Opinión
Condenas y recuperación monetaria
Por Oscar López Reyes
Recuperar más de seis mil millones de pesos sustraídos malévolamente del patrimonio público, imputar judicialmente a 274 personas, lograr la apertura a juicio de 174 y condenas a 74 se configura, inequívocamente, como un acontecimiento récord. Y un hito que pulsa como punto de referencia en un terruño en el que, ondeando en el encubrimiento, jueces se quitan de los ojos la venda de la Diosa Temis para liberar sospechosamente, escudados en cuestionados tecnicismos legales, a personas señaladas por la comisión de delitos penales.
Solo un hijo de Satanás, integrante del tinglado de peculado que amerita ser fumigado con cubetas de desinfectantes, impugna o ignora con desdén la ejecutoria del Ministerio Público, liderado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de la Pepca, Wilson Camacho. Con valentía y sin miedo en el filo de un alto riesgo están escribiendo un capítulo de la historia de la contienda contra la corrupción –que incluye el cazar y someter a la Justicia a colegas fiscales en travesuras de sobornados- que puede servir de brújula ético-moral.
¡Échale!, sumando los del Ministerio Público y los del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), apalancados independientemente por los sostenidos esfuerzos del presidente Abinader, el Gobierno ha recuperado, por intermedio de procesos legales, cerca de 6 mil 500 millones de pesos provenientes de activos de corrupción.
Con las denuncias que perennemente se graban y dejan huellas para la historia, los sometimientos judiciales, el inicio de juicios, las sentencias condenatorias y los decomisos, los que se sirvieron con la cuchara grande o el cucharón han tenido que comerse una brasa de carbón encendido. Esas cicatrices, ¿quedarán marcadas en infraestructuras en líneas que no se borran?, aunque se observe estrictamente la presunción de inocencia.
¿Quiénes han salido quemados? Se les han confiscado emolumentos a encartados en las operaciones Calamar, Medusa, Antipulpo, Coral y Coral 5G, la embajada dominicana en Panamá, los de la compra del Inmueble Peralvillo, los de Castillo R. Diseño & Construcciones, Maxi Montilla, la Operación 13 y el Ministerio de Educación.
¿Y ya…?
“A Dios rogando y con el mazo dando”. Buscando más decomisos de bienes de origen ilícito o recuperaciones, según nuestras indagatorias, 165 mil millones de pesos están en proceso de reclamación de las operaciones citadas, así como también de la Operación Lobo, Intrant, Senasa y Minerd. ¿Qué cantidad será conseguida, en acuerdos con la justicia o con la aplicación de nuevas leyes especializadas, como la de Extinción de Dominio?
¿Solo dos…?
Además de esmerarse con la designación de Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el presidente Abinader creó, en 2021, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República para hurgar sobre actos de corrupción, prácticas irregulares o erradas en el Gobierno. Y, entre ese año y el 2025, esta división institucional dirigida por Leónidas Radhamés Peña ha remitido a la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA) 426 reportes de datos para investigaciones, y 64 informes para iniciar indagaciones penales a partir de los hallazgos planteados en dichos registros.
¿Acaso son un cuento de hadas las declaratorias de culpabilidad y la imposición de penas por la comisión de una transgresión, y regresos monetarios al Estado? ¿O concretizan el alcance de una meta, por la perseverancia inquebrantable, con una dosis extra de fuerza de voluntad?
Las cifras antes citadas proclaman un salto decisivo y sin precedentes, tocado en el brinco de barreras tendidas por pillos que por doquier están a dos por chele. Representan un antes y un después en la brega contra el envilecimiento y la perversión administrativa estatal, en las entretelas de un sistema en que se torna enmarañado perseguir y sentenciar a ex funcionarios gubernamentales y particulares que olímpicamente se metieron en los bolsillos fondos públicos.
La batida 2020-2026 contra el soborno, el cohecho, el fraude y otros hechos punibles entraña un aprendizaje, porque demuestra que sí es posible rescatar los dineros robados al erario, y que quien mete la mano donde no debe puede quedarse sin ella.
El avance ha sido trascendental, aunque cuantitativamente parcial. Identificar, incautar y devolver a las arcas públicas metálicos malversados o hurtados mediante procesos legales y judiciales cuesta trabajo, por las presiones interesadas de estructuras del poder económico y político, la complicidad justificada por los de la bandera del color partidario, la resignación e inacción de pobres diablos de villas miserias que venden sus votos por un mendrugo de pan duro, la lentitud de procesos judiciales con jueces que se dejan corromper y sobornar, abogados penalistas que obstruyen la Justicia en el pantano de la mugre y leyes sin sanciones ejemplarizantes que socorran a los defraudadores.
Echando a un lado la consabida escasez financiera y las falencias del Ministerio Público, con tantos factores adversos, no viene fácil batir el cobre para conseguir condenas en un 100% de los involucrados en actos de corrupción. Por deducción lógica, habrá que formular una ecuación matemática –calculando los pro y los contra- para fijar unos valores aproximados de sentenciados, y compararlos con los de Corea del Norte, China y Cuba, donde los jueces acogen excepcionalmente el auto de “No ha lugar”.
Las luces están prendidas, para que todos vean muy bien y sepan cómo caminar y dónde amarrar los caballos, para no tropezar con recientes leyes aprobadas, como la de Compras y Contrataciones Públicas, la de Extinción de Dominio y la 74-25 o nuevo Código Penal, que establecen cárceles de hasta de 20 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
¿Quiere usted seguir siendo el viejo músico que toca el mismo compás?, ¿o el que se roba una gallina que ya no puede esconderle las plumas, para no ir por lana y volver trasquilado?
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Narciso Isa Conde
Lula da Silva, presidente de Brasil, se distanció de la izquierda en el G7, afirmando que nunca fue de izquierda. Su liderazgo ha evolucionado hacia un enfoque.
- Lula dijo en el G7 que nunca fue de izquierda, según Reuters.
- El PT surgió del sindicalismo clasista y luchas contra la dictadura militar brasileña.
- La dirección petista optó por administrar el Estado capitalista sin reformas profundas.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio –Lula- da Silva, “se desmarcó de la izquierda” en la reciente reunión del G7 al declarar que “nunca ha sido de izquierda” … y afirmó que “el mundo no es de izquierda, sino el camino del medio”.
Esas palabras fueron pronunciadas por él en un intercambio con la directora del FMI y el premier alemán, captadas y publicadas por la agencia Reuter.
Lo primero no es verdad y lo segundo un disparate. En su origen, Lula y el PT asumieron posiciones de izquierda y lo cierto hoy es que el mundo unipolar bajo el mando de EEUU se ha desplomado no para convertirse en el “camino del medio”, sino para dar paso a un orden multipolar muy diverso, con variadas opciones de derecha, izquierdas y componentes del llamado progresismo y del centro político; incluidas una alta dosis de neofascismo, derivada de la agresiva decadencia de EEUU y el Occidente capitalista.
Lula es uno de los líderes del progresismo más “guabinoso” y ambiguo, y figura relevante de los BRICS, importante bloque estatal del nuevo orden mundial, en el que Lula ejerce funciones de “puente” con el bloque occidental en declive.
Un poco de historia y del presente:
Del sindicalismo combativo al PT institucional
El liderazgo de Lula surgió de las entrañas combativas de la clase obrera brasileña, del sindicalismo clasista y las heroicas luchas contra la feroz dictadura militar que ensangrentó a Brasil en las décadas de los 60 y 70.
Con el aliento de su fuerza carismática se conformó entonces el Partido de los Trabajadores-PT, que después de ser expresión del movimiento obrero y fuerza articulada a un gran abanico de movimientos sociales en lucha (movimientos sin tierra, sin techo, comunitarios, feministas, negritud, cristianos de la liberación…), se transformó en una fuerza sumamente moderada, subordinando importantes factores de su acumulado original de izquierda.
De espacio de confluencia de una gran diversidad de corrientes políticas socialistas, revolucionarias, transformadoras, reformadoras y reformistas, el PT -condicionado por la integración al sistema institucional dominante de una gran parte de sus funcionarios electos y no electos, de sus profesionales políticos e intelectuales- conformó en su interior un enorme aparato burocrático y tecnocrático distanciado de las luchas sociales y de su ideario original.
La dirección del PT fue resignando progresivamente todo propósito destinado a reemplazar, e incluso a reformar profundamente, el poder constituido. Ella, y el propio Lula, optaron por administrar el Estado y las estructuras económicas y sociales capitalistas tal y como estaban conformada, con una dosis de la independencia propia del emergente imperialismo brasileño y junto al sector de los BRICS con más conexiones con el Norte Global en declive.
· EL PACTO CON LA GRAN BURGUESÍA Y CIERTAS DERECHAS.
Pactos de Lula con la élite
Lula pactó de entrada con la gran burguesía paulista.
Pactó con una parte de los partidos del orden para garantizar la gobernabilidad sistémica sin mayores expectativas.
Aceptó de hecho, sin aplicar medidas que pudieran revertirlas, las contrarreformas estructurales de los programas neoliberales anteriores a su gestión; limitándose a contener y contrarrestar una parte de sus efectos más perversos con su programa HAMBRE CERO, reducido luego a un mega-programa asistencialista con espectaculares resultados en lo inmediato, pero con frágiles perspectivas de consolidación y permanencia.
Asumió como política propia la expansión del imperialismo emergente brasileño dentro de una dinámica de competencia y entendimientos parciales con EEUU, y dentro de ese juego ambivalente incurrió en el error histórico de acompañar al PENTÁGONO en la intervención militar a Haití.
En ese contexto, Lula y la alta dirección del su partido se inclinaron por un ejercicio político cada vez más impregnado de métodos propios de las derechas (clientelismo, reparto de cuotas de poder, alianzas al margen de una ética revolucionaria…) y por una mayor dependencia del financiamiento empresarial (estatal y privado)
· LULA, PETROBRAS, ODEBRECHT Y OTRAS.
La poderosa empresa petrolera estatal PETROBRAS –favorecida entonces por los altos precios del petróleo- se convirtió en un pilar de esa política y junto al Banco de Desarrollo Económico y Social-BANDES (fundado por Lula) y las grandes corporaciones transnacionales constructoras (entre ellas ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ y VOA SAO PAULO), constituyeron de hecho una gigantesca maquinaria de fondos clientelares, sobornos, sobrevaluaciones, financiamientos políticos, privilegios y tráfico de influencia que trascendió las fronteras de Brasil.
A ese juego endiablado y peligroso fueron incorporadas además las empresas publicitarias y de marketing político de JOAO SANTANA y su esposa MÓNICA MAURO, con la misión de jugar un papel relevante en la promoción de candidaturas, creación de imagen, financiamientos y asesorías de campaña a nivel nacional e internacional.
Ese fenómeno, a la larga, impactó negativamente el FORO DE SAO PAULO, en cuyo primer encuentro de fundación yo participé y posteriormente fui uno de los testigos-opositores de su progresiva derechización.
Por Oscar López Reyes
Cuba ha sido impactada en su desarrollo humano-social y los cubanos privados de necesidades básicas. Durante seis décadas, Estados Unidos le ha bloqueado 170.677 millones de dólares; no ha acatado 33 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reclaman terminar con el atajo, en tanto que el gobierno norteamericano mantiene nexos de cooperación con regímenes anti-democráticos y que cometen atrocidades a gran escala, porque le aseguran la permanencia de bases militares y la aplicación de sus estrategias geopolíticas.
Como dice el refrán, la superpotencia norteña penaliza a otro, pero premia lo propio. Su presidente, Donald Trump, plantea la caída cruenta y sangrante de seres humanos en Cuba, con su amenaza de ocupación militar, por su sistema socialista. Paradójicamente, apoya a gobiernos autoritarios y monarquías absolutistas que les favorecen en sus intercambios económicos y su estrategia hegemónica, como Israel, principal democida/genocida del siglo XXI; Arabia Saudita, Catar y Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Guinea Ecuatorial, Ruanda, la República de Chad, Yibuti, en el noreste de África; Sahel y África Occidental, la República “Democrática” del Congo (RDC) y otros.
¿Incoherencia o incongruencia?
En sus ilusiones anti-dialécticas, el mandatario estadounidense no echa la vista a los descalabros estrepitosos que ha cosechado donde quiera que ha metido sus botas, ni comprendido que las rupturas bruscas hacia las transiciones desencadenan colapsos financieros, más divisiones, ilegitimidades, crisis humanitarias, incertidumbres y disgustos comunitarios en los terruños intervenidos a la fuerza.
El asedio, la obstrucción y el cerco petrolífero a Cuba han sido con tanta saña y tan despiadado, por instigación de la diáspora cubana, que en los estertores de la Covid-19 la administración de Trump impidió la compra de reactivos, jeringas y dispositivos para los ensayos clínicos, en el instante en que en la esfera internacional la mayor de las Antillas impulsaba el uso de su medicamento Interferón Alfa-2b.
En la coyuntura más aciaga de la pandemia, sólo el presidente Luis Rodolfo Abinader mandó a la vecina isla más de 12 toneladas de material sanitario y medicamentos, valorados en 550,000 dólares. Gestos de hermandad también han sido exteriorizados por otros jefes de Estado dominicanos: Leonel Fernández restableció nexos diplomáticos con Cuba en 1998 y dos veces (20-24 de agosto de 1998-16-17 de abril de 1999) acogió en el país al comandante supremo de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, quien fue recibido por Joaquín Balaguer y Juan Bosch, líderes que le admiraban y respetaban.
Los afanes por el cambio
Por la ruina económica, en 1978 China asumió un modelo de socialismo de mercado y por el estancamiento económico crónico -incluso a raíz del naufragio de las reformas de Glásnost (apertura y libertad de expresión) y Perestroika (reestructuración económica), en 1991 el presidente Mijaíl Gorbachov dispuso la disolución formal de la Unión Soviética y la liquidación del socialismo. El dinamismo económico-financiero y geoespacial de ambas superpotencias ha sido notorio.
Consciente de que, en los resortes del capitalismo contemporáneo, la deficiencia o incompetencia del socialismo prohijado por la revolución rusa de 1917, conducida por Vladimir Lenin, y la revolución Comunista China de 1949, liderada por Mao Tse-Tung, a partir del 2011 el presidente cubano Raúl Castro Ruz alboreó como el gran reformador de Cuba: propulsó la «Actualización del Modelo Económico».
Esa descentralización de la economía, alineada parcialmente con el libre mercado, abarcó 178 reformas estructurales. Pretendía la apertura de la inversión extranjera, el trabajo por cuenta propia (Cuentapropismo), la compraventa de viviendas y vehículos, la exportación e importación sin tantos intermediarios oficiales, la reestructuración del mercado cambiario y una reducción de la burocracia y los subsidios estatales.
Por Isaías Ramos
En agosto de 2025 lo advertimos: el nuevo Código Penal podía abrir la puerta a una ley mordaza. Hoy el país comienza a verlo con mayor claridad.
La discusión no es si República Dominicana necesita un Código Penal moderno. Claro que lo necesita. La discusión es otra: ninguna ley penal puede convertirse en instrumento de miedo contra ciudadanos, periodistas ni contra quienes fiscalizan el poder.
Una ley debe perseguir delincuentes, no intimidar al pueblo. Debe proteger a la sociedad, no sembrar autocensura. Debe castigar el crimen, no convertir la protesta, la denuncia o la crítica en actos sospechosos frente al poder.
Por eso lo decimos sin ambigüedad: Código Penal sí. Mordaza no. Justicia sí. Abuso de poder no. Autoridad sí. Intimidación no.
El Frente Cívico y Social advirtió desde agosto de 2025 que la Ley 74-25 podía convertirse en una amenaza directa al Estado de Derecho si sus disposiciones eran usadas para criminalizar la protesta pacífica, intimidar la denuncia ciudadana o blindar a los sectores de poder frente a la fiscalización pública. Esa advertencia fue recogida por distintos medios nacionales, incluyendo señalamientos sobre el artículo 384 y sobre el riesgo de perseguir a ciudadanos, activistas y periodistas bajo figuras penales ambiguas.
La Constitución no es un adorno: es el límite del poder. Toda ley, incluso un Código Penal, debe someterse a la Constitución, no colocarse por encima de ella. Cuando una norma puede ser interpretada para callar al que protesta, perseguir al que denuncia o asustar al que fiscaliza, la democracia comienza a retroceder.
Protestar no es insurrección. Denunciar no es difamar. Fiscalizar el poder no es delito: es deber ciudadano.
La propia Constitución reconoce la supremacía constitucional, el carácter social y democrático del Estado, la libertad de expresión, el deber ciudadano de denunciar faltas de funcionarios públicos y la lucha contra la corrupción como mandato esencial de la vida pública. Esos principios no pueden quedar reducidos a papel mojado por una ley penal mal redactada o abusivamente interpretada.
No le tememos a la ley. Le tememos al abuso del poder usando la ley. Esa es la diferencia fundamental. Quien defiende la libertad no defiende el caos. Quien rechaza una mordaza no rechaza la justicia. Quien exige límites al poder no está defendiendo delincuentes; está defendiendo la República.
Una democracia sana necesita leyes firmes, jueces independientes, fiscales responsables y ciudadanos libres. Pero cuando el poder pretende convertir toda crítica en amenaza, toda protesta en insurrección, toda denuncia en difamación y toda fiscalización en conspiración, entonces la ley deja de ser escudo del pueblo y empieza a convertirse en garrote del poder.
Esa es la frontera que no podemos cruzar.
República Dominicana necesita seguridad, pero no censura. Necesita autoridad, pero no intimidación. Necesita justicia, pero no miedo. Un Estado verdaderamente democrático no se fortalece callando ciudadanos; se fortalece garantizando que el pueblo pueda hablar, denunciar, exigir, protestar y fiscalizar sin temor a ser aplastado por el aparato penal.
La historia enseña que las libertades rara vez desaparecen de golpe. Muchas veces se debilitan poco a poco: primero con palabras ambiguas, luego con interpretaciones peligrosas, después con expedientes ejemplarizantes, y finalmente con una ciudadanía que prefiere callar antes que arriesgarse.
Cuando el miedo sustituye a la participación, la democracia conserva su fachada, pero pierde su alma.
Por eso esta discusión no es solo jurídica. Es moral, política y nacional. Lo que está en juego no es un artículo aislado. Lo que está en juego es si República Dominicana será una República de ciudadanos libres o una sociedad de personas intimidadas, donde denunciar corrupción, criticar abusos o defender derechos pueda convertirse en una aventura peligrosa.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos una posición clara: la ley debe cumplirse, pero también debe tener límites constitucionales. Una ley que persigue delincuentes es necesaria. Una ley que intimida ciudadanos es inaceptable. Una ley que fortalece la justicia merece respaldo. Una ley que puede convertirse en mordaza merece resistencia democrática.
Defender el patrimonio público no es conspirar. Cuestionar al poder no es delinquir. Criticar una ley no es atacar al país. Al contrario: cuando se hace por la patria, fiscalizar el poder es una forma superior de responsabilidad ciudadana.
A los congresistas de la República y al Presidente les recordamos con solemnidad: ustedes juraron ante Dios y ante el pueblo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ninguna partidocracia y ningún interés de poder está por encima de esa Carta Magna. Cada ley, cada reforma y cada acto de gobierno debe respetar el Estado Social y Democrático de Derecho.
Cuando el poder gobierna de espaldas a la Constitución, no solo viola una norma: traiciona el mandato que juró cumplir.
República Dominicana no necesita miedo. Necesita verdad. No necesita ciudadanos arrodillados. Necesita ciudadanos conscientes. No necesita leyes para oprimir al pueblo. Necesita instituciones capaces de protegerlo.
Ya basta.
La ley debe proteger al pueblo, no oprimirlo.
Código Penal sí. Mordaza no.