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Gobierno responde a experto de la ONU que solicitó apertura de la Frontera
Santo Domingo, RD.-Las declaraciones del experto designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos haitianos, fueron respondidas por el Gobierno dominicano, quien manifestó este lunes su «alarma extrema» por el cierre de la frontera de República Dominicana con el vecino país e instó a las autoridades locales a reconsiderar su decisión.
A continuación el comunicado íntegro publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores:
El Sr. William O’Neill, experto independiente en derechos humanos para Haití de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió hoy una declaración sobre las acciones recientes del Gobierno dominicano.
El Gobierno dominicano expresa su profunda preocupación por la falta de respuesta de las Naciones Unidas ante la grave crisis humanitaria, de seguridad y política que afecta desde hace años a Haití. Desde 2021, venimos instando a la comunidad internacional a responder al llamado de auxilio de las autoridades haitianas, reconociendo el impacto que esta crisis tiene en nuestra región y, en particular, en nuestro país.
Por tanto, rechazamos de plano las declaraciones parcializadas y desafortunadas del Sr. O’Neill. En primer lugar, reiteramos que cualquier diálogo con Haití está condicionado a la detención efectiva de la construcción unilateral e ilegal del canal en el río Dajabón. La declaración conjunta del 27 de mayo a la cual se refiere el señor O’Neill se basó en esta condición, como lo confirmaron las declaraciones del ministro Roberto Álvarez el 31 de mayo de 2021 y su comunicación al canciller haitiano el 6 de julio de 2021, en la cual el ministro reiteró su llamado al diálogo bajo esa condición.
En segundo lugar, el Sr. O’Neill menciona el tema migratorio, que no guarda relación con el conflicto del canal. Como hemos expresado en la respuesta al Sr. O’Neill el 29 de junio pasado, no somos responsables de la situación interna en Haití y no es razonable que nuestro país tenga que asegurar el bienestar social de los haitianos. La situación interna de Haití no es óbice para la aplicación de nuestra Ley General de Migración. El presidente Luis Abinader ha afirmado que «el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional», y esperamos que esta actúe en consecuencia.
El Gobierno dominicano toma nota de la solicitud de dejar pasar ayuda humanitaria a Haití, pero reitera que la solución inmediata y definitiva de este problema está en manos de Haití, cuando decida poner fin a la construcción del canal.
Asimismo, es importante aclarar que es prematuro hablar de un arbitraje internacional cuando no hay un conflicto entre dos gobiernos, pues la crisis ha sido generada por actores particulares haitianos, oportunistas e irresponsables, sumado a la crisis humanitaria, de orden público y seguridad en Haití, que afecta la capacidad de su gobierno de imponer el Estado de derecho.
Queremos enfatizar el mensaje del presidente Abinader de ayer: «La situación en nuestra frontera está bajo control. La población puede estar tranquila, ya que no hay amenazas para sus actividades diarias en todo el país. La paz y la seguridad en la República Dominicana están garantizadas».
Queremos reiterar a la sociedad dominicana y a la comunidad internacional que este no es un conflicto entre dos pueblos, ya que ni los dominicanos, ni los haitianos desean la confrontación. Nuestros pueblos desean vivir en paz. No buscamos una confrontación, pero sí enfrentamos a los incontrolables que generan inseguridad en Haití.
Reiteramos la voluntad del Gobierno dominicano de buscar soluciones que garanticen la seguridad y protejan nuestros recursos naturales.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.