Opinión
Mentiras del Presidente dominicano
Por Narciso Isa Conde
Abinader, en la Rueda de Prensa con los medios de comunicación del poderoso Grupo Corripio, repitió hasta el cansancio la palabra “robusta” para referirse al estado de la economía y del empleo en relación con su gestión de gobierno; asumiendo en firme y ya abiertamente su re-postulación (sin licencia presidencial), frente a una oposición también conservadora y sumamente desacreditada por su neo-liberalismo y su larga corruptela.
El término “robusto-a” está de moda en la voz de los “económologo” del país, sobre todo en aquellos que les encanta el crecimiento sin desarrollo humano, las Alianzas Público-Privadas (APP), Fideicomisos, las ADMINISTRADORAS DE RIESGO DE SALID (ARS) y de FONDOS DE PENSIONES (AFP) privadas y todas las modalidades de privatizaciones para apropiarse del patrimonio público y natural del país (incluida el agua).
El término también les encanta a quienes consideran “desarrollo” convertir la salud en negocio lucrativo para los bancos privados y para impulsar un modelo turístico controlado por el gran capital transnacional y sus socios locales; tolerando de paso la depredación y contaminación ambiental y cualquier tipo de atraco o estafa a los contribuyentes, si es para beneficio de las elites capitalistas.
Tantas fueron las mentiras y medias verdades expresadas por Luis Abinader en esa comparecencia que lució inseguro, repetitivo y hasta torpe…en contraste con los enlatados que le preparan muy a menudo sus asesores de imagen para escenificar las recurrentes pasarelas y shows mediáticos presidenciales.
Comenzó con el cuentecito de sus largas reflexiones sobre el intenso conflicto interno entre el volver a su vida y negocios privados o re postularse, entre el decidirse por la tranquilidad familiar o por el deber de “servirle a patria”; optando al final por “sacrificarse” y “sacrificar” a su familia.
En ese tenor tele-novelesco se arriesgó a afirmar que era el único precandidato a la presidencia que no había hecho actividad política electoral, ni desplegado la publicidad y propaganda correspondiente; prometiendo seguir sujetándose a las leyes y normas establecidas por la JCE.
Así habló después de pasarse tres años haciendo campaña encubierta y abierta desde su gestión gubernamental y empleando abundantes fondos asignados a la presidencia, a la publicidad gubernamental y a determinados ministerios.
Evasiones y ocultamientos
Aunque no se lo crea él mismo y sea realmente una falacia, Abinader afirmó que aquí el desempleo abierto no pasa del 5 % y que el empobrecimiento ha disminuido significativamente.
Dejó a un lado que la pobreza calculada en función de los ingresos familiares afecta al 45% de la población y si se calcula por el salario individual supera el 50%; mientras la pobreza extrema afecta a 22 % de la población, la economía informal representa el 53% y el salario mensual promedio real se ubica menos de 200 dólares (10, 695 pesos), entre los bajos del continente.
Con todo eso, el Banco Mundial, en tanto Abinader es uno de sus niños bonitos, acaba de declarar que la República Dominicana puede convertirse en pocos años en un país del “primer mundo”
En esa comparecencia el Presidente dominicano admitió que ha sido el “vocero” de la invasión a Haití y negó recibir presiones para involucrarse más aún en ese acto de subordinación a los propósitos del Comando Sur del Pentágono, pero sí en lo de ofrecerle “ayuda humanitaria” al pueblo vecino.
Sobre la visita de la Fuerza Aérea de EEUU y la mercancía desembarcada, nadie se atrevió a preguntarle.
Tampoco sobre los ejercicios militares en Najayo (playa de la costa caribeña del país), los pactos con el Comando Sur a nivel de la frontera terrestre y de la seguridad imperial en nuestro Continente, la entrega del puerto cívico-militar de Manzanillo al Comando Sur, la USAID y la oligarquía norteña (ubicado en la costa atlántica, apuntando contra Cuba) y el acuerdo de exploración de tierras raras con el Ejército estadounidense.
Y menos aún, sobre las relaciones de él y la cúpula del PRM (partido de gobierno) con la narco-familia López Pilarte y con el narco-diputado Miguel Gutiérrez.
Por demás, -conocido el trato bestial que brinda su gobierno y la oligarquía capitalista dominicana a los/as inmigrantes y descendientes en territorio dominicano- hay que suponer lo que significa ser humanitario para un presidente que ejerce esa función como cualquier gobernador de colonia, hasta el extremo de confesarse vocero de la anunciada nueva intervención militar en Haití.
Igual justificó el grosero pedido de intervención que solicitará el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, Michael McCaull, respecto al sistema penal y a las prisiones preventivas en este país.
Obvió cuán robustas están las estafas de las ADMINISTRADORAS DE RIESGO DE SALID (ARS) y las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) y los bancos privados a que pertenecen, se silenció la tragedia de las escolares embarazadas, su decisión de no influir para que el Congreso aprobara las tres causales relacionadass con el aborto terapéutico, las depredaciones mineras de FALCONDO y BARRICK GOLD, y el empobrecimiento de la mitad de la población.
No se mencionó nada de la relación de su partido, el PRM, con la narco-política.
Tampoco de la corrupción y grandes delitos empresariales, tema sobre el cual los medios propiedad de la oligarquía capitalista se empeñan en imponer mordazas.
Abundaron los silencios sobre temas muy espinosos para un presidente-empresario montado sobre un partido con una cúpula corrupta y parte de una elite capitalista corrupta, corruptora y voraz.
A todo esto, se agregan los silencios en esa rueda de prensa sobre el agravamiento de la crisis ambiental y sobre los recientes daños ecológicos provocados con la construcción del muro fronterizo.
Se suma la continuidad de los estragos ecológicos de las industrias de agregados de la construcción, las violaciones a áreas protegidas y las riesgosas agresiones producidas al ambiente marítimo fruto del funcionamiento de la planta eléctrica turca instalada en la Costa Sur del país, en Los Negros de Azua-Pueblo Viejo; acompañado todo esto de fuertes delitos de corrupción, incluido un intenso tráfico de influencia a nivel de las alturas del poder.
Situaciones parecidas se repiten en el mapa política de Nuestra América en países bajo control de EEUU.
El patrón de dominación es el mismo y reproduce Estados y gobiernos privatizados y privatizadores, que actúan como gobernaciones neocoloniales; con instituciones, jefes políticos, policiales y militares, y sobre todo grandes empresarios metidos a políticos, empapados de corrupción. Y a quienes ejercen la insumisión junto a sus pueblos e intentan independizarse, le declaran diferentes modalidades de las guerras imperialistas, modernas y postmodernas.
jpm-am
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.