Opinión
Bosch: 60 aniversario del golpe (1)
Por Miguel Guerrero
El culto póstumo a la personalidad del expresidente Bosch, que él en vida rechazaba, terminará disminuyendo su estatura histórica y sus aportes a la creación de una conciencia democrática en el pueblo dominicano. Contribuciones que, a mi juicio, ayudaron a desmontar el mito de la tiranía de Trujillo y enseñar a la población la importancia de su presencia activa en la política, entendida esta como una actividad esencial para la preservación de los derechos ciudadanos.
La creación de un Bosch que nunca existió se asemeja a un sentimiento de culpa de parte de sus discípulos, sin vocación muchos de ellos para aceptar el partidismo como un compromiso social y no como una vía de superación y enriquecimiento individual.
En los últimos años, se ha intentado una clonación oficial del Bosch que los educó en las bregas políticas. El resultado es muy distinto de aquél que la sociedad conoció en situaciones muy complejas y en las que él mismo fue víctima de la intolerancia y la sed de poder; herencia de una guerra fría que en el país degeneró en golpes de Estado, revueltas civiles, intervención militar extranjera, conatos de guerrillas y otras experiencias sobre las que surgió la democracia dominicana.
A diferencia de muchos de sus alumnos políticos, no todos, Bosch no mostró nunca amor apasionado por el poder y es probable que nunca se sintiera realmente atraído por él. A finales de 1962, cuando todos los indicios mostraban su inevitable triunfo electoral, trató afanosamente de buscar un pretexto para validar históricamente su retiro del proceso, en la predicción, que resultó profética, de que a la postre sería derrocado.
Juan Bosch en 1963
Esta idea le obsesionó desde antes de asumir la presidencia hasta la madrugada de aquel trágico 25 de septiembre en que fue derrocado por un golpe incruento, provocado en gran medida por su incapacidad para sobrevivir a las circunstancias imperantes.
La costosa interrupción del proceso democrático iniciado con las elecciones del 20 de diciembre que dieron al triunfo a Bosch sobre las fuerzas conservadoras aglutinadas en la Unión Cívica Nacional, fue el resultado lógico y brutal de una conjugación de factores que el mismo Bosch contribuyó a crear voluntaria e involuntariamente.
Se ha discutido mucho desde entonces si él estaba en condiciones de evitar los tristes acontecimientos que trajeron consigo su salida forzosa del poder, pero es poco probable que pueda llegarse a conclusiones que no sean las especulativas derivadas de la pasión que su memoria todavía despierta entre seguidores y detractores.
Errores
Lo cierto es que Bosch cometió errores fatales, que no le permitieron hacerse entender por una sociedad apenas salida de tres décadas de oscurantismo y terror, sin experiencia alguna en la práctica democrática, tanto en la esfera económica y cultural como en la política.
La obsesión de Bosch por la suerte de su gestión era patética. Su fatalismo le llegó a decir muchas veces que le derrocarían, incluso antes de asumir el cargo. En su libro “Crisis de la democracia de América en la República Dominicana”, escribió un año después del golpe lo siguiente: “Yo tuve que aceptar esa presión de las masas (su postulación como candidato), y si hay algo de que me arrepiento en la vida es de haber aceptado ir a la elección como candidato presidencial sabiendo, como lo sabía sin la menor duda, que el gobierno que me iba a tocar encabezar sería derrocado quizá antes de que tomara el poder”.
A través de los años, esta afirmación y otras muy similares han contribuido a expandir el criterio de que Bosch les temía a las responsabilidades del poder y que, como consecuencia de ello, voluntaria o involuntariamente, para todos los fines lo mismo, creó las condiciones para su derrocamiento y la inestabilidad que vino después.
En su propia definición de lo que era saber gobernar, podría decirse que Bosch desconocía cómo hacerlo. En medio de la campaña electoral, Bosch dijo que Trujillo, que había sometido al país a una sangrienta y corrupta tiranía de tres décadas, entendía esos secretos porque había sabido mantenerse en el poder por tantos años.
Tal afirmación mostraba un aspecto cuestionable de su formación política e intelectual, fuera hoy de toda discusión racional dado que el inventado Bosch que sus discípulos reverencian en altares, no tolera indagación alguna sobre aspectos contradictorios de su personalidad.
Temperamento
El temperamento del líder peledeista lo distanciaba de una gran parte del conglomerado nacional que veía en sus posiciones extremas y su apoyo a los movimientos radicales una amenaza al orden social.
El golpe generó una transformación ideológica poco común en personas de su edad. De defensor acérrimo de la democracia representativa pasó a ser un ideólogo de un marxismo entendido como instrumento del análisis histórico y de la lucha de clases.
Es interesante, sin embargo, observar cómo su apego a valores democráticos fomentó en una sociedad atrasada como la dominicana de 1963, la aversión a sus métodos, los cuales incluso lo distanciaron de su propio partido, el PRD.
Al momento del golpe, el grueso de la dirigencia de su partido se encontraba alejada del gobierno y muchos de ellos, como era el caso de Angel Miolán, quien tenía el control de la maquinaria partidista, no visitaba el Palacio y estaba en franco desacuerdo con la forma en que se conducía el gobierno.
Bosch, por ejemplo, había amenazado con cerrar los locales del partido, lo que nunca sucedió, para crear allí escuelas de alfabetización, lo que tampoco hizo. En parte todo eso explica por qué en los días siguientes al golpe no se produjeran protestas en defensa del orden constitucional.
En la historia oficial del golpe que derrocó a Bosch la madrugada del 25 de septiembre, hace ya 60 años, se señala como responsables a la oligarquía, los comerciantes e industriales, los herederos del trujillismo en la esfera militar y, por supuesto, la jerarquía católica y el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia.
Con respecto a este último, la verdad es que si bien la llamada tolerancia de Bosch hacia las actividades de los grupos emergentes de la izquierda, especialmente el Catorce de Junio que lideraba Manuel Aurelio Tavárez Justo, Manolo, propiciaba creciente desconfianza acerca de sus ideales democráticos en esas esferas, especialmente en los círculos más conservadores de la sociedad de entonces, la Casa Blanca veía en Bosch una esperanza de cambio democrático.
Durante los meses siguientes a la asonada militar, el Triunvirato que reemplazó a Bosch no encontró apoyo en Washington hasta días después del asesinato del presidente Kennedy y el alzamiento insurreccional del Catorce de Junio.
Las memorias del embajador John B. Martin y sus relatos de sus vínculos con Bosch, además de los enormes ejemplos de su injerencia en los asuntos internos dominicanos revelan también una manifiesta simpatía hacia él en el plano personal, y a muchas de sus ideas de transformación de la atrasada sociedad dominicana de aquellos lejanos días.
Eran tiempos de guerra fría en los que apenas un año antes, el mundo se vio amenazado de una conflagración atómica durante la llamada crisis de los cohetes, debido al emplazamiento de arsenal nuclear soviético en territorio cubano.
El temor a un nuevo ensayo comunista en República Dominicana, tal como había ocurrido ya en Cuba, fue sin duda alguna un factor decisivo en el papel estadounidense en el golpe contra Bosch. En las siguientes entregas veremos el papel de la Iglesia en esos hechos.
jpm-am
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.