El caso de Quirinito se ha convertido en un rompe cabeza para el sistema de justicia de la República Dominicana, ya que este individuo condenado por estar vinculado al narcotráfico parece habérselo tragado la tierra, ya que nadie sabe su destino, lo que lo ha convertido en el hombre más buscado de la nación.
Su nombre de pila es Pedro Alejandro Castillo Paniagua. Pero, muchos lo conocen como ‘Quirinito’, y está prófugo de la justicia desde hace seis años.
La razón del sobrenombre se debe a que es sobrino de Quirino Ernesto Paulino Castillo (Elías Piña, 1960), ex capitán del Ejército dominicano que fue condenado a 10 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.
Ahora, una vez más, las autoridades del país han vuelto a encender las alarmas para mantener “abierto” el caso de ‘Quirinito’ tras haber sido declarado en “rebeldía” por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís el domingo.
Según registros periodísticos, todo comenzó en 2009, cuando ‘Quirinito’ fue investigado por dos casos.
El primero tuvo que ver con el secuestro de un empleado privado: Víctor Manuel Mella, quien desapareció en 2007, cuando supuestamente llegaba a su residencia en el sector Jardines del Norte, en el Distrito Nacional.
Mella fue interceptado por el ahora prófugo, mientras portaba un arma de fuego. Tras el bloqueo, lo obligó a abordar el vehículo que él conducía y lo trasladó a un lugar desconocido.
Por ese caso, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo.
El segundo caso fue por el asesinato del ciudadano español Gustavo Adolfo Cervantes (Waikikí). En abril de 2010 fue sentenciado a 30 años de prisión, aunque tres años después, en 2013, fueron reducidos a 20, por un tribunal colegiado de Baní.
Tiempo después, según un artículo de este diario, ‘Quirinito’ fue trasladado desde el centro correccional a un apartamento en San Francisco de Macorís, donde cumplió prisión domiciliaria, bajo custodia.
Ese cambio de lugar supuso su huida de territorio nacional, así como una burla a las autoridades, quienes, hasta el sol de hoy, todavía no han dado con su paradero.
Pero, ¿cómo hizo para lograr prisión domiciliaria y fugarse, respectivamente?
‘Quirinito’ consiguió el cambio de celda por un apartamento tras alegar que padecía de un carcinoma en la lengua —cáncer que se produce entre el borde bermellón de los labios y la unión de los paladares duro y blando o el tercio posterior de la lengua—.
Por esa enfermedad fingió su muerte y luego se escapó del país en 2017, cuando apenas tenía siete años, de los 20 que debía cumplir.
‘Quirinito’ recibió la ayuda de un médico legista, identificado como Orlando Herrera Robles, quien le certificó el deceso, asegurando que habría muerto debido a un infarto agudo de miocardio. Además, también se vieron involucrados fiscales, jueces y otros actores del sistema judicial.
Desde entonces, los años han pasado y el rastro del hoy declarado en “rebeldía” es un misterio; aunque en 2018, el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez, reveló que las autoridades tenían nuevos indicios y pistas que podrían conducir a su apresamiento.
Las huellas provenían de Holanda (Países Bajos), en Europa, a unos 7,384 kilómetros de distancia con República Dominicana.
La nueva decisión del Ministerio Público y el Tribunal, que está amparada el artículo 100 del Código Procesal Penal, ha ordenado “el arresto” de ‘Quirinito’, así como la “publicación de sus datos personales en los medios de comunicación para su búsqueda y arresto y la conservación de los medios probatorios que conforman el proceso para un eventual juicio”.
“Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que el proceso seguido a Castillo Paniagua prescriba (se expire)”, ha señalado el MP en un comunicado.
Además, esta “rebeldía” implica que los procesos que tiene abiertos ‘Quirinito’ en la actualidad, tienen los plazos suspendidos y, en consecuencia, no podrán caducar sin importar el tiempo que dure prófugo hasta que se produzca su captura, ha explicado el MP.
Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó a su homólogo dominicano, Luis Abinader, por la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluyen este sábado en la capital dominicana.
Durante un encuentro celebrado en Cali, Colombia, Asfura explicó que dirigentes deportivos hondureños que participan en los Juegos le manifestaron estar gratamente impresionados con la organización, las instalaciones deportivas, la villa destinada a los atletas y el trato recibido.
Ambos gobernantes se reunieron en un hotel de la ciudad colombiana, donde asistieron a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
Durante la conversación, el mandatario hondureño solicitó el respaldo y la colaboración de República Dominicana para organizar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para celebrarse en Honduras en 2029.
Asfura afirmó que Santo Domingo 2026 ha representado un ejemplo para la región por la calidad organizativa de un evento que reúne a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas.
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Abinader prometió compartir la experiencia dominicana en todo lo relacionado con la organización y el montaje de la competencia.
Asimismo, puso en contacto al mandatario hondureño con el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, para iniciar un proceso de colaboración con las autoridades deportivas de Honduras.
En otra parte del encuentro, el presidente dominicano invitó a Asfura a visitar República Dominicana para continuar profundizando las relaciones comerciales, empresariales y culturales entre ambos países. La fecha de la visita será informada posteriormente.
En la reunión participaron también los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como Jaqueline Foglia Sandoval, embajadora hondureña en Colombia, y Félix Aracena, embajador dominicano en ese país.
Santo Domingo, R.D.-La lectura integra de la sentencia número 249-02-2026 SSEN-00040 fue reprogramada para el 23 de septiembre a las dos de la tarde por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual condena a Adam Caceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robipu, acusados de corrupción y lavado de activos.
La decisión, contenida en el Auto núm. 249-02-2026-TFIJ-00052, busca concluir adecuadamente la redacción y revisión de la decisión motivada correspondiente al proceso núm. 062-2022-EPEN-00201, tras ponderar la complejidad del proceso y la amplitud del debate del juicio oral que se extendió por aproximadamente 658 días calendario.
En el proceso fueron juzgados 36 acusados, de los cuales 29 son personas físicas y 7 personas jurídicas, además de la participación de 18 intervinientes voluntarios.
La dimensión del juicio se refleja en el volumen probatorio producido durante los debates, que incluyó 319 testimonios, 4,081 pruebas documentales, 146 pruebas periciales y 114 pruebas materiales, elementos cuya valoración individualizada debe quedar debidamente plasmada en la sentencia escrita.
El órgano jurisdiccional destacó que la explicación oral ofrecida al momento de pronunciar el dispositivo de la sentencia tuvo una duración aproximada de 11 horas, mientras que la parte dispositiva comprende 41 ordinales distribuidos en 88 páginas.
Aunque el tribunal informó que ha mantenido un trabajo constante en la redacción de la sentencia desde la emisión del dispositivo, indicó que aún restan aspectos cuya fundamentación demanda un análisis detallado.
Además, una vez concluidos esos apartados, resulta necesario integrar el documento completo y realizar una revisión conjunta destinada a garantizar la coherencia interna, la congruencia y la suficiencia de la motivación judicial.
La decisión también enfatiza que la motivación de las sentencias constituye una garantía esencial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
Al evaluar el cronograma procesal, el tribunal explicó que el plazo legal para la redacción de la sentencia concluía el 8 de septiembre de 2026. Sin embargo, consideró razonable otorgar una extensión adicional de 10 días hábiles, fijando la lectura íntegra para el 23 de septiembre de 2026.
Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta decisión a todas las partes involucradas y reiteró que la lectura íntegra de la sentencia constituye el acto formal de notificación previsto por la normativa procesal penal.
BARAHONA.- Ciento nueve armas de fuego de diferentes marcas y calibres, además de municiones, drogas y objetos vinculados a actividades delictivas en las provincias de la region de Enriquillo, fueron ocupados por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.
Las autoridades indicaron que, como resultado de las labores de prevención, inteligencia e investigación, decenas de personas han sido apresadas en flagrante delito por su presunta vinculación con distintas infracciones.
Entre las armas ocupadas figuran ocho de alto calibre, incluidos cuatro fusiles, lo que, según la institución, representa un golpe a la circulación ilegal de armamentos y contribuye a reducir los riesgos asociados a hechos violentos en la zona.
La Policía informó que demás de las armas de fuego, durante operativos preventivos realizados desde el 21 de febrero hasta la fecha, también fueron incautadas sustancias narcóticas, armas cortopunzantes, balanzas, dinero en efectivo y otros artículos relacionados con actividades ilícitas.
La Policía atribuyó los resultados a las acciones estratégicas desplegadas por la Dirección Regional Sur en coordinación con sus departamentos operativos e investigativos, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos.
La institución aseguró que continuará ejecutando operativos focalizados y acciones conjuntas con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado para combatir el porte ilegal de armas, el microtráfico de drogas y otras manifestaciones delictivas que afectan a las comunidades de la región Enriquillo.
Asimismo, exhortó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas y garantizó la confidencialidad de las informaciones suministradas, como parte del esfuerzo para preservar el orden, la paz y la seguridad en la zona.