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Otra vez la falta de planificación estratégica saca sus garras en contra de la tranquilidad que debe prevalecer en la nación.
El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido una gestión que no ha dejado dudas de que es un fiel exponente de una de las tragedias que afectan históricamente a la República Dominicana, como son la incapacidad y la improvisación.
Es un problema ancestral que está asociada consustancialmente a la cultura dominicana, por lo que los problemas en esta materia están presentes cada día en la vida nacional, porque no existe ningún plan para solucionar muchos de los problemas que padece el país.
Son tantos los asuntos que se derivan de la improvisación, de la falta de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, que por esta razón el país tiene años buscándoles solución a los problemas sólo de boca, de palabras, no con un trabajo calculado para que al cabo de algunos años el mismo no exista.
Entre los problemas que hoy se agigantan en el país por la falta de planificación estratégica están el del agua, cuyos expertos advierten que para el 2030 el país llorará lágrimas de sangre porque no tendrá el preciado líquido ni para tomar ni para bañarse, ya que todas las cuentas hidrográficas, como los ríos subterráneos y superficiales, lagos y cualquier otro recurso de este tipo están contaminados y nadie hace nada para contener el fenómeno.
Pero lo propio ocurre con la contaminación con efectos invernaderos fruto del uso de combustibles fósiles, el tránsito, la corrupción pública y privada, entre otros tantos, pero que citarlos resultaría muy larga la presente historia periodística.
En este mismo contexto está el caso de la frontera dominico-haitiana, donde se produce la más espantosa corrupción, que va desde el tráfico de personas, la prostitución, las drogas y el cáncer de los militares que reciben grandes beneficios de la ilegalidad que prevalece en la zona.
Todos estos problemas sólo son combatidos de boca, porque en realidad se trata de una mafia que tiene alcances hasta las más altas instancias del Estado, a todos los niveles, y en ese marco hay que ver el conflicto que ahora se produce con el rio Masacre, el cual ha sido represado por haitianos que dicen buscar irrigar tierras en esa parte de la isla.
La confrontación por este tema viene de hace muchos años, pese a que ha habido intentos de darle cualquier salida al asunto, como los acuerdos firmados en el 2021 entre los gobiernos dominicano y haitiano y cuya deficiencia en el manejo del problema parece ser parte de la cancillería que preside Roberto Álvarez.
El diferendo dominico-haitiano no parece que tendrá una solución a partir del manejo dado al mismo por parte del presidente Abinader, porque él pretende que las cosas tengan una salida en favor del país sin haber desarrollado un plan estratégico que arroje resultados diferentes.
Sobre este particular hay que decir que el Gobierno dominicano envía un mensaje equivocado, no sólo a los que están en esta parte de la isla, sino también a los haitianos, porque mientras los problemas, como por ejemplo de la corrupción, se manejen con una doble moral, no se puede esperar buenos resultados.
La cuestión es que no ha habido forma de detener la corrupción que se produce en la frontera, cuyos afectados son dominicanos y haitianos, ya que estos últimos tienen que pagar cantidades importantes de dinero hasta para el cruce de la misma y los que viven en el país tienen que soportar una inmigración que resulta insostenible para una nación pobre y lacerada también por el mismo flagelo.
Cualquiera preocupado por el conflicto entre dominicanos y haitianos tendría que preguntarse necesariamente si la Cancillería y el propio presidente no saben que hasta los consulados son una fuente de generación de grandes recursos de dinero a través de prácticas reprochables como la venta de visas.
El presidente Abinader no sabe que su amigo y enllave Margarito de León, Cónsul en Juana Méndez, aunque no es el único, se dedica a hacer fortunas a través de la venta de visas a 450 dólares, las cuales son estampadas sin ver al beneficiario, ya que generalmente éste está en la República Dominicana, pero para que el documento le llegue sin problemas hay una serie de individuos, principalmente haitianos, que son parte de la mafia y que son los que se encargan de que se ejecute la acción.
Este tipo de problema, que constituye una de las razones de las tensiones entre ambas naciones, entre otras de no menor gravedad, crea una serie de reacciones y recelos entre los nativos de Haití, que representan una de las causas para que haya un conflicto de nunca acabar.
Podría decirse que las visas otorgadas ilegalmente no molestan a los haitianos, porque logran su propósito de cruzar la frontera, pero al propio tiempo deja sin moral a los dominicanos que se dedican a hacer negocios con lo indebido, por lo que resulta prácticamente imposible resolver el diferendo sobre la base de los tratados que ha firmado el país con sus vecinos.
En esto el mundo sabe que hay un juego de doble moral de ambas partes y lo menos que se puede pedir es el cumplimiento de la ley y los acuerdos cuando ambas naciones hacen lo mismo, que no es otra cosa que violar la norma.
El conflicto haitiano ha colocado al Gobierno dominicano en un callejón sin salida, porque por un lado es difícil que pueda controlar lo que ocurre en el país vecino con el asunto del canal, pero además tiene una presión prácticamente inaguantable de los sectores económicos del país que exportan huevos, ajo, cebolla y otros productos a la vecina nación.
El riesgo que se corre Abinader y el PRM es que queden muy mal parados con el cierre la frontera e impedir que salgan los productos dominicanos que se exportan hacia Haití y que también se le haga prácticamente imposible detener la construcción del canal por tratarse de un país sublevado y con un Estado colapsado, que sólo existe de derecho, pero no de hecho, lo cual dejaría a las autoridades dominicanas sin moral para hablar sobre el tema y en un callejón sin salida.
El cierre de la frontera terrestre, aérea y marítima provocaría pérdida en el país o disminución de ingresos por la suma de alrededor de US$21 millones, un estimado de RD$1,204.6 millones al cambio de la moneda local por cada semana que se mantenga la medida, sin contar los ingresos por las exportaciones formales hacia el vecino país.
Según un informe del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, refleja que las exportaciones hacia Haití acumularon 673.3 millones en promedio, es decir, unos 84.1 millones mensuales, entre enero y agosto de este año.
Este ingreso durante el presente año 2023 representa una disminución de un 12% en el intercambio de bienes, con respecto al mismo período de 2022, que registró US$764.2 millones y tuvo un promedio de US$95.5 millones mensualmente.
Las ventas acumuladas del país a Haití durante los primeros ocho meses del corriente 2023, indica la participación del 8.2% del total de las exportaciones dominicanas, las cuales se reportaron en US$8,138 millones, lo cual establece que es el segundo mercado en importancia tanto en términos nominales como en cantidad de bienes.
La economía haitiana sólo está por debajo de la de Estados Unidos, la cual tiene mayor intercambio con el 53%, ya que entre enero y agosto de 2023 los productores locales exportaron a este mercado norteamericano US$4,306 millones para un crecimiento interanual de 1.1%, ya que en igual período de 2022 acumuló US$4,259 millones.
El país comercializa bienes con Haití a través de cuatros mercados binacionales formales: Jimaní, Elías Piña, Pedernales y Dajabón, pero éste es el que primero fue cerrado por las autoridades dominicanas, cuyo panorama es de incertidumbre y los comerciantes han visto reducir sus ventas en lo que va de esta semana.
La administración aduanal de Dajabón reportó US$281.5 millones en 2022, equivalente a un incremento de 18.9% y una diferencia absoluta de US$45 millones, con respecto al 2021, que registró US$236.5 millones, posicionándose como el tercer mercado en importancia dentro de estos cuatro, de acuerdo a ProDominicana.
La de Jimaní es la que tiene la mayor incidencia por su cercanía con Puerto Príncipe, pese a que el año pasado su intercambio estuvo por debajo al 2021, en un -37.3%, cuyo monto fue de US$1,246.4 millones en los últimos cuatro años.
Por su parte, Elías Piña reporta también US$1,015.8 millones, por lo que ocupa el segundo lugar, la cual constituyó la administración aduanera de mayor crecimiento el año pasado, pues su monto pasó de US$231.8 millones en 2021 a US$417.8 millones en 2022, lo que indica una diferencia de 80.2%.
En ese orden, el mercado de Pedernales movió alrededor de US$20 millones durante el año pasado, para un incremento interanual de un 33.3% y una diferencia absoluta de cinco millones de dólares, en contraste a lo reportado en 2021.
Todo este cuadro que se presenta con el cierre de toda la frontera tiene un impacto muy fuerte en la economía nacional, lo cual luce ser un resultado de la improvisación y la carencia de un plan de política estratégica para haber logrado otros resultados, porque al presidente Abinader se le olvida que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, después de los Estados Unidos, y que si la economía no anda bien, daña de forma irreparable la política y es un elemento generador de grandes conflictos sociales.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.