Opinión
Mentiras del Presidente dominicano
Por Narciso Isa Conde
Abinader, en la Rueda de Prensa con los medios de comunicación del poderoso Grupo Corripio, repitió hasta el cansancio la palabra “robusta” para referirse al estado de la economía y del empleo en relación con su gestión de gobierno; asumiendo en firme y ya abiertamente su re-postulación (sin licencia presidencial), frente a una oposición también conservadora y sumamente desacreditada por su neo-liberalismo y su larga corruptela.
El término “robusto-a” está de moda en la voz de los “económologo” del país, sobre todo en aquellos que les encanta el crecimiento sin desarrollo humano, las Alianzas Público-Privadas (APP), Fideicomisos, las ADMINISTRADORAS DE RIESGO DE SALID (ARS) y de FONDOS DE PENSIONES (AFP) privadas y todas las modalidades de privatizaciones para apropiarse del patrimonio público y natural del país (incluida el agua).
El término también les encanta a quienes consideran “desarrollo” convertir la salud en negocio lucrativo para los bancos privados y para impulsar un modelo turístico controlado por el gran capital transnacional y sus socios locales; tolerando de paso la depredación y contaminación ambiental y cualquier tipo de atraco o estafa a los contribuyentes, si es para beneficio de las elites capitalistas.
Tantas fueron las mentiras y medias verdades expresadas por Luis Abinader en esa comparecencia que lució inseguro, repetitivo y hasta torpe…en contraste con los enlatados que le preparan muy a menudo sus asesores de imagen para escenificar las recurrentes pasarelas y shows mediáticos presidenciales.
Comenzó con el cuentecito de sus largas reflexiones sobre el intenso conflicto interno entre el volver a su vida y negocios privados o re postularse, entre el decidirse por la tranquilidad familiar o por el deber de “servirle a patria”; optando al final por “sacrificarse” y “sacrificar” a su familia.
En ese tenor tele-novelesco se arriesgó a afirmar que era el único precandidato a la presidencia que no había hecho actividad política electoral, ni desplegado la publicidad y propaganda correspondiente; prometiendo seguir sujetándose a las leyes y normas establecidas por la JCE.
Así habló después de pasarse tres años haciendo campaña encubierta y abierta desde su gestión gubernamental y empleando abundantes fondos asignados a la presidencia, a la publicidad gubernamental y a determinados ministerios.
Evasiones y ocultamientos
Aunque no se lo crea él mismo y sea realmente una falacia, Abinader afirmó que aquí el desempleo abierto no pasa del 5 % y que el empobrecimiento ha disminuido significativamente.
Dejó a un lado que la pobreza calculada en función de los ingresos familiares afecta al 45% de la población y si se calcula por el salario individual supera el 50%; mientras la pobreza extrema afecta a 22 % de la población, la economía informal representa el 53% y el salario mensual promedio real se ubica menos de 200 dólares (10, 695 pesos), entre los bajos del continente.
Con todo eso, el Banco Mundial, en tanto Abinader es uno de sus niños bonitos, acaba de declarar que la República Dominicana puede convertirse en pocos años en un país del “primer mundo”
En esa comparecencia el Presidente dominicano admitió que ha sido el “vocero” de la invasión a Haití y negó recibir presiones para involucrarse más aún en ese acto de subordinación a los propósitos del Comando Sur del Pentágono, pero sí en lo de ofrecerle “ayuda humanitaria” al pueblo vecino.
Sobre la visita de la Fuerza Aérea de EEUU y la mercancía desembarcada, nadie se atrevió a preguntarle.
Tampoco sobre los ejercicios militares en Najayo (playa de la costa caribeña del país), los pactos con el Comando Sur a nivel de la frontera terrestre y de la seguridad imperial en nuestro Continente, la entrega del puerto cívico-militar de Manzanillo al Comando Sur, la USAID y la oligarquía norteña (ubicado en la costa atlántica, apuntando contra Cuba) y el acuerdo de exploración de tierras raras con el Ejército estadounidense.
Y menos aún, sobre las relaciones de él y la cúpula del PRM (partido de gobierno) con la narco-familia López Pilarte y con el narco-diputado Miguel Gutiérrez.
Por demás, -conocido el trato bestial que brinda su gobierno y la oligarquía capitalista dominicana a los/as inmigrantes y descendientes en territorio dominicano- hay que suponer lo que significa ser humanitario para un presidente que ejerce esa función como cualquier gobernador de colonia, hasta el extremo de confesarse vocero de la anunciada nueva intervención militar en Haití.
Igual justificó el grosero pedido de intervención que solicitará el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, Michael McCaull, respecto al sistema penal y a las prisiones preventivas en este país.
Obvió cuán robustas están las estafas de las ADMINISTRADORAS DE RIESGO DE SALID (ARS) y las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) y los bancos privados a que pertenecen, se silenció la tragedia de las escolares embarazadas, su decisión de no influir para que el Congreso aprobara las tres causales relacionadass con el aborto terapéutico, las depredaciones mineras de FALCONDO y BARRICK GOLD, y el empobrecimiento de la mitad de la población.
No se mencionó nada de la relación de su partido, el PRM, con la narco-política.
Tampoco de la corrupción y grandes delitos empresariales, tema sobre el cual los medios propiedad de la oligarquía capitalista se empeñan en imponer mordazas.
Abundaron los silencios sobre temas muy espinosos para un presidente-empresario montado sobre un partido con una cúpula corrupta y parte de una elite capitalista corrupta, corruptora y voraz.
A todo esto, se agregan los silencios en esa rueda de prensa sobre el agravamiento de la crisis ambiental y sobre los recientes daños ecológicos provocados con la construcción del muro fronterizo.
Se suma la continuidad de los estragos ecológicos de las industrias de agregados de la construcción, las violaciones a áreas protegidas y las riesgosas agresiones producidas al ambiente marítimo fruto del funcionamiento de la planta eléctrica turca instalada en la Costa Sur del país, en Los Negros de Azua-Pueblo Viejo; acompañado todo esto de fuertes delitos de corrupción, incluido un intenso tráfico de influencia a nivel de las alturas del poder.
Situaciones parecidas se repiten en el mapa política de Nuestra América en países bajo control de EEUU.
El patrón de dominación es el mismo y reproduce Estados y gobiernos privatizados y privatizadores, que actúan como gobernaciones neocoloniales; con instituciones, jefes políticos, policiales y militares, y sobre todo grandes empresarios metidos a políticos, empapados de corrupción. Y a quienes ejercen la insumisión junto a sus pueblos e intentan independizarse, le declaran diferentes modalidades de las guerras imperialistas, modernas y postmodernas.
jpm-am
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026