Opinión
Mentiras del Presidente dominicano
Por Narciso Isa Conde
Abinader, en la Rueda de Prensa con los medios de comunicación del poderoso Grupo Corripio, repitió hasta el cansancio la palabra “robusta” para referirse al estado de la economía y del empleo en relación con su gestión de gobierno; asumiendo en firme y ya abiertamente su re-postulación (sin licencia presidencial), frente a una oposición también conservadora y sumamente desacreditada por su neo-liberalismo y su larga corruptela.
El término “robusto-a” está de moda en la voz de los “económologo” del país, sobre todo en aquellos que les encanta el crecimiento sin desarrollo humano, las Alianzas Público-Privadas (APP), Fideicomisos, las ADMINISTRADORAS DE RIESGO DE SALID (ARS) y de FONDOS DE PENSIONES (AFP) privadas y todas las modalidades de privatizaciones para apropiarse del patrimonio público y natural del país (incluida el agua).
El término también les encanta a quienes consideran “desarrollo” convertir la salud en negocio lucrativo para los bancos privados y para impulsar un modelo turístico controlado por el gran capital transnacional y sus socios locales; tolerando de paso la depredación y contaminación ambiental y cualquier tipo de atraco o estafa a los contribuyentes, si es para beneficio de las elites capitalistas.
Tantas fueron las mentiras y medias verdades expresadas por Luis Abinader en esa comparecencia que lució inseguro, repetitivo y hasta torpe…en contraste con los enlatados que le preparan muy a menudo sus asesores de imagen para escenificar las recurrentes pasarelas y shows mediáticos presidenciales.
Comenzó con el cuentecito de sus largas reflexiones sobre el intenso conflicto interno entre el volver a su vida y negocios privados o re postularse, entre el decidirse por la tranquilidad familiar o por el deber de “servirle a patria”; optando al final por “sacrificarse” y “sacrificar” a su familia.
En ese tenor tele-novelesco se arriesgó a afirmar que era el único precandidato a la presidencia que no había hecho actividad política electoral, ni desplegado la publicidad y propaganda correspondiente; prometiendo seguir sujetándose a las leyes y normas establecidas por la JCE.
Así habló después de pasarse tres años haciendo campaña encubierta y abierta desde su gestión gubernamental y empleando abundantes fondos asignados a la presidencia, a la publicidad gubernamental y a determinados ministerios.
Evasiones y ocultamientos
Aunque no se lo crea él mismo y sea realmente una falacia, Abinader afirmó que aquí el desempleo abierto no pasa del 5 % y que el empobrecimiento ha disminuido significativamente.
Dejó a un lado que la pobreza calculada en función de los ingresos familiares afecta al 45% de la población y si se calcula por el salario individual supera el 50%; mientras la pobreza extrema afecta a 22 % de la población, la economía informal representa el 53% y el salario mensual promedio real se ubica menos de 200 dólares (10, 695 pesos), entre los bajos del continente.
Con todo eso, el Banco Mundial, en tanto Abinader es uno de sus niños bonitos, acaba de declarar que la República Dominicana puede convertirse en pocos años en un país del “primer mundo”
En esa comparecencia el Presidente dominicano admitió que ha sido el “vocero” de la invasión a Haití y negó recibir presiones para involucrarse más aún en ese acto de subordinación a los propósitos del Comando Sur del Pentágono, pero sí en lo de ofrecerle “ayuda humanitaria” al pueblo vecino.
Sobre la visita de la Fuerza Aérea de EEUU y la mercancía desembarcada, nadie se atrevió a preguntarle.
Tampoco sobre los ejercicios militares en Najayo (playa de la costa caribeña del país), los pactos con el Comando Sur a nivel de la frontera terrestre y de la seguridad imperial en nuestro Continente, la entrega del puerto cívico-militar de Manzanillo al Comando Sur, la USAID y la oligarquía norteña (ubicado en la costa atlántica, apuntando contra Cuba) y el acuerdo de exploración de tierras raras con el Ejército estadounidense.
Y menos aún, sobre las relaciones de él y la cúpula del PRM (partido de gobierno) con la narco-familia López Pilarte y con el narco-diputado Miguel Gutiérrez.
Por demás, -conocido el trato bestial que brinda su gobierno y la oligarquía capitalista dominicana a los/as inmigrantes y descendientes en territorio dominicano- hay que suponer lo que significa ser humanitario para un presidente que ejerce esa función como cualquier gobernador de colonia, hasta el extremo de confesarse vocero de la anunciada nueva intervención militar en Haití.
Igual justificó el grosero pedido de intervención que solicitará el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, Michael McCaull, respecto al sistema penal y a las prisiones preventivas en este país.
Obvió cuán robustas están las estafas de las ADMINISTRADORAS DE RIESGO DE SALID (ARS) y las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) y los bancos privados a que pertenecen, se silenció la tragedia de las escolares embarazadas, su decisión de no influir para que el Congreso aprobara las tres causales relacionadass con el aborto terapéutico, las depredaciones mineras de FALCONDO y BARRICK GOLD, y el empobrecimiento de la mitad de la población.
No se mencionó nada de la relación de su partido, el PRM, con la narco-política.
Tampoco de la corrupción y grandes delitos empresariales, tema sobre el cual los medios propiedad de la oligarquía capitalista se empeñan en imponer mordazas.
Abundaron los silencios sobre temas muy espinosos para un presidente-empresario montado sobre un partido con una cúpula corrupta y parte de una elite capitalista corrupta, corruptora y voraz.
A todo esto, se agregan los silencios en esa rueda de prensa sobre el agravamiento de la crisis ambiental y sobre los recientes daños ecológicos provocados con la construcción del muro fronterizo.
Se suma la continuidad de los estragos ecológicos de las industrias de agregados de la construcción, las violaciones a áreas protegidas y las riesgosas agresiones producidas al ambiente marítimo fruto del funcionamiento de la planta eléctrica turca instalada en la Costa Sur del país, en Los Negros de Azua-Pueblo Viejo; acompañado todo esto de fuertes delitos de corrupción, incluido un intenso tráfico de influencia a nivel de las alturas del poder.
Situaciones parecidas se repiten en el mapa política de Nuestra América en países bajo control de EEUU.
El patrón de dominación es el mismo y reproduce Estados y gobiernos privatizados y privatizadores, que actúan como gobernaciones neocoloniales; con instituciones, jefes políticos, policiales y militares, y sobre todo grandes empresarios metidos a políticos, empapados de corrupción. Y a quienes ejercen la insumisión junto a sus pueblos e intentan independizarse, le declaran diferentes modalidades de las guerras imperialistas, modernas y postmodernas.
jpm-am
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.