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Otra vez la falta de planificación estratégica saca sus garras en contra de la tranquilidad que debe prevalecer en la nación.
El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido una gestión que no ha dejado dudas de que es un fiel exponente de una de las tragedias que afectan históricamente a la República Dominicana, como son la incapacidad y la improvisación.
Es un problema ancestral que está asociada consustancialmente a la cultura dominicana, por lo que los problemas en esta materia están presentes cada día en la vida nacional, porque no existe ningún plan para solucionar muchos de los problemas que padece el país.
Son tantos los asuntos que se derivan de la improvisación, de la falta de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, que por esta razón el país tiene años buscándoles solución a los problemas sólo de boca, de palabras, no con un trabajo calculado para que al cabo de algunos años el mismo no exista.
Entre los problemas que hoy se agigantan en el país por la falta de planificación estratégica están el del agua, cuyos expertos advierten que para el 2030 el país llorará lágrimas de sangre porque no tendrá el preciado líquido ni para tomar ni para bañarse, ya que todas las cuentas hidrográficas, como los ríos subterráneos y superficiales, lagos y cualquier otro recurso de este tipo están contaminados y nadie hace nada para contener el fenómeno.
Pero lo propio ocurre con la contaminación con efectos invernaderos fruto del uso de combustibles fósiles, el tránsito, la corrupción pública y privada, entre otros tantos, pero que citarlos resultaría muy larga la presente historia periodística.
En este mismo contexto está el caso de la frontera dominico-haitiana, donde se produce la más espantosa corrupción, que va desde el tráfico de personas, la prostitución, las drogas y el cáncer de los militares que reciben grandes beneficios de la ilegalidad que prevalece en la zona.
Todos estos problemas sólo son combatidos de boca, porque en realidad se trata de una mafia que tiene alcances hasta las más altas instancias del Estado, a todos los niveles, y en ese marco hay que ver el conflicto que ahora se produce con el rio Masacre, el cual ha sido represado por haitianos que dicen buscar irrigar tierras en esa parte de la isla.
La confrontación por este tema viene de hace muchos años, pese a que ha habido intentos de darle cualquier salida al asunto, como los acuerdos firmados en el 2021 entre los gobiernos dominicano y haitiano y cuya deficiencia en el manejo del problema parece ser parte de la cancillería que preside Roberto Álvarez.
El diferendo dominico-haitiano no parece que tendrá una solución a partir del manejo dado al mismo por parte del presidente Abinader, porque él pretende que las cosas tengan una salida en favor del país sin haber desarrollado un plan estratégico que arroje resultados diferentes.
Sobre este particular hay que decir que el Gobierno dominicano envía un mensaje equivocado, no sólo a los que están en esta parte de la isla, sino también a los haitianos, porque mientras los problemas, como por ejemplo de la corrupción, se manejen con una doble moral, no se puede esperar buenos resultados.
La cuestión es que no ha habido forma de detener la corrupción que se produce en la frontera, cuyos afectados son dominicanos y haitianos, ya que estos últimos tienen que pagar cantidades importantes de dinero hasta para el cruce de la misma y los que viven en el país tienen que soportar una inmigración que resulta insostenible para una nación pobre y lacerada también por el mismo flagelo.
Cualquiera preocupado por el conflicto entre dominicanos y haitianos tendría que preguntarse necesariamente si la Cancillería y el propio presidente no saben que hasta los consulados son una fuente de generación de grandes recursos de dinero a través de prácticas reprochables como la venta de visas.
El presidente Abinader no sabe que su amigo y enllave Margarito de León, Cónsul en Juana Méndez, aunque no es el único, se dedica a hacer fortunas a través de la venta de visas a 450 dólares, las cuales son estampadas sin ver al beneficiario, ya que generalmente éste está en la República Dominicana, pero para que el documento le llegue sin problemas hay una serie de individuos, principalmente haitianos, que son parte de la mafia y que son los que se encargan de que se ejecute la acción.
Este tipo de problema, que constituye una de las razones de las tensiones entre ambas naciones, entre otras de no menor gravedad, crea una serie de reacciones y recelos entre los nativos de Haití, que representan una de las causas para que haya un conflicto de nunca acabar.
Podría decirse que las visas otorgadas ilegalmente no molestan a los haitianos, porque logran su propósito de cruzar la frontera, pero al propio tiempo deja sin moral a los dominicanos que se dedican a hacer negocios con lo indebido, por lo que resulta prácticamente imposible resolver el diferendo sobre la base de los tratados que ha firmado el país con sus vecinos.
En esto el mundo sabe que hay un juego de doble moral de ambas partes y lo menos que se puede pedir es el cumplimiento de la ley y los acuerdos cuando ambas naciones hacen lo mismo, que no es otra cosa que violar la norma.
El conflicto haitiano ha colocado al Gobierno dominicano en un callejón sin salida, porque por un lado es difícil que pueda controlar lo que ocurre en el país vecino con el asunto del canal, pero además tiene una presión prácticamente inaguantable de los sectores económicos del país que exportan huevos, ajo, cebolla y otros productos a la vecina nación.
El riesgo que se corre Abinader y el PRM es que queden muy mal parados con el cierre la frontera e impedir que salgan los productos dominicanos que se exportan hacia Haití y que también se le haga prácticamente imposible detener la construcción del canal por tratarse de un país sublevado y con un Estado colapsado, que sólo existe de derecho, pero no de hecho, lo cual dejaría a las autoridades dominicanas sin moral para hablar sobre el tema y en un callejón sin salida.
El cierre de la frontera terrestre, aérea y marítima provocaría pérdida en el país o disminución de ingresos por la suma de alrededor de US$21 millones, un estimado de RD$1,204.6 millones al cambio de la moneda local por cada semana que se mantenga la medida, sin contar los ingresos por las exportaciones formales hacia el vecino país.
Según un informe del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, refleja que las exportaciones hacia Haití acumularon 673.3 millones en promedio, es decir, unos 84.1 millones mensuales, entre enero y agosto de este año.
Este ingreso durante el presente año 2023 representa una disminución de un 12% en el intercambio de bienes, con respecto al mismo período de 2022, que registró US$764.2 millones y tuvo un promedio de US$95.5 millones mensualmente.
Las ventas acumuladas del país a Haití durante los primeros ocho meses del corriente 2023, indica la participación del 8.2% del total de las exportaciones dominicanas, las cuales se reportaron en US$8,138 millones, lo cual establece que es el segundo mercado en importancia tanto en términos nominales como en cantidad de bienes.
La economía haitiana sólo está por debajo de la de Estados Unidos, la cual tiene mayor intercambio con el 53%, ya que entre enero y agosto de 2023 los productores locales exportaron a este mercado norteamericano US$4,306 millones para un crecimiento interanual de 1.1%, ya que en igual período de 2022 acumuló US$4,259 millones.
El país comercializa bienes con Haití a través de cuatros mercados binacionales formales: Jimaní, Elías Piña, Pedernales y Dajabón, pero éste es el que primero fue cerrado por las autoridades dominicanas, cuyo panorama es de incertidumbre y los comerciantes han visto reducir sus ventas en lo que va de esta semana.
La administración aduanal de Dajabón reportó US$281.5 millones en 2022, equivalente a un incremento de 18.9% y una diferencia absoluta de US$45 millones, con respecto al 2021, que registró US$236.5 millones, posicionándose como el tercer mercado en importancia dentro de estos cuatro, de acuerdo a ProDominicana.
La de Jimaní es la que tiene la mayor incidencia por su cercanía con Puerto Príncipe, pese a que el año pasado su intercambio estuvo por debajo al 2021, en un -37.3%, cuyo monto fue de US$1,246.4 millones en los últimos cuatro años.
Por su parte, Elías Piña reporta también US$1,015.8 millones, por lo que ocupa el segundo lugar, la cual constituyó la administración aduanera de mayor crecimiento el año pasado, pues su monto pasó de US$231.8 millones en 2021 a US$417.8 millones en 2022, lo que indica una diferencia de 80.2%.
En ese orden, el mercado de Pedernales movió alrededor de US$20 millones durante el año pasado, para un incremento interanual de un 33.3% y una diferencia absoluta de cinco millones de dólares, en contraste a lo reportado en 2021.
Todo este cuadro que se presenta con el cierre de toda la frontera tiene un impacto muy fuerte en la economía nacional, lo cual luce ser un resultado de la improvisación y la carencia de un plan de política estratégica para haber logrado otros resultados, porque al presidente Abinader se le olvida que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, después de los Estados Unidos, y que si la economía no anda bien, daña de forma irreparable la política y es un elemento generador de grandes conflictos sociales.
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Inseguridad del Gobierno al distintiguir entre promulgar una ley que viola o que se ajusta a proceptos constitucionales.
Por José Cabral
El presidente Abinader ha sido el que más, pese a que pregona lo contrario, que ha puesto en un total descrédito los decretos de leyes y de otros actos de la administración pública que son aplicables y de obligatorio cumplimiento para todo el pueblo dominicano, cuya inseguridad o falta de certeza juridica del principal funcionario del Gobierno implica la nulidad de los mismos, la pérdida de confianza ciudadana y de los diversos tipos de responsabilidad legal, lo cual ocurre cuando se toman decisiones sin claridad sobre las normas aplicables.
Cuando esto ocurre el documento pierde validez juridica si carece de los elementos esenciales de la ley de leyes, afectando los derechos de los ciudadanos, lo que expone al servidor público, máxime si se trata del presidente de la República, a sanciones administrativas, disciplinarias, civiles e incluso penales por extralimitación de funciones, sobre todo cuando el acto involucra la figura de la precaricación.
Las dudas en esta materia son una causa para que se produzca una paralisis institucional, dado que la ocurrencia de las mismas constantemente frenan la eficacia y la agilidad que se exige al servicio público moderno, lo que produce un impacto social que se expresa mediante la incertidumbre en los ciudadanos afectados que no tienen la claridad sobre sus derechos ni predictibilidad en los trámites del Estado.
Se entiende que la vulnerabilidad a este respecto estimula la corrupcion, ya que la falta de criterios firmes abre espacios a la arbitrariedad o a interpretaciones sesgadas de la ley.
Son innumerables los decretos publicados por el presidente que han sido anulados por el Tribunal Constitucional (TC) por representar una violación de leyes y de la Constitución de la República, lo que pone en peligro la seguridad jurídica, la institucionalidad y la vida democrática de la nación.
El sistema jurídico dominicano se rige por una jerarquía en la que ocupa el lugar preponderante y cimero la Constitución y luego van las leyes orgánicas y ordinarias y en ese mismo orden los decretos, las resoluciones y otros actos que no pueden estar por encima de los que ocupan lugares primeros en el orden legal.
Evidentemente que el gobierno de Luis Abinader no tiene la menor idea de este concepto de jerarquía, lo cual provoca que regularmente emita decretos que rompen con el principio de legalidad y de juridicidad por el que deben regirse los mismos.
Para cuidar detalles como este es que existe la Consultoría del Poder Ejecutivo, a los fines de asesorar al presidente de la República de lo que puede hacerse o no en el marco de la administración pública para evitar que el mandatario pierda su credibilidad como se produce en la gestión de Luis Abinader.
En la actualidad cursan varias acciones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional para anular la promulgación de leyes por parte del Poder Ejecutivo que violan la jerarquía jurídica, amén de que ya ha ocurrido lo propio con decisiones del presidente que proyectan ignorancia o sencillamente constituyen un desacato que rompe con la seguridad jurídica, la institucionalidad y el orden democrático.
Una de las «metidas de patas» del presidente Abinader fue la promulgación de la Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes cuando las mismas son el resultado de la facultad interpretativa del TC a través del mandato otorgado a este órgano extra poder por el constituyente mediante los artículos 184 y 185 de la Constitución de la Republica y el 47 de la Ley 137-11.
Ahora, si bien la promulgación de la ilegal ley por violar o desacatar una jurisprudencia del alto tribunal proyecta una mala imagen del presidente Abinader, pero peor ocurre con quien ostenta la dirección de la Consultoría del Poder Ejecutivo, cuyo titular al momento de las acciones antijurídicas es nada más y nada menos que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa.
La nulidad más reciente de un decreto de Abinader, que atenta en contra de la jerarquía jurídica, tiene que ver con la violación de la Constitución mediante la vulneración de derechos fundamentales, usurpación de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional.
El TC ha recurrido a la facultad que tiene de anular decretos como el relacionado a la creación de escalas de rangos, pensiones o reglamentos orgánicos cuando el presidente excede su potestad y vulnera la Constitución de la República.
Muy recientemente el alto tribunal emitió la sentencia TC/0287/26 que anuló el decreto 178-25 del pasado 02 de abril del 2025 expedido por el presidente Luis Abinader, el cual tenía el propósito de implementar una escala de rangos entre alistados y suboficiales de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana desde raso hasta sargento mayor de comando abarcando a los suboficiales dentro sus tres categorías de subtenientes, respectivamente.
Como se ve, el presidente de la República ha buscado modificar el otorgamiento de rangos mediante un decreto cuando las Fuerzas Armadas se rigen por una ley orgánica, que jerárquicamente es superior a la facultad que tiene en esta materia el jefe del Poder Ejecutivo.
Abinader con el referido decreto se llevó de paro la Ley 139-13, orgánica de las Fuerzas Armadas, que es la que otorga la autoridad para hacer los ascensos de rangos que el presidente ha tratado de disponer de forma ilegal, lo cual conllevó la nulidad de la referida norma.
Este escenario se repite regularmente, cuyo proceder del mandatario no sólo revela una mala asesoría legal, sino también un nivel de ignorancia que crea preocupación en la ciudadanía, ya que se pone en peligro la seguridad jurídica, la institucionalidad y la democracia nacional.
Los casos de este tipo son numerosos y los mismos ponen en tela de juicio la capacidad de un presidente que no tiene claros estos detalles, lo que constituye un atentado al régimen legal de la nación, ya que ello también implica incumplir, sobre todo cuando hay violación de derechos fundamentales, con las normas ya no sólo del derecho interno, sino también del externo.
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Relanzan a Teleazul como canal educativo y cultural que podrá verse por señal abierta, redes sociales, streaming y sistemas de cable.
Por Elba García
La principal diferencia entre la televisión pública, como pretende ser Teleazul, y la estatal es que la primera cuenta con independencia y con un propósito de servir a toda la ciudadanía con el ofrecimiento de un contenido educativo y cultural y más plural sin responder al gobierno de turno y que rinde cuentas a la sociedad en su conjunto, mientras que la segunda es propiedad del Estado y regularmente opera como un instrumento de propaganda oficial en favor de las políticas públicas y de las autoridades del momento.
En el mundo hay empresas de televisión pública, como la BBC de Londres, con tanto o más prestigio que otras que están en el contexto privado, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho constitucional a la información, la cultura y el entretenimiento educativo para toda la sociedad, cuya independencia es porque no tiene nada que ver con los intereses de los gobiernos, partidos políticos y empresas comerciales.
Los propietarios de la plataforma multimedia Grupo Nacional Azul, cuya versión en inglés es Blue National Group (BLUNAGROUP), que tiene como presidente al periodista, abogado y empresario José Antonio Cabral Salcedo, anunciaron el relanzamiento del canal Teleazul, la señal del universo, el cual cuenta con una programación acorde con la televisión pública de los países altamente desarrollados como los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, entre otros, al que el televidente podrá tener acceso por YouTube, el streaming, la página web teleazul.com.do y en el futuro inmediato mediante los sistemas de cable nacionales y extranjeros y la television abierta.
La programación de Teleazul es educativa y cultural en la misma dirección de las estaciones de televisión públicas, no gubernamentales, a los fines de poner todo su esfuerzo en el restablecimiento de valores, cuya ubicación es la calle Restauración 138, cuarta planta, en el mismo corazón del Santiago Histórico.
Entre los programas la nueva televisión digital y con aspiracion de su conversion en pública están «Un Nuevo Amanecer», «Contraportada», «Teledeportes», «Huellas», «Fama y Fortuna», «La Bulla», «Espejo de la Verdad», «De Menor a Mayor», entre muchos otros, incluidos aquellos que provienen por lo menos de dos cadenas internacional aliadas.
El grupo Azul con este nuevo esfuerzo persigue darle al televidente la posibilidad de recibir información de primera mano, pero además satisfacer el interés de un público muy variado por el periodismo a fondo, interpretativo y de opinión, los cuales son la focalización y especialización de los programas que pertenecen a la propuesta de esta empresa, la cual incluye además el periódico digital larepublicaonline.com, el cual tiene varias décadas de haber salido al mercado y que primero se editó como un diario impreso en la ciudad de Nueva York.
Entre otras empresas de comunicación de este grupo están Azul/Radio y la compañía encuestadora Blue Consult, cuyo fin de esta última es hacer mediciones electorales para determinar el posicionamiento de los actores políticos principales de la democracia nacional.
La salida nuevamente al mercado de Teleazul, la Señal del Universo, educativa y cultural, se produce cuando la televisión tradicional ya no tiene el predominio total de la teleaudiencia, sino que la comparte con las ofertas digitales, es decir, la que recibe el televidente a través de las redes sociales, pero además es la primera estación con pretenciones de ser pública que surge en la República Dominicana, la cual se diferencia en cuestiones de fondo con la gubernamental como Radio Televisión Dominicana.
Teleazul es una propuesta innovadora de hacer televisión, la cual no tiene su base de sustentación en hacer negocios, sino en ser un instrumento para producir cambios importantes en la sociedad y buscar una mejoría de la seguridad jurídica, la institucionalidad y la democracia dominicana.
Teleazul, la Señal del Universo, tiene como meta fundamental establecer un puente de doble vía con los dominicanos del exterior por el papel que éstos juegan en la vida económica, social y política del país, cuyas remesas representan el segundo renglón más importante del producto interno bruto, después del turismo, pero en el que también ellos juegan un rol de primer orden mediante la versión domestica de esta industria.
Los dominicanos del exterior, fruto del fenómeno de la migracion, pertenecientes a comunidades establecidas en Estados Unidos de América, Puerto Rico, Europa y otros lugares del mundo, no sólo son una fuente de mantenimiento de la economía nacional, sino que son portadores de una serie de valores cívicos, morales y democráticos asimilados en naciones donde los niveles institucionaolidad son relativamente más altos que el dominicano y que en consecuencia imponen un modo de vida ajustado a lo que luego se convierte en la formación de un mejor ciudadano.
En la actualidad la República Dominicana cuenta con una comunidad en el exterior que supera los tres millones de personas, los cuales son el soporte más importante de las familias que permanecen en el territorio nacional, pese a que ha surgido una cantidad impresionante de criollos que son inmigrantes de segunda, tercera y hasta de cuarta generación que no hablan necesariamente el idioma español y que su principal lengua es otra propia de aquellos países donde han nacido, lo cual lleva a Teleazul como estación con la aspiración de ser pública a colocar a los programas subtítulos en inglés, a fin de que esos criollos mantengan una buena conexión con sus raíces.
El Grupo Nacional Azul busca convertir a Teleazul en la mejor y primera versión pública de la televisión dominicana, cuya señal saldrá desde la región norte del país, pero con cobertura nacional e internacional como una forma de incorporar a los dominicanos que viven fuera a este esfuerzo que no tiene otro fin que restablecer valores, fortalecer la dominicanidad y la democracia nacional.
Los mismos objetivos y plan serán desarrollados a través de Azul/Radio, propiedad del mismo grupo, la cual también tiene su sede en la calle Restauración 138 del Centro Histórico de Santiago, zona donde están la Catedral Santiago Apóstol, la Gobernación Provincial, sede del Poder Ejecutivo, y la dependencia del Ministerio de Cultura.
Además, Teleazul y todas las empresas del Grupo Nacional Azul operan en la misma área donde fue inaugurado el Centro Cultural del Banco de Reservas, lo que en algún momento se llamó Hotel Mercedes, el primero surgido en el país y de igual modo en la zona donde está la meca de la cultura de Santiago, porque también tiene su sede la renovada Casa de Arte, las 37 por las Tablas, el Centro de la Cultura, entre otros lugares dedicados a este propósito.
La versión en inglés de la Fundación Grupo Nacional Azul tiene su sede en el corazón financiero de Nueva York, el 30 de Wall Street, localización de la Bolsa de Valores, como una forma de trabajar lo más cerca posible con la comunidad dominicana más grande y numerosa del exterior que es aquella que está asentada en el sector de Washington Heights, conocido además como el Alto Manhattan.
A partir del lunes 21 de julio se inicia la primera etapa del relanzamiento de Teleazul, canal que busca su conversion en estacion pública, cuyo lema es la Señal del Universo, que puede ser visto a través de la página web teleazul.com.do y cuyo fin es también que los suscriptores de YouTube TV, plataforma que se vende a millones de televidentes de todo el mundo, puedan disfrutar próximamente de esta oferta.
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República Dominicana impactada por violencia machista, las infancias robadas y la corrupción pública.
Por Elba García
La República Dominicana sufre el impacto severo de tres flagelos que constituyen, sin lugar a dudas, una gran desgracia nacional y la tendencia parece advertir consecuencias aún más devastadoras en el seno de la sociedad y del Estado.
Estos tres flagelos son los feminicidios, los embarazos en adolescentes y el peor que representa el motor para hacer crecer los dos primeros se trata de la corrupción pública y privada, en cuyos renglones el país ocupa lugares de primer orden en el Caribe, Latinoamérica y el mundo.
Estos problemas se han convertido en una amenaza para la estabilidad social, económica y moral de la sociedad dominicana, cuyos protagonistas no se acogen a los escarmientos que se han querido imponer en lo que respecta al comportamiento de los actores de la vida pública de la nación, los cuales provienen de la manzana podrida de los partidos políticos.
La conciencia nacional no termina de recibir heridas profundas en el ámbito de las tres cuestiones que constituyen una especie de tragedia para los dominicanos, porque representan atrasos y deterioro ético y moral de la población.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL la República Dominicana en el 2020 fue el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios, con 24 mujeres asesinadas por cada 100 mil por habitantes.
El mes de abril fue estremecido por el asesinato de la modelo y locutora Shantal Jiménez, quien fue ultimada por su expareja y éste también tomó la decisión de suicidarse, cuya herida no parece que vaya cicatrizar tan fácil en un país marcado por la violencia del hombre en contra de la mujer.
Sin embargo, peor ocurrió en el 2022 en lo que respecta al impacto de este flagelo de los feminicidios, ya que, de acuerdo a la misma institución, el país tuvo 58 casos de asesinatos de mujeres, ocho más que en el 2021.
En el 2026, desde el 8 de enero hasta la fecha, se ha producido más de una docena de feminicidios, lo cual indica que la velocidad en esta materia es peor que en tiempos anteriores, cuyo fenómeno parece que en el país llegará a una cantidad récord en los meses que restan del año que discurre.
Este flagelo no es tan fácil de combatir, pero igual ocurre con otro de los problemas analizados en este trabajo, como lo es la corrupción administrativa, que se deriva del caudillismo, el machismo, el amiguismo y de otros antivalores que tienen un profundo contenido cultural y que en consecuencia su combate resulta complejo si el Estado no se arma de un plan al respecto.
Los embarazos en adolescentes que se podría afirmar que se deriva de la falta de oportunidades de jóvenes dominicanos que terminan en estado de gestación a temprana edad, constituye otro factor muy preocupante para los dominicanos.
En este fenómeno la República Dominicana ocupa el primer lugar en américa latina y el Caribe y el 26 en todo el mundo en cuanto a la tasa de fecundidad en jóvenes de 15 a 19 años de edad, según un estudio del Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes.
Los embarazos en adolescentes tienen riesgos adicionales de salud tanto para la madre como para el bebé, con el agravante de que con frecuencia éstas no reciben cuidados prenatales a tiempo, lo que provoca problemas posteriores, ya que tienen mayor riesgos de hipertensión arterial y de complicaciones diversas.
A pesar de que existe la percepción de que la corrupción ha disminuido en el país, lo cierto es que el fenómeno es cada más preocupante, porque quita oportunidades de mejoría en lo que respecta a salud, educación y desarrollo humano en sentido general.
El país obtuvo 32 puntos en el índice de percepción de la corrupción pública que publica la organización para la transparencia internacional, cuyo sitial ha disminuido en los pasados años, pero que la realidad es que se trata de un flagelo que constituye un motivo de preocupación para los que vigilan este tipo de fenómeno a nivel internacional.
La República Dominicana pasó del 123 al 180 del ranking de corrupción gubernamental, pero sus habitantes consideran que hay mucha más de esta aberración en esta materia en el sector público, pese a que la misma se mide de 0 a 100.
Las posibilidades de que estos flagelos mejoren en el país no parecen viables en virtud de que a nivel del Estado no existe una política seria y con la inversión económica necesaria para cambiar el cuadro que impacta de muy mala manera a los dominicanos.