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Ray Guevara advierte que el Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones.
Santo Domingo.-Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, afirmó en la XXVIII Edición del World Law Congress que se realiza en la ciudad de Nueva York, que esta alta corte ha realizado un ejercicio responsable de independencia, gracias al esfuerzo y sentido de responsabilidad de los jueces que hasta ahora lo han conformado.
«Si cada juez no es independiente, el Tribunal no puede serlo. El Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones de los poderes públicos nacionales ni de organismos internacionales ni de gobiernos extranjeros. Ha adquirido la madurez para tener una visión de Estado cuando así lo requiere el interés nacional», expuso en el evento que reúne a más de 200 líderes mundiales.
Durante su intervención, titulada «La independencia del juez constitucional» como panelista en la mesa sobre «independencia judicial», en la que compartió con juristas y académicos de varios países, Ray Guevara aseguró que el TC «no cede ante acciones de grupos de interés u organizaciones o sectores privados».
El magistrado destacó que, en el caso dominicano, los poderes públicos, de manera general, han sido respetuosos del Tribunal Constitucional, y que espera que así continúe.
Asimismo, Ray Guevara precisó que la independencia del juez constitucional estará garantizada por su sometimiento a la Constitución, ya que ni el Tribunal Constitucional ni ningún magistrado están por encima de la Carta Magna, a la que definió como un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes.
Sostuvo que el peligro mayor sigue residiendo en la denominada tendencia a la tiranía de los poderes organizados de las autoridades públicas del Estado.
«La justicia constitucional implica que el poder de aquellos que gobiernan se encuentra limitado por la Constitución, la norma, sus principios, sus valores y, por ende, se han previsto procedimientos y se han creado organismos para dar contenido a tal limitación», dijo en el evento internacional, según refiere una nota de prensa del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, precisó que las 6,680 sentencias pronunciadas hasta hoy por el TC, han generado una jurisprudencia en favor de los ciudadanos; sin embargo, agregó que la inejecución de las mismas es un flagrante atentado a la independencia de esta Alta Corte.
Añadió que las restricciones presupuestarias y las represalias políticas también constituyen atentados a la independencia de los jueces, así como las campañas de descrédito realizadas a través de las redes sociales por grupos que tienen algún interés, por organismos del Estado o por grupos privados en contra de las decisiones, y la fabricación de expedientes contra jueces por razones político-partidarias. Consideró que estos hechos deben ser condenados.
Ray Guevara también explicó que en la República Dominicana está establecido lo que denomina el poder jurisdiccional, el cual está integrado por el Tribunal Constitucional, en la cúspide de la pirámide institucional, cuya misión es garantizar la supremacía de la Constitución; la Suprema Corte de Justicia y los tribunales ordinarios que solucionan los conflictos entre particulares, entre estos y la administración y las cuestiones de orden público, y el Tribunal Superior Electoral que resuelve los conflictos políticos y electorales.
Además, destacó que una característica de la República Dominicana es que todos los jueces de las distintas jurisdicciones que conforman el poder jurisdiccional son jueces constitucionales.
Sobre el evento
La XXVIII Edición del World Law Congress, cuyo objetivo es debatir sobre el Estado de derecho, y cómo este afecta a las naciones, se realiza con la participación de más de 200 líderes mundiales, incluidos jefes de Estado, autoridades, jueces, legisladores, académicos, abogados, activistas, estudiantes y profesionales afines.
El magistrado compartió en la mesa Independencia judicial con Pascal Pichonnaz, presidente del Instituto de Derecho Europeo; Angelika Nussberger, exvicepresidenta de la Corte Europea de Derechos Humanos; Carmen Corral Ponce, vicepresidenta Corte Constitucional del Ecuador y Gonçalo Almeida Ribeiro, vicepresidente de la Corte Constitucional de Portugal.
También compartió con Shimon Shetreet, profesor Greenlatt de Derecho Internacional y Público de Israel; Sophie Turenne, catedrática en Derecho de la Unión Europea y directora de Estudios en Derecho de la Universidad Murray Edwards, Reino Unido; Giuseppe Ferrari, profesor en Derecho Constitucional en la Universidad Bocconi de Italia, y exvicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparativo, y Zheng Tang, profesor de Derecho y decano de la Universidad de Wuhan, China, en la Academia de Derecho Internacional y Gobernanza Global.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.