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Abogados de Donald Guerrero acusan a Cámara de Cuentas de violar plazos y normas al no publicar informe de auditoría
Santo Domingo.- La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, denunciaron este miércoles el “injustificado” retraso de la Cámara de Cuentas para publicar la auditoría realizada a los últimos dos años de la gestión de su cliente en el Ministerio de Hacienda, a pesar de haberle notificado el 19 de octubre de 2022 su informe final.
La defensa del exministro afirma que con los resultados de estos informes se podrán desmentir las imputaciones infundadas que ha presentado el Ministerio Publico en su contra.
“Esa falta de publicación de los resultados de las auditorías es una omisión tan censurable que afecta considerablemente la institucionalidad del país y resulta también gravísima de cara al proceso judicial que se le sigue al señor Donald Guerrero porque con los resultados de estos informes se podrán desmentir las imputaciones infundadas que ha presentado el Ministerio Público para sostener su acción penal contra él”, fueron las palabras del jurista Manuel Rodríguez.
El equipo legal resaltó que el día 6 de octubre de 2021 fue celebrada una reunión con el objetivo de dar a conocer el informe final de la referida auditoría en la que participaron representantes de la Cámara de Cuenta, funcionarios del Ministerio de Hacienda, encabezados por el actual ministro José Manuel Vicente, y algunos funcionarios de la pasada gestión, entre estos el señor Donald Guerrero, quienes redactaron un acta del evento y la firmaron por entender válidos los resultados de la auditoría.
El día 19 de octubre de 2022, a dos años de haber iniciado la investigación fiscal, el referido informe fue formalmente notificado al señor Guerrero Ortiz, y no obstante su solicitud para que los resultados de la auditoría sean publicados según el procedimiento establecido, la Cámara de Cuentas no ha correspondido sin justificación alguna, afirman los juristas.
Auditorías favorables
La defensa de Donald Guerrero aseguró que a la fecha han sido emitidas tres auditorías de la Cámara de Cuentas relativas al manejo correcto de los fondos públicos durante su gestión. Lo que, según los letrados, hacen de su cliente el único investigado bajo prisión preventiva con tal cantidad de auditorías que avalan la pulcritud de su gestión.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.