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Ex diplomático se une a voces que solicitan estudio medioambiental sobre canal.

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Santo Domingo.-Inocencia García, ex encargado de las Relaciones con Haití de la Cancillería,  indicó que la diplomacia dominicana falló en el manejo de la crisis por el río Masacre y, tras el discurso del primer ministro de Haití, Ariel Henry, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este viernes, entiende que la única opción que pudiera impedir el avanzado canal es presentando ante un arbitraje internacional un estudio que compruebe los peligros medioambientales que supone la obra hídrica haitiana.

García explicó que este estudio debe ser solicitado por el Gobierno dominicano a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta recomendación la hizo el ex diplomático al analizar la tensa situación, en la que, según él, Haití le ganó a República Dominicana logrando que firmara en 2021 una Declaración Conjunta «amañada» y usando su estrategia de «víctima» ante los organismos internacionales.

«Efectivamente, la obra hídrica no desvía el cauce porque los cauce no se desvían, lo que se desvía es el agua y es lo que pretenden hacer, un trasvase de todas las aguas del Masacre hacia la llanura de Maribawoux», acotó.

Advirtió que «aunque el presidente pidió la paralización de la obra cuatro días después, ese documento firmado el 27 de mayo de 2021 es vinculante y está siendo utilizado inteligentemente por Haití».

Según el ex diplomático dominicano, el peligro de ese documento es que por el tono del discurso de Henry, «República Dominicana y Haití terminarán en un arbitraje internacional» para resolver el conflicto, donde los diplomáticos haitianos, «con más expertiz que los dominicanos», utilizarán esa declaración conjunta a su favor, «aunque ellos están violando el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929«.

Sobre la pregunta de si la polémica declaración conjunta tiene más peso que el tratado de 1929, el experto en relaciones bilaterales, indicó que el problema del acuerdo de Paz es que este no tiene un reglamento de aplicación, lo que provoca que cada parte en el conflicto le dé una interpretación distinta.

Es por esto, que entiende que la única vía de escape para la República Dominicana para resolver el gran problema que se le viene encima es solicitar que una comisión de la OEA haga un estudio sobre el impacto medioambiental del canal haitiano.

Dice medidas del gobierno dominicano fortalecieron a haitianos

García consideró que las medidas que tomó la Mesa de Seguridad y el presidente Luis Abinader para presionar a los haitianos, como el cierre de la frontera y suspensión de emisión de visas, lo único que hizo fue fortalecerlos y aumentar su orgulloso patriótico, al punto de que las bandas haitianas se unieron en apoyo a la construcción del canal.

  • «Cerrar la frontera y desplegar un fuerte contingente militar fue una decisión desproporcional al objetivo perseguido por el Gobierno dominicano que era que se detenga la construcción del canal, y no le sirvió de nada, la obra no se va a detener, está en un 90 %, y el cierre ha causado pérdidas millonarias tanto a los productores de aquí como a los de allá».Expandir imagen

Indicó que estas acciones se convierten en un insumo más para que Haití siga teniendo mejor imagen ante los organismos internacionales que la República Dominicana.

«Haití puede tener las peores crisis, pero no descuida la parte diplomática, porque sabe que es la única manera en la que pueden defender sus intereses y tener de su lado a los organismos internacionales, sus diplomáticos están bien formados, no hay ninguno que no tenga maestrías, invierten muchos años de estudios y están más preparados que nosotros», expresó García.

Acotó que «por las decisiones que el Gobierno tomó, la única lectura que se le puede dar a eso es que la Cancillería dominicana no entiende cómo es la diplomacia con Haití».

Señaló que, por sus años como viceministro de Cooperación Bilateral, encargado de la División de Relaciones con Haití de la antes llamada Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y secretario de la Embajada Dominicana en Haití en los periodos 1998-2000 y 2004-2007, aprendió que Haití maneja las relaciones diplomáticas con la República Dominicana de la manera siguiente: «Dar mucho de palabra y poco de obra«, refiriéndose a que el país vecino cuida bien sus intereses, está atento a todos los documentos vinculantes, y no se compromete con nada «porque no puedo cumplir y no me interesa cumplirte», pero sí quieren que la contraparte se comprometa con ellos, acotó.

«Hasta que los diplomáticos dominicanos no entiendan cómo es la negociación con Haití vamos a seguir sufriendo consecuencias negativas como esta»Inocencio Garcíaex encargado de las Relaciones con Haití de la Cancillería dominicana

Cree fue error de Abinader decir que el Gobierno haitiano no apoyaba el canal

García también enumeró como error de Abinader, el haber dicho que el gobierno haitiano no apoyaba la construcción del canal y el haberse «precipitado» desplegando todo su cuerpo militar, «cuando Haití no nos ha declarado la guerra».

Indicó que la crisis actual es solo la antesala de un próximo conflicto por el río Artibonito. «Haití está depredado, no tienen agua y la van a buscar cómo sea«.

De todas las decisiones que tomó el gobierno la semana pasada, valoró la reactivación del canal La Vigía y la presa de Don Miguel, en el río Masacre, a la vez recomendó que el gobierno trabaje por medidas de largo plazo para evitar la tala de árboles en la zona.

¿Qué dijo Ariel Henry?

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pronunció un discurso la tarde de este viernes ante la 78va. Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que defendió la construcción de un canal de agua sobre el río Masacre por parte de los haitianos.

Contrario a lo que había expresado el presidente dominicano Luis Abinader sobre la posición de Henry respecto al canal, de que la obra era una «iniciativa privada», el primer ministro sorprendió apoyando la captación de agua sobre el río e incluso hizo hincapié en que la República Dominicana respete el Tratado de Paz de 1929 y la declaración conjunta de 2021, en esta última el Gobierno dominicano reconocía que la construcción del canal no representaba un desvío del caudal.

«Haití reafirma su derecho soberano a utilizar sus recursos hídricos binacionales tal como lo hace la República Dominicana y reivindica un reparto equitativo de los recursos de ese río»

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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