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Detectan irregularidades administrativas en el Inaipi
Irregularidades financieras fueron encontradas por la Contraloría General de la República (CGR) en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), lo cual demuestra una gestión inapropiada de los recursos asignados durante el periodo de agosto de 2020 a septiembre de 2021.
En un informe de auditoría se descubrieron 23 irregularidades significativas en los Estados Financieros y contables, así como en los registros de activos fijos de la entidad, uso improcedente de los fondos del PNUD y otras. Las alegadas anomalías violan múltiples leyes, decretos y controles que reglamentan el gasto gubernamental y la administración de bienes del Estado.
Las irregularidades se evidencian en 696 páginas de la auditoría llevada a cabo durante el período indicado. Se detectó una discrepancia entre el presupuesto aprobado y el ejecutado, la falta de control en la Caja chica, la carencia de pólizas de riesgos, el manejo inadecuado de tecnología comprada y no utilizada, así como la carencia de sistema en la cuenta por pagar, la falta de elaboración de un plan de compras y otras irregularidades.
Según la investigación, las anomalías afectarían los fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que fueron entregados a la entidad oficial. Estos recursos representan $12,103,816.17 dólares estadounidenses, de los cuales el 20% se utilizó en operaciones diferentes al convenio como pagos de indemnización a empleados, incumpliendo la Ley 10-07 de la Contraloría General de la República.
Lo detectado
1.La institución no realizó la implementación de las Normas Básicas de Control Interno, dando como resultado que el nivel de desarrollo del Control Interno sea incipiente; en incumplimiento a la Ley No. 10-07 en su artículo No. 25 y a la resolución no. 001/11 en su artículo segundo y tercero.
2, La institución no ha completado los manuales de políticas y procedimientos aprobados que cumplan con las normativas estipuladas por los órganos rectores para mitigar los riesgos asociados al área de presupuesto, cuentas por pagar, inventario, bienes muebles e inmuebles, recursos humanos, compras y contrataciones; en incumplimiento con las NOBACI de segundo grado.
3.La entidad únicamente elabora el Estado de Situación Financiera; en incumpliendo al Decreto 526-01, Reglamento de aplicación de la Ley No. 126-01 en su artículo No. 52 y al Manual de Elaboración de Estados Financieros de las Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Autónomas, de la Seguridad Social y Gobiernos Locales emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental en su capítulo 5.
4.La Dirección Administrativa y Financiera realiza su estado de forma manual, recopilando las informaciones financieras necesarias de las diferentes áreas (cuentas por pagar, activos fijos, almacén y suministro, entre otros); en incumplimiento al Decreto 526-09, Reglamento de aplicación de la Ley No. 126-09 en su artículo No. 14, literal b, y en el Manual de Elaboración de Estados Financieros emitido por DIGECOG.
5.La institución no envía el conjunto de formularios de Corte Semestral exigidos por DIGECOG; en incumplimiento a la sección de Generalidades del Manual de Instructivos para los Formularios de Corte Semestral y Cierre del Ejercicio Fiscal, emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
6.Diferencias entre el presupuesto asignado y el ejecutado desde 01 de enero del año 2020 al 31 de diciembre del año 2021, ascendente a RD$1,263,639,032.69. No se identificó documentación sobre comparaciones de las metas físicas y financieras versus los presupuestados y justificaciones de las desviaciones ocurridas; en incumplimiento a lo establecido en las NOBACI de segundo grado.
7.En el período auditado la caja chica asciende a RD$500,000.00, un monto superior a lo establecido por la Dirección de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los Procedimientos para la Administración del Fondo de Caja Chica, emitido por DIGECOG en su sección No. V sobre Políticas.
8.En verificación física de los almacenes, se evidenció una inapropiada organización y custodia de la mercancía, productos almacenados bajo una carpa fuera de las instalaciones del almacén, los cuales son de fácil acceso y vulnerables a daños y pérdidas. NOBACI de segundo grado para la Administración de Inventarios en su ADC-3-001.39 y ADC-3- 001.10.
9.En la toma física de inventario a veinte y uno (21) artículos en almacén se evidenció una diferencia sobrante de RD$1,275,126.28 y faltante de RD$382,636.59; en incumplimiento a las NOBACI de segundo grado para la Administración de Inventarios en su ADC-3-001.5, ADC-3- 001.41 y ADC-3-001.1.
10.La entidad realizó un levantamiento y/o inspección de los inventarios al cierre de diciembre 2020, sin embargo, no realizaron los ajustes correspondientes por las diferencias identificadas, que ascendió a una cantidad de 261,094.50 artículos sobrantes, a un costo ascendente a RD$20,873,991.07 y un faltante de 380,155.07 artículos con un costo ascendente a RD$58,443,686.77. Las diferencias no ajustadas ocasionan una irregularidad en la valoración y administración de los inventarios; en incumplimiento a las NOBACI de segundo grado para la Administración de Inventarios (NOBACI).
11.La entidad no realizó el inventario físico semestral de los Bienes Muebles e Inmuebles durante el período auditado 01 septiembre 2020 al 31 de agosto 2021. Incumpliendo con el Manual de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Dominicano, emitido por la DIGECOG, literal D Normas Generales sobre Inventario de Bienes Muebles en Uso, Capitulo IX, Numeral 3 y las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de segundo grado sobre la Administración de los Bienes Muebles e Inmuebles.
12.No existen pólizas de riesgos para bienes muebles e inmuebles de la Oficina Central y Oficinas Regionales, Almacenes, Centros de atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y los Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI); en incumplimiento a lo establecido en las NOBACI de segundo grado, Actividades de Control de Administración de Bienes e Inmuebles, en su ADC-3-002.38.
13.Durante inspecciones en las instalaciones de la Oficina Central Administrativa, ubicada en la Avenida Bolívar Esquina Nicolás De Bari No.61, La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana, identificamos un inapropiado resguardo de equipos tecnológicos, que en los meses de noviembre 2022 hasta enero 2023 estuvieron en los pastillos, equipos como; Laptops, Impresoras, Ups, CPU, entre otros; en incumplimiento a lo establecido en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de segundo grado, Actividades de Control de Administración de Bienes e Inmuebles en su ADC-3-002.37 (Subsanado en el proceso de la auditoria).
14.En revisión de los reportes de activos fijos al 31 de agosto 2021 se identificó que la entidad posee registros en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) por RD$407,116,626.07 y en el Sistema de Contabilidad Interno (SIGEPI) por RD$108,216,813.45 para una diferencia de RD$298,853,294.94. Incumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de segundo grado sobre la Administración de Bienes e Inmuebles en su ADC-03-002.27 y ADC3-
15.En el inventario de activos fijos realizado en diciembre del 2022, identificamos debilidades con relación a la codificación de los bienes, donde 10,483 bienes no tienen código de Bienes Nacionales, 35,068 no tienen código de la entidad y 45,653 carecen de ambos códigos; en incumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de segundo grado, en su ADC-3-002.13.
16.En revisión a las cuentas por pagar a corto plazo, se observó que no se registran en un sistema que permita tener un estatus histórico de los movimientos y no tiene un reporte de antigüedad de saldo; en incumplimiento a Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) sobre Actividades de Control sobre Cuentas Por Pagar en su ADC-3- 004.2.
17.La entidad no posee los Planes Anuales de Compra y Contrataciones (PACC) de los años 2020 y 2021 debidamente aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva y con el resumen de los montos estimados por procedimientos de compras; en incumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno, Proceso de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones en su ADC-3-007.44.
18.El convenio suscrito entre INAIPI y PNUD en fecha 18 de julio 2018 por un monto de US$1,350,000.00 recibió en fecha 30 de diciembre 2020 una enmienda equivalente a más de un 800% para un total de US$12,103,816.17, en contradicción a lo establecido en el acuerdo sobre aumento de los gastos. Estos montos fueron pagados en fecha 30 de diciembre 2022, y observamos una ejecución de gastos del contrato equivalente a un 20% ascendente a US$2,424,639.80. Esto representa un incumplimiento a la Ley 10-07 de la Contraloría General de la Republica en su Artículo no. 25 y al Reglamento de Aplicación de la Ley No. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.
19.En los desembolsos realizados a través del PNUD se observó pagos por RD$10,091,287.41, por concepto de indemnizaciones a cientos diez (110) empleados de la Entidad; en incumplimiento con lo establecido en el artículo 103 numeral 2 de la Ley 41-08 de Función Pública.
20.En revisión de veintisiete (27) expedientes de empleados, se observó que veintidós (22) empleados no poseen sus expedientes completos. En incumplimiento a la Ley 41-08 de función pública en su Artículo 33.
21.En revisión de las nóminas pagadas durante el período 01 septiembre 2020 al 31 de agosto 2021 y al compararlas con las notificaciones de la TSS, se observó una diferencia entre la cantidad de empleados de noventa y seis (96) y el monto de las retenciones del aporte del empleador de RD$1,185,750.17. En incumplimiento a lo establecido en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de segundo grado, sobre Recursos Humanos en su ADC-3-005.98.
22.En revisión a las nóminas pagadas y el IR3 reportado, se observó que ciento ochenta y cinco (185) empleados no fueron reportados, los cuales representan un monto en salario de RD$9,707,439.78, y una retención de RD$354,038.78. En enero 2021 no se reportaron ciento cincuenta y tres (153) empleados a la Dirección General de Impuestos Internos, sin embargo, si fueron cargados a la TSS; en incumplimiento a la Ley 11-92 en su Artículo No. 310.
23.En revisión de las nóminas, se observó que el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) posee empleados activos en otras entidades del estado, desempeñando dos funciones de manera simultáneas, como: Félix Manuel Javier Portes, encargado del Departamento de Formulación, monitoreo y evaluación con salario de RD$130,000, quien también labora en la empresa Transmisión Eléctrica. Siendo dicha debilidad corregida en los primeros tres meses de la ejecución. En incumplimiento con lo establecido en la Ley No. 41-08 de Función Pública en su Artículo 80 Prohibiciones, numeral 5 (Subsanado durante el proceso de auditoria).
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.