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Miles de personas resultaron beneficiadas con eliminación de antecedentes penales en Operación Gavilán
Santo Domingo, R.D.-Más de 16 mil personas fueron favorecidas con el borramiento de sus registros penales a cambio de sobornos, cuya red resultó desarticulada a través de la Operación Gavilán del Ministerio Público.
Los 12 encartados por el Ministerio Público de formar parte de un entramado de corrupción desarticulado en “Operación Gavilán”, acusados de eliminar y adulterar registros penales a cambio de sobornos, habrían favorecido a más de 16 mil personas con las adulteraciones.
De acuerdo a la procuradora fiscal Sourelly Jáquez, representante del Ministerio Público en este caso, las adulteraciones ascienden a 16,958 personas y no 8 mil, como se había informado anteriormente en la solicitud de medida de coerción del órgano acusador.
“No solamente se indicaban las 8,000 y pico de personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino 16,958 personas que conforme al peritaje técnico le fueron eliminados o borrados los antecedentes penales”, declaró la fiscal a la salida del conocimiento de medida de coerción este lunes.
Entre las acciones ilícitas que habrían eliminado los señalados por el Ministerio Público, entre ellos fiscales de ese órgano, figuran antecedentes penales ligados al narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros delitos graves.
El paso a paso para los miembros de la Procuraduría proceder a la eliminación se llevaba a cabo de la siguiente manera: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, eliminación de antecedente, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedes penales y, por último, “franqueo” para salir del país.
MEDIDA DE COERCIÓN
Ante los hechos, el Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, quien conoce el caso, que este sea declarado complejo y los imputados cumplan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Hasta el momento, el órgano acusador presentó su medida de coerción. Cinco barras defensas han presentado argumentos ante el tribunal y dos imputados han tenido la oportunidad de exponer, siendo uno de ellos el acusado Antony Ferrer Monegro, quien aceptó todas las imputaciones señaladas en el documento.
“Dos imputados declararon en esta fase, dentro de ellos el miembro actual de la Policía Nacional Antony Ferrer, quien admitió los hechos que presentó el Ministerio Público en la medida de coerción (…) admitió todos los hechos, cómo funcionaba la red y habló de otros de los imputados”, sostuvo la fiscal.
De acuerdo a la fiscal, “la compañía Nexcom Technology, es una compañía de tecnología que fue utilizada por los imputados y movilizó más de 12 millones de pesos para hacer la eliminación y adulteración, vinculada al exmiembro de la Policía Nacional, Luis Alfredo Astacio Polanco, que es uno de los imputados que está aquí presente”.
Este martes se espera que continúe el proceso de solicitud de medida de coerción a partir de las 2:00 de la tarde con la ponencia del resto de los acusados en este caso y la contrarréplica del órgano acusador.
FISCALES SIN NOMBRE
En operación Gavilán hay siete fiscales que están siendo acusados, cuyas identidades hasta el momento se ha manejado con total hermetismo, sin embargo, de acuerdo a la fiscal, los nombres y la jurisdicción a la que pertenecen será dado a conocer “en los próximos días”.
“La Procuraduría General de la República en los próximos días va a estar indicando quienes son los fiscales”, dijo Jáquez.
Además de los fiscales, entre los encartados figuran Mártires Rosario Reyes; Rubén Darío Morbán Santana y su esposa Laudelina Reyes Silva; Pilar Medina Trinidad, Yokaira Carmona; Luis Alfredo Astacio Polanco; Ashley Morbán Reyes; Antony Ferrer Monegro; Romansqui Dotel Medina y Dilcia Núñez, quienes continúan detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Entre las personas que estos beneficiaron aparecen personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años, quienes figuran sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.