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Gobierno responde a experto de la ONU que solicitó apertura de la Frontera
Santo Domingo, RD.-Las declaraciones del experto designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos haitianos, fueron respondidas por el Gobierno dominicano, quien manifestó este lunes su «alarma extrema» por el cierre de la frontera de República Dominicana con el vecino país e instó a las autoridades locales a reconsiderar su decisión.
A continuación el comunicado íntegro publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores:
El Sr. William O’Neill, experto independiente en derechos humanos para Haití de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió hoy una declaración sobre las acciones recientes del Gobierno dominicano.
El Gobierno dominicano expresa su profunda preocupación por la falta de respuesta de las Naciones Unidas ante la grave crisis humanitaria, de seguridad y política que afecta desde hace años a Haití. Desde 2021, venimos instando a la comunidad internacional a responder al llamado de auxilio de las autoridades haitianas, reconociendo el impacto que esta crisis tiene en nuestra región y, en particular, en nuestro país.
Por tanto, rechazamos de plano las declaraciones parcializadas y desafortunadas del Sr. O’Neill. En primer lugar, reiteramos que cualquier diálogo con Haití está condicionado a la detención efectiva de la construcción unilateral e ilegal del canal en el río Dajabón. La declaración conjunta del 27 de mayo a la cual se refiere el señor O’Neill se basó en esta condición, como lo confirmaron las declaraciones del ministro Roberto Álvarez el 31 de mayo de 2021 y su comunicación al canciller haitiano el 6 de julio de 2021, en la cual el ministro reiteró su llamado al diálogo bajo esa condición.
En segundo lugar, el Sr. O’Neill menciona el tema migratorio, que no guarda relación con el conflicto del canal. Como hemos expresado en la respuesta al Sr. O’Neill el 29 de junio pasado, no somos responsables de la situación interna en Haití y no es razonable que nuestro país tenga que asegurar el bienestar social de los haitianos. La situación interna de Haití no es óbice para la aplicación de nuestra Ley General de Migración. El presidente Luis Abinader ha afirmado que «el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional», y esperamos que esta actúe en consecuencia.
El Gobierno dominicano toma nota de la solicitud de dejar pasar ayuda humanitaria a Haití, pero reitera que la solución inmediata y definitiva de este problema está en manos de Haití, cuando decida poner fin a la construcción del canal.
Asimismo, es importante aclarar que es prematuro hablar de un arbitraje internacional cuando no hay un conflicto entre dos gobiernos, pues la crisis ha sido generada por actores particulares haitianos, oportunistas e irresponsables, sumado a la crisis humanitaria, de orden público y seguridad en Haití, que afecta la capacidad de su gobierno de imponer el Estado de derecho.
Queremos enfatizar el mensaje del presidente Abinader de ayer: «La situación en nuestra frontera está bajo control. La población puede estar tranquila, ya que no hay amenazas para sus actividades diarias en todo el país. La paz y la seguridad en la República Dominicana están garantizadas».
Queremos reiterar a la sociedad dominicana y a la comunidad internacional que este no es un conflicto entre dos pueblos, ya que ni los dominicanos, ni los haitianos desean la confrontación. Nuestros pueblos desean vivir en paz. No buscamos una confrontación, pero sí enfrentamos a los incontrolables que generan inseguridad en Haití.
Reiteramos la voluntad del Gobierno dominicano de buscar soluciones que garanticen la seguridad y protejan nuestros recursos naturales.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.