Opinión
EEUU, Kenia y la invasión Haití
Por Narciso Isa Conde
Ya veremos lo que pasa y ojalá que a los padrinos de esa vil iniciativa le vaya peor que a los tutores de Zelensky y sus huestes fascistas.
A los diez meses que el presidente de Haití Ariel Henry solicitó, por órdenes de EEUU y conveniencia de la ONU, la intervención militar multinacional en su país, el presidente de KENIA, William Ruto, responde que está dispuesto a enviar mil policías y a encabezar la invasión.
No pocos diarios del planeta titulan más o menos así el anunció de esa nación africana: “Kenia ofrece dirigir fuerza multinacional para ayudar Haití”; sin embargo, lo correcto sería informar que Kenia acepta aparentar ser la fuerza que va a dirigir esa nueva agresión a la soberanía de esa Nación hermana.
Porque realmente no fue Kenia quien lo decidió, ni esa invasión es para ayudar a Haití, lo que ya no es un secreto.
Muchos de esos medios de comunicación tienen acceso a informaciones que evidencian que todo ese teatro sirve para encubrir una intervención militar imperialista contra la autodeterminación del pueblo haitiano, como todas las anteriores.
El pretexto escogido son las bandas mafiosas, creadas y armadas por la CIA y el Mossad israelí, con participación del paramilitarismo colombiano, de igual factura y larga experiencia criminal.
Está demostrado que los modernos armamentos de esas bandas proceden de contrabandos recurrentes, facilitados por autoridades estadounidenses y haitianas. Bandas con conexiones a nivel policial, presidencial del partido de gobierno, y armas cada diseminadas.
Todo eso encajaba dentro de la estrategia de provocar un “caos controlado”, que ya se le está yendo de la mano al poder imperial.
Así las cosas, la anunciada invasión militar no es para eliminar las bandas, sino fundamentalmente para controlar más la situación y los minerales de valor estratégicos (litio, uranio, titanio, tierras raras…); para enfrentar a un pueblo que se ha tirado a las calles para exigir la destitución de Ariel Henry y demandar una transición soberana a la democracia; ya en actitud de enfrentarse con éxito a una parte de las bandas y de ejercer soberanía.
Estén seguro que, así como el pedido de invasión a cargo de Henry fue sugerido por EEUU y las potencias imperialistas, así mismo la respuesta de William Ruto fue negociada por EEUU. Pero igual está confirmado que en tales circunstancias la intervención militar de EEUU y aliados, lejos de ser ayuda y solución a la crisis, más bien tiende a agravarla.
Así no se ayuda a nadie y precisamente la historia reciente de Haití lo evidencia.
En los últimos 30 años Haití ha sido intervenido militarmente 10 veces por decisión de EEUU, y todo ha empeorado. Tras cada invasión los problemas se han agravado.
· ¿POR QUÉ KENIA Y TROPAS NEGRAS?
¿Por qué se recurre a Kenia, a pesar de no tener experiencias en ese tipo de confrontación?
Eso tiene una lógica, como la tubo cuando en anteriores ocasiones EEUU estructuró contingentes con una alta composición de soldados negros y cuando en el caso de la Minustha, Brasil encabezó las tropas invasoras como país latinoamericano; lo que le facilitó a las potencias imperialistas colocarse detrás, quitarse presión y simular un bajo perfil.
La lógica de enviar soldados negros es porque la población de Haití es negra y eso permite esconder al blanco como agresor; esconder el racismo supremacista blanco y bajarle el tono al coloniaje.
La acumulación de experiencia lleva ahora a los «tanques pensantes» de ese poder imperialista a ensayar otra modalidad de intervención, utilizando una nación africana contra un pueblo de origen africano.
El camuflaje se eleva escogiendo como jefe aparente de la nueva agresión a un país del África negra, de donde procede el pueblo haitiano; al mismo tiempo que se eleva la perversidad racista, potenciando un cruel enfrentamiento de negros contra negros: los kenianos como “carne cañón” y los haitianos/as como víctimas de la invasión.
Es el uso del pérfido del simbolismo de la confrontación en el Caribe de una porción del continente más odiado por el imperialismo occidental blanco contra un pueblo caribeño de origen africano, “culpable” de escenificar la primera independencia y la primera revolución anti esclavista en Nuestra América
A eso se ha prestado el Gobierno de Kenia por órdenes imperiales.
¿Por qué escogieron a Kenia para realizar ese bochornoso papel y no a otro país africano?
Esto también tiene su lógica imperialista.
Kenia tiene un gobierno de la derecha pro imperialista y EE. UU y España han estado gestionando ese paso.
Kenia es tan dependiente y su gobierno está débil frente a una embestida popular opositora, que fue fácil de convencer.
Ya estamos viendo como EE. UU, pleno de hipocresía, felicita a Kenia y promete respaldo sin meterse de lleno en el pantano.
Canadá se regocija y simula odiar a los oligarcas haitianos que las potencias coloniales engendraron.
El presidente dominicano, su canciller agringado y su Congreso corrupto y entreguista, aplauden con pies y manos.
La ONU de Guterres sirve de mampara.
El Ministerio de Colonia (OEA) está de fiesta.
Y el CARICOM, penosamente, decidió doblarse.
El teatro está montado y la invasión se sigue estructurando desde la Casa Blanca y las Estaciones de la CÍA. Hay otros, lleno de miedos, por reclutar.
Me huele que EU, a sabiendas de lo caliente y riesgoso que es invadir el Haití actual, se conforma y tranquiliza con el mando oculto; y si manda tropas, serán pocas y de piel sepia.
El capitalismo imperialista sigue chorreando sangre y lodo de la cabeza a los pies disfrazado de demócrata, pero de todas maneras habrá pagar muy cara esta nueva afrenta en el contexto de su agresiva decadencia.
Desde ya, adelantándose a los acontecimientos, los medios del poder imperial hablan de lo controversial que resulta en Haití la anunciada intervención. Solo que esconden la real correlación de fuerzas y los riesgos que conlleva para sus protagonistas y padrinos.
No son comparables unos y otros, como insinúan.
La verdad es que se trata de una parte grande, conformada por multitudes que rechazan la intervención, y una chiquita y perversa que se agarra a ella como tabla de salvación.
Ya veremos lo que pasa y ojalá que a los padrinos de esa vil iniciativa le vaya peor que a los tutores de Zelensky y sus huestes fascistas.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.