna, a la que definió como un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes.
Sostuvo que el peligro mayor sigue residiendo en la denominada tendencia a la tiranía de los poderes organizados de las autoridades públicas del Estado.
«La justicia constitucional implica que el poder de aquellos que gobiernan se encuentra limitado por la Constitución, la norma, sus principios, sus valores y, por ende, se han previsto procedimientos y se han creado organismos para dar contenido a tal limitación», dijo en el evento internacional, según refiere una nota de prensa del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, precisó que las 6,680 sentencias pronunciadas hasta hoy por el TC, han generado una jurisprudencia en favor de los ciudadanos; sin embargo, agregó que la inejecución de las mismas es un flagrante atentado a la independencia de esta Alta Corte.
Añadió que las restricciones presupuestarias y las represalias políticas también constituyen atentados a la independencia de los jueces, así como las campañas de descrédito realizadas a través de las redes sociales por grupos que tienen algún interés, por organismos del Estado o por grupos privados en contra de las decisiones, y la fabricación de expedientes contra jueces por razones político-partidarias. Consideró que estos hechos deben ser condenados.
Ray Guevara también explicó que en la República Dominicana está establecido lo que denomina el poder jurisdiccional, el cual está integrado por el Tribunal Constitucional, en la cúspide de la pirámide institucional, cuya misión es garantizar la supremacía de la Constitución; la Suprema Corte de Justicia y los tribunales ordinarios que solucionan los conflictos entre particulares, entre estos y la administración y las cuestiones de orden público, y el Tribunal Superior Electoral que resuelve los conflictos políticos y electorales.
Además, destacó que una característica de la República Dominicana es que todos los jueces de las distintas jurisdicciones que conforman el poder jurisdiccional son jueces constitucionales.
Sobre el evento
La XXVIII Edición del World Law Congress, cuyo objetivo es debatir sobre el Estado de derecho, y cómo este afecta a las naciones, se realiza con la participación de más de 200 líderes mundiales, incluidos jefes de Estado, autoridades, jueces, legisladores, académicos, abogados, activistas, estudiantes y profesionales afines.
El magistrado compartió en la mesa Independencia judicial con Pascal Pichonnaz, presidente del Instituto de Derecho Europeo; Angelika Nussberger, exvicepresidenta de la Corte Europea de Derechos Humanos; Carmen Corral Ponce, vicepresidenta Corte Constitucional del Ecuador y Gonçalo Almeida Ribeiro, vicepresidente de la Corte Constitucional de Portugal.
También compartió con Shimon Shetreet, profesor Greenlatt de Derecho Internacional y Público de Israel; Sophie Turenne, catedrática en Derecho de la Unión Europea y directora de Estudios en Derecho de la Universidad Murray Edwards, Reino Unido; Giuseppe Ferrari, profesor en Derecho Constitucional en la Universidad Bocconi de Italia, y exvicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparativo, y Zheng Tang, profesor de Derecho y decano de la Universidad de Wuhan, China, en la Academia de Derecho Internacional y Gobernanza Global.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.