Análisis Noticiosos
22 años de cárcel para el líder de los Proud Boys Enrique Tarrio por asalto al Capitolio
El juez aplica la agravante por terrorismo al cabecilla de la milicia de extrema derecha próxima a Trump. Otros cuatro miembros del grupo han recibido penas de entre 10 y 18 años de prisión
Washington.-Las cuentas pendientes con la justicia de la cúpula de los Proud Boys, milicia de extrema derecha próxima a Donald Trump, quedaron este martes saldadas en un juzgado de Washington con la condena a 22 años de prisión a Enrique Tarrio, su presidente. El juez, que lo definió como el “cabecilla último de la conspiración” y le aplicó la agravante por “terrorismo”, dictó así para la cara más visible de esos Muchachos Orgullosos la pena más alta de las centenares ya impuestas a los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El grupo se hizo un nombre en Estados Unidos durante el convulso 2020 a base de reventar por todo el país, entre otras, las protestas que siguieron al asesinato a manos de la policía del afroamericano George Floyd. Aquella escalada de violencia desembocó en la participación de dos centenares de ellos en la insurrección que siguió aquel día a un mitin del aún presidente frente a la Casa Blanca, que Trump se negaba a abandonar.
Cinco miembros del grupo (además de Tarrio, Joe Biggs, Zachary Rehl, Ethan Nordean y Dominic Pezzola) fueron declarados en mayo pasado culpables tras un juicio de 15 semanas. Cuatro de ellos, por el delito de conspiración sediciosa. Los cinco, por obstrucción de un procedimiento parlamentario: la transferencia de poder a Joe Biden tras su victoria sobre Trump en las elecciones del noviembre anterior, un triunfo que el expresidente aún cuestiona.
La lectura de la sentencia a Tarrio estaba prevista para el miércoles pasado, pero se retrasó por enfermedad del juez, Timothy J. Kelly, un nombramiento de los años de Trump en la Casa Blanca. Los fiscales pedían para él 33 años de cárcel. Este martes, la decisión del magistrado, fijada para “la tarde”, se hizo esperar hasta el último minuto, mientras aquel decidía si añadía la agravante por terrorismo, que no aplicó, pese a la solicitud de la Fiscalía, con los anteriores condenados. El abogado de Tarrio, Nayib Hassan, dijo que su cliente no es un terrorista, sino un “patriota descarriado”.
A Kelly no parece haberlo ablandado el hecho de que el 6 de enero, Tarrio, cubanoestadounidense de 39 años, natural de Miami, no estuviera en allí. Siguió el ataque por televisión a 60 kilómetros del lugar de los hechos, desde un hotel de Baltimore: la policía le había prohibido pisar Washington, tras un arresto en la ciudad por quemar la bandera antirracista de Black Lives Matter de una iglesia. La fiscalía considera que incitó a decenas de Proud Boys a marchar sobre el Capitolio y que les envió mensajes para que no cejaran en su empeño mientras se desarrollaban los hechos.
Tras la algarada, Tarrio, como recordó el juez, sentenció: “No se equivoquen… ¡nosotros hicimos esto!”. Después concedió varias entrevistas en las que trató de distanciarse de las acciones de sus correligionarios. Uno de ellos, Pezzola, fue el primero en entrar en el edificio tras romper una ventana con el escudo que le había arrebatado a un policía antidisturbios. Unos 150 de estos agentes sufrieron heridas en el ataque. Poco antes de escuchar su sentencia, el líder de los Proud Boys dijo este martes, tras las defensas llorosas de su novia, su hermana y su madre, que “siempre” ha tenido a las fuerzas del orden “un gran respeto”. “Espero poder disculparme algún día personalmente con ellos”, añadió. También se dirigió a los ciudadanos de Washington ―“Siento profundamente lo que pasó aquel día―, a los congresistas ―”No puede haber lugar para la violencia política”―, a la opinión pública estadounidense ―”El 6 de enero fue una vergüenza nacional”― y al juez: “Por favor, sea misericordioso”. En su lectura de la sentencia, Kelly dudó de la sinceridad del reo.
Al líder de los Proud Boys sí se lo pudo situar durante el 5 de enero en las inmediaciones del Capitolio: se vio en un aparcamiento de subterráneo de la capital con Stewart Rhodes, su homólogo en otro grupo violento implicado en la insurrección, los Oath Keepers (Guardianes del Juramento). Rhodes fue también considerado culpable de conspiración sediciosa y condenado a 18 años de prisión en mayo, con la agravante, también, de terrorista. Aquel fallo había marcado el anterior récord en la causa del 6 de enero, definida por el fiscal general, Merrick Garland, como la más grande la la historia del Departamento de Justicia estadounidense. Más de 1.100 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con aquellos disturbios. Más de 600 de ellas han sido condenadas y sentenciadas.
No directamente por el asalto al Capitolio, pero sí por sus intentos de revocar el resultado electoral, Trump está imputado tanto en Washington, donde está previsto que se siente en el banquillo el 4 de marzo de 2024, como en el Estado de Georgia, uno de los escenarios donde se certificó su derrota, que trató de alterar a base de presionar, entre otros presuntos hechos delictivos, a funcionarios electorales. En el caso del expresidente no hay acusación de conspiración sediciosa, pero sí uno relativo a crimen organizado, que puede conllevar importantes penas de cárcel.
El magnate republicano estuvo muy presente en el juicio de los Proud Boys, celebrado en el palacio de justicia E. Barrett Prettyman. Una de las primeras decisiones del juez fue admitir como prueba el vídeo en el que Trump daba una orden a los Proud Boys durante un debate electoral de aquellas presidenciales. “Retroceded y permaneced a la espera”, les dijo. Gestos de sintonía como ese, le valieron a la milicia el sobrenombre de “ejército de Trump”.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.