Opinión
EEUU, Kenia y la invasión Haití
Por Narciso Isa Conde
Ya veremos lo que pasa y ojalá que a los padrinos de esa vil iniciativa le vaya peor que a los tutores de Zelensky y sus huestes fascistas.
A los diez meses que el presidente de Haití Ariel Henry solicitó, por órdenes de EEUU y conveniencia de la ONU, la intervención militar multinacional en su país, el presidente de KENIA, William Ruto, responde que está dispuesto a enviar mil policías y a encabezar la invasión.
No pocos diarios del planeta titulan más o menos así el anunció de esa nación africana: “Kenia ofrece dirigir fuerza multinacional para ayudar Haití”; sin embargo, lo correcto sería informar que Kenia acepta aparentar ser la fuerza que va a dirigir esa nueva agresión a la soberanía de esa Nación hermana.
Porque realmente no fue Kenia quien lo decidió, ni esa invasión es para ayudar a Haití, lo que ya no es un secreto.
Muchos de esos medios de comunicación tienen acceso a informaciones que evidencian que todo ese teatro sirve para encubrir una intervención militar imperialista contra la autodeterminación del pueblo haitiano, como todas las anteriores.
El pretexto escogido son las bandas mafiosas, creadas y armadas por la CIA y el Mossad israelí, con participación del paramilitarismo colombiano, de igual factura y larga experiencia criminal.
Está demostrado que los modernos armamentos de esas bandas proceden de contrabandos recurrentes, facilitados por autoridades estadounidenses y haitianas. Bandas con conexiones a nivel policial, presidencial del partido de gobierno, y armas cada diseminadas.
Todo eso encajaba dentro de la estrategia de provocar un “caos controlado”, que ya se le está yendo de la mano al poder imperial.
Así las cosas, la anunciada invasión militar no es para eliminar las bandas, sino fundamentalmente para controlar más la situación y los minerales de valor estratégicos (litio, uranio, titanio, tierras raras…); para enfrentar a un pueblo que se ha tirado a las calles para exigir la destitución de Ariel Henry y demandar una transición soberana a la democracia; ya en actitud de enfrentarse con éxito a una parte de las bandas y de ejercer soberanía.
Estén seguro que, así como el pedido de invasión a cargo de Henry fue sugerido por EEUU y las potencias imperialistas, así mismo la respuesta de William Ruto fue negociada por EEUU. Pero igual está confirmado que en tales circunstancias la intervención militar de EEUU y aliados, lejos de ser ayuda y solución a la crisis, más bien tiende a agravarla.
Así no se ayuda a nadie y precisamente la historia reciente de Haití lo evidencia.
En los últimos 30 años Haití ha sido intervenido militarmente 10 veces por decisión de EEUU, y todo ha empeorado. Tras cada invasión los problemas se han agravado.
· ¿POR QUÉ KENIA Y TROPAS NEGRAS?
¿Por qué se recurre a Kenia, a pesar de no tener experiencias en ese tipo de confrontación?
Eso tiene una lógica, como la tubo cuando en anteriores ocasiones EEUU estructuró contingentes con una alta composición de soldados negros y cuando en el caso de la Minustha, Brasil encabezó las tropas invasoras como país latinoamericano; lo que le facilitó a las potencias imperialistas colocarse detrás, quitarse presión y simular un bajo perfil.
La lógica de enviar soldados negros es porque la población de Haití es negra y eso permite esconder al blanco como agresor; esconder el racismo supremacista blanco y bajarle el tono al coloniaje.
La acumulación de experiencia lleva ahora a los «tanques pensantes» de ese poder imperialista a ensayar otra modalidad de intervención, utilizando una nación africana contra un pueblo de origen africano.
El camuflaje se eleva escogiendo como jefe aparente de la nueva agresión a un país del África negra, de donde procede el pueblo haitiano; al mismo tiempo que se eleva la perversidad racista, potenciando un cruel enfrentamiento de negros contra negros: los kenianos como “carne cañón” y los haitianos/as como víctimas de la invasión.
Es el uso del pérfido del simbolismo de la confrontación en el Caribe de una porción del continente más odiado por el imperialismo occidental blanco contra un pueblo caribeño de origen africano, “culpable” de escenificar la primera independencia y la primera revolución anti esclavista en Nuestra América
A eso se ha prestado el Gobierno de Kenia por órdenes imperiales.
¿Por qué escogieron a Kenia para realizar ese bochornoso papel y no a otro país africano?
Esto también tiene su lógica imperialista.
Kenia tiene un gobierno de la derecha pro imperialista y EE. UU y España han estado gestionando ese paso.
Kenia es tan dependiente y su gobierno está débil frente a una embestida popular opositora, que fue fácil de convencer.
Ya estamos viendo como EE. UU, pleno de hipocresía, felicita a Kenia y promete respaldo sin meterse de lleno en el pantano.
Canadá se regocija y simula odiar a los oligarcas haitianos que las potencias coloniales engendraron.
El presidente dominicano, su canciller agringado y su Congreso corrupto y entreguista, aplauden con pies y manos.
La ONU de Guterres sirve de mampara.
El Ministerio de Colonia (OEA) está de fiesta.
Y el CARICOM, penosamente, decidió doblarse.
El teatro está montado y la invasión se sigue estructurando desde la Casa Blanca y las Estaciones de la CÍA. Hay otros, lleno de miedos, por reclutar.
Me huele que EU, a sabiendas de lo caliente y riesgoso que es invadir el Haití actual, se conforma y tranquiliza con el mando oculto; y si manda tropas, serán pocas y de piel sepia.
El capitalismo imperialista sigue chorreando sangre y lodo de la cabeza a los pies disfrazado de demócrata, pero de todas maneras habrá pagar muy cara esta nueva afrenta en el contexto de su agresiva decadencia.
Desde ya, adelantándose a los acontecimientos, los medios del poder imperial hablan de lo controversial que resulta en Haití la anunciada intervención. Solo que esconden la real correlación de fuerzas y los riesgos que conlleva para sus protagonistas y padrinos.
No son comparables unos y otros, como insinúan.
La verdad es que se trata de una parte grande, conformada por multitudes que rechazan la intervención, y una chiquita y perversa que se agarra a ella como tabla de salvación.
Ya veremos lo que pasa y ojalá que a los padrinos de esa vil iniciativa le vaya peor que a los tutores de Zelensky y sus huestes fascistas.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.