Nacionales
Ray Guevara advierte que el Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones.
Santo Domingo.-Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, afirmó en la XXVIII Edición del World Law Congress que se realiza en la ciudad de Nueva York, que esta alta corte ha realizado un ejercicio responsable de independencia, gracias al esfuerzo y sentido de responsabilidad de los jueces que hasta ahora lo han conformado.
«Si cada juez no es independiente, el Tribunal no puede serlo. El Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones de los poderes públicos nacionales ni de organismos internacionales ni de gobiernos extranjeros. Ha adquirido la madurez para tener una visión de Estado cuando así lo requiere el interés nacional», expuso en el evento que reúne a más de 200 líderes mundiales.
Durante su intervención, titulada «La independencia del juez constitucional» como panelista en la mesa sobre «independencia judicial», en la que compartió con juristas y académicos de varios países, Ray Guevara aseguró que el TC «no cede ante acciones de grupos de interés u organizaciones o sectores privados».
El magistrado destacó que, en el caso dominicano, los poderes públicos, de manera general, han sido respetuosos del Tribunal Constitucional, y que espera que así continúe.
Asimismo, Ray Guevara precisó que la independencia del juez constitucional estará garantizada por su sometimiento a la Constitución, ya que ni el Tribunal Constitucional ni ningún magistrado están por encima de la Carta Magna, a la que definió como un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes.
Sostuvo que el peligro mayor sigue residiendo en la denominada tendencia a la tiranía de los poderes organizados de las autoridades públicas del Estado.
«La justicia constitucional implica que el poder de aquellos que gobiernan se encuentra limitado por la Constitución, la norma, sus principios, sus valores y, por ende, se han previsto procedimientos y se han creado organismos para dar contenido a tal limitación», dijo en el evento internacional, según refiere una nota de prensa del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, precisó que las 6,680 sentencias pronunciadas hasta hoy por el TC, han generado una jurisprudencia en favor de los ciudadanos; sin embargo, agregó que la inejecución de las mismas es un flagrante atentado a la independencia de esta Alta Corte.
Añadió que las restricciones presupuestarias y las represalias políticas también constituyen atentados a la independencia de los jueces, así como las campañas de descrédito realizadas a través de las redes sociales por grupos que tienen algún interés, por organismos del Estado o por grupos privados en contra de las decisiones, y la fabricación de expedientes contra jueces por razones político-partidarias. Consideró que estos hechos deben ser condenados.
Ray Guevara también explicó que en la República Dominicana está establecido lo que denomina el poder jurisdiccional, el cual está integrado por el Tribunal Constitucional, en la cúspide de la pirámide institucional, cuya misión es garantizar la supremacía de la Constitución; la Suprema Corte de Justicia y los tribunales ordinarios que solucionan los conflictos entre particulares, entre estos y la administración y las cuestiones de orden público, y el Tribunal Superior Electoral que resuelve los conflictos políticos y electorales.
Además, destacó que una característica de la República Dominicana es que todos los jueces de las distintas jurisdicciones que conforman el poder jurisdiccional son jueces constitucionales.
Sobre el evento
La XXVIII Edición del World Law Congress, cuyo objetivo es debatir sobre el Estado de derecho, y cómo este afecta a las naciones, se realiza con la participación de más de 200 líderes mundiales, incluidos jefes de Estado, autoridades, jueces, legisladores, académicos, abogados, activistas, estudiantes y profesionales afines.
El magistrado compartió en la mesa Independencia judicial con Pascal Pichonnaz, presidente del Instituto de Derecho Europeo; Angelika Nussberger, exvicepresidenta de la Corte Europea de Derechos Humanos; Carmen Corral Ponce, vicepresidenta Corte Constitucional del Ecuador y Gonçalo Almeida Ribeiro, vicepresidente de la Corte Constitucional de Portugal.
También compartió con Shimon Shetreet, profesor Greenlatt de Derecho Internacional y Público de Israel; Sophie Turenne, catedrática en Derecho de la Unión Europea y directora de Estudios en Derecho de la Universidad Murray Edwards, Reino Unido; Giuseppe Ferrari, profesor en Derecho Constitucional en la Universidad Bocconi de Italia, y exvicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparativo, y Zheng Tang, profesor de Derecho y decano de la Universidad de Wuhan, China, en la Academia de Derecho Internacional y Gobernanza Global.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.