Nacionales
Supuestos abusos de prisión preventiva alegados por E.U. son respondidos por Yeni Berenice.
Yeni Berenice Reinoso, procuradora general adjunta, rebatió este jueves las afirmaciones del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael T.McCaul, sobre el abuso de la aplicación de la prisión preventiva en República Dominicana.
A través de su perfil en red X (Twitter), la directora de persecución del Ministerio Público indicó que «la población penitenciaria de República Dominicana al 16 de agosto de 2020 era de 27, 800 internos, en la actualidad es de 25,714, lo que implica una reducción de 2020 al 2023 de 2,086 internos».
«Lo que se ha incrementado es las operaciones contra el crimen organizado. que del 2020 a la fecha el MP (Ministerio Público) y los organismos de investigación han realizado 16 operaciones», agregó.
Asimismo, señaló que «República Dominicana es uno de los pocos países que después de la pandemia del COVID-19 redujo su población penitenciaria. La tasa de privados de libertad preventivos en la actualidad es de 21.5 % menos que su promedio histórico».
«Quienes alegan incremento de la prisión preventiva, con una opinión interesada o no, faltan a la verdad», afirmó en respuesta al contenido de una carta enviada por T.McCaul al Departamento de Estado de Estados Unidos manifestando su preocupación por la inexistencia de «una contabilidad completa del número de estadounidenses que están actualmente encarcelados en el país».
En la misiva, donde da de plazo hasta el 6 de septiembre para que se conteste a una serie de preguntas al respecto, McCaul alerta sobre «los graves problemas de justicia penal que existen en el país en relación con la prisión preventiva, que puede mantener a las personas encerradas en prisión durante años seguidos y sin cargos».
El político estadounidense afirma en su carta que «casi el 70 por ciento de los presos en la República Dominicana está allí a través de un programa preventivo» y que se trata de «un problema endémico que claramente afecta a los dominicanos y, muy probablemente, también a los estadounidenses».
Asimismo, advierte de que «el Departamento de Estado de Estados Unidos podría estar incumpliendo su responsabilidad fundamental de proteger a los estadounidenses que residen o viajan al extranjero, particularmente en la República Dominicana«.
Tras conocerse el contenido de la misiva del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, algunos legisladores dominicanos se adhirieron a las tesis de McCaul.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.