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Advierte a partidos políticos sobre plazo para actos proselitistas.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE)Román Jáquez Liranzo, advirtió a los partidos políticos que tienen quince días para que se ajusten a la ley en lo referente a la campaña electoral. «Hablamos el 25 de agosto», fue la advertencia del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Jáquez Liranzo, a los representantes de las organizaciones partidarias, quienes señalaron que a ese organismo le «falta garras para hacer cumplir la ley«.
La JCE emitió un comunicado de advertencia en el que instó a estas organizaciones a abstenerse de mítines, marchas y publicidad externa durante la precampaña, ya que están prohibidos durante este período, y les dio un plazo de 15 días para retirar toda la publicidad.
«Reitero, el 25 de agosto el Pleno hablará», destacó Jáquez Liranzo.
Dionisio de los Santos, delegado suplente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó que la ley 33-18 de Partidos Políticos establece lo relacionado con la propaganda en la precampaña, pero que los partidos de oposición llevan más de seis meses haciendo proselitismo político a través de las afiliaciones en las filas de esas organizaciones y promoviendo distintas figuras.
«El PRM fue cuidadoso y respetuoso con las decisiones de la JCE, así como con la ley 33-18 al respecto, pero no nos ha quedado otra alternativa. Si todos los partidos están en la calle haciendo lo mismo, nosotros no podemos quedarnos atrás como organización política», dijo De los Santos.
Los partidos señalaron que han orientado a sus precandidatos a tener prudencia en el manejo de la publicidad.
Mientras tanto, Javier Ubiera, delegado suplente de la Fuerza del Pueblo ante la JCE, aseguró que la organización electoral «se durmió» un poco con el tema del proselitismo, ya que la advertencia debió realizarse desde el primer día del inicio de la precampaña en julio.
«Vemos cómo hay campañas presidenciales, senatoriales y de alcaldes que van en contra de la normativa, y creo que ya es un poco tarde, pero vamos a ver cómo se puede controlar el tema», dijo Ubiera.
Ubiera aseguró que la JCE está al tanto de qué aspirantes y precandidatos han infringido la ley y que ante esto, ese órgano hizo la advertencia de manera general. El reto será qué hará la institución encargada de las elecciones con la publicidad desplegada, y aseguró que debió haberse hecho antes.
Para la presidenta en funciones y delegada política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, es responsabilidad de la JCE hacer que se cumplan las leyes y que en el caso de esa organización, la publicidad que tienen es para que los ciudadanos se afilien.
«Vemos bien que la JCE cumpla su rol de hacer cumplir con la normativa vigente en materia electoral», dijo Camilo.
Manifestó que los altos liderazgos de los partidos deben ser convocados por la JCE para hacer cumplir con ese comunicado.
En tanto, el presidente del partido «Primero la Gente», Antonio Marte, cuestionó el hecho de que no se haya hecho antes esta advertencia, ya que antes de celebrarse las primarias internas, ya hay organizaciones con candidatos proclamados.
«La JCE debe tener un equipo para retirar esa propaganda, y si es necesario contar con los ayuntamientos, la JCE no logrará nada», dijo Marte.
Manifestó que ese organismo tiene suficiente presupuesto para llevar a cabo todo lo referente a la prevención del proselitismo a destiempo.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.