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Ex diplomático se une a voces que solicitan estudio medioambiental sobre canal.
Santo Domingo.-Inocencia García, ex encargado de las Relaciones con Haití de la Cancillería, indicó que la diplomacia dominicana falló en el manejo de la crisis por el río Masacre y, tras el discurso del primer ministro de Haití, Ariel Henry, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este viernes, entiende que la única opción que pudiera impedir el avanzado canal es presentando ante un arbitraje internacional un estudio que compruebe los peligros medioambientales que supone la obra hídrica haitiana.
García explicó que este estudio debe ser solicitado por el Gobierno dominicano a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esta recomendación la hizo el ex diplomático al analizar la tensa situación, en la que, según él, Haití le ganó a República Dominicana logrando que firmara en 2021 una Declaración Conjunta «amañada» y usando su estrategia de «víctima» ante los organismos internacionales.
«Efectivamente, la obra hídrica no desvía el cauce porque los cauce no se desvían, lo que se desvía es el agua y es lo que pretenden hacer, un trasvase de todas las aguas del Masacre hacia la llanura de Maribawoux», acotó.
Advirtió que «aunque el presidente pidió la paralización de la obra cuatro días después, ese documento firmado el 27 de mayo de 2021 es vinculante y está siendo utilizado inteligentemente por Haití».
Según el ex diplomático dominicano, el peligro de ese documento es que por el tono del discurso de Henry, «República Dominicana y Haití terminarán en un arbitraje internacional» para resolver el conflicto, donde los diplomáticos haitianos, «con más expertiz que los dominicanos», utilizarán esa declaración conjunta a su favor, «aunque ellos están violando el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929«.
Sobre la pregunta de si la polémica declaración conjunta tiene más peso que el tratado de 1929, el experto en relaciones bilaterales, indicó que el problema del acuerdo de Paz es que este no tiene un reglamento de aplicación, lo que provoca que cada parte en el conflicto le dé una interpretación distinta.
Es por esto, que entiende que la única vía de escape para la República Dominicana para resolver el gran problema que se le viene encima es solicitar que una comisión de la OEA haga un estudio sobre el impacto medioambiental del canal haitiano.
Dice medidas del gobierno dominicano fortalecieron a haitianos
García consideró que las medidas que tomó la Mesa de Seguridad y el presidente Luis Abinader para presionar a los haitianos, como el cierre de la frontera y suspensión de emisión de visas, lo único que hizo fue fortalecerlos y aumentar su orgulloso patriótico, al punto de que las bandas haitianas se unieron en apoyo a la construcción del canal.
- «Cerrar la frontera y desplegar un fuerte contingente militar fue una decisión desproporcional al objetivo perseguido por el Gobierno dominicano que era que se detenga la construcción del canal, y no le sirvió de nada, la obra no se va a detener, está en un 90 %, y el cierre ha causado pérdidas millonarias tanto a los productores de aquí como a los de allá».
Indicó que estas acciones se convierten en un insumo más para que Haití siga teniendo mejor imagen ante los organismos internacionales que la República Dominicana.
«Haití puede tener las peores crisis, pero no descuida la parte diplomática, porque sabe que es la única manera en la que pueden defender sus intereses y tener de su lado a los organismos internacionales, sus diplomáticos están bien formados, no hay ninguno que no tenga maestrías, invierten muchos años de estudios y están más preparados que nosotros», expresó García.
Acotó que «por las decisiones que el Gobierno tomó, la única lectura que se le puede dar a eso es que la Cancillería dominicana no entiende cómo es la diplomacia con Haití».
Señaló que, por sus años como viceministro de Cooperación Bilateral, encargado de la División de Relaciones con Haití de la antes llamada Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y secretario de la Embajada Dominicana en Haití en los periodos 1998-2000 y 2004-2007, aprendió que Haití maneja las relaciones diplomáticas con la República Dominicana de la manera siguiente: «Dar mucho de palabra y poco de obra«, refiriéndose a que el país vecino cuida bien sus intereses, está atento a todos los documentos vinculantes, y no se compromete con nada «porque no puedo cumplir y no me interesa cumplirte», pero sí quieren que la contraparte se comprometa con ellos, acotó.
Cree fue error de Abinader decir que el Gobierno haitiano no apoyaba el canal
García también enumeró como error de Abinader, el haber dicho que el gobierno haitiano no apoyaba la construcción del canal y el haberse «precipitado» desplegando todo su cuerpo militar, «cuando Haití no nos ha declarado la guerra».
Indicó que la crisis actual es solo la antesala de un próximo conflicto por el río Artibonito. «Haití está depredado, no tienen agua y la van a buscar cómo sea«.
De todas las decisiones que tomó el gobierno la semana pasada, valoró la reactivación del canal La Vigía y la presa de Don Miguel, en el río Masacre, a la vez recomendó que el gobierno trabaje por medidas de largo plazo para evitar la tala de árboles en la zona.
¿Qué dijo Ariel Henry?
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pronunció un discurso la tarde de este viernes ante la 78va. Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que defendió la construcción de un canal de agua sobre el río Masacre por parte de los haitianos.
Contrario a lo que había expresado el presidente dominicano Luis Abinader sobre la posición de Henry respecto al canal, de que la obra era una «iniciativa privada», el primer ministro sorprendió apoyando la captación de agua sobre el río e incluso hizo hincapié en que la República Dominicana respete el Tratado de Paz de 1929 y la declaración conjunta de 2021, en esta última el Gobierno dominicano reconocía que la construcción del canal no representaba un desvío del caudal.
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RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.