Opinión
El arbitraje internacional es la salida más idónea al conflicto dominico-haitiano.
Por José Cabral
Son variados los argumentos sobre el daño que podría causar la construcción de un canal que abastecería 48 mil tareas de tierras en Haití y que amenazaría la supervivencia del rio Masacre.
De acuerdo a los expertos, el canal afectaría severamente a los habitantes de la región y muy principalmente a la Laguna Saladillo.
El caudal del río Dajabón o Masacre sólo alcanza un pico máximo en cuatro meses del año en épocas de lluvias, pero que luego sólo se aproxima a un metro cúbico por segundo, por lo que el canal que se construye en el lado haitiano supera la supervivencia del afluente aguas abajo del punto de conflicto.
La Laguna Saladillo sería la principal perjudicada porque si se desviara el rio y si el canal absorbe tres metros cúbicos por segundo y lo que el mismo lleva es un metro cubico, automáticamente se va a desviar.
De manera, que, según los expertos, si se produjera la alteración del curso natural del rio, impactaría el caudal de la Laguna Saladillo, que es una área protegida y reserva de vidas silvestres, que comparten ambos países por estar en la zona limítrofe de la comunidad de Carbonera.
De acuerdo a lo que se ha establecido, un detalle trascendental es que el mismo está regido por acuerdos internacionales, ya que las aguas ya han sido distribuidas a productores de ambos lados de la frontera.
La pregunta que se impone es por qué el Gobierno dominicano no tomó medidas antes de que explotara la crisis, porque se ha dicho en reiteradas ocasiones que ese proyecto viene de hace varios años.
Esto no tiene otra explicación que el síndrome de la improvisación que tanto se ha abordado, lo cual genera la falta de implementación de políticas estratégicas para que cosas como éstas no ocurran, pero esta debilidad no es tan fácil de erradicar de la sociedad dominicana porque tiene raíces profundamente culturales.
De cualquier manera, lo que se impone es recurrir a un arbitraje internacional, sobre todo ante la existencia de acuerdos en esta materia, a fin de que haya una salida armoniosa al problema, aunque de antemano Haití es la victima frente a la comunidad internacional y ello constituye un elemento de preocupación ante la salida técnico-científica que demanda el diferendo.
Si a esta particularidad se le suma el hecho de que el Gobierno ya tiene un sello de anti-haitianismo, lo cual representa un gran escollo, sobre todo por el manejo torpe dada a la situación del hermano país, entonces cualquiera podría ser pesimista con la posibilidad de que pueda llegarse a un acuerdo razonable al respecto.
Sin embargo, el hecho de que el presidente Abinader vaya a estar presente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y también el primer ministro haitiano, aunque ello no crea ninguna expectativa de solución, porque ya las autoridades de la hermana nación han dicho que no pueden hacer nada al respecto, porque la obra la levantan personas que ellos no controlan, lo cual sólo es creíble ante la situación de ingobernabilidad que allí se vive, pero ofrece la oportunidad de involucrar en el problema a la comunidad internacional.
Todo el mundo sabe que la afirmación del primer ministro haitiano luce como una contradicción en razón de que un contingente de oficiales de la Policía del vecino país llegó a la zona de conflicto aparentemente para darle apoyo a los gestores del canal.
Lo cierto es que la ONU tiene en las manos una papa caliente que puede resolver con una buena gestión, lo cual requiere que se cree una comisión técnico-científica imparcial que pueda dar un veredicto creíble y que sea respetada por ambas partes.
La pregunta que asalta a cualquiera es quién hará cumplir lo dictaminado, porque cualquier decisión debe ser aplicada a través de ambos gobiernos y las autoridades haitianas han dicho que no pueden hacer nada al respecto, lo cual indica que habría que pedir la intervención de la comunidad internacional para la ejecución de lo acordado.
Los artículos 8,9 y el 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje del 1929 habla muy claro al respecto y en consecuencia no hay otra opción que el arbitraje internacional, cuyo respeto de la decisión tomada debe ser por ambas partes, tal y como está consignado en el acuerdo, el cual establece un mecanismo idóneo para resolver conflicto como el surgido ahora con el referido canal.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.