Opinión
El arbitraje internacional es la salida más idónea al conflicto dominico-haitiano.
Por José Cabral
Son variados los argumentos sobre el daño que podría causar la construcción de un canal que abastecería 48 mil tareas de tierras en Haití y que amenazaría la supervivencia del rio Masacre.
De acuerdo a los expertos, el canal afectaría severamente a los habitantes de la región y muy principalmente a la Laguna Saladillo.
El caudal del río Dajabón o Masacre sólo alcanza un pico máximo en cuatro meses del año en épocas de lluvias, pero que luego sólo se aproxima a un metro cúbico por segundo, por lo que el canal que se construye en el lado haitiano supera la supervivencia del afluente aguas abajo del punto de conflicto.
La Laguna Saladillo sería la principal perjudicada porque si se desviara el rio y si el canal absorbe tres metros cúbicos por segundo y lo que el mismo lleva es un metro cubico, automáticamente se va a desviar.
De manera, que, según los expertos, si se produjera la alteración del curso natural del rio, impactaría el caudal de la Laguna Saladillo, que es una área protegida y reserva de vidas silvestres, que comparten ambos países por estar en la zona limítrofe de la comunidad de Carbonera.
De acuerdo a lo que se ha establecido, un detalle trascendental es que el mismo está regido por acuerdos internacionales, ya que las aguas ya han sido distribuidas a productores de ambos lados de la frontera.
La pregunta que se impone es por qué el Gobierno dominicano no tomó medidas antes de que explotara la crisis, porque se ha dicho en reiteradas ocasiones que ese proyecto viene de hace varios años.
Esto no tiene otra explicación que el síndrome de la improvisación que tanto se ha abordado, lo cual genera la falta de implementación de políticas estratégicas para que cosas como éstas no ocurran, pero esta debilidad no es tan fácil de erradicar de la sociedad dominicana porque tiene raíces profundamente culturales.
De cualquier manera, lo que se impone es recurrir a un arbitraje internacional, sobre todo ante la existencia de acuerdos en esta materia, a fin de que haya una salida armoniosa al problema, aunque de antemano Haití es la victima frente a la comunidad internacional y ello constituye un elemento de preocupación ante la salida técnico-científica que demanda el diferendo.
Si a esta particularidad se le suma el hecho de que el Gobierno ya tiene un sello de anti-haitianismo, lo cual representa un gran escollo, sobre todo por el manejo torpe dada a la situación del hermano país, entonces cualquiera podría ser pesimista con la posibilidad de que pueda llegarse a un acuerdo razonable al respecto.
Sin embargo, el hecho de que el presidente Abinader vaya a estar presente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y también el primer ministro haitiano, aunque ello no crea ninguna expectativa de solución, porque ya las autoridades de la hermana nación han dicho que no pueden hacer nada al respecto, porque la obra la levantan personas que ellos no controlan, lo cual sólo es creíble ante la situación de ingobernabilidad que allí se vive, pero ofrece la oportunidad de involucrar en el problema a la comunidad internacional.
Todo el mundo sabe que la afirmación del primer ministro haitiano luce como una contradicción en razón de que un contingente de oficiales de la Policía del vecino país llegó a la zona de conflicto aparentemente para darle apoyo a los gestores del canal.
Lo cierto es que la ONU tiene en las manos una papa caliente que puede resolver con una buena gestión, lo cual requiere que se cree una comisión técnico-científica imparcial que pueda dar un veredicto creíble y que sea respetada por ambas partes.
La pregunta que asalta a cualquiera es quién hará cumplir lo dictaminado, porque cualquier decisión debe ser aplicada a través de ambos gobiernos y las autoridades haitianas han dicho que no pueden hacer nada al respecto, lo cual indica que habría que pedir la intervención de la comunidad internacional para la ejecución de lo acordado.
Los artículos 8,9 y el 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje del 1929 habla muy claro al respecto y en consecuencia no hay otra opción que el arbitraje internacional, cuyo respeto de la decisión tomada debe ser por ambas partes, tal y como está consignado en el acuerdo, el cual establece un mecanismo idóneo para resolver conflicto como el surgido ahora con el referido canal.
Por Rommel Santos Díaz
El crimen organizado en torno al narcotráfico y la corrupción transnacional se ha convertido en un problema de primer orden para la región latinoamericana y del Caribe, aumentando la violencia y el conflicto que se constituyen en un serio obstáculo para el desarrollo y avance de los países de la región.
El rápido empeoramiento de la situación en los últimos años afecta gravemente a varios de los países de la región, constituyendo una amenaza concreta a la democracia y a los derechos humanos de la población latinoamericana y caribeña.
Es de conocimiento general que las organizaciones criminales han extendido sus estructuras y actividades más allá de los límites de cada país de la región, regionalización y globalización, razones por las cuales las respuestas nacionales resultan necesarias pero son insuficientes actualmente.
El carácter transnacional del crimen organizado en el siglo XXI hace imprescindible y perentorio el desarrollo de instrumentos jurídicos de cooperación internacional y de instituciones basadas en la integración regional que actúen complementariamente en apoyo de las fuerzas de seguridad y las justicias nacionales.
Se hace necesario y urgente que los estados nacionales signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios hagan efectivo el compromiso asumido antes sus propios ciudadanos y la comunidad internacional de combatir el crimen transnacional organizado.
Po todas las razones expuestas anteriormente se justifica la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado, de carácter complementario de las justicias nacionales y dedicada a la desarticulación de las cúpulas criminales que incurran en alguno de los delitos previstos por la Convención de Palermo y sus Protocolos.
Los estados de la región deben comprometerse a llevar a cabo todas las acciones posibles para apoyar esta iniciativa, comenzando por la convocatoria a la participación de los gobiernos de la región y por la aprobación de resoluciones parlamentarias de apoyo en cada uno de los países de latinoamérica y el Caribe.
Finalmente, hacer un llamado a los parlamentarios de la República Dominicana, a los fines de que se pronuncien mediante la aprobación de resoluciones de apoyo a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado.
(tercera parte)
Por Oscar López Reyes
Ser homosexual se ramifica como una tragedia personal y familiar torturante, y basta hacer referencia de un niño que le preguntaba a su madre, bajo llanto, ¿por qué salí así?, y la progenitora le respondía en forma salomónica, mientras a los cercanos ella les decía que no podía matar a su hijo. Otro jovencito de esa preferencia convulsionó en mi presencia, y cuando superó esa impactante crisis lo encaminé -sin deseo yo de comer ese día- hasta el especializado Instituto de la Familia, para un tratamiento en dos vertientes.
El tercer drama: El niño que se quejó de su talante, creció y se declaró homosexual, con el sobrenombre de Salvadora; instaló una sastrería, paseó en horas de la noche, a mediados de 1965, por calles del sector Villa Estela de Barahona junto a sus pares Bebejo y Tony, en una exhibición con recepción de aplausos y bufonadas con la lengua.
Los tres fueron los primeros en salir del clóset en esa ciudad. Después que sus dos compañeros de trajinar fallecieron y, cansado del rechazo social, Salvadora se convirtió a evangélico, y decidió vivir en el cementerio. Vecinos y amigos me ratifican que, desde ese momento, abandonó sus conocidas andanzas. Murió en el 2011, y fue sepultado en otro camposanto.
Cuarta tragedia sumatoria: La muerte a puñaladas -por extraviadas pasiones sentimentales y engaños monetarios en “sexo servicio”- de seis miembros de la comunicación, en Santo Domingo y Santiago:
1.- El director, guionista de cine y productor de televisión Jean Luis Jorge, acuchillado mortalmente el 13 de marzo de 2000, en su apartamento.
2.- El relacionista, articulista de diarios y catedrático Víctor Gulías, victimado de 32 puñaladas el 28 de marzo de 2007, en su apartamento.
3.- El productor televisivo Miguel Bretón Mieses (Micky Bretón), ultimado de varias estocadas el 4 de noviembre de 2009, en un motel.
4.- El gerente de ventas de El Nacional, William Cordero Acevedo, encontrado en ropa interior, en un charco de sangre, el 24 de enero de 2012, en su apartamento.
5.- El presentador de noticias Claudio Nasco, fallecido violentamente el 13 de diciembre de 2013, en una cabaña. A propósito de ese asesinato, el diseñador de “Los grandes espectáculos”, Jorge David Pérez (Jorge Diep, finado el 28 de octubre de 2018) reveló en un tribunal que desde que optó seguir a Cristo se retiró de la homosexualidad.
6.- El coreógrafo y maquillista Víctor Daniel Erarte (Vitico), ahorcado con saña el 30 de octubre de 2022, en su residencia de Santiago.
Cual que sea la clasificación de la comunidad LGBTQI+: Lesbiana, Gais, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual o Pansexual, o tratase de una raíz epigenética o la predilección de género o identidad, ese engendro se empotra con barullo en el individuo, lo domina en la absoluta perdición y lo rinde en sus deseos sin límites, acatando la voluntad del atraído, en una triste y alarmante vulnerabilidad lujuriosa.
Ese desenfreno -fogoso y anárquico – sin techo en su accionar particular y comunitario, que arruina la moral pública, echa sus pétalos en el cerebro y, conforme a investigaciones científicas, abruma en variadas estructurales del hipotálamo vinculadas con el sexo biológico y la orientación sexual. Estas matizan que el tamaño y el número de células de núcleos hipotalámicos son desiguales entre hombres homosexuales y heterosexuales.
Según esos estudios, la diferenciación hipotalámica posnacimiento (“desarrollo biológico en el que las células madres se convierten en neuronas para regular el sueño, el hambre, la sed, la temperatura y el equilibrio hormonal” en unión de componentes ambientales y psicosociales pueden tener una profunda influencia en la determinación sexual del cerebro. Y puntualizan que, en una muestra de cerebros de hombres homosexuales, se localiza una zona del hipotálamo, llamada Núcleo Supraquiasmático (NSQ) –el marcapasos o reloj del cerebro- que contiene el doble de células que el NSQ de un grupo heterosexual.
Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental concuerdan en que la homosexualidad no es una enfermedad mental, ni una cuestión emocional, causado, en la homosexualidad de los varones, por una predisposición innata, coaligada esencialmente con “las variantes genéticas del receptor de andrógenos ubicadas en el cromosoma X”.
Deriva en acoso sexual, vestirse de mujer, violar a niños, abandonar la Iglesia, casarse con una persona del mismo sexo, sufrir depresión con intentos suicidas, consumir bebidas alcohólicas y drogas y, en tenebrosos celos y odios irracionales, son ahorcados y degollados con objetos punzantes en matorrales, residencias, moteles, calles y otros territorios. Ese ejercicio está tipificado, igual que la prostitución, de alto riesgo, por su exposición al salvajismo corporal, a contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS/VIH) y otras contraídas por el contacto carnal, así como la estigmatización y marginalización social.
¡Qué horizonte más lastimero y compasivo! Obliga, incuestionablemente, al auxilio en endocrinología, psiquiatría, psicología, urología, ginecología, genética y otras especialidades de la salud, conforme a las normas internacionales. En psiquiatría, sí, aunque el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya excluido la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales.
Levantando o no la bandera arcoíris, son incontables las personas -unos pertenecen a los movimientos de exgais (sostienen que ya no los son) y otros al de los ex-ex gais (se retiraron y regresaron), que se han esforzado para variar su orientación sexual. Han acudido a terapias de beber agua bendita, a los rezos de plegarias, a la hipnosis, el exorcismo y a los antidepresivos.
Indistintamente, han apelado a la administración de hormonas, a las terapias por conversión o reparativa, el choque farmacológico, el análisis aplicado de conducta, el tratamiento por electrochoque, terapia grupal, psicoanálisis, terapia Afirmativa LGBTIQ+ y de contexto específico.
Además de las terapias pseudocientíficas e ilegales buscando curar a homosexuales, también han sobresalido tratamientos quirúrgicos, como la vasectomía, la histerectomía, la castración, la cirugía del nervio pudendo, la ablación de clítoris, la ooforectomía y la lobotomía.
El consenso médico aclara que no existe evidencia experimental de que esos tratamientos, que todavía están en uso, sean efectivos para cambiar la orientación sexual, pero sí que son fraudes crueles, degradantes, dañinos y peligrosos en cuanto a que provocan percances psicológicos, espirituales, relacionales, económicos, profesionales o laborales, físicos y sexuales. Estos métodos han sido calificados como “charlatanería”, porque están prohibidos y se apartan de los sistemas éticos de salud mental.
Los métodos y técnicas empleados, y confrontados en una cosa y la otra, persiguiendo el fin preconcebido, igualmente han sido útiles para crear 6 sistemas lógicos y deductivos sobre la homosexualidad: 1) Teorías psicodinámicas, 2) Postulado del determinismo biológico y sanación genética, 3) Inferencias endocrinólogas, 4) Observaciones neurobiológicas, 5) Principios de diversidad biológica y disidencia sexual, y 6) Teoría de la homosexualidad en otras especies.
Una buena psicoterapia y la Biblia son aproximativas para surcar en ese pantano. Las descripciones precedentes invitan a preparar profesionales enfocados en el acompañamiento y la más apropiada y efectiva asistencia sanitaria de los integrantes de esa población endeble, para cuya gestión han sido fundadas numerosas instituciones y grupos delineados.
¿Cuáles? La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación de Psiquiatras Gays y Lesbianas (ahora Asociación de Psiquiatras LGTBQ), Human Rights Watch, la Unesco, el Fondo Mama Cash, QuRight Action Internacional y el Fondo para la Igualdad Global.
¿Y en República Dominicana? Operan la estatal Conavihsida y las privadas Trans Siempre Amigos (Transsa), el Voluntariado GLBT Dominicano, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (Odhpt), el Centro de Orientación e Investigación Integral (Coin) y otras entidades. Ahorita, ¿surgirá en RD un equipo de psiquiatras para explorar, como respuesta facultativa, las vivencias, la ansiedad, la depresión y otras patologías mentales del Colectivo LGBTQI+?
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El autor: expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
Por Isaías Ramos
Febrero no es un mes cualquiera.
Febrero es memoria.
Es advertencia.
Es juramento.
En febrero, el pueblo dominicano dejó de obedecer manos opresoras y decidió ser dueño de su destino. No fue un gesto romántico: fue coraje frente al abuso, la expoliación y el desprecio por la dignidad humana. Por eso febrero no se celebra; febrero se honra. Honrarlo no es repetir consignas: es recordar que la independencia no fue un evento del pasado, sino una tarea permanente.
Hoy, al iniciar este Mes de la Patria, emerge una verdad incómoda: la dominación ya no llega con fusiles, sino con contratos; no con ejércitos, sino con estructuras que llaman “modernización”; no con cadenas visibles, sino con legalidades que pueden despojar cuando faltan control democrático y transparencia.
En días recientes, el país ha presenciado dos movimientos presidenciales que muchos interpretan como aislados, pero que revelan una misma lógica: el control de lo estratégico envuelto en lenguaje técnico que, si no se fiscaliza, sustituye soberanía ciudadana por opacidad.
Por un lado, se anunció la readecuación de la OPRET en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y el fortalecimiento de la ETED bajo “autonomía técnica” y “gobernanza corporativa” (Decretos 55-26 y 60-26, 30 de enero de 2026). Por otro, el Presidente eleva el tono contra AERODOM y advierte sometimientos judiciales si no se construye una nueva terminal. En apariencia, modernización de un lado y defensa del interés nacional del otro. En la práctica, activos estratégicos, contratos y poder.
Pero la Patria exige memoria, no espectáculo.
Conviene recordar lo esencial: en 2023, este Gobierno extendió por 30 años la concesión de AERODOM, del 2030 al 2060, siete años antes del vencimiento original. Decisiones que amarran al país por décadas exigen prudencia democrática, transparencia y control ciudadano. Es legítimo preguntar por qué adelantar una negociación de tan largo alcance y por qué no abrir un debate nacional amplio que blindara el interés público.
Nadie puede erigirse en justiciero de un contrato que su propio Gobierno extendió y aprobó por décadas sin explicar qué se pactó, qué obligaciones rigen y qué sanciones las garantizan. La coherencia institucional no se demuestra con amenazas: se demuestra con transparencia y rendición de cuentas verificables.
Si el Presidente aspira a autoridad moral, hay dos pruebas simples: publicar el estado del pago de la multa de cinco millones de dólares impuesta a AERODOM (con comprobantes o, si no se ha pagado, plazos y razones) y poner a disposición pública, accesible y centralizada, el contrato renovado y sus anexos. La Patria no se defiende con gestos: se defiende con documentos.
Mientras la atención pública se concentra en titulares, avanza lo verdaderamente estructural.
La conversión de la OPRET en empresa operadora, la delimitación de funciones con el fideicomiso del transporte masivo y la redefinición de la ETED no son simples ajustes administrativos: rediseñan el Estado. Modernizar puede ser necesario. Pero si se reduce el control democrático, se debilita la fiscalización y se encierra lo público en arquitecturas opacas, se abre la puerta a la captura.
El riesgo se repite: el Estado asume costos; lo rentable se vuelve concesionable; el ciudadano pasa de titular de derechos a cliente; y los servicios esenciales se convierten en plataformas de rentas, con poca claridad sobre quién decide, quién gana y quién paga.
Esto no es un error aislado. Es una visión de Estado: pérdidas socializadas, ganancias privatizadas; riesgo ciudadano, beneficio concentrado; control democrático debilitado y opacidad creciente. Es la nueva ingeniería de la dominación: elegante, legal y silenciosa. No oprime de golpe; desgasta hasta que el pueblo se acostumbra a perder.
Este modelo no es abstracto. Cuando se alinean decisiones estratégicas, contratos de largo plazo y estructuras opacas, se crean incentivos para capturar rentas y control sin debate público suficiente ni contrapesos eficaces. Y cuando el poder político y económico opera sin control democrático real, el resultado rara vez es desarrollo inclusivo.
Como ciudadanos y sujetos morales, esta responsabilidad no se delega. La libertad no se preserva sola: se defiende. Y defenderla hoy no exige odio ni caos, sino exigencia cívica sostenida. Comprender es actuar.
Desde hace años, el Foro y Frente Cívico y Social advierte que 2026 es un año clave: el punto en que este modelo puede consolidarse si la ciudadanía no exige controles y transparencia reales. El riesgo es que una minoría se quede con “el santo y la limosna”, mientras la mayoría pierde Estado, instituciones y patria como casa común.
Por eso febrero es advertencia. Porque febrero recuerda que la historia cambia cuando la conciencia se organiza.
Todavía estamos a tiempo de impedir que el Estado sea reducido a empresa y la Patria a negocio; de exigir orden con justicia, desarrollo con igualdad y progreso con dignidad; y de recordar que el Estado Social y Democrático de Derecho no es un lema, sino un mandato constitucional.
Este momento exige valentía moral y disciplina cívica. Exige contratos públicos, explicaciones claras, auditoría real y veeduría social activa. Exige, en suma, vencer convenciendo: con argumentos, verdad y memoria histórica.
Porque cuando la Patria se convierte en negocio, el silencio del pueblo se vuelve complicidad. Y la historia no absuelve a quienes, pudiendo defenderla, eligieron mirar hacia otro lado.
Despierta RD!